Guillermo Rosario Armendariz Vega
Expediente 73/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Guillermo Rosario Armendariz Vega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de catorce de marzo de dos mil dieciocho, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que quedaba cumplida la sentencia emitida en el juicio de amparo que nos ocupa, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Guillermo Rosario Armendáriz Vega, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el proveído y la interlocutoria, por la que se concedió provisionalmente y en definitiva la medida cautelar, respecto de todos los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia del juicio de amparo que nos ocupa, y de la resolución interlocutoria por la que se concedió definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede y del estado de los autos, se advierte que el quejoso Guillermo Rosario Armendáriz Vega, no desahogó la vista ordenada en proveído de veintidós de febrero del año en curso, no obstante haber sido notificado el veintitrés de febrero del mismo año, acerca de las constancias remitidas por la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Goros II y Presidente del Comité Técnico, con residencia en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia constitucional emitida en este juicio; por tanto, el suscrito Juzgador analiza si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar, debe indicarse que por sentencia dictada en el presente juicio de amparo veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el presente juicio de garantías, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Guillermo Rosario Armendáriz Vega, para el efecto de que las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaria de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, Director y Consejo Técnico Interdisciplinario ambos del actual Centro Penitenciario Goros II, con domicilio en esta ciudad, a fin de que una vez que causara ejecutoria dicha resolución, otorgaran cabal y puntual cumplimiento a la sentencia constitucional, en el entendido de que la concesión del amparo se hizo para el efecto de que dejaran sin efecto: El acta derivada de la sesión extraordinaria celebrada por el entonces Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Los Mochis, Sinaloa, en fecha diez de noviembre de dos mil quince, únicamente por el impetrante Guillermo Rosario Armendáriz Vega; El oficio número 6075/2015, de once de noviembre de dos mil quince, dirigido al Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con residencia en Mazatlán, Sinaloa y rubricado por el otrora Director del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, con domicilio en Los Mochis, en la actualidad Director del Cetro Penitenciario Goros 2, sólo por lo que hace al quejoso Guillermo Rosario Armendáriz Vega; El oficio número SEGOG/CNS/OADPRS/44354/2015, de catorce de diciembre de dos mil quince, firmado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México; respecto del agraviado Guillermo Rosario Armendáriz Vega; Por vía de consecuencia, realicen los trámites necesarios a efecto de que, el quejoso Guillermo Rosario Armendáriz Vega, sea devuelto al Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito con domicilio en Los Mochis, Sinaloa, donde tenía su residencia antes de su traslado. SIN EMBARGO, si la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, una vez que realice el estudio acucioso sobre la viabilidad de regresarlo a dicho centro de reclusión, concluye que las medidas de seguridad del nombrado lugar no sean suficientes o inconvenientes para mantenerlo recluido en ese centro o, bien, implique intento de fuga o, disturbio en el interior del mismo; entonces de inmediato debe solicitar al Juez Especializado en Ejecución de Penas en turno o la autoridad jurisdiccional competente que corresponda, que ordene su traslado definitivo al Centro de Reclusión que estime pertinente. En tal supuesto, mientras el Juez Especializado en Ejecución de Penas o la autoridad jurisdiccional competente se pronuncia en relación con el traslado con las medidas de seguridad la autoridad responsable podrá trasladar al impetrante Guillermo Rosario Armendáriz Vega, al Centro Federal de Readaptación Social Número 8 "Norponiente", con domicilio en Guasave, Sinaloa; por ser el más cercano del lugar de donde egresó y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para su internamiento. La concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión en los términos que se precisan no implica que la autoridad no pueda eventualmente trasladar al encausado a algún otro Centro de Readaptación Social distinto de aquel en donde se encuentre, pues ello estaría permitido si en el caso concreto se ubica en las hipótesis constitucionales y legales respectivas y es determinado por la autoridad judicial competente, en la inteligencia de que en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a partir del diecinueve de junio de dos mil once, la atribución para resolver sobre la ejecución de las penas, lo que incluye, entre otros aspectos, el traslado de sentenciados, es propia y exclusiva de la autoridad judicial. Lo anterior pone de manifiesto que la concesión del amparo fue para que se restituyera al quejoso en el goce de los derechos constitucionales que fueron transgredidos en su perjuicio y, al ser de carácter positivo el acto reclamado en el presente juicio, pues se trató de una orden de traslado de un Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, a otro -Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa o, bien al Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-Poniente", con sede en Guasave, Sinaloa)- las autoridades responsables, por vía de consecuencia, realizaran los trámites necesarios a efecto de que el justiciable fuera devuelto al Centro Penitenciario Goros II, con sede en esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa o, bien al Centro Federal de Readaptación Social Número Ocho "Nor-Poniente", con domicilio en Guasave, Sinaloa, más cercano al domicilio donde tenía su residencia antes de su traslado, para lograr su reintegración a la comunidad como elemento de reinserción social, en términos del artículo 18 de la Carta Magna. En ese contexto, el Director de Amparos y Derechos Humanos en representación de la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, a través del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/04.6/002474/2018, de uno de febrero de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del diverso SEGOB/CNS/OADPRS/29817 y SEGOB/CNS/OADPRS/29818/2017, ambos de seis de diciembre de dos mil diecisiete, dirigidos al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 9 "Norte", con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente, en virtud de los cuales dejó insubsistente el acto reclamado, es decir, las comunicaciones SEGOB/CNS/OADPRS/44353/2015 y SEGOB/CNS/OADPRS/44354/2015, ambas de catorce de diciembre de dos mil quince, en las que se autorizaba el traslado del quejoso Guillermo Rosario Armendáriz Vega, al Centro Penitenciario Goros II de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa; por tanto, les ordenó girar las instrucciones necesarias a fin de entregar al encausado hoy quejoso, así como preparar la documentación correspondiente, al personal que fuera designado para el cumplimiento de dicha comisión. De igual forma, la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario Goros II y Presidente del Comité Técnico, con residencia en esta ciudad, a través del oficio CPGOROSII/DJ/0516/2018, recibido el pasado veinte de febrero del año en curso, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada del acta de entrega-recepción de personas privadas de la libertad, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se hace constar el ingreso del quejoso Guillermo Rosario Armendáriz Vega al Centro Penitenciario a su cargo, el mismo veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de veintidós de febrero del año en curso, mismo que se le notificó el veintitrés de febrero del presente año, sin que el justiciable haya realizado alguna manifestación al respecto, como ha quedado precisado. Asimismo, se encuentra glosada en autos la copia certificada del Acta Administrativa de Entrega-Recepción de Personas Privadas de la Libertad, de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, de la que se desprende que el Guarda y Custodio Penitenciario, adscrito a la Coordinación General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, entregó al quejoso Guillermo Rosario Armendáriz Vega con la documentación correspondiente, al Comandante del Sector Penitenciario de Turno del Centro Penitenciario Goros II, de esta Ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Por tanto, si el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado y se regresara al amparista Guillermo Rosario Armendáriz Vega al Centro Penitenciario más cercano al domicilio donde tenía su residencia antes de su traslado, lo cual ya aconteció; la sentencia de amparo ha quedado debidamente cumplida, restituyéndose a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el oficio signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto número 44/2018, por los motivos que expone; agréguese a los presentes autos para que surtan sus efectos legales. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos únicamente para que obren como corresponda los oficios signados por el Director de Área adscrito a la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos y éste en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, el Director del Centro Penitenciario Goros II, y Presidente del Comité Técnico, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que haya lugar a proveer al respecto, toda vez que, lo anterior ya se le hizo del conocimiento del aquí quejoso, por lo que le está transcurriendo el término para que manifieste lo que a su interés convenga.
- Principal
Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales los oficios signados por el Director del Centro Penitenciario Goros II, y Presidente del Comité Técnico, con sede en esta ciudad, mediante los cuales informan el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Dese vista a la parte quejosa con los oficios de cuenta, para que en el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridad responsable.
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