Guillermo Saul Guerra Aguilera

Expediente 129/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
129/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Saul Guerra Aguilera

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, dos de agosto de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales vigente a partir del dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentos y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha. OTRAS CONSIDERACIONES. Sin que en el caso alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que por características amerite ser devuelto. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Guillermo Saúl Guerra Aguilera, demanda instaurada contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 129/2021-V, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, apreciado íntegramente el escrito inicial de demanda se desecha de plano la demanda de garantías promovida por el citado Guillermo Saúl Guerra Aguilera, respecto de los actos reclamados materia del presente juicio, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, en concordancia con el diverso 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario y 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, al tratarse de actos intraprocesales que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos del quejoso. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)" "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Así, debe precisarse que los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación, han definido como actos procesales dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, a aquellos que, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sustancialmente, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen en forma fáctica con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello acontezca al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros (actos de imposible reparación) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos (actos de ejecución reparable), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Al efecto se invoca la tesis: Tesis: P./J. 24/92 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 205651 16 de 19 Pleno Núm. 56, Agosto de 1992 Pág. 11 Jurisprudencia(Común) "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Además, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al efectuar nueva reflexión sobre el tema (ejecución irreparable), amplió los alcances de la interpretación que merece la porción normativa en comento, incluso mediante jurisprudencia firme, para sostener que aun cuando en términos generales la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquéllos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto, y en el segundo deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo; empero, no puede ser el único ni absoluto, pues de manera excepcional debe admitirse la procedencia de la vía indirecta, tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales. Esto era así, cuando se afectaba a las partes en grado predominante o superior, esto es, ante la existencia de un perjuicio exorbitante, el cual debería determinarse de modo objetivo, valorando la institución procesal que estaba en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia otorgan un grado notable de afectación, que obligaba a considerar que deberían ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. En ese tenor, a fin de establecer la procedencia o no del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos suscitados dentro de juicio, debían valorarse dos criterios: 1. El general, que señala que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el perjuicio provocado no podría subsanarse a través del dictado de una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irremediablemente la violación a la garantía individual de que se trate. 2. El excepcional o complementario, que indica que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no surtirse alguno de esos supuestos, resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto y la parte quejosa debería esperar hasta que se dicte sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, la nueva Ley de Amparo ya no permite el segundo supuesto, sólo el primero, relativo a los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata determinado derecho sustantivo, cuyo perjuicio es irreparable a través del dictado de la sentencia en el juicio correspondiente. Sobre el particular, cobran aplicación la tesis del rubro y texto siguiente: Tesis: I.1o.A.E. J/5 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011338 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 29, Abril de 2016, Tomo III Pág. 1902 Jurisprudencia(Común) "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." En el caso, Javier Espinoza Alfaro, señala como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. De quien reclama: "A. El acuerdo de fecha 2 dos de marzo de 2021 dos mil veintiuno, dictado por la responsable dentro del Juicio Especial Oral Familiar número 120/2020 seguido en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el que se me tiene por interponiendo el recurso de apelación en efecto devolutivo, cundo se pidió se admitiera en ambos efectos, desprendiéndose con dicho orden la Eminente Ejecución de la sentencia causando un perjuicio de mi derecho humano, a una justicia plena, y un demento de mi patrimonio de por si dañado, ya que al no admitirla en efecto suspensivo deja a la Actora con la posibilidad de ejecutar en mi perjuicio la sentencia definitiva que fue dictada el 6 seis de enero del año en curso y que por motivo de la pandemia el Juzgado Primero, no laboro, razón por la cual feneció el termino para impugnarla el primero de marzo, como se hizo por mi parte como se demuestra en el acuerdo que se recurre, haciendo Valer el recurso de apelación del que se desprenden una serie de violaciones al procedimiento, las cuales tendrá que valorar la Sala que por turno le toque, pero de nada servirá la revocación que se haga si el asunto se ejecuta violando mi derecho a una legalidad y un debido proceso, como se demostrara con posterioridad. SEGUNDO ACTO RECLAMADO: B. El acuerdo de fecha 10 diez de marzo de 2021 dos mil veintiuno, dictado por la responsable dentro del Juicio Especial Oral Familiar número 120/2020 seguido en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, con residencia en esta ciudad, en el que a petición, de la C. ANGÉLICA PATRICIA SIERRA SOSA supuesta mandataria jurídica del actor, se acuerda ejecutar la sentencia definitiva que fue dictada el 6 seis de enero del año en curso sin que la misma cause firmeza es decir se declare ejecutoriada, ya que hice valer el recurso de apelación del que se desprenden una serie de violaciones al procedimiento, las cuales tendrá que valorar la Sala que por turno le toque, pero de nada servirá la revocación que se haga si el asunto se ejecuta violando mi derecho a una legalidad y un debido proceso, ya que se ordenó en este auto que se recurre se girara el oficio a la Patronal del Actor, Comisión Federal de Electricidad, a fin de que se ordene a quien corresponda la cancelación del descuento que se le ha venido realizando al deudor Alimentista Guillermo Guerra Aguilera a favor de la parte demandada comunicando que queda a disposición, del oferente en la secretaria de acuerdos, desprendiéndose con dicha expedición del oficio a la Patronal la Eminente Ejecución de la Sentencia sin que haya causado ejecutoria, ya que se interpuso el recurso de apelación, por el suscrito, en virtud de que existen varias irregularidades y violaciones al procedimiento, las cuales fueron pasados por alto por la Parcialidad del Juez Inferior, quien pretende violar en mí contra, el derecho humano que tengo a una justicia plena, y un demento de mi patrimonio ya que el daño será irreversible al no separar de la sentencia definitiva, la cantidad que por concepto de retroactivo de alimentos a que fue condenado el C. Guillermo Guerra Chávez, en la sentencia dictada en las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria número 829/2014 que sobre pago de alimentos promovió mi señora Madre María Rosario Aguilera Dimas, en el Juzgado Tercero de lo Civil, la cual obra en copias certificadas en el expediente Familiar que nos ocupa, como se justificara con posterioridad." Para mejor apreciación del motivo de improcedencia señalado, conviene hacer un relato de los hechos que dieron lugar a la emisión de los actos de autoridad combatidos y que se advierten de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expresó el promovente. Ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, se sigue el juicio especial oral familiar 120/2020, el cual seguido por sus trámites, el seis de enero del año en cuso, se dictó sentencia definitiva dentro del juicio. Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de apelación en ambos efectos, el cual, en auto de dos de marzo actual, el Juez responsable admitió en su efecto devolutivo. Posteriormente mediante auto de diez de marzo siguiente, dictado en el juicio de origen, la autoridad responsable ordena la ejecución de la sentencia Determinaciones éstas dos últimas, que constituyen la materia del acto reclamado en la presente instancia constitucional. Antecedentes que el citado quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, los cuales pueden ser estimados como ciertos, pues se trata de una aseveración de su parte en el sentido de que los hechos o abstenciones sucedieron en la forma que se describen, como lo sustenta la tesis siguiente: Tesis: I.15o.A.28 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171389 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXVI, Septiembre de 2007 Pág. 2613 Tesis Aislada(Común) "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado. Bajo ese contexto, los actos reclamados en la presente instancia constitucional, no pueden considerarse como actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, habida cuenta que no les reviste el carácter de definitivos, en razón de que se trata de actos de naturaleza intraprocesal, que de momento no tienen sobre la persona del quejoso una ejecución que se considere irreparable, lo que es indispensable para la procedencia del amparo indirecto. Lo anterior es así pues, en la especie, el auto de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán en el Juicio Especial Oral Familiar número 120/2020, promovido por Guillermo Guerra Chávez, por conducto de sus apoderadas jurídicas, frente al aquí quejoso Guillermo Saúl Guerra Aguilera, mediante el cual admitió en su efecto devolutivo, el recurso de apelación hecho valer por este último contra la resolución de seis de enero de dos mil veintiuno, cuando, sostiene el promovente debió ser en ambos efectos, como lo solicitó, no afecta algún derecho sustantivo del peticionario del amparo y por tanto no contiene una ejecución de imposible reparación. A continuación se transcriben los artículos 692 y 693 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para una mejor comprensión de lo que enseguida se abordará: "ARTÍCULO 692. La apelación debe interponerse ante el Juez que pronunció la sentencia o auto, por escrito, dentro de nueve días, si la sentencia fuera definitiva o dentro de seis si fuere auto o interlocutoria. En el escrito el apelante expresará los agravios que en su concepto le cause la resolución recurrida, expresando con relación a cada agravio, cual es la parte que lo causa, citando el precepto o preceptos legales violados y explicando el concepto por el cual lo fueron; y señalará el domicilio para recibir notificaciones en la capital del Estado, para que se le hagan las notificaciones personales previstas por la ley. El Juez, en el auto que pronuncie al escrito de interposición del recurso, expresará si lo admite en ambos efectos o en un solo efecto, dando vista a la contraria para que en el término de tres días conteste lo que a su derecho convenga y señale domicilio para recibir notificaciones en la capital del Estado, para que se le hagan las notificaciones personales previstas por la ley; ordenará se asiente constancia en autos de la interposición del recurso y de la remisión del testimonio de apelación correspondiente a la Sala del Supremo Tribunal de Justicia, dentro de un plazo de tres días, si fueren autos originales y de cinco si fuere testimonio de apelación. [.] ARTÍCULO 693. [.]. Transcurrido el término, no habiendo hecho uso del derecho, dentro de los tres días siguientes dictará auto en el que decidirá sobre la admisión del recurso, la calificación del grado y la oportuna expresión de agravios y su contestación hechas por y ante el Juez, citando en su caso a las partes para oír sentencia, misma que se pronunciará dentro del plazo de diez días si fuere definitiva o de cinco si fuere interlocutoria, contados a partir de la citación para sentencia. [.]." Se afirma que el acto reclamado en esta vía, no contiene una ejecución de imposible reparación, porque no obstante que contra el referido auto que admitió el recurso de apelación y lo calificó en el efecto devolutivo, no procede algún medio de defensa en su contra, sin embargo, no es una calificación definitiva, ya que tal proveído es de carácter provisional, sujeto a la decisión definitiva del tribunal de alzada sobre la admisión y calificación de grado del recurso en comento, como lo consigna el transcrito artículo 693, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el que sí es atacable a través del recurso de reposición previsto por el diverso numeral 692, del ordenamiento legal invocado y que de no hacerlo, se tendrá por consentido, lo que hará inoperantes los conceptos de violación que se hagan valer en el amparo que se interponga contra el fallo que se dicte en la apelación, por no haber preparado debidamente la violación procesal, como lo previene el artículo 171 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Entonces, resulta evidente que el acto reclamado no produce de momento más que efectos meramente procesales que pueden ser subsanados si la Sala que corresponda conocer de dicho medio de defensa al examinar la admisión y calificación de grado realizada por el Juez de Primera Instancia, determinara que no fue correcta tal calificación, por lo que procederá a revocarla y actuará en su consecuencia como corresponda, para que a la mayor brevedad se cumplan las disposiciones del Capítulo 1 del referido cuerpo de leyes, lo que sería favorable a los intereses del promovente de amparo, y para el caso de que el auto que emita la sala al recibir el recurso de apelación de mérito no le sea favorable, la parte quejosa estará en aptitud de combatirlo mediante el recurso de reposición que previene el citado numeral 692 para agotar el principio de definitividad. Por tanto, los actos que reclama la parte quejosa no presentan para los efectos de la procedencia de este amparo una ejecución irreparable, pues como se dijo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo sería improcedente cuando no exista el elemento de "imposible reparación". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 175, visible en la página 144, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como, en lo conducente, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 884, del tomo: CVII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "APELACIÓN EN EL EFECTO DEVOLUTIVO, ADMISION DE LA. La resolución que admite en sólo el efecto devolutivo, el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, no tiene carácter definitivo, pues el primer acuerdo del tribunal de alzada durante la secuela del procedimiento, es el de calificación del grado para determinar si está o no bien admitido el recurso, lo cual constituye una defensa legal dentro del procedimiento, catalogado como motivo de improcedencia en la fracción XIII del artículo 73 de la ley orgánica respectiva. Por lo demás, en el supuesto de que la resolución que se dicte al hacerse la calificación del grado sea contraria a la opinión del interesado, dicha resolución puede combatirse mediante el recurso ordinario de reposición." Luego entonces, esos actos de molestia se traducen en violaciones a las leyes del procedimiento que, en su caso, afectan las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado de la respectiva resolución, que en su momento llegue a dictar en definitiva el Magistrado que conozca y resuelva del recurso de apelación, lo que implica que se esté en presencia de actos intraprocesales, respecto de los cuales es improcedente el juicio de amparo indirecto, lo que conduce a desechar la demanda de amparo, en los términos anotados. De esta forma, es manifiesto que es improcedente el juicio de amparo, toda vez que en el caso, los actos de autoridad que se combaten no son de aquéllos que causen un perjuicio irreparable que afecte a la parte quejosa en sus derechos sustantivos como son la vida, integridad personal, posesiones, etcétera. Ello toda vez que resulta claro que en el caso concreto, el acto reclamado únicamente tiene efectos intraprocesales, por lo tanto no tiene una consecuencia inmediata de afectación sobre alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, sino únicamente da lugar a la conculcación de derechos adjetivos que sólo producen efectos intraprocesales y que, por tanto, no pueden ser reclamados en la vía del amparo biinstancial, precisamente en razón de que los actos reclamados en el caso concreto no tienen una ejecución de imposible reparación. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso artículo 172, fracción XII, en concordancia con la fracción V, del numeral 107, todos de la Ley de Amparo, interpretado éste último, a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Guillermo Saúl Guerra Aguilera, respecto de los actos reclamados materia del presente juicio; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítanse a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para sus habitantes, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan elementos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilizan medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, registro 167640, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo o términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que las mismas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios, tomando en cuenta las limitantes que existen para que personas externas accesen al juzgado. Lo anterior, de conformidad con el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, ténganse como domicilio el precisado en su demanda de amparo para los efectos legales a que haya lugar Asimismo, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley que rige el juicio constitucional a Agustín Aguilera Dimas y José Alfredo Aguilera Dimas, toda vez que después de una consulta realizada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se constató que sí se encuentran registradas las cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho. CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMPARECENCIAS. En otro aspecto, se precisa que en términos del artículo 3° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en caso de que alguna de las partes tenga interés en consultar el expediente físico relativo al presente juicio de amparo o comparecer a alguna diligencia, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", en donde se encontrará el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en éste órgano jurisdiccional, debiendo seguir los lineamientos ahí establecidos. No obstante lo anterior, se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. En ese sentido, en atención al riesgo de contagio que genera el asistir físicamente a lugares público como lo es este Juzgado de Distrito, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. De igual manera, en términos del artículo 21 del citado Acuerdo General 21/2020 se hace del conocimiento de las partes que los acuerdos que ordenen notificarse por lista se realizarán únicamente mediante la publicación de internet prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19, en su artículo 1°, fracción I, en relación con la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en los numerales 3, párrafo primero y 7, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

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