Guillermo Saul Guerra Aguilera
Expediente 458/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 458/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermo Saul Guerra Aguilera
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, cuatro de diciembre de dos mil veinte. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Toda vez que la parte quejosa, durante la tramitación del presente asunto, anexó documentos que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del punto décimo primero, párrafo tercero del capítulo tercero del referido Acuerdo General, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca en este juzgado, con identificación oficial vigente, en día y hora hábiles de labores, a recoger los documentos originales exhibidos con su escrito de demanda; en el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa que para ingresar a las instalaciones que ocupan este juzgado federal a fin de hacer entrega de las citadas documentales, debe generar cita en el micrositio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea, el que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR intransferible que, a su vez, permitirá que ella, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional por un máximo de veinticinco minutos, previa identificación con documento oficial, registro y pase en filtros sanitarios. En el entendido, que sin cita no se les permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan este Juzgado de Distrito, de conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veinte. CUMPLIMIENTO DE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito de cuenta signado por Guillermo Saúl Guerra Aguilera, a través del cual, da cumplimiento a la prevención formulada en auto de tres de noviembre del año en curso, toda vez que al efecto, bajo protesta de decir verdad: Señala de manera clara, precisa y concreta los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvieron de fundamento a los conceptos de violación, en los que se advierte que la resolución interlocutoria de dos de septiembre del año en curso, dictada por la autoridad responsable, en el juicio especial oral familiar de donde emanan los actos reclamados, le fue notificada el cuatro de septiembre de dos mil veinte. PRECISIÓN. Ahora, de un análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, como el escrito de cuenta, se advierte que el promovente, señala como actos reclamados: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad: El acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial oral familiar número 120/2020, sobre cesación de pago de alimentos, promovido por Guillermo Guerra Chávez, frente al aquí quejoso, en donde se le requiere para que dentro del término de tres días, cumpla con la multa impuesta en la resolución interlocutoria de dos de septiembre de dos mil veinte, pronunciada en dicho contradictorio, equivalente a veinticinco días de salario mínimo general vigente. De la Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, residente en esta ciudad: La notificación del referido acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial oral familiar 120/2020, la cual fue practicada el siete de octubre del presente año. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". DESECHAMIENTO. En el caso concreto, esta Juzgadora Federal determina que en el presente asunto, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XVIII de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Lo anterior, toda vez que en relación al acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, consistente en el acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial oral familiar número 120/2020, sobre cesación de pago de alimentos, promovido Guillermo Guerra Chávez, frente al aquí quejoso Guillermo Saúl Guerra Aguilera, en donde se le requiere para que dentro del término de tres días, cumpla con la multa impuesta en la resolución interlocutoria de dos de septiembre de dos mil veinte, pronunciada en dicho contradictorio, equivalente a veinticinco días de salario mínimo general vigente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el auto en reclamo, es derivado de uno consentido, como a continuación se verá. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento". De la lectura al citado numeral y fracción, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, es decir, cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos. Asimismo, para que opere la causa de improcedencia en estudio se requieren los siguientes supuestos: Que entre los actos consentidos y los actos derivados exista una relación de causalidad, en el sentido de que los segundos no pueden realizarse sin los primeros, lo que nos lleva a afirmar que los actos derivados de otros consentidos son: 1) Los que consisten en la repetición de éste; 2) Los que son su consecuencia legal y necesaria; y, 3) Los que van implícitos o están comprendidos en él. El acto origen del reclamado debe haber sido notificado al quejoso, pues no puede decirse que un acto es consecuencia de otro, si éste no se dio a conocer a la parte quejosa, porque precisamente para que haya consentimiento se requiere haber conocido el acto y no haberlo impugnado en su momento oportuno. El acto origen del reclamado debe ser susceptible de recurrirse mediante un medio ordinario de defensa establecido en la ley, o a través del juicio de amparo, ya que de lo contrario, no es posible hablar del consentimiento del acto para los efectos del amparo. De ese modo, para demostrar que se reúnen todos y cada uno de los requisitos previamente identificados, que conllevan a la actualización de la causa de improcedencia a estudio, es conveniente destacar los antecedentes del acto reclamado, derivados del juicio especial oral familiar 120/2020, sobre cesación de pago de alimentos promovido por Guillermo Guerra Chávez, frente al aquí quejoso Guillermo Saúl Guerra Aguilera, de los que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: Dentro del incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, promovido por el quejoso Guillermo Saúl Guerra Aguilera se dictó resolución interlocutoria de dos de septiembre de dos mil veinte, en la que el juez responsable, determinó declarar improcedente dicho incidente e impuso al quejoso una multa equivalente a veinticinco días de salario mínimo general vigente. Mediante diligencia de cuatro de septiembre del presente año, se notificó al peticionario de amparo, el contenido de la referida resolución. Proveído de seis de octubre de dos mil veinte, dictado por la responsable, en que se le requiere para que dentro del término de tres días, cumpla de manera voluntaria con la referida multa impuesta. Diligencia de siete de octubre del presente año, practicada por la Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, en que se le notificó el contenido del citado proveído de seis de octubre pasado. Proveído de seis de octubre de dos mil veinte y notificación del mismo que constituyen los actos reclamados. Antecedentes que derivan de las documentales que anexa a su escrito de demanda a las cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, además el promovente los manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales son estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pag. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". Así, retomando el análisis relativo a la causa de improcedencia que se actualiza, se debe precisar que el consentimiento del acto reclamado, no debe hacerse en forma aislada, sino que ha de vincularse con los actos emitidos por la autoridad responsable, anteriores al reclamado, y que tengan relación con éste, para determinar si dicho acto deriva de otro consentido; esto es, debe establecerse una relación de causalidad entre el acto que se estima consentido y el derivado. De lo anteriormente relatado, se obtiene que en la primigenia resolución de dos de septiembre de dos mil veinte, en la que se impuso la multa que tilda de inconstitucional, como se advierte de las documentales que anexo a la demanda de amparo, se determinó: "PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente. SEGUNDO. Resultó improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento interpuesto por el demandado Guillermo Saúl Guerra Aguilera, por propio derecho, respecto de la diligencia de fecha 11 once de agosto de este año, por los motivos expresados en el considerando segundo de esta resolución; en consecuencia, TERCERO. Se declaran válidas las diligencias de mérito, para todos los efectos legales a que haya lugar. CUARTO. Se impone a Guillermo Saúl Guerra Aguilera y a su abogado solidariamente, una multa de veinticinco días de salario mínimo general vigente en el Estado. QUINTO. Notifíquese personalmente a las partes". Para lo cual en diligencia de cuatro de septiembre de dos mil veinte, se le notificó el contenido de dicha determinación, que contiene inserta la imposición de la multa que tilda de inconstitucional, como lo manifestó bajo protesta de decir verdad. En consecuencia, se advierte que el quejoso reclama el proveído de seis de octubre de dos mil veinte, en el que se le está requiriendo cumpla con la multa equivalente a veinticinco días de salario mínimo general vigente, impuesta desde el dos de septiembre del año en curso, en resolución interlocutoria de esa data dictada en el contradictorio de origen, de lo cual no se inconformó el quejoso, no obstante de encontrarse notificado de su contenido desde el cuatro de septiembre siguiente, como lo refiere en su escrito de cuenta. Precisado lo anterior, como se anotó, el quejoso Guillermo Saúl Guerra Aguilera, acude por su propio derecho, y también le resulta el carácter de demandado en el juicio especial oral familiar 120/2020, sobre cesación de pago de alimentos, legalmente emplazado al mismo; por lo que esa circunstancia acredita que el quejoso al momento de la emisión del acto reclamado consistente en el proveído de seis de octubre de dos mil veinte, tenía conocimiento de la existencia de dicho contradictorio; esto es, que dentro del incidente de nulidad de notificaciones por defecto en el emplazamiento, en la resolución interlocutoria de dos de septiembre del año en curso, dictada dentro del mismo, se le había impuesto la multa que tilda de inconstitucional. Lo anterior, permite determinar que dicho quejoso no es tercero extraño para los efectos del juicio de amparo, pues por éste, debe entenderse aquél que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las sentencias, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa, es evidente que se está en presencia de un acto derivado de actos consentidos, entendiéndose éstos, como aquéllos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente. En ese supuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia, ha denominado acto derivado de acto consentido, a aquél que por su naturaleza es consecuencia de otro u otros, que deben reputarse legalmente como consentidos, respecto a lo cual el amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia II.3º. J/69, publicada en la página 45, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 75, Marzo de 1994, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". Por lo que, si el acto reclamado consistente en el proveído de seis de octubre del año en curso, a través del cual el juez responsable, requiere al quejoso para que cumpla con la multa impuesta de que se trata en el contradictorio de origen, no se puede analizar dicho auto combatido dado que éste deriva de la resolución interlocutoria de dos de septiembre del presente año, la cual no fue combatida en su oportunidad por la parte quejosa, tal como estuvo en aptitud de hacerlo, dado que lo que ahora reclama es una consecuencia derivada de la determinación primigenia (resolución interlocutoria); por lo que el acto aquí impugnado, es una consecuencia directa de dicho auto; de ahí que es incuestionable, como ya se dijo, que el presente juicio resulta improcedente, por actualizarse en la especie la causa que se deriva de lo previsto en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud de razón, la tesis número II.2o.C.43 K, consultable en la página 839, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE POR ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS (EJECUCIÓN DE SENTENCIAS). Conforme al artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente cuando se enderece contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos; sin embargo, para que esta causal de improcedencia se actualice es necesario: a) Que entre el acto reclamado y el anterior que se está consintiendo exista una relación de causa a efecto; es decir, que sea una consecuencia legal, forzosa o directa de la primera resolución, y b) Que el acto reclamado no se impugne por vicios propios. En tal virtud, si el acto reclamado se hace consistir en un proveído que ordena se proceda a la ejecución de una sentencia dictada en un juicio ordinario civil, la cual ha causado ejecutoria por no haberse interpuesto en su contra recurso alguno, aquél sólo es una consecuencia necesaria de la resolución que implícitamente se aceptó al no impugnarse, por lo cual ciertamente constituye un acto derivado de otro consentido, y ello hace improcedente el juicio de amparo en su contra, por surtirse la causal invocada, lo que amerita sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". Asimismo, cobra aplicación, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 139-144, primera parte, visible en la página 13, del tenor siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad". También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 217-228, Primera Parte, visible en la página 9, del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Así las cosas, al participar el referido acto reclamado, consistente en el proveído de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en el contradictorio de origen, en los actos derivados de consentidos, se actualiza la causa de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación al diverso acto reclamado, atribuido a la Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, relativo a la notificación del acuerdo de seis de octubre de dos mil veinte, que tilda de inconstitucional y que ha sido materia de estudio en párrafos que anteceden, practicada el siete de octubre del presente año, de igual manera, se actualiza la diversa causa de improcedencia, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Así, la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es aplicable a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 902, tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Tal exigencia, de que previamente a la promoción del juicio de garantías, deben interponerse los recursos o medios de defensa dentro del procedimiento, se dirige a aquéllos que son parte formal en el contradictorio de origen o quienes hayan comparecido a juicio a gestionar y les haya sido reconocido algún carácter, por tanto, en términos de la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente se exceptúan de tal obligación los terceros extraños al juicio, quienes al no tener el carácter de parte, tampoco pueden hacer uso de los medios de defensa para lograr su intervención en el procedimiento, tal como quedó establecido en la tesis de jurisprudencia VI.2ºC J/282, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1557, tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. EL TERCERO EXTRAÑO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS". En el caso, por lo corresponde al acto reclamado, consistente en la notificación del proveído de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial oral familiar 120/2020, sobre cesación de pago de alimentos, promovido por Guillermo Guerra González, frente al aquí quejoso Guillermo Saúl Guerra Aguilera, practicada el siete de octubre del año en curso, por la Actuaria del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo indirecto, al no observar el principio de definitividad, previamente a acudir a esta instancia constitucional, toda vez que en el caso, se actualizan los siguientes supuestos: El quejoso es parte demandada en el juicio especial oral familiar 120/2020, donde se advierte de las manifestaciones formuladas en el escrito inicial de demanda, así como en el ocurso de cuenta y documentales que anexó, ha tenido intervención en dicho contradictorio, por lo que es inconcuso que no acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercero extraño al procedimiento de origen; por ende, es evidente que no se actualiza el supuesto de la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo. Contra la notificación del proveído de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial oral familiar 120/2020, el peticionario de amparo no agotó el medio de defensa que establece la ley ordinaria, en observancia al principio de definitividad. Por tanto, como ya se indicó, es manifiesto que en el caso, contra la notificación del proveído de seis de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio especial oral familiar de origen, que se combate, procede el incidente de nulidad de notificaciones que refiere el artículo 606 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, que literalmente establece: "Artículo 606. Cualquier incidente que surgiere se tramitará sin suspender el procedimiento principal, oyendo al colitigante para que conteste la demanda dentro de veinticuatro horas, las pruebas se ofrecerán en los escritos que formen la litis incidental y se recibirán en el término de cinco días; los alegatos se presentarán en el plazo común de veinticuatro horas, trascurrido el cual y previa citación de oficio, el Juez o tribunal resolverá el incidente antes de dictar sentencia definitiva, salvo que la ley disponga otra cosa. La interlocutoria que se dicte no admitirá recurso alguno". Medio de defensa que la parte quejosa debió haber promovido con posterioridad a la notificación de tal proveído, sin que lo haya hecho. En consecuencia, por los motivos anteriormente expuestos, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIII y XVIII, de la Ley de Amparo; por lo que, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Finalmente por lo que respecta a la autoridad responsable señalada como Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, también se desecha la demanda de amparo; lo anterior, se considera así, porque aun cuando en términos de los artículos 55 y 56 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, entre las facultades de los Secretarios, es autorizar las resoluciones de primera y segunda instancia dentro de un procedimiento, lo cierto es que dicha función no implica que resuelvan conjuntamente con el Juez, ya que éste es el único responsable de su fallo; por lo tanto, si aquéllos solamente autorizan en funciones de fedatarios, sin imperio ni facultad decisoria, no pueden adquirir la jerarquía de autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo, conforme a lo establecido por el dispositivo 5, fracción II, de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo intentada, además por los motivos anteriormente expuestos, por lo que hace a la citada Secretaria de Acuerdos adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, en virtud de que ésta no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Encuentra apoyo lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Consultable en el apéndice de 1995, octava época, tomo VI, página 692, registro 394962, de rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO.". Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Consultable en el Apéndice de 1995, octava época, tomo VI, página 693, número de registro 394963., titulada: "SECRETARIO DE JUZGADO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE LE SEÑALA COMO FEDATARIO.". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Uruapan, Michoacán, tres de noviembre de dos mil veinte. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Guillermo Saúl Guerra Aguilera, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 458/2020, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio PREVENCIÓN. Previo a ordenar la admisión o desechamiento de la demanda de amparo de mérito, con fundamento en el artículo 108, fracción V, en relación con el 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE al promovente para que dentro de CINCO DÍAS, contados a partir de la legal notificación de este proveído y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes e integrar el incidente de suspensión solicitado que se tramita por cuerda separada y duplicado, realice, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda, respecto de lo siguiente: Señale de manera clara, precisa y concreta los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, en los que se advierta la fecha en que se notificó la resolución interlocutoria de dos de septiembre del año en curso, dictada en el juicio de origen. Lo anterior, a fin de estar en condiciones de fijar la litis en el presente juicio de amparo y solicitar el informe de ley a la responsable y esté en aptitud de rendirlo adecuadamente, de resultar procedente su admisión. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.7o.A.100 K, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, abril de dos mil seis, página 990, del rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". Así como la tesis VI.1o.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 301, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO". APERCIBIMIENTO. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo prevenido, se tendrá por no presentada, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2017 (10a.)., del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 1014198, de rubro siguiente: "COPIAS DE TRASLADO. LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE TENER POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO O LOS RECURSOS DE REVISIÓN O DE QUEJA, POR NO DESAHOGARSE EN SUS TÉRMINOS EL REQUERIMIENTO PREVIO PARA SU ENTREGA, NO VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa e la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda. Por otra parte, téngase como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a Agustín Aguilera Dimas y José Alfredo Aguilera Dimas, toda vez que después de haber realizado una búsqueda en el Registro Electrónico del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se encontraron registradas sus cédulas profesionales que los acredita como licenciados en derecho. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: Tesis: I.11o.A.4 A Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 175204 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXIII, Abril de 2006 Pág. 1188 Tesis Aislada(Administrativa) "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. Ahora, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por cualquier medio electrónico autorizado conforme al Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSO Y A SUS AUTORIZADOS)RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Guillermo Saúl Guerra Aguilera, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 458/2020, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio PREVENCIÓN. Previo a ordenar la admisión o desechamiento de la demanda de amparo de mérito, con fundamento en el artículo 108, fracción V, en relación con el 114, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE ..CITATORIO
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,104 expedientes
- Guillermo Morelos Pulido247/2018
- Guillermo Pérez Avilés401/2016
- Guillermo Perez Valdovinos427/2017
- Guillermo Ramírez García102/2023
- Guillermo Sandoval Hernández417/2019
- Guillermo Saul Guerra Aguilera129/2021
- Guillermo Tulais Sandoval643/2018
- Gumaro Soto Garcia164/2018
- Gustavo Adolfo Medellin Rodríguez166/2023
- Gustavo Alonso Benítez Hernández682/2021
- Gustavo Ávalos Segura539/2017
- Gustavo Ávila Ramírez519/2015