Guillermo Nuñez Treviño

Expediente 776/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
776/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Nuñez Treviño

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Valoración de archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, una vez que transcurran y contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.

  2. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: Recepción de ocurso aclaratorio. Incorpórese al sumario el escrito de cuenta a través del cual, la parte quejosa, cumple con lo prevenido en auto de diecinueve de octubre pasado, en tanto que aclara quiénes son las partes procesales en el subyacente juicio civil ** del Juzgado Quinto Civil de Partido en esta localidad; así como la etapa procesal en la que surgió el acto reclamado. Por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso **; en atención a su contenido, se le tiene por cumpliendo con lo prevenido en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Ahora bien, vista la demanda constitucional presentada por *** en contra de actos del magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otras autoridades, por estimarlos violatorios de derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; al respecto se provee: Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda -con anexos y escrito aclaratorio-, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. En la especie, la parte quejosa reclama: La resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca ** del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó el proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno pronunciado en el subyacente juicio civil *** del Juzgado Quinto Civil de Partido en esta localidad, en el que se aprobó la diligencia de embargo de seis de julio pasado recaída al bien inmueble propiedad del codemandado hoy quejoso; juicio civil natural que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. La referida diligencia de embargo -sobre el bien inmueble que describe la parte quejosa-, de seis de julio de dos mil veintiuno; y, El auto de tres de agosto de dos mil veintiuno que aprobó la diligencia de embargo en cita. Los anteriores actos son reclamados, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a las siguientes autoridades: 1. Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato; 2. Juez Quinto Civil de Partido en esta ciudad de Celaya; y, 3. Actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios en esta localidad. De los antecedentes del acto reclamado -que la parte quejosa expresó bajo protesta de decir verdad-, se desprenden los siguientes datos relevantes del caso. i) Ante el Juzgado Quinto Civil de Partido en esta ciudad se sustanció el juicio ordinario civil **. Este controvertido fue iniciado por ** en contra del ahora quejoso ** y otra; de quienes demandó, en ejercicio de la acción de saneamiento por evicción, el pago de pesos y otras prestaciones. ii) Luego del llamamiento a la parte reo y de la sustanciación del procedimiento, se dictó sentencia firme en donde se condenó al codemandado ahora quejoso al pago de la cosa recibida -bien raíz- por la suma de *** pesos. Así, en periodo de ejecución de sentencia, se dictó auto con requerimiento de pago y embargo en contra del quejoso, lo que se ejecutó mediante diligencia de seis de julio de dos mil veintiuno por el actuario señalado como responsable. Esta diligencia de embargo es uno de los actos reclamados. iii) Por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno la juez del conocimiento primario aprobó la diligencia de embargo señalada en el inciso que precede. Esta providencia también es reclamada en forma destacada. iv) Inconforme la parte quejosa, presentó recurso de apelación en contra del proveído indicado en el punto precedente. De tal medio de impugnación conoció la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, quien por resolución de veintidós de septiembre pasado, en el toca **, confirmó el auto impugnado. Esta determinación también es reclamada en este asunto. Destaca que el juicio de origen aún continúa en etapa de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juzgado de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo en contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable al particular, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 81, diciembre de 2020, tomo I, página 293, Décima Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Por tanto, se estima que los actos reclamados (descritos en párrafos precedentes) no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia a que se ha hecho referencia, porque si bien uno de esos actos constituye la resolución de alzada que confirmó el proveído que aprobó la diligencia de embargo del bien raíz precisado por la parte quejosa, lo cierto que esa determinación aun no conforma la última resolución ni del futuro o eventual remate ni menos aún del procedimiento de ejecución de sentencia. De ahí que se considere que ninguno de los actos reclamados aún no es la última resolución reclamable en esta instancia constitucional. En esas condiciones, como los actos reclamados no constituyen el último acto en el procedimiento de remate ni de ejecución de sentencia, entonces aún no pueden ser impugnables a través del juicio de amparo indirecto; además, tampoco se está en presencia de un acto dictado en la etapa de ejecución que afecte derechos sustantivos, como pueden ser, entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales ajenos a la cosa juzgada. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por tanto, en el particular al reclamarse actos que no son considerados como el último en etapa de remate ni en el de ejecución de sentencia, aunado a que no vulnera derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo en trato.

  3. Principal

    Recepción de ocurso aclaratorio. Incorpórese al sumario el escrito de cuenta a través del cual, la parte quejosa, cumple con lo prevenido en auto de diecinueve de octubre pasado, en tanto que aclara quiénes son las partes procesales en el subyacente juicio civil ** del Juzgado Quinto Civil de Partido en esta localidad; así como la etapa procesal en la que surgió el acto reclamado. Por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso **; en atención a su contenido, se le tiene por cumpliendo con lo prevenido en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Ahora bien, vista la demanda constitucional presentada por *** en contra de actos del magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otras autoridades, por estimarlos violatorios de derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales; al respecto se provee: Desechamiento De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda -con anexos y escrito aclaratorio-, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 113 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en virtud de lo que a continuación se expone. En la especie, la parte quejosa reclama: La resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, emitida dentro del toca ** del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, que confirmó el proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno pronunciado en el subyacente juicio civil *** del Juzgado Quinto Civil de Partido en esta localidad, en el que se aprobó la diligencia de embargo de seis de julio pasado recaída al bien inmueble propiedad del codemandado hoy quejoso; juicio civil natural que se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. La referida diligencia de embargo -sobre el bien inmueble que describe la parte quejosa-, de seis de julio de dos mil veintiuno; y, El auto de tres de agosto de dos mil veintiuno que aprobó la diligencia de embargo en cita. Los anteriores actos son reclamados, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, a las siguientes autoridades: 1. Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato; 2. Juez Quinto Civil de Partido en esta ciudad de Celaya; y, 3. Actuario adscrito a la Oficina Central de Actuarios en esta localidad. De los antecedentes del acto reclamado -que la parte quejosa expresó bajo protesta de decir verdad-, se desprenden los siguientes datos relevantes del caso. i) Ante el Juzgado Quinto Civil de Partido en esta ciudad se sustanció el juicio ordinario civil **. Este controvertido fue iniciado por ** en contra del ahora quejoso ** y otra; de quienes demandó, en ejercicio de la acción de saneamiento por evicción, el pago de pesos y otras prestaciones. ii) Luego del llamamiento a la parte reo y de la sustanciación del procedimiento, se dictó sentencia firme en donde se condenó al codemandado ahora quejoso al pago de la cosa recibida -bien raíz- por la suma de *** pesos. Así, en periodo de ejecución de sentencia, se dictó auto con requerimiento de pago y embargo en contra del quejoso, lo que se ejecutó mediante diligencia de seis de julio de dos mil veintiuno por el actuario señalado como responsable. Esta diligencia de embargo es uno de los actos reclamados. iii) Por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno la juez del conocimiento primario aprobó la diligencia de embargo señalada en el inciso que precede. Esta providencia también es reclamada en forma destacada. iv) Inconforme la parte quejosa, presentó recurso de apelación en contra del proveído indicado en el punto precedente. De tal medio de impugnación conoció la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el estado, quien por resolución de veintidós de septiembre pasado, en el toca **, confirmó el auto impugnado. Esta determinación también es reclamada en este asunto. Destaca que el juicio de origen aún continúa en etapa de ejecución de sentencia. Ante el anterior contexto, se estima que en este caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juzgado de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo en contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Es aplicable al particular, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 52/2020 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 81, diciembre de 2020, tomo I, página 293, Décima Época, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." Por tanto, se estima que los actos reclamados (descritos en párrafos precedentes) no constituyen la última resolución del procedimiento de ejecución de sentencia a que se ha hecho referencia, porque si bien uno de esos actos constituye la resolución de alzada que confirmó el proveído que aprobó la diligencia de embargo del bien raíz precisado por la parte quejosa, lo cierto que esa determinación aun no conforma la última resolución ni del futuro o eventual remate ni menos aún del procedimiento de ejecución de sentencia. De ahí que se considere que ninguno de los actos reclamados aún no es la última resolución reclamable en esta instancia constitucional. En esas condiciones, como los actos reclamados no constituyen el último acto en el procedimiento de remate ni de ejecución de sentencia, entonces aún no pueden ser impugnables a través del juicio de amparo indirecto; además, tampoco se está en presencia de un acto dictado en la etapa de ejecución que afecte derechos sustantivos, como pueden ser, entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales ajenos a la cosa juzgada. Cobra aplicación a lo anteriormente señalado en la tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por tanto, en el particular al reclamarse actos que no son considerados como el último en etapa de remate ni en el de ejecución de sentencia, aunado a que no vulnera derechos sustantivos de la parte peticionaria del amparo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo en trato.

  4. Principal

    Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por **; en contra de actos del magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otras autoridades, por estimarlos violatorios de derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 776/2021-5. Prevención Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción IV, 112 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1. Especifique quiénes son las partes en el juicio ordinario civil ** del índice del juzgado Quinto Civil de Partido con sede en esta ciudad, del que deriva el acto reclamado que hace consistir en la resolución pronunciada el veintidós de septiembre del año actual, en toca de apelación **. 2. Exprese cuál es la acción intentada en el procedimiento civil de origen, así como las prestaciones reclamadas; en su caso, las que hayan sido objeto de condena en tal procedimiento subyacente. 3. Precise el estado procesal que el juicio natural, debiendo señalar si se encuentra en la fase de instrucción o bien en ejecución de sentencia. 4. Proporcione el nombre y domicilio de la parte tercera interesada, puesto que hace derivar los actos de un procedimiento de naturaleza civil, en el que, en su caso, la contraparte del promovente guarda un interés jurídico contrario al suyo; por ende, debe ser emplazada al presente asunto a efecto de hacer valer sus derechos; en su defecto, de no conocerlos, lo manifieste así bajo protesta de decir verdad, por prescripción expresa del artículo 108, fracción II de la Ley de Amparo. 5. Aclare si desea señalar como autoridad responsable ejecutora al actuario adscrito a la Central de Actuarios y Oficialía de Partes Común con sede en esta ciudad, en lugar del director o encargado de dicha central. Lo que precede porque señala como que reclama de la "la Central de Actuarios" la diligencia de embargo de seis de julio de dos mil veintiuno; Sin embargo, se debe destacar que en la jurisprudencia 1a./J. 88/2019 (10a.), de rubro "ACTUARIO. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UNA PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, AUN CUANDO EN LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL LOCAL DE LA ENTIDAD EXISTA UNA OFICINA CENTRAL DE NOTIFICADORES Y EJECUTORES"; se determinó que el director o encargado de la Oficina Central de Actuarios solo realiza funciones meramente administrativas; que a este funcionario no le corresponda llevar a cabo las diligencias ordenadas por el órgano judicial -embargos-; más bien, que es al actuario a quien corresponde ejecutar los mandamientos judiciales. Prevención que se realiza debido a que los datos requeridos, forman parte de los indispensables que debe contener toda demanda de amparo, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Amparo, mismos que no se desprenden del escrito de demanda, y resultan relevantes para determinar la procedencia del juicio de amparo que se promueve; así también, eventualmente proveer lo conducente a la suspensión que solicita de los actos reclamados. Además, deberá exhibir copias suficientes de su escrito de aclaratorio (siete), para correr traslado a las partes, esto es, una para cada autoridad responsable, una para la agente del ministerio Público de la Federación adscrita, una para el o la tercera interesada y dos para los incidentes de suspensión que solicita se tramite. Es aplicable al tema en trato la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio quejoso, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, pagina trescientos cuarenta y ocho, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Apercibimiento Apercibido el quejoso que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones de índole personal, el que señala en su escrito inicial de demanda. Así también, se tiene como sus autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, acorde con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Amparo, a los designados en su escrito inicial de demanda para dicho fin, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que tales personas tienen facultades para ejercer la profesión de licenciados en derecho (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito), como así lo exige el diverso ordinal 12 de la invocada legislación; sin perjuicio que, de acreditar que los designados en tales términos se ubican en tal supuesto, se acuerde su designación en términos amplios; en tanto que, los restantes designados en términos restringidos, por así haberlos facultado expresamente. Habilitación de días y horas para notificaciones En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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