Guillermo Ramirez Perez

Expediente 42/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
42/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/02/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Ramirez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos se advierte que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación de veintidós de enero del año en curso, que desechó de plano su demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es susceptible de destrucción; una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda signado por *****, propio derecho, contra actos del Juez Único de Partido Civil, con sede en Cortázar, Guanajuato; por violaciones a los artículos 14 y 16 Constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado número 42/2018. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso impugna acto emitidos dentro de un juicio, pues reclama la resolución del recurso de revocación, en el juicio ordinario civil ***, en el que confirma el auto de once de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la responsable Juez Único de Partido Civil, con sede en Cortázar, Guanajuato. Manifiesta, que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, *****, presentó demanda radicada bajo expediente ****, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato. Que el veintiocho del mismo mes y año, se le notificó un auto de prevención que recayó a su escrito inicial de demanda, a efecto de que aclarara la prestaciones reclamadas y exhibir el original del contrato de compraventa justificativo de su acción; al que dio cumplimiento en seis de octubre de la misma anualidad. Que a lo anterior recayó el acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, a través del cual el juez responsable le hace una segunda prevención, ahora para requerirle que acredite con documento idóneo que el inmueble materia del documento basal ya no se encuentra dentro del dominio del ejido y definir la competencia del citado órgano; por lo que inconforme con dicha determinación presentó recurso de revocación. Por resolución de ocho de enero de dos mil dieciocho, el Juez responsable confirmó la determinación emitida el once de octubre pasado -lo que constituye el acto reclamado-. De los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V, de la Ley de Amparo , se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aquí conviene precisar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo actual, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue el de que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía también de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior", afectación esta que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció durante un tiempo prolongado un respetable número de pautas que habían venido introduciendo orden y seguridad en esta materia. Así, sólo por vía de ejemplo, incluyó como violaciones procesales que podían conocerse como de ejecución irreparable en amparo indirecto diversos temas: como la litisdenunciación o denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento general de todos estos criterios emana de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al prudente juicio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. La tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación es la siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis P.L. VII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). No obstante lo anterior, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la literalidad del artículo que se transcribe se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y definió como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues establece como se ha dicho, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo Sexto Transitorio. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Bajo ese contexto, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que, sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. En esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que el órgano judicial (Juez Único Civil de Partido con residencia en Cortázar, Guanajuato), solo determinó confirmar el auto de once octubre de dos mil diecisiete, en el que nuevamente requirió a la parte actora presentara una documental idónea con la que demuestre que el bien inmueble materia del documento basal no pertenece al ejido y que se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa localidad y de no dar cumplimiento a lo ordenado se tendría por no interpuesta su demanda; acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que se hubiera cometido al pronunciarla puede repararse, en primer lugar, a través de la sentencia definitiva que se dicte, siempre que resulte favorable a los intereses del quejoso, en caso contrario, por medio del juicio de amparo directo que en su contra se haga valer, en el que podrán alegarse las violaciones cometidas durante el curso del procedimiento. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por **** Con apoyo, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a **** por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral; y como domicilio para tales efectos el ubicado en ***** de esta ciudad. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO DE VEINTIDOS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Visto el escrito de demanda signado por *****, propio derecho, contra actos del Juez Único de Partido Civil, con sede en Cortázar, Guanajuato; por violaciones a los artículos 14 y 16 Constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado número 42/2018. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso impugna acto emitidos dentro de un juicio, pues reclama la resolución del recurso de revocación, en el juicio ordinario civil ***, en el que confirma el auto de once de octubre de dos mil diecisiete, dictado por la responsable Juez Único de Partido Civil, con sede en Cortázar, Guanajuato. Manifiesta, que en fecha veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, *****, presentó demanda radicada bajo expediente ****, del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Cortázar, Guanajuato. Que el veintiocho del mismo mes y año, se le notificó un auto de prevención que recayó a su escrito inicial de demanda, a efecto de que aclarara la prestaciones reclamadas y exhibir el original del contrato de compraventa justificativo de su acción; al que dio cumplimiento en seis de octubre de la misma anualidad. Que a lo anterior recayó el acuerdo de once de octubre de dos mil diecisiete, a través del cual el juez responsable le hace una segunda prevención, ahora para requerirle que acredite con documento idóneo que el inmueble materia del documento basal ya no se encuentra dentro del dominio del ejido y definir la competencia del citado órgano; por lo que inconforme con dicha determinación presentó recurso de revocación. Por resolución de ocho de enero de dos mil dieciocho, el Juez responsable confirmó la determinación emitida el once de octubre pasado -lo que constituye el acto reclamado-. De los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 fracción V, de la Ley de Amparo , se desprende que los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Aquí conviene precisar que el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, establecía que cuando se reclamaran actos de tribunales judiciales emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto sería procedente cuando tuviesen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Tal normatividad legal no señalaba qué debía entenderse por ejecución de imposible reparación, de ahí que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció dos criterios orientadores a partir de los cuales se calificaba la procedencia del juicio de amparo contra actos de esa naturaleza. Así, el Máximo Tribunal del País estableció que un acto dentro del juicio tenía una ejecución irreparable: a) cuando sus consecuencias afectaran de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y, b) cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la Ley de Amparo actual, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue el de que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía también de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior", afectación esta que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció durante un tiempo prolongado un respetable número de pautas que habían venido introduciendo orden y seguridad en esta materia. Así, sólo por vía de ejemplo, incluyó como violaciones procesales que podían conocerse como de ejecución irreparable en amparo indirecto diversos temas: como la litisdenunciación o denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento general de todos estos criterios emana de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al prudente juicio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. La tesis temática sobre los actos que dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación es la siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". (Tesis P.L. VII/2004, sustentada por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). No obstante lo anterior, la Ley de Amparo vigente, en su artículo 107, fracción V, proporciona ahora un concepto definido sobre lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; tal precepto legal dispone: Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la literalidad del artículo que se transcribe se obtiene que el legislador estableció como regla general la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación y definió como actos de imposible reparación, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Con lo anterior, el legislador termina con una añeja discusión interpretativa sobre el tópico de la ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto pues establece como se ha dicho, una regla general de procedencia tratándose solo de violaciones a derechos sustantivos con una clara exclusión de los de naturaleza procesal. Además, en la misma porción normativa, el legislador se ocupó de establecer una sola hipótesis de excepción en que sería procedente el amparo indirecto tratándose de violaciones procesales, esto es, cuestiones de competencia; así lo dispuso en la fracción VIII del citado artículo 107, que consigna: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por tanto, el legislador estableció una regla de carácter general y una sola excepción de aplicación estricta, que únicamente puede concretarse al actualizarse el supuesto para el que fue creada, sin que sea válida su aplicación analógica o por mayoría de razón. Por lo anterior, es claro que dejó de tener vigencia la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo Sexto Transitorio. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. Bajo ese contexto, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", debe atenderse a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Asimismo, que en tratándose de violaciones procesales, el amparo indirecto únicamente será procedente por cuestiones de competencia; por lo que, si el legislador previó esa única hipótesis de excepción a la regla general de que el amparo indirecto sólo procede contra actos que afecten materialmente un derecho sustantivo, no es dable al operador jurídico ampliar la procedencia del amparo biinstancial respecto de diversas violaciones adjetivas o procesales. Lo anterior es así, en virtud de que no es válido ni jurídico realizar una interpretación para ampliar o variar en cualquier forma tal disposición legal, ni debe hacerse algún ejercicio de interpretación en búsqueda de un significado que, sin duda, ya fue asignado por el legislador, y no permite más connotación que la literal, al tratarse de una norma de excepción. En esa tesitura, la determinación reclamada no constituye un acto que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, puesto que el órgano judicial (Juez Único Civil de Partido con residencia en Cortázar, Guanajuato), solo determinó confirmar el auto de once octubre de dos mil diecisiete, en el que nuevamente requirió a la parte actora presentara una documental idónea con la que demuestre que el bien inmueble materia del documento basal no pertenece al ejido y que se encuentra inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esa localidad y de no dar cumplimiento a lo ordenado se tendría por no interpuesta su demanda; acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, sino que sus efectos son de orden procesal y cualquier violación que se hubiera cometido al pronunciarla puede repararse, en primer lugar, a través de la sentencia definitiva que se dicte, siempre que resulte favorable a los intereses del quejoso, en caso contrario, por medio del juicio de amparo directo que en su contra se haga valer, en el que podrán alegarse las violaciones cometidas durante el curso del procedimiento. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano, la demanda de amparo promovida por **** Con apoyo, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a **** por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral; y como domicilio para tales efectos el ubicado en ***** de esta ciudad. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal

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