Guillermo Soto Monroy

Expediente 1183/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1183/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/01/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Soto Monroy

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de diciembre del año próximo pasado, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por GUILLERMO SOTO MONROY, contra actos de la INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, GERENCIA DE RECAUDACIÓN FISCAL DE LA DELEGACIÓN REGIONAL TLAXCALA y GERENTE DE RECAUDACIÓN FISCAL EN LA DELEGACIÓN REGIONAL TLAXCALA, DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 1183/2017. Del examen de la demanda de amparo, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En la especie, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 217, de la Ley de Amparo, así como con el criterio jurisprudencial por contradicción 2a./J. 18/2015 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1377, registro 2008718, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" Efectivamente, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 217, de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece lo siguiente: "Artículo 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales (.)". De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley, y que la jurisprudencia que establezcan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Ahora bien, se afirma lo anterior, porque según se desprende de la demanda de amparo, el acto reclamado se hace consistir sustancialmente, en la inmovilización o embargo de las cuentas bancarias a nombre del quejoso, asimismo, la orden de visita, verificación y emplazamiento . De ahí que deba concluirse que el juicio de amparo deviene improcedente, en razón de que del criterio jurisprudencial citado, se advierte que el acto reclamado puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Consecuentemente, tales razones justifican, tal supuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, desechar la presente demanda de amparo, con apoyo en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el artículo 217, de la Ley de Amparo, así como con el criterio jurisprudencial por contradicción 2a./J. 18/2015 (10a.), emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1377, registro 2008718, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial.". Con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso por medio de lista, en razón de haber señalado los estrados de este juzgado, el cual no se le puede tener como su domicilio, por tratarse de una institución pública; asimismo, se tienen por autorizadas para tal efecto a las personas que refiere y por autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia a David García Villegas. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber al promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente

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