Guillermo Normando Lopez Rojas Diaz

Expediente 169/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
169/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Normando Lopez Rojas Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de dos de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurara el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de doce de julio del año en curso, en relación con el oficio y documentales allegados por los Integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación le fue notificada el quince siguiente, a su autorizado legal -licenciado Estanislao Lugo Verdugo-; por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad responsable. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que por resolución emitida el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, solicitado para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, en el término de tres días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, otorguen respuesta completa a la petición del quejoso Guillermo Normando López Rojas Díaz contenida en el escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte -dentro del juicio laboral J.E.No.2-11-669-2017-, haciendo de su conocimiento la respuesta que recaiga a la misma. En el entendido, que el efecto de la concesión del amparo, no implica que la autoridad emita su respuesta precisamente en el sentido pretendido por la parte quejosa, pues tal derecho sólo la obliga a recibir y contestar en breve término y de manera congruente, por escrito, las solicitudes o promociones que se le presenten; así como a hacerla saber al promovente. Sentencia que causó ejecutoria el diecinueve de mayo del presente año, al no ser recurrida por las partes. Pues bien, del escrito presentado por el quejoso se desprende que solicita a la responsable se le apliquen los medios de apremio al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, al Banco Santander, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, y a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, toda vez que éstos no han remitido la información que se le solicitó dentro del juicio de amparo J.E.No.2-11-669-2017, y debido a la falta de respuesta dicho juicio se encuentra estancado y por lo mismo no se puede concluir. Por su parte, la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del oficio número 2177 recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de junio del año en curso, al cual anexó entre otras constancias, el acuerdo dictado por dicha junta el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, así como los oficios números 7178 y 7179 de su índice, del pasado dieciocho de junio, dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, respectivamente, de los que se desprende que el veinticinco de febrero y el dieciocho de junio, ambos del año en curso, se dio respuesta a lo peticionado por el aquí quejoso en su escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, ello ya que en el acuerdo mencionado la autoridad responsable refiere que respecto a la petición del aquí quejoso en el sentido de que se le apliquen los medios de apremio al Instituto Mexicano del Seguro Social, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dicha institución por medio de la Titular de la Subdelegación de esta ciudad, dio cumplimiento a lo solicitado mediante oficio -el cual remite la autoridad responsable-, mismo que fue acordado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve; y en los referidos oficios números 7178 y 7179 de su índice, la autoridad responsable requiere nuevamente por la información solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, respectivamente. Ahora bien, cabe destacar que este Juzgado cuenta con las más amplias facultades para determinar oficiosamente si el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, de lo dispuesto en el artículo 77 fracciones I y II, de la Ley de Amparo se advierte que el fin último de la sentencia amparadora es el de restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la trasgresión, cuando se trate de actos que impliquen un hacer positivo de la autoridad; o bien, el de obligar a la responsable a actuar en apego a la garantía que se estime infringida, en caso de que el acto reclamado haya consistido en una negativa o en un actuar u omisión por parte de esta. De tal modo que la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debe realizar aquellos actos que abonen a la consecución del fin último de la sentencia amparadora. Se ha dicho que existe defecto en la ejecución cuando la autoridad responsable no se ciñe estrictamente a los términos de la ejecutoria de amparo, esto es, cuando su actuación es parcial o incompleta, en la medida que no obedece de manera cabal lo mandado. Existe exceso, en cambio, cuando la autoridad responsable sobrepasa lo que manda la sentencia de amparo, extralimitándose en su ejecución. En esta línea, contrastando la petición incoada a la responsable consistente en aplicar los medios de apremio al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, al Banco Santander, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, y a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, toda vez que éstos no han remitido la información que se le solicitó dentro del juicio de amparo J.E.No.2-11-669-2017, y debido a la falta de respuesta dicho juicio se encuentra estancado y por lo mismo no se puede concluir; con la respuesta otorgada por la autoridad, consistente en el acuerdo dictado por dicha junta el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, así como los oficios números 7178 y 7179 de su índice, del pasado dieciocho de junio, dirigidos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, respectivamente, de los que se desprende que el veinticinco de febrero y el dieciocho de junio, ambos del año en curso, se dio respuesta a lo peticionado por el aquí quejoso en su escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, ello ya que en el acuerdo mencionado la autoridad responsable refiere que respecto a la petición del aquí quejoso en el sentido de que se le apliquen los medios de apremio al Instituto Mexicano del Seguro Social, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dicha institución por medio de la Titular de la Subdelegación de esta ciudad, dio cumplimiento a lo solicitado mediante oficio -el cual remite la autoridad responsable-, mismo que fue acordado el ocho de noviembre de dos mil diecinueve; y en los referidos oficios números 7178 y 7179 de su índice, la autoridad responsable requiere nuevamente por la información solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y al Banco Santander, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, respectivamente, es inconcuso que la autoridad atendió la petición formulada por el quejoso. Lo anterior, se reitera contrastando la petición con la respuesta otorgada por la responsable: Fundó y motivó su actuar, ante la petición del quejoso; Por tanto, al haber atendido la responsable la petición que le fue realizada, atinente a dar respuesta al escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veinte, y obteniendo como respuesta el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno -notificado al aquí quejoso mediante estrados esa misma fecha- y los oficios números 7178 y 7179 de su índice, de dieciocho de junio del año en curso -los cuales fueron hechos del conocimiento por este juzgado al aquí quejoso mediante acuerdo mediante acuerdo del pasado doce de julio- , precisando la motivación y fundamentación para ello, es inconcuso que la respuesta es congruente con lo peticionado. Esto es, el escrito de la parte quejosa consistió en solicitar la aplicación de los medios de apremio al Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, al Banco Santander, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, y a la Comisión Nacional Bancaría y de Valores, toda vez que éstos no han remitido la información que se le solicitó dentro del juicio de amparo J.E.No.2-11-669-2017, y la autoridad responsable atendió dicho aspecto. Así las cosas, el amparo se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable, en observancia del derecho de petición consagrado en el artículo 8° de la Constitución de la República, dieran respuesta a la solicitud elevada por el quejoso, lo cual así aconteció. Si bien, el derecho de petición no constituye un derecho a la obtención de una repuesta favorable a los intereses del peticionario, sino solamente a obtener una respuesta por escrito, tampoco puede la autoridad contestar de cualquier forma, sino tendrá que hacerlo de manera congruente con lo solicitado (congruencia entre lo pedido y la respuesta obtenida). En otra palabras, el derecho de petición precisa no solamente de una respuesta, sino que ésta debe ser en el sentido de ceñirse a lo que está pidiendo y, además debe ser de tal manera clara que no produzca confusión en el peticionario, a fin de que éste cuente con los elementos indispensables para impugnar en la vía que corresponda, la legalidad de esa respuesta. Por ilustrativa se cita la Tesis (aislada), con registro 252257 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 123, Volumen 115-120, Sexta Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que indica: "PETICION, DERECHO DE. RESPUESTAS AMBIGUAS. El artículo 8o. constitucional garantiza, como derecho constitucional de los gobernados, que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Ahora bien, si ese derecho constitucional debe tener algún sentido y no ser una mera norma hueca e inoperante, es claro que cuando la petición elevada a la autoridad contiene la solicitud de una conducta de dar o de hacer a la que el peticionario estima tener derecho, y si esa petición se funda y motivo, la respuesta de la autoridad no debe ser evasiva, o sibilina, o limitarse a dar largas al asunto, ni a embrollarlo, sino que en forma clara y directa debe resolver sobre la pretensión deducida. Si las autoridades consideran que la pretensión es infundada, así deben decirlo claramente, expresando también claramente, por qué estiman improcedente o infundada la petición, a fin de dar al peticionario una respuesta congruente con su petición, en un sentido o en otro, pero en un sentido que ese peticionario pueda acatar o impugnar con pleno y cabal conocimiento de causa. Resultaría contrario al espíritu de la norma constitucional que si la petición no cuenta con el beneplácito de la autoridad, dicha petición se tenga por contestada, incongruentemente, con respuestas evasivas, o ambiguas, imprecisas: eso no es satisfacer el derecho de petición, sino disfrazar la negativa a satisfacerlo, y deja al peticionario en situación de indefensión, violándose de paso el debido proceso legal que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales. Es decir, para que no se respire un clima de opresión y de decisiones no sujetas a derecho, sino un clima de paz y precisamente el correspondiente a un estado de derecho, es menester que las autoridades resuelvan las peticiones en forma franca clara, dando razón completa del por qué no se otorga lo solicitado, y dando al gobernado los elementos para aceptar o impugnar su negativa, de manera que dichas autoridades tengan por mayor interés que sus conflictos con los gobernados sean compuestos (aun judicialmente) en cuanto al mérito de sus pretensiones, que negar lo que no quieren conceder mediante el camino de las imprecisiones los laberintos, lo que más bien da impresión de que se pretende obstaculizar la petición del quejoso y el que pueda llegar a plantearla sólidamente ante los tribunales, o sea, el prevalecer de la potestad sobre el derecho. Y es fundada la argumentación del quejoso de que la respuesta recaída a su petición no es congruente con ella, si esa respuesta no resuelve sobre si procede o no, conceder la pretensión que deduce, sino que en forma ambigua, imprecisa, se limita a decir que una vez que se cumpla con los requisitos de ciertos preceptos "y demás relativos" se procederá en los términos que ordenan los mismos. Para que la respuesta hubiera sido congruente, debió decirse con toda claridad y precisión cuáles eran todos los preceptos aplicables, qué requisitos concretos debió satisfacer el peticionario en opinión de la autoridad, y cuáles serían las consecuencias de satisfacerlos o no, a fin de que con esa respuesta el gobernado supiese ya a qué atenerse respecto a su pretensión, o del acatamiento o de la impugnación de la respuesta recibida.". De los medios de convicción remitidos por la autoridad responsable entorno al cumplimiento de la sentencia constitucional, mismos que tienen valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, se obtiene que efectivamente, la autoridad responsable cumplió de manera completa con los efectos de la concesión del amparo, pues se dio respuesta al aquí quejoso a la petición que formuló el diecisiete de febrero de dos mil veinte; entonces, atendió la solicitud del impetrante y como consecuencia la sentencia constitucional ha sido cumplida, sin exceso o defecto.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, en donde se admitió a trámite el presente asunto, se omitió señalar el domicilio procesal de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones; asimismo, darle el carácter de autorizados legales de la misma. En ese contexto, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio del impetrante de garantías, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Culiacán, número 2174, entre Boulevard Zacatecas y Colegio Militar, fraccionamiento Villas del Sol, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; y como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a los licenciados José Guadalupe Gaxiola Valdez y Estanislao Lugo Verdugo. Asimismo, se comisiona a la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional notificar el presente proveído, y el de doce de los actuales, en donde le informábamos sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al quejoso, en el domicilio señalado precedentemente.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintidós de junio de dos mil veintiuno, se tuvo la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, informando los trámites a fin de dar cumplimiento, sin embargo del oficio 2177 de su índice y su contenido, se advierte que dicha responsable otorgaba cumplimiento a la ejecutoria del presente juicio de amparo, para lo cual adjuntó diversas constancias para acreditarlo. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio antes mencionado y anexos, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la citada autoridad responsable.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano