Guillermo Salazar López

Expediente 1721/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 16 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1721/2014
Año
2014
Actuaciones
1
Última actuación
16/02/2015

Partes del expediente

  • Guillermo Salazar López

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V B Agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio 0149, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, por el que, en atención al requerimiento formulado en auto de nueve de febrero del año en curso, remite copia con firmas autógrafas del acuerdo de diez de febrero de dos mil quince, emitido en el expediente 6/2006 de su índice; por lo que, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite dicha documental como prueba de su parte, la cual se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Ahora bien, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que la quejosa esencialmente se duele de que el Presidente Ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, no ha proveído lo necesario para que la demandada realice el pago de las prestaciones a que fue condenada. Lo que se asevera, ya que si bien destaca que reclama la omisión de dar cumplimiento al laudo de veintitrés de agosto de dos mil once, así como el incidente de liquidación de uno de febrero de dos mil trece, del expediente 6/2006, lo cierto es que en sus conceptos de violación, aduce que la demandada desde la fecha del requerimiento de pago al día de hoy no ha dado cumplimiento al laudo; y que no obstante ello, el Presidente Ejecutor de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, ha omitido realizar en tiempo y forma los requerimientos a efecto de tener por cumplido con el pago de lo condenado, y ante tal omisión, se constituye un aplazamiento innecesario y una violación a sus garantías individuales tuteladas por el artículo 17 de la Constitución General de la República, de agilizar el trámite y dictar los acuerdos en los plazos y términos que fijan las leyes. Por su parte, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado (foja 12), negó los actos reclamados, pues indicó que no existe tal omisión por parte de esa autoridad, ya que el nueve de septiembre de dos mil catorce, la actora ZOILA SANDRA CID JOVE, aquí quejosa, y otra, firmaron convenio con la demandada Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico con el objeto de resolver en definitiva el expediente laboral 06/2006 de su índice, el cual fue ratificado en la misma fecha; sin embargo, con posterioridad a la presentación de la demanda, esto es, mediante el oficio que se agregó al inicio de este acuerdo, remitió copia con firmas autógrafas del acuerdo de diez de febrero de dos mil quince, emitido en el expediente 6/2006 de su índice, por el que realiza el requerimiento respectivo a la parte demandada, para que cumpla el laudo e incidente de liquidación respectivo. De ahí que se tiene por cierto el acto reclamado. Ahora, del contenido de las constancias que remitió la autoridad responsable, se conoce que por acuerdo de diez de febrero de dos mil quince, emitido en el expediente 6/2006, señaló las diez horas del dieciocho del presente mes y año, para que el Actuario de su adscripción, en compañía de las actoras, se presente en las oficinas de la demandada, y la requiera cumpla con la condena dictada en el laudo de veintitrés de agosto de dos mil once, concretamente en los considerandos quinto, séptimo y octavo; así como con la resolución de uno de febrero de dos mil trece, dictada en el incidente de liquidación, específicamente el considerando segundo; asimismo, la requiera para que otorgue constancia de antigüedad a ZOILA SANDRA CID JOVE, de una antigüedad genérica de servicio de cuatro años, cinco meses y treinta días, haciendo pago a dicha actora de la cantidad de ciento cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y tres pesos con treinta y nueve centavos, moneda nacional, o bien, dentro del término de tres días hábiles, exhiba ante esa Junta, las cantidades que se le requieren, o informe los trámites efectuados para obtener la suficiencia presupuestal a que se refiere el convenio de nueve de septiembre de dos mil catorce. Ahora, en el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce de la garantía individual violada, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En efecto, se reitera que se actualiza la causa de improcedencia en cuestión, en razón de que a la fecha han cesado los efectos del acto reclamado, en tanto que, el diez de febrero de dos mil quince, la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, dictó un acuerdo en el expediente 06/2006 de su índice, en el que requirió el cumplimiento del laudo de veintitrés de agosto de dos mil once, y la resolución de uno de febrero de dos mil trece, dictada en el incidente de liquidación (foja 27). Por lo que es evidente que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 visible en la página treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Instancia Segunda Sala, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo SEXTO Transitorio de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Notifíquese personalmente.

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