Guillermo Verastegui Mejía
Expediente 1422/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 59 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1422/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 59
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Guillermo Verastegui Mejía
- Presidente Ejecutor de la Junta Especal Número Treinta Y Uno de la Federal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 59.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que fue ejercido por la parte quejosa, tal como se advierte con el escrito de cuenta el cual se ordena agregar a los autos para los efectos legales conducentes, teniendo por hechas sus manifestaciones las que serán tomadas en consideración en la etapa correspondiente; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Realicen las gestiones que sean necesarias con los apercibimiento de ley que sean procedentes: El Presidente ejecutor de la Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, requiera a su homóloga del Estado de México, el trámite realizado para desahogar el exhorto que recibió y del cual llevó a cabo la diligencia de embargo de catorce de junio de dos mil diecinueve, informando la etapa en que se encuentra para su cumplimentación. El Presidente de la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, requiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le remita la información obtenida de los bancos a los que les fue ordenada congelar las cuentas bancarias propiedad de la demandada por la suma de dinero a que fue condenada. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remita la información que obtuvo en cumplimiento al oficio ********************, a la autoridad que se la solicitó. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al remitir la Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante oficio con terminación ******************** de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, ******************** de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, emitidos en el juicio laboral ******************** donde se desprende el requerimiento a su homóloga del Estado de México, sobre el trámite realizado para desahogar el exhorto que recibió y del cual llevó a cabo la diligencia de embargo de catorce de junio de dos mil diecinueve, así como, el acuerdo dictado en dicho juicio laboral de veinte de enero de dos mil veintitrés, donde la Junta atiende los informes solicitados por las diversa autoridad responsable Comisión Nacional Bancaria y de Valores y provee además sobre la petición de la quejosa de ocho de diciembre de dos mil veintidós. El Presidente de la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, mediante oficios ******************** de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno,******************** de treinta de septiembre de dos mil veintidós, ******************** de diez de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente, adjuntó constancias donde atiende el exhorto enviado por su homóloga Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, ya que procedió a requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, institución que acredita la información obtenida de los bancos a los que les fue ordenada congelar las cuentas bancarias propiedad de la demandada por la suma de dinero a que fue condenada. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio ******************** de tres de octubre de dos mil veintidós, remita la información que obtuvo en cumplimiento al oficio ********************, a la autoridad que se la solicitó. Constancias con las cuales se dio vista y corrió traslado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, como así se advierte de las propias manifestaciones que vierte la quejosa atendiendo a la vista otorgada con el cumplimiento que dan las responsables. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que en el juicio laboral ******************** el Presidente ejecutor de la Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, requirió a su homóloga del Estado de México, el trámite realizado para desahogar el exhorto que recibió y del cual llevó a cabo la diligencia de embargo de catorce de junio de dos mil diecinueve, informando la etapa en que se encuentra para su cumplimentación, tan así que, por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés provee sobre dicho exhorto y del Informe solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atendiendo a la etapa de ejecución y más aún de autos se advierte que ante la ejecución y desahogo de todo ello, atiende una petición de la quejosa de ocho de diciembre de dos mil veintidós, para proceder con los actos subsecuente de ejecución como se desprende de autos. Esto es, el Presidente de la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera la información obtenida de los bancos a los que les fue ordenada congelar las cuentas bancarias propiedad de la demandada por la suma de dinero a que fue condenada. Y a su vez la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió la información que obtuvo en cumplimiento al oficio ********************, a la autoridad que se la solicitó, con lo cual se desprende que las autoridades siguieron los lineamientos de la ejecutoria protectora. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones que sean necesarias con los apercibimiento de ley que sean procedentes para que el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, requiera a su homóloga del Estado de México, el trámite realizado para desahogar el exhorto que recibió y del cual llevó a cabo la diligencia de embargo de catorce de junio de dos mil diecinueve, informando la etapa en que se encuentra para su cumplimentación. Y el Presidente de la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, requiriera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le remita la información obtenida de los bancos a los que les fue ordenada congelar las cuentas bancarias propiedad de la demandada por la suma de dinero a que fue condenada. Y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitiera la información que obtuvo en cumplimiento al oficio ********************, a la autoridad que se la solicitó. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte que en el juicio laboral al acreditar que en el juicio laboral ******************** el Presidente ejecutor de la Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, requirió a su homóloga de la Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, el trámite realizado para desahogar el exhorto que recibió y del cual llevó a cabo la diligencia de embargo de catorce de junio de dos mil diecinueve, informando la etapa en que se encuentra para su cumplimentación, tan así que, por auto de veinte de enero de dos mil veintitrés provee sobre dicho exhorto y del Informe solicitado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obtuvo en cumplimiento al oficio ********************, tan es así que al desahogar todo ello, de autos del citado juicio natural de donde emanaron los actos reclamados, se atiende una petición de la quejosa de ocho de diciembre de dos mil veintidós, para proceder con los actos subsecuente de ejecución, tal como se desprende de autos. No pasa desapercibido para quien resuelve, las manifestaciones que vierte la parte quejosa en su escrito de cuenta atendiendo a la vista otorgada, consistentes en que no se debe tener por cumplida la ejecutoria de amparo ya que si bien la autoridades responsables proveyeron lo conducente en atención a la ejecutoria de amparo, cierto lo es que no desahoga ahora el nuevo exhorto por ordenado por la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, en auto de veinte de enero de dos mil veintitrés, donde solicita se gire oficio al ********************, a efecto de que se sirva hacer del conocimiento a dicha institución bancaria que el embargo (llevado a cabo el catorce de junio de dos mil diecinueve) que se sirvió solicitar la responsable tiene derecho de preferencia al tratarse de un crédito de trabajo, por lo que se ordenó realizar dicho embargo de la cuenta bancaria numero ******************** a nombre de ******************** y le ordena que se sirva remitir título de crédito en favor de********************, todo ello atendiendo al exhorto remitido a la responsable Junta Especial número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México y que derivó en la diligencia de dicho embargo. Ahora, contrario a sus argumentos y a criterio de quien resuelve lo solicitado es inoperante ya que el núcleo de la ejecutoria de amparo fue acatada en sus términos tal como quedó señalado en párrafos que anteceden, al desahogar las diligencia en comendada en el exhorto que se envió a la Junta Especial número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Toluca, Estado de México, para llevar a cabo el requerimiento de pago y/o embargo, lo cual así aconteció el catorce de junio de dos mil diecinueve, y a su vez dicha Junta Federal requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le remitiera la información obtenida de los bancos a los que les fue ordenada congelar las cuentas bancarias propiedad de la demandada por la suma de dinero a que fue condenada. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remite la información que obtuvo en cumplimiento al oficio ********************, a la autoridad que se la solicitó Es decir, se atendiendo el núcleo de la ejecutoria de amparo, y el hecho de que ahora se ordenó él envió de un nuevo exhorto derivado de lo desahogado en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, no puede ser materia de estudio en la presente determinación, sin que este juzgado proceda a requerir a la autoridad para que acuerde de manera favorable o en sentido alguno ya que las consecuencia del embargo, como de la información solicitada y desahogada no forma estudio de la ejecutoria protectora ni sus actos subsecuentes donde pide ahora se sirvan remitir título de crédito en favor de********************, motivo del embargo y aseguramiento de cuentas, siendo que esos no fue el alcance de la ejecutoria protectora, es decir, diligenciar un nuevo exhorto, para ahora ejecutar los actos que derivaron del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el escrito signado por Lucía Lucero Medina García, autorizada del quejoso, mediante el cual solicita instruir a analista jurídico a efecto de vincular la resolución dicta en el presente juicio de amparo. Al respecto, se tiene por hechas las manifestaciones que vierte para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a las mismas, se instruye al Coordinador de Actuarios adscrito a este órgano jurisdiccional para que proceda a la publicación de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y sea visible de manera pública, tal como lo refiere la parte quejosa en su escrito de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, Secretaria en funciones de Jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8., de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE HACER PUBLICA LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Guillermo Verastegui Mejía solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Presidente ejecutor de la Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, Presidente de la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Acto reclamado: ".La denegación de por parte de las autoridades responsables de administrar justicia de manera pronta y expedita. .La omisión de aplicar las medidas de apremio previstas en los artículos 731 y759 de la Ley Federal del Trabajo." SEGUNDO. El veintidós de octubre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1422/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de realizar los requerimientos necesarios por parte de la Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje a efecto de que sea diligenciado el exhorto remitido a la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, relativo a la diligencia de requerimiento de pago o embargo a practicar contra la demandada en el juicio 1276/2011. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la omisión de cumplir con la orden de embargo de cuentas bancarias de la demandada TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable Presidente ejecutor de la Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias relativas al juicio laboral 1276/2011, que acompañó la primera; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Por su parte las responsables Presidente de la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, sin embargo, realizan manifestaciones de certeza del mismo, en ese tenor se tiene por cierto, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de amparo, lo que se corrobora con las constancias que anexaron al informe justificado las que se valoran en términos de los artículos citados en párrafo que antecede. CUARTO. Causales de improcedencia infundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, argumenta que con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, acordó la llegada del exhorto remitido por su homóloga de esta ciudad, para llevar a cabo la diligencia de embargo encomendada en contra de la demandada por ello refiere se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que por tal motivo debe sobreseer el juicio. Es ineficaz dicha causa de improcedencia. Es así, en razón de que si se involucra el estudio de fondo del asunto, implica analizar cuestiones que deben examinarse al estudiar los conceptos de violación. De ahí la ineficacia de la hipótesis de inejercitabilidad esgrimida. Cobra aplicación la jurisprudencia: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse".(Época: Novena Época. Registro: 187973. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002.Materia(s): Común. Tesis: P./J. 135/2001. Página: 5). En virtud de que las partes no hicieron valer diversas causales de improcedencia, ni este juzgado Federal, advierte la existencia de diversa qué ponderar de manera oficiosa, se procederá al estudio de los conceptos de violación QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Pues bien, como se dijo, la parte quejosa reclama la omisión de realizar los requerimientos con apercibimiento a que se refiere el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de desahogar la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo ordenado dentro del expediente laboral 1276/2011, mediante exhorto al Presidente de la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, así como que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cumpla lo ordenado en el oficio 3694/2019, lo que viola el artículo 1, 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El concepto de violación expuesto por el quejoso es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón a las siguientes consideraciones. Es pertinente precisar, que al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a las autoridades señaladas como responsables el comprobar que proveyó o actuó, en los términos precisados en la Ley Federal del Trabajo, lo conducente en relación al dictado del laudo correspondiente. Ahora, el artículo 17 de la Constitución Federal, determina lo siguiente: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del análisis al precepto de referencia se desprende, medularmente, lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que la impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en la legislación procesal y de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2ª L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299, tomo XV, mayo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En este contexto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 685 y 838, de la Ley Federal del Trabajo, relativos a los principios que rigen en materia laboral y los plazos procesales que deben observar las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 685.- El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso." "Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Como puede verse de los preceptos trascritos, el procedimiento laboral se rige por principios que procuran la mayor sencillez y prontitud en su tramitación y ejecución, lo que se traduce en cumplimiento al derecho fundamental de justicia pronta consagrada en el artículo 17, de la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, porque la dilación u omisión en el juicio laboral causa un retraso, afectando el desarrollo normal y oportuno del juicio; de ahí que se haga patente la violación al referido numeral, desde el momento en que la autoridad laboral incumplió con los términos y plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo. En efecto, se advierte por parte de las autoridades señaladas como responsables un retardo injustificado en la impartición de justicia, ya que el Presidente ejecutor de la Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, no ha realizado las actuaciones necesarias con apercibimiento de ley para lograr que su homóloga del Estado de México desahogue la diligencia de requerimiento de pago o embargo para lo cual le giró exhorto; asimismo el Presidente de la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, quien acepta haber recibido el exhorto de cuenta, y llevado a cabo la diligencia de embargo en cuentas bancarias de la demandada, así como girado el oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la ejecución del aseguramiento de las cuentas bancarias no se desprende de las constancias remitidas haya requerido a dicha institución con los apercibimiento de ley sobre su cumplimiento; por último la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien refiere haber recibido el oficio 3694/2019, de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, así como que giró oficios a cincuenta y tres instituciones bancarias de las cuales cuarenta y tres resultaron negativas y diez con datos de cuentas bancarias que fueron congeladas, empero, si bien obra el oficio 214-2/SJ-8805640/2019, dirigido a la Presidente de la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, emisora, no se advierte sello de recibido por ello, sigue incurriendo en denegación de justicia, así dichas responsables han demorado en desahogar la diligencia que les fue encomendada en el ámbito de su competencia ordenado dentro de los autos del expediente laboral 1276/2011, aproximadamente siete meses, lo que, no es razonable y constituye una abierta dilación del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Respecto al criterio transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, indicó que, tratándose de actos intraprocesales existe un caso de excepción que constriñe al juzgador de amparo a que no sólo lleve a cabo un análisis en cuanto a si los actos reclamados constituyen violaciones de este tipo respecto de las que se alegue transgresión a los artículos 8, 14 y 17, constitucionales, para considerar que el juicio es improcedente, ya que para ello es indispensable, además, que verifique si tales actos configuran una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En otras palabras, el motivo de improcedencia del juicio a que hace referencia el criterio jurisprudencial referido no obedece únicamente a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, que al ser una conducta omisiva autónoma al procedimiento no genera afectación a derechos sustantivos, pues para determinar tal afectación considerada como de ejecución irreparable es indispensable corroborar también que con ella no se produzca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En ese contexto, este juzgador considera que en el caso concreto sí existe una dilación abierta del procedimiento pues las autoridades señaladas como responsables han omitido en el ámbito de su competencia desahogar la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo ordenado dentro del expediente laboral 1276/2011, mediante exhorto, alrededor de siete meses, lo cual genera un retraso en la impartición de justicia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J. 33/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 2019400, del Semanario Judicial de la Federación, publicado el uno de marzo de dos mil diecinueve, que al rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa Guillermo Verastegui Mejía, para que las autoridades responsables, dentro del ámbito de su competencia y del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho: Realicen las gestiones que sean necesarias con los apercibimiento de ley que sean procedentes: El Presidente ejecutor de la Junta Especial Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, requiera a su homóloga del Estado de México, el trámite realizado para desahogar el exhorto que recibió y del cual llevó a cabo la diligencia de embargo de catorce de junio de dos mil diecinueve, informando la etapa en que se encuentra para su cumplimentación. El Presidente de la Junta Especial Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, requiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le remita la información obtenida de los bancos a los que les fue ordenada congelar las cuentas bancarias propiedad de la demandada por la suma de dinero a que fue condenada. De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remita la información que obtuvo en cumplimiento al oficio 3694/2019, a la autoridad que se la solicitó. En el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que las Juntas responsables dén cumplimiento al punto precisado, momento en el que habrán subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele el quejoso en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Guillermo Verastegui Mejía, respecto de la denegación de justicia reclamada a las autoridades responsables, para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy veintiuno de febrero de dos mil veinte, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, presidenta de la Junta Especial número Treinta y uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, ordenó dar vista a la parte actora con el informe rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y remite copia certificada para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual por auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, ordenó dar vista a la parte actora con el informe rendido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y remite copia certificada para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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