Guillermo Uriel Hernández García

Expediente 550/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
550/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
17/07/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Uriel Hernández García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación a que se refiere la razón de cuenta que antecede, de la cual se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, SE DECLARA EL REFERIDO AUTO HA CAUSADO ESTADO; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo 8 de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención a que carece de relevancia documental y al sentido de la resolución pronunciada en el mismo.

  2. Principal

    Del estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho, transcurrió del veintiuno al veintisiete de junio del año en curso, sin que éste hubiera presentado escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.

  3. Principal

    SE DEJÓ CITATORIO A LA PARTE QUEJOSA. Del estado procesal que guarda el expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de trece de junio de dos mil dieciocho, transcurrió del veintiuno al veintisiete de junio del año en curso, sin que éste hubiera presentado escrito aclaratorio. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento formulado en el acuerdo en cita y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.

  4. Principal

    Se recibe la demanda de protección de derechos promovida por el quejoso ** por propio derecho, contra actos del Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura integral de la demanda se advierte que contiene irregularidades que suscitan la presente prevención, en particular respecto de las autoridades responsables y de los actos reclamados. En primer lugar, señaló como actos reclamados los siguientes: "ORDEN DE APREHENSION, PRESENTACION, COMPARECENCIA, CITACION O ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL Sin embargo, el quejoso para nada especificó a qué se refiere con dicho acto, sobre todo porque de los antecedentes del acto reclamado solo manifestó que se presentaron en su domicilio unos policías federales ministeriales para preguntar por él, quienes indicaron tener un mandamiento judicial dictado en su contra, el cual pretendían ejecutar. De lo anterior pareciera que el quejoso pretende señalar como acto reclamado alguna orden tendiente a privarlo de su libertad, como puede ser una orden de aprehensión o presentación de las señaladas en el apartado de acto reclamado; por lo tanto, resulta indispensable conocer a qué se refiere con ataques a la libertad personal para que la autoridad responsable pueda rendir su informe justificado. Luego, en el capítulo de antecedentes, indicó: "señalo desde este momento procesal como autoridades responsables a través de su superior jerárquico, mismo que en este caso correspondería al ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA", dicha autoridad no fue señalada como responsable en la demanda de amparo y resulta indispensable conocer si desea otorgarle el carácter de autoridad responsable. Por otro lado, señaló como responsables a diversas autoridades con sede en la Ciudad de México, sin embargo, de la demanda se inadvierte el motivo por el cual fueron señaladas como tales, pues de sus antecedentes para nada se advierte que el mandamiento judicial al parecer dictado en su contra, lo haya emitido alguna autoridad ajena a las señaladas con residencia en la ciudad de Puebla. Y en el capítulo en el cual solicita la suspensión de los actos reclamados, omitió manifestar para que efectos solicita dicha suspensión, pues sólo adujo: "Con base en lo dispuesto por los Artículos 125, 126 Y 130 de La Nueva Ley de Amparo en vigor, solicito se CONCEDA A MI FAVOR LA SUSPENSION PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADOS, consistente en la VIOLACION de mis garantías Constitucionales, relativas a los Artículos 14 y 16 Constitucionales." Lo anterior, es indispensable aclarar, ya que los órganos de protección carecen de facultades para elegir las autoridades que deben ser llamadas a un juicio de amparo, así como indicar los actos a ellas atribuidos. Por tanto, con fundamento en los artículos 108 fracción IV y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, se requiere al quejoso para que en el plazo de cinco días siguientes a cuando surta efectos la notificación de este acuerdo, efectué bajo protesta de decir verdad la siguiente aclaración: 1) Aclare a que se refiere con el acto reclamado consistente en "ataques a la libertad personal" a que hizo referencia o, en su caso, si desea prescindir de señalarlo como acto reclamado y limitar éste a la orden de aprehensión, presentación, comparecencia o citación. 2) Manifieste si desea señalar como autoridad responsable al ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA en caso afirmativo señale qué acto le atribuye. 3) Precise por qué considera como autoridades responsables a las que radican en la Ciudad de México, o en su defecto, si desea dejar de llamarlas a juicio como autoridades responsables. 4) Indique para que efectos solicita la suspensión, respecto del acto o actos que llegue a precisar como tales. Se hace saber al quejoso que al desahogar el requerimiento formulado, deberá exhibir copias del escrito aclaratorio, para distribuirlas de la siguiente forma: una (1) para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, una (1) para cada autoridad responsable, una (1) para el tercero interesado si lo hubiere en términos del artículo 5 fracción III, de la ley de la materia y dos (2) más, en caso de solicitar la suspensión. Además se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir el requerimiento formulado en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades antes mencionadas) se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda de amparo y queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo la persona que indica, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se le hace saber el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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