Guillermo Romero Romero y/o Guillermo Salazar Morado
Expediente 99/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Guillermo Romero Romero y/o Guillermo Salazar Morado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio y anexo de cuenta, el primero signado por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja Q-23/2018, interpuesto por el quejoso ** , contra el auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo por extemporánea. Entonces, se comunica al quejoso nombrado que en dicha ejecutoria se resolvió como a continuación se transcribe: ".ÚNICO.- Se declara infundado el presente recurso de queja.". En consecuencia, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y acusar el recibo de estilo correspondiente. Además, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo y carece de relevancia documental. Asimismo, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente. Por último, se ordena devolver el sobre cerrado que contiene la hoja de datos de identificación del imputado, así como un disco óptico de la causa penal ** , previo desglose y certificación que obre en autos, al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla. Se requiere en forma respetuosa a la aludida autoridad para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos el presente auto, acuse el recibo correspondiente.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por el actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el cual comunica la admisión del recurso de queja interpuesto por el quejoso *** , contra el proveído de catorce de febrero de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo por extemporánea. Así mismo, se observa que dicho medio de impugnación se radicó con el número de queja *** . De lo anterior, este juzgador queda enterado para los efectos legales procedentes.
- Principal
Se agrega al expediente el escrito de cuenta, signado por el quejoso *** , por el cual desahoga la prevención formulada mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciocho (foja 15). En consecuencia, se procede a determinar si se admite o desecha la solicitud de protección, dado lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Amparo. Para empezar, debe indicarse que la prevención formulada al quejoso, tuvo el propósito de conocer la fecha cuando hubiera sido notificado del acto reclamado: acuerdo de vinculación a proceso dictado al quejoso. Sobre todo porque la fecha de notificación constituye un factor determinante, para esclarecer si la acción constitucional fue ejercida con la oportunidad prevista en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el escrito aclaratorio, manifestó el quejoso bajo protesta de decir verdad, que el auto de vinculación a proceso le fue notificado -también a su defensor- en la audiencia de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Fecha que corroboró el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en funciones de juez de control (foja 24) lo cual soportó en la documental y videograbación respectivas (fojas 25 a 41) que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Así que la notificación del auto de vinculación a proceso (el acto reclamado) sucedió en la audiencia de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, de la causa penal ** , donde participó el quejoso y su defensor. Por consiguiente, resalta desde este momento de manera indudable y manifiesta, la causal de improcedencia que descansa en el parámetro de extemporaneidad, motivo por el cual habrá de desecharse la solicitud de protección, dado que la acción constitucional fue ejercida fuera del plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. A fin de justificar la determinación anunciada, se hace notar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar el escrito de demanda, porque de encontrarse una causa indudable y manifiesta de improcedencia, debe emitirse un acuerdo de desechamiento (de plano). De la lectura integral de la demanda y el escrito aclaratorio presentado por el quejoso, se observa el reclamo del auto de vinculación a proceso que le fue dictado, en la audiencia que terminó el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Además, las constancias remitidas por el juez de control respecto de la citada audiencia, revelan que tanto el quejoso como su defensor quedaron enterados el mismo veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, del auto de vinculación a proceso. Entonces, la acción de protección de derechos fue ejercida en forma extemporánea, motivo por el que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo (en lo sucesivo legislación). Máxime que el quejoso omitió solicitar la protección federal dentro del plazo legal de quince días, pues la demanda de amparo fue presentada hasta el uno de febrero de dos mil dieciocho (foja 2). Para demostrarlo se hace notar que la primera parte del numeral 17 de la legislación, dispone un plazo de quince días para presentar la demanda, el cual se computará bajo los supuestos previstos en el diverso 18, a saber: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo reclamado; 2. A partir del día siguiente al de conocimiento del acto reclamado; o 3. Al día siguiente de aquél cuando el quejoso se hubiese ostentado sabedor. Tales hipótesis pueden soslayarse conforme a las fracciones previstas en el artículo 17 de la legislación: a). Cuando se reclame una norma autoaplicativa o el procedimiento de extradición -para lo cual existe un plazo de treinta días-; b). Cuando se reclame la sentencia condenatoria en un proceso penal y exista pena de prisión -donde habrá un plazo de ocho años-; c). Cuando los actos impacten núcleos de población ejidal o comunal -lo cual queda sujeto a un plazo de siete años-; y d). Cuando se impugnen actos donde haya peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales -para todos estos la demanda de amparo se presentará en cualquier tiempo-. De lo anterior se infiere la improcedencia del juicio de amparo, cuando se presenta la demanda fuera del plazo de quince días previsto en la primera parte del numeral 17 de la legislación, salvo que se actualice una excepción de las fracciones comentadas. Improcedencia que comulga con los nuevos lineamientos del bloque de constitucionalidad, porque estos permiten validar los requisitos de procedencia al extremo de imponer la obligación de respetar el plazo de quince días, en cualquier asunto donde se reclamen actos distintos de los que tengan prevista una excepción. En este caso, el defensor y el quejoso fueron notificados del auto de vinculación a proceso, en la audiencia de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, como lo informó el juez de control en las constancias respectivas (fojas 24 a 41). Por consiguiente, el plazo de quince días que tenía el quejoso para solicitar la protección, comenzó el veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete (día siguiente hábil de aquél cuando surtió efectos la notificación realizada durante la audiencia de veintidós de diciembre de ese año) y terminó el diecisiete de enero de dos mil dieciocho. De ahí se considera que la demanda de protección resulta extemporánea, pues fue presentada hasta el uno de febrero de dos mil dieciocho, como se observa en el sello de la Oficina de Correspondencia Común estampado al frente de la demanda de amparo (foja 2). Luego, se actualiza en el caso la improcedencia derivada de la regla de extemporaneidad, motivo por el cual debe estimarse consentido tácitamente el auto de vinculación dictado al quejoso, en la audiencia que terminó el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete. Cabe agregar que los actos restrictivos de la libertad personal dentro de procedimiento, como en el caso lo es el auto de vinculación a proceso, en modo alguno constituye una excepción al plazo genérico de quince días para presentar la demanda de amparo, como se desprende del artículo 17 de la legislación. Considerar por ello, la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier momento infringe el principio de preclusión procesal, por medio del cual las diversas etapas que constituyen un procedimiento adquieren firmeza. Así, la vinculación a proceso tiene un periodo en el cual su contenido es susceptible de modificación o revocación, a través de los medios ordinarios de impugnación y del propio juicio de amparo; por lo que una vez agotados los referidos medios o transcurrido el tiempo para interponerlos, la resolución queda firme, para así posibilitar el desarrollo de las fases subsecuentes, en congruencia con la impartición de justicia pronta, completa e imparcial que ordena el artículo 17 constitucional. De hecho, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió el tema del plazo para la interposición de la demanda de amparo contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro de un proceso jurisdiccional, lo cual dio origen a la jurisprudencia P./J. 12/2015 de la Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 18, mayo de 2015, tomo I, visible a página 38, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA" . Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XIV del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque encuentra una causa de improcedencia manifiesta e indudable (la de extemporaneidad) que se actualiza respecto de la vinculación combatida. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Al margen de lo anterior, se hace notar que el sentido de la determinación adoptada en nada contraviene lo señalado en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en atención a la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS".
- Principal
Se agrega al expediente el oficio y anexos remitos por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, en funciones de juez de control, por el cual cumple lo requerido en acuerdo de dos de febrero del año en curso, pues remite las constancias solicitadas en copia certificada y un disco óptico. En consecuencia, se ordena glosar al expediente las constancias y el disco óptico, remitidos por el citado juez. A pesar de lo anterior, se reserva hacer pronunciamiento hasta que el quejoso de cumplimiento a la prevención formulada en auto de dos de febrero de dos mil dieciocho.
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