Guillermo Valerdi Reyes

Expediente 175/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
175/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
27/07/2017

Partes del expediente

  • Guillermo Valerdi Reyes
  • Luis Francisco Peña Arellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución pronunciada en este juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia; asimismo, glósese el original del incidente de suspensión en el estado en que se encuentra; y no así el duplicado, ya que el mismo deberá obrar por cuerda separada. Archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente y su incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no son de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    RESULTANDO: Por oficio 3784/2017-VI, presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, encargado del despacho en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al que adjuntó el juicio de amparo indirecto 111/2017-VI, promovido por Guillermo Valerdi Reyes, así como la resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, dictada por dicho juzgado, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda interpuesta por el citado Valerdi Reyes, contra actos de dicho juzgado y otras autoridades, a quienes les reclamó lo siguiente: "V. ACTO RECLAMADO A. CIUDADANO JUEZ DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL ESTADO DE TLAXCALA, le reclamo la orden de requerimiento de pago y embargo, y en su caso el remate del bien inmueble en cumplimiento del resolutivo que pretende cumplir dentro del expediente número 82/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil. En virtud de que no reúne los requisitos que establece los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B). CIUDADANO SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Le reclamo la orden de requerimiento de pago y embargo, y en su caso el remate del bien inmueble en cumplimiento del resolutivo que se dictó en el expediente número 82/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil. En virtud de que no reúne los requisitos que establece los artículos 14 y 16 de la constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, mediante escrito del tres de marzo de dos mil diecisiete, el ahora quejoso precisó las resoluciones que reclama dictadas dentro del juicio ejecutivo mercantil 82/2016, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, siendo las siguientes: "a) Auto y/o resolución de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. b) Auto y/o resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete." SEGUNDO. Por auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, este Juzgado Federal aceptó la competencia planteada y requirió al quejoso a fin de que diera cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo que, desahogada que fue la misma, por auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió informe justificado a las responsables, se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, de la Novena Época, estableció la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la Litis constitucional, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso y lograr la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, de abril de 2004, de la Novena Época, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos de los criterios transcritos, debe precisarse que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa en la presente instancia constitucional, los hizo consistir en: a) El auto de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. b) El auto de nueve de enero de dos mil diecisiete. Todos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 82/2016-VI, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Ahora bien, una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en su caso, la constitucionalidad de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, de la Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a al Juez Tercero de Distrito en el Estado, Actuario y Secretaria de Acuerdos, ambos adscritos al mencionado Juzgado, al rendir su informe justificado y se corrobora con las constancias que remitió el Juez responsable como apoyo a su informe, consistentes en la copia certificada del Juicio Ejecutivo Mercantil número 82/2016-VI; misma que por ser documental pública adquiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo al artículo 2º de la ley reglamentaria del juicio constitucional. CUARTO. Previo al análisis del fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, resulta necesario examinar las causales de improcedencia del juicio de amparo, pues su estudio es preferente y de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el suscrito juzgador, de oficio, estima que se encuentra acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, aplicada a contrario sentido de la Ley de Amparo. Ciertamente el artículo 61, fracción XXIII, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.]. Por su parte, el artículo 107, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." [...]. (Énfasis añadido.) Del contenido de los preceptos anteriormente transcritos se deduce que el juicio constitucional resulta improcedente contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia. Por otra parte, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia, ha determinado que por "última resolución" que se dicte en la fase ejecutiva de una sentencia, debe entenderse la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tal como se observa en la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente. "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Ahora bien, el aquí quejoso señaló como acto reclamado en su demanda de amparo los autos dictados el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y nueve de enero de dos mil diecisiete, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 82/2016-VI, del índice del Juzgado responsable, mediante los cuales, con el primero, se le requiere de pago de la cantidad acordada en el convenio celebrado; y en el segundo, se requiere a la parte demandada la entrega del bien inmueble embargado en autos. Precisado lo anterior, se estima necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, para dar mayor claridad al presente asunto: Mediante escrito recibido el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, LUIS FRANCISCO PEÑA ARELLANO promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de GUILLERMO VALERDI REYES, reclamando el pago de diversas prestaciones. El veinticinco de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se aprobó el convenio exhibido por las partes y se dio por terminada la controversia. El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se trabó formal embargo sobre el bien inmueble denominado "Amarotla y Temarotla", ubicado en Ocotlán, Tlaxcala, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida 1362 a fojas 134 vuelta, de la Sección Primera volumen 109 del Distrito Judicial de Hidalgo, de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, cuya copropiedad fue disuelta e inscrita bajo la partida 781 de la Sección Primera, volumen 110 del Distrito Judicial de Hidalgo, de doce de abril del año dos mil. El doce de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo al Director de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, informando que realizó la inscripción del embargo trabado en autos. El once de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por rendido el dictamen en materia de avalúo de la parte actora, con el que se ordenó dar vista a la parte demandada. El veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, a petición del actor, se decretó la adjudicación directa a favor de LUIS FRANCISCO PEÑA ARELLANO del bien inmueble embargado en autos. El siete de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió a la parte demandada o a quien habite el inmueble adjudicado un plazo de treinta días naturales para que desocupara el inmueble a favor de la parte actora e hiciera entrega material del mismo. Por auto del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó requerir al demandado del pago de la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos), acordada en el convenio. Previos los trámites de ley, el nueve de enero de dos mil diecisiete, se ordenó el lanzamiento forzoso, señalando día y hora para ese efecto. Las dos últimas resoluciones antes relatadas constituyen el acto reclamado. De lo anteriormente expuesto, se pone en evidencia que el acto que reclama el impetrante de amparo, fue emitido en la etapa de ejecución de sentencia, dado que los autos dictados por la responsable el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y nueve de enero de dos mil diecisiete, son con el fin de que se ejecute el convenio celebrado entre las partes -actor y demandado- aprobado por la responsable, de lo cual se desprende que dichos proveídos no constituyen la última resolución en la etapa de ejecución dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 82/2016-VI, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni mucho menos declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese sentido, es conveniente resaltar que el acto reclamado, la parte quejosa lo hizo consistir en los autos de fecha veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y nueve de enero de dos mil diecisiete, dictados dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 82/2016-VI, mediante los cuales, con el primero, se le requiere de pago de la cantidad acordada en el convenio celebrado; y en el segundo, se requiere a la parte demandada la entrega del bien inmueble embargado en autos, en cumplimiento al convenio celebrado entre las partes -actor y demandado- elevado a la categoría de sentencia ejecutoria. Ahora bien, de lo antes expuesto se desprende que con dichos actos el Juez responsable está actuando con el fin de obtener el cumplimiento de las prestaciones que convino la parte demandada en el juicio mercantil, es decir, a que el ahora quejoso cumpla con el convenio celebrado con la parte actora en el juicio natural. Por tanto, si el juicio de amparo indirecto no tiene el propósito de retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, resulta incuestionable que se surta la causal de improcedencia invocada, resultando procedente sobreseer en el presente juicio constitucional con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Debe precisarse, además, que en la etapa de ejecución de sentencia, no pueden darse actos que sean de ejecución irreparable, tal como se sostiene en la Jurisprudencia I.5o.C. J/9, visible en la página 1088, del Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO NO EXISTEN ACTOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, DE LOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. Los actos que tienen ejecución de imposible reparación, en contra de los cuales procede el juicio de amparo indirecto, son aquellos que se producen en el juicio, es decir, antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; pero cuando el acto reclamado fue dictado una vez concluido el juicio, no es procedente dilucidar, conforme a la citada fracción del aludido precepto legal, si tenía o no ejecución de imposible reparación, ya que este examen debe hacerse cuando se reclaman actos dictados en juicio, pues solamente en esta etapa los actos que transgreden las leyes del procedimiento pueden tener ejecución irreparable, porque aún no se ha resuelto sobre el derecho que el actor pretende que se declare o constituya, y es necesario proteger a aquel cuyos derechos sustantivos se ven afectados por actos ocurridos dentro del procedimiento y que pudieran ser ilegales; sin embargo, después de concluido el juicio, cuando ya se definieron los derechos cuestionados, si el acto que tienda a cumplir la sentencia lesiona derechos sustantivos, lo hace en ejecución del fallo que constituye la verdad legal acerca de la controversia y, por tanto, es un acto legítimo, de ahí que, en ese caso, no exista ejecución irreparable. Por tal razón, las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo tienen aplicación en hipótesis diferentes. De no ser así, en este ordenamiento y en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, se habría previsto la procedencia del amparo ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.". Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías en los términos y por la autoridad precisada en el último considerando de este fallo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    *****RESULTANDO: Por oficio 3784/2017-VI, presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, suscrito por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, encargado del despacho en términos del artículo 43, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al que adjuntó el juicio de amparo indirecto 111/2017-VI, promovido por Guillermo Valerdi Reyes, así como la resolución de trece de febrero de dos mil diecisiete, dictada por dicho juzgado, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda interpuesta por el citado Valerdi Reyes, contra actos de dicho juzgado y otras autoridades, a quienes les reclamó lo siguiente: "V. ACTO RECLAMADO A. CIUDADANO JUEZ DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL ESTADO DE TLAXCALA, le reclamo la orden de requerimiento de pago y embargo, y en su caso el remate del bien inmueble en cumplimiento del resolutivo que pretende cumplir dentro del expediente número 82/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil. En virtud de que no reúne los requisitos que establece los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B). CIUDADANO SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL ESTADO DE TLAXCALA. Le reclamo la orden de requerimiento de pago y embargo, y en su caso el remate del bien inmueble en cumplimiento del resolutivo que se dictó en el expediente número 82/2016, relativo al juicio ejecutivo mercantil. En virtud de que no reúne los requisitos que establece los artículos 14 y 16 de la constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, mediante escrito del tres de marzo de dos mil diecisiete, el ahora quejoso precisó las resoluciones que reclama dictadas dentro del juicio ejecutivo mercantil 82/2016, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, siendo las siguientes: "a) Auto y/o resolución de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. b) Auto y/o resolución de nueve de enero de dos mil diecisiete." SEGUNDO. Por auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, este Juzgado Federal aceptó la competencia planteada y requirió al quejoso a fin de que diera cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo que, desahogada que fue la misma, por auto de ocho de marzo de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo; se pidió informe justificado a las responsables, se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad con lo que establecen los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 36/2016, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de mayo del año dos mil dieciséis, que modificó el diverso 3/2013, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, toda vez que el amparo se promueve contra actos que se atribuyen a autoridades circunscritas a la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, de la Novena Época, estableció la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la Litis constitucional, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Asimismo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador de amparo debe armonizar la demanda, analizando conjuntamente los datos que emanen del escrito inicial en un sentido congruente con todos los elementos que obran en el expediente, a efecto de desentrañar el pensamiento e intencionalidad del quejoso y lograr la congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Lo expuesto deriva de la tesis P. VI/2004, consultable en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, de abril de 2004, de la Novena Época, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este sentido, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en términos de los criterios transcritos, debe precisarse que el acto reclamado del que se duele la parte quejosa en la presente instancia constitucional, los hizo consistir en: a) El auto de veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis. b) El auto de nueve de enero de dos mil diecisiete. Todos dictados en el juicio ejecutivo mercantil 82/2016-VI, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. Ahora bien, una vez precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia, a fin de que posteriormente se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en su caso, la constitucionalidad de los mismos. Es aplicable la jurisprudencia número XVII.2° J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, publicada en la página 68 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, abril de 1994, de la Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO.- El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento.". TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a al Juez Tercero de Distrito en el Estado, Actuario y Secretaria de Acuerdos, ambos adscritos al mencionado Juzgado, al rendir su informe justificado y se corrobora con las constancias que remitió el Juez responsable como apoyo a su informe, consistentes en la copia certificada del Juicio Ejecutivo Mercantil número 82/2016-VI; misma que por ser documental pública adquiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia de acuerdo al artículo 2º de la ley reglamentaria del juicio constitucional. CUARTO. Previo al análisis del fondo de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, resulta necesario examinar las causales de improcedencia del juicio de amparo, pues su estudio es preferente y de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el suscrito juzgador, de oficio, estima que se encuentra acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV, aplicada a contrario sentido de la Ley de Amparo. Ciertamente el artículo 61, fracción XXIII, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.]. Por su parte, el artículo 107, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." [...]. (Énfasis añadido.) Del contenido de los preceptos anteriormente transcritos se deduce que el juicio constitucional resulta improcedente contra las resoluciones dictadas en ejecución de sentencia. Por otra parte, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia, ha determinado que por "última resolución" que se dicte en la fase ejecutiva de una sentencia, debe entenderse la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, tal como se observa en la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente. "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Ahora bien, el aquí quejoso señaló como acto reclamado en su demanda de amparo los autos dictados el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y nueve de enero de dos mil diecisiete, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 82/2016-VI, del índice del Juzgado responsable, mediante los cuales, con el primero, se le requiere de pago de la cantidad acordada en el convenio celebrado; y en el segundo, se requiere a la parte demandada la entrega del bien inmueble embargado en autos. Precisado lo anterior, se estima necesario relatar los antecedentes del acto reclamado, para dar mayor claridad al presente asunto: Mediante escrito recibido el diecinueve de julio de dos mil dieciséis, LUIS FRANCISCO PEÑA ARELLANO promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de GUILLERMO VALERDI REYES, reclamando el pago de diversas prestaciones. El veinticinco de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda, se aprobó el convenio exhibido por las partes y se dio por terminada la controversia. El diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se trabó formal embargo sobre el bien inmueble denominado "Amarotla y Temarotla", ubicado en Ocotlán, Tlaxcala, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, bajo la partida 1362 a fojas 134 vuelta, de la Sección Primera volumen 109 del Distrito Judicial de Hidalgo, de fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, cuya copropiedad fue disuelta e inscrita bajo la partida 781 de la Sección Primera, volumen 110 del Distrito Judicial de Hidalgo, de doce de abril del año dos mil. El doce de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo al Director de Notarías y Registros Públicos de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, informando que realizó la inscripción del embargo trabado en autos. El once de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por rendido el dictamen en materia de avalúo de la parte actora, con el que se ordenó dar vista a la parte demandada. El veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, a petición del actor, se decretó la adjudicación directa a favor de LUIS FRANCISCO PEÑA ARELLANO del bien inmueble embargado en autos. El siete de noviembre de dos mil dieciséis, se concedió a la parte demandada o a quien habite el inmueble adjudicado un plazo de treinta días naturales para que desocupara el inmueble a favor de la parte actora e hiciera entrega material del mismo. Por auto del veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se ordenó requerir al demandado del pago de la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos), acordada en el convenio. Previos los trámites de ley, el nueve de enero de dos mil diecisiete, se ordenó el lanzamiento forzoso, señalando día y hora para ese efecto. Las dos últimas resoluciones antes relatadas constituyen el acto reclamado. De lo anteriormente expuesto, se pone en evidencia que el acto que reclama el impetrante de amparo, fue emitido en la etapa de ejecución de sentencia, dado que los autos dictados por la responsable el veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y nueve de enero de dos mil diecisiete, son con el fin de que se ejecute el convenio celebrado entre las partes -actor y demandado- aprobado por la responsable, de lo cual se desprende que dichos proveídos no constituyen la última resolución en la etapa de ejecución dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 82/2016-VI, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni mucho menos declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En ese sentido, es conveniente resaltar que el acto reclamado, la parte quejosa lo hizo consistir en los autos de fecha veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis y nueve de enero de dos mil diecisiete, dictados dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 82/2016-VI, mediante los cuales, con el primero, se le requiere de pago de la cantidad acordada en el convenio celebrado; y en el segundo, se requiere a la parte demandada la entrega del bien inmueble embargado en autos, en cumplimiento al convenio celebrado entre las partes -actor y demandado- elevado a la categoría de sentencia ejecutoria. Ahora bien, de lo antes expuesto se desprende que con dichos actos el Juez responsable está actuando con el fin de obtener el cumplimiento de las prestaciones que convino la parte demandada en el juicio mercantil, es decir, a que el ahora quejoso cumpla con el convenio celebrado con la parte actora en el juicio natural. Por tanto, si el juicio de amparo indirecto no tiene el propósito de retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, resulta incuestionable que se surta la causal de improcedencia invocada, resultando procedente sobreseer en el presente juicio constitucional con apoyo en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Debe precisarse, además, que en la etapa de ejecución de sentencia, no pueden darse actos que sean de ejecución irreparable, tal como se sostiene en la Jurisprudencia I.5o.C. J/9, visible en la página 1088, del Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO NO EXISTEN ACTOS CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, DE LOS PREVISTOS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. Los actos que tienen ejecución de imposible reparación, en contra de los cuales procede el juicio de amparo indirecto, son aquellos que se producen en el juicio, es decir, antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; pero cuando el acto reclamado fue dictado una vez concluido el juicio, no es procedente dilucidar, conforme a la citada fracción del aludido precepto legal, si tenía o no ejecución de imposible reparación, ya que este examen debe hacerse cuando se reclaman actos dictados en juicio, pues solamente en esta etapa los actos que transgreden las leyes del procedimiento pueden tener ejecución irreparable, porque aún no se ha resuelto sobre el derecho que el actor pretende que se declare o constituya, y es necesario proteger a aquel cuyos derechos sustantivos se ven afectados por actos ocurridos dentro del procedimiento y que pudieran ser ilegales; sin embargo, después de concluido el juicio, cuando ya se definieron los derechos cuestionados, si el acto que tienda a cumplir la sentencia lesiona derechos sustantivos, lo hace en ejecución del fallo que constituye la verdad legal acerca de la controversia y, por tanto, es un acto legítimo, de ahí que, en ese caso, no exista ejecución irreparable. Por tal razón, las fracciones III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo tienen aplicación en hipótesis diferentes. De no ser así, en este ordenamiento y en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, se habría previsto la procedencia del amparo ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio, fuera de juicio o después de concluido éste, que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación.". Finalmente, es de establecerse que al hacerse pública la presente resolución de conformidad con los artículos 8 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no deberán suprimirse los datos personales de las partes, ya que omitieron manifestar su oposición expresa para la publicación de los mismos; debiéndose suprimir únicamente los indicados en la Circular CTAIPPDT 1/2011, emitida por el Presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 73, 74, 75 y 217, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías en los términos y por la autoridad precisada en el último considerando de este fallo. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, toda vez que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente se encuentra transcurriendo el término para que las partes, se impongan del contenido de los informes justificados que rindieron las autoridades responsables JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA, SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA y ACTUARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TLAXCALA; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DOS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, para su celebración Se invoca en apoyo la jurisprudencia número P./J54/2000, sustentadas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XI, abril 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Por otro lado, agréguese a sus autos el escrito de cuenta, signado por el tercero interesado Luis Francisco Pena Arellano; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado en el presente juicio de amparo en su carácter de tercero interesado y por señalado el domicilio que indica para oír y recibir sus notificaciones; asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte las documentales públicas que refiere y la presuncional legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de dichas probanzas al momento de celebrarse la audiencia constitucional Notifíquese.

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