Guillermo Ruiz Osorio
Expediente 170/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 170/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermo Ruiz Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA III B Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto dictado el tres de marzo de dos mil quince (fojas 24 a 26), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente. Finalmente, de la certificación de cuenta y estado de los autos, se advierte que en este juicio de amparo obran original de la solicitud de licencia de uso de suelo, alineamiento y número oficial, de veintidós de diciembre de dos mil catorce, suscrita por el quejoso, con sello de recibido por la autoridad responsable, correspondiente al inmueble ubicado en la Carretera Internacional Cristóbal Colón, esquina con la Carretera a Guelatao, San Sebastián Tutla, Oaxaca (foja 4); en consecuencia, devuélvansele tal documental al quejoso, apercibido que de no comparecer en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, sin ulterior acuerdo, en su oportunidad, podrá ser depurados junto con el expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA III B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Regidora de Obras del Ayuntamiento de San Sebastián Tutla, Oaxaca, para que surta sus efectos legales consiguientes, con conocimiento de las partes. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la referida autoridad responsable las documentales que remite como apoyo a su informe; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. De igual forma, con fundamento en el artículo 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene como delegado de la aludida autoridad responsable a la persona que se indica en el informe relativo, y en términos del numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio oficial para oír y recibir notificaciones el que se precisa en el mismo. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que José Jorge Ruiz Pardo, en su carácter de apoderado legal de GUILLERMO RUIZ OSORIO, promovió el presente juicio de amparo contra un acto del Regidor de Obras del Municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, que hizo consistir en la negativa a dar trámite a su solicitud de veintidós de diciembre de dos mil catorce. Ahora, de las constancias que obran en autos, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, se advierte que el quejoso el veintidós de diciembre de dos mil catorce, promovió ante el Regidor de Obras del Municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, solicitud de licencia de uso de suelo, alineamiento y número oficial del bien inmueble ubicado en Carretera Internacional esquina con Carretera a Guelatao; asimismo, que la citada autoridad responsable, en atención a su solicitud, emitió el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince, contenido en el oficio RO/SST/182/2015, por el le hizo del conocimiento que la autoridad Municipal de San Sebastián Tutla, Oaxaca, autorizó en su favor, previo el pago correspondiente, su solicitud de número oficial y uso de suelo habitacional, respecto del predio ubicado en Carretera Internacional esquina con Carretera a Guelatao, y por lo que respecta a la solicitud de alineamiento le informó que para dar trámite al mismo debería presentar acta de rectificación de medidas de apeo y deslinde, diligenciado por el Alcalde Único Constitucional de dicha comunidad (foja 19); respuesta que notificó el veintisiete de febrero pasado, como se advierte de la fecha y firma que obra al calce del citado oficio. Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo tales premisas, es evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de febrero de dos mil quince -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al dictar la autoridad responsable el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince, contenido en el oficio RO/SST/182/2015 de su registro, en atención a la solicitud de veintidós de diciembre de dos mil catorce, presentada por el aquí quejoso, y habérsela notificado, es evidente que se restituyó al impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causal de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe destacar que los criterios jurisprudenciales citados resultan aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 14 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA MESA III B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la Regidora de Obras del Ayuntamiento de San Sebastián Tutla, Oaxaca, para que surta sus efectos legales consiguientes, con conocimiento de las partes. Asimismo, de conformidad con el numeral 119 de la Ley de Amparo, ténganse como prueba de la referida autoridad responsable las documentales que remite como apoyo a su informe; mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. De igual forma, con fundamento en el artículo 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene como delegado de la aludida autoridad responsable a la persona que se indica en el informe relativo, y en términos del numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio oficial para oír y recibir notificaciones el que se precisa en el mismo. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que José Jorge Ruiz Pardo, en su carácter de apoderado legal de GUILLERMO RUIZ OSORIO, promovió el presente juicio de amparo contra un acto del Regidor de Obras del Municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, que hizo consistir en la negativa a dar trámite a su solicitud de veintidós de diciembre de dos mil catorce. Ahora, de las constancias que obran en autos, mismas que alcanzan valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de amparo, se advierte que el quejoso el veintidós de diciembre de dos mil catorce, promovió ante el Regidor de Obras del Municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, solicitud de licencia de uso de suelo, alineamiento y número oficial del bien inmueble ubicado en Carretera Internacional esquina con Carretera a Guelatao; asimismo, que la citada autoridad responsable, en atención a su solicitud, emitió el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince, contenido en el oficio RO/SST/182/2015, por el le hizo del conocimiento que la autoridad Municipal de San Sebastián Tutla, Oaxaca, autorizó en su favor, previo el pago correspondiente, su solicitud de número oficial y uso de suelo habitacional, respecto del predio ubicado en Carretera Internacional esquina con Carretera a Guelatao, y por lo que respecta a la solicitud de alineamiento le informó que para dar trámite al mismo debería presentar acta de rectificación de medidas de apeo y deslinde, diligenciado por el Alcalde Único Constitucional de dicha comunidad (foja 19); respuesta que notificó el veintisiete de febrero pasado, como se advierte de la fecha y firma que obra al calce del citado oficio. Precisado lo anterior el suscrito juzgador estima que, en la especie, contra el acto aquí reclamado sobrevino la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Bajo tales premisas, es evidente que los efectos del acto reclamado en este juicio de amparo han cesado, pues con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (seis de febrero de dos mil quince -foja 1-), las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; toda vez que al dictar la autoridad responsable el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil quince, contenido en el oficio RO/SST/182/2015 de su registro, en atención a la solicitud de veintidós de diciembre de dos mil catorce, presentada por el aquí quejoso, y habérsela notificado, es evidente que se restituyó al impetrante en el goce del derecho violado, como si éste no hubiera invadido su esfera jurídica. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que la aludida causal de improcedencia es manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio al citado quejoso ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Se invoca en apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Cabe destacar que los criterios jurisprudenciales citados resultan aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio (foja 14 vuelta); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA III B Visto el estado de los autos y la certificación que antecede se advierte, por una parte, que está señalada para hoy la audiencia constitucional (foja 8 vuelta), y por otra, que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable Regidor de Obras del Municipio de San Sebastián Tutla, Oaxaca, rinda su informe justificado; por tal motivo, no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para hoy, misma que se difiere para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL QUINCE .
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