Guillermo Pulido Castillo
Expediente 1002/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Guillermo Pulido Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese sin mayor trámite el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano que contiene el oficio 4617 dirigido al 3. Director General de la Policía Ministerial, con sede en Tierra Blanca, Veracruz, el cual se remitió con el fin de notificar la sentencia dictada en autos el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés; toda vez que mediante auto de ocho de febrero del año en curso, se ordenó suspender toda comunicación con dicha responsable, al declararse inexistente. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1002/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ".Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por Guillermo Pulido Castillo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios de la sentencia dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece, toda vez que el presente asunto se sobreseyó. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva), tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, y diversa de catorce de diciembre del mismo año, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por Guillermo Pulido Castillo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios de la sentencia dirigidos a las autoridades foráneas; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece, toda vez que el presente asunto se sobreseyó. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la medida cautelar solicitada (definitiva), tal y como se aprecia de la resolución interlocutoria de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, y diversa de catorce de diciembre del mismo año, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa la sentencia dictada el veintitrés de febrero en curso, misma que a la letra dice ENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1002/2022. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el tres de noviembre de dos mil veintidós y turnado ese mismo día a este órgano jurisdiccional, la parte quejosa Guillermo Pulido Castillo promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 1-6). SEGUNDO. Trámite. Mediante auto de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, por una parte se desechó la demanda de amparo respecto al acto reclamado consistente en la orden de integración de la carpeta de investigación ministerial y/o carpeta de investigación, y por otra, se acordó admitir la demanda por diversos actos reclamados; dar la intervención al Fiscal Federal de la adscripción; fijar fecha y hora para la audiencia constitucional; requerir a las autoridades responsables su informe justificado (fojas 7-12). Mediante proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés se tuvo por inexistentes a las autoridades 3. Director General de la Policía Ministerial y 4. Jefe de Grupo de Agentes de la Agencia Veracruzana de Investigaciones, residentes en Tierra Blanca, Veracruz (foja 86). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obran en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 21-22 y 38-83) tuvo verificativo la audiencia constitucional (foja 88) quedando el expediente en estado de resolución. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la cita para comparecer a audiencia inicial en un proceso penal con la calidad de imputado, que sostiene el quejoso infringe sus derechos de libertad personal, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, dado que los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, y el informe justificado se aprecia que dicho actos consiste en: "La cita del quejoso para comparecer a la audiencia inicial en el proceso penal 151/2021 del índice del Juzgado del Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial en el Estado con residencia en Tierra Blanca, Veracruz". Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos atribuidos al 2. Fiscal General del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, Veracruz, en razón de que al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto reclamado (foja 21). Por otra parte, el 1. Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, en su informe omitió referir si eran ciertos o no los actos reclamados, solo adujo que el primero de diciembre de dos mil veintidós, se celebró audiencia inicial dentro del proceso penal 151/2021, que se instruía en contra del quejoso Guillermo Pulido Castillo por los delitos de lesiones dolosas y violencia familiar, que se dijo cometido en agravio de Magdalena Uribe Luis, audiencia en la que a petición del propio quejoso se resolvió su situación jurídica en la que se le dictó auto de no vinculación a proceso por los injustos que se atribuían (fojas 38 y 52). Como se advierte en dicho informe, se anexó copias certificadas del proceso penal 151/2021, de las que se advierte que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, dicha autoridad responsable recibió el oficio 101 signado por la Idalia Hernández González, Fiscal Primera Especializada de la Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas adscrita a la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVIII, Distrito Judicial con sede en Tierra Blanca, Veracruz, por medio del cual solicitó fecha y hora para la audiencia inicial, por ende radicó dicho proceso penal en contra del quejoso Guillermo Pulido Castillo, por el delito de violencia familiar previsto y sancionado en el artículo 154 bis, párrafos primero y segundo del Código Penal Vigente en el Estado de Veracruz, cometido en agravio de Magdalena Uribe Luis (fojas 54-57) Además, se observa que el veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, el quejoso compareció de manera voluntaria ante dicho órgano jurisdiccional, manifestando que tenía conocimiento que tenía un proceso penal instruido en su contra, solicitando se señalara fecha y hora para la audiencia correspondiente, asimismo, designó defensor particular, motivo por el cual el Juez responsable señaló las once horas del diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia inicial (fojas 67-70). Posteriormente, el tres de noviembre de dos mil veintidós, dicho quejoso compareció nuevamente ante dicha autoridad para designar defensor particular sin revocar la designación anterior y solicitó el diferimiento de la audiencia inicial señalada para el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, manifestando no tener copia de la correspondiente carpeta de investigación, motivo por el cual el Juez responsable señaló las trece horas del uno de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia inicial (fojas 72-74). A las copias certificadas anexas al citado informe se les concede valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. De todo lo expuesto, se evidencia que, contrario a lo sostenido por el quejoso, en su demanda de amparo, sí tenía conocimiento de la cita a comparecer dentro del proceso penal 151/2021 instruido en su contra, pues incluso el día de la presentación de la demanda de amparo compareció ante el Juez de control para solicitar el diferimiento de la audiencia inicial, por ende debe tenerse por no cierto el acto reclamado. En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de dichas autoridades responsables en la emisión del acto que le atribuye, carga que le correspondía realizar; debe entonces sobreseerse en este juicio de amparo por cuanto hace al acto reclamado a la misma, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Además, en el supuesto de que el quejoso hubiese combatido dicho acto por vicios propios, aun así se concretaría respecto de dicho acto el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción IV, primer párrafo y 217, párrafo primero, todos de la Ley de Amparo, interpretado el segundo de ellos, a contrario sensu. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 217, primer párrafo, de la citada ley, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. ." De la interpretación de los citados numerales se advierte, en lo que aquí interesa, la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando así lo establezca la jurisprudencia de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a que la misma resulta de observancia obligatoria para los juzgados de distrito y tribunales judiciales del orden común de los Estados. Por su parte, el ordinal 107, fracción IV, primer párrafo, de la ley de la materia, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. ." En relación con ello, se observa que la Primera Sala del Alto Tribunal emitió la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 78/2018 (10a.) de rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia se establece que, de una nueva reflexión, es necesario interrumpir el diverso criterio jurisprudencial que sustentó, en el sentido de que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Cambio de visión que -dijo- obedece a que, la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales de los Estados de Chihuahua y Durango, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva. Audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que, contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Luego, en el caso de que el aquí quejoso reclamara por vicios propios el citatorio emitido por el 1. Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XVIII Distrito Judicial en el Estado, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, se actualizaría el aludido motivo de improcedencia. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Guillermo Pulido Castillo, contra el acto reclamado y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.
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