Guillermo González Méndez

Expediente 915/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
915/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Guillermo González Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se obtiene que el plazo de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, conferido a las partes con el informe rendido por las autoridades 1. Conciliadora Laboral adscrita a la Delegación Regional de Conciliación Laboral 06 de Boca del Río, y 2. Notificador adscrito a la citada Delegación, ambos con residencia en esta localidad; Subprocuradora de Asuntos Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, y ésta en representación de la citada 3. Secretaría y del 4. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz, fenece el día de hoy quince de noviembre de la presente anualidad. En razón de lo anterior, es evidente que a la presente fecha se encuentra transcurriendo el aludido plazo de ocho días; por ende, a efecto de hacer efectivo su plazo, se impone DIFERIR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el escrito recibido en línea signado de manera electrónica por el autorizado de la parte quejosa en el presente asunto; y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se tiene a dicha parte desahogando la vista conferida en proveído de dieciocho de octubre de este año y formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora, en relación a la prueba de inspección judicial, en el cual la parte quejosa solicita se desahogue en el domicilio ubicado en calle Miguel Hidalgo 232, local 3, entre calles Emparan y Benito Juárez, Centro, en Veracruz, Veracruz, procede su desechamiento ante su notoria extemporaneidad, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, la misma fue ofrecida fuera del plazo de cinco días conferido para tal fin, ya que la primera audiencia constitucional fue fijada para el día el veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, y el escrito de ofrecimiento de la prueba fue presentado vía electrónica en este Juzgado el diez de noviembre de dos mil veintitrés, por ello, se presume tuvo conocimiento con anterioridad de los actos que ahora pretende probar. En efecto, dicho numeral establece entre otras cosas, que las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ser anunciadas con una anticipación de cinco días hábiles, antes del señalado para la primera audiencia constitucional, sin contar el día del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Lo cual es acorde al criterio jurisprudencial P./J. 7/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que determinó la oportunidad en la que se deben de ofrecer las pruebas que requieren preparación especial; esto es, se anunciarán con la anticipación que refiere el artículo antes invocado, y debe atenderse a la fecha en que la parte quejosa por conducto de su autorizado tiene conocimiento del hecho que pretende probar o desvirtuar. En ese contexto, tomando en consideración como se dijo, que desde que fue notificado de la radicación del presente asunto, el veintidós de septiembre de la presente anualidad, en la cual se dejó a vista con los informes justificado y constancias anexas a los mismos; dicha parte ha estado en óptimas condiciones para poder anunciar dicha prueba con la oportunidad suficiente, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 119 de la Ley de Amparo. En ese sentido, sin contar el propio día de la audiencia (veintisiete de octubre de dos mil veintitrés) y descontando los días inhábiles inmediatos, la parte quejosa tuvo hasta el trece de octubre de dos mil veintitrés para ofrecer pruebas que ameritaran desahogo. Ello, atendiendo a la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que mediante Circulares 28/2023 y 29/2023 de diecinueve y veinticinco del actual, signados electrónicamente por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días diecinueve al veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas; además en la primera circular, de manera retroactiva, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre de la presente anualidad, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistirá su validez. No obsta lo anterior, que en proveído de dos de octubre pasado, fue diferida anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional para el día quince de noviembre de este año, lo cierto es que la parte quejosa tuvo el debido tiempo de ofrecer dicha probanza. Del tal modo que, si lo hizo hasta el diez de noviembre actual, es claro que ello aconteció fuera del citado plazo legal; razón por la cual precluyó el derecho de la parte quejosa de anunciar la prueba de mérito, lo que conlleva a desechar el medio de convicción referido. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios que dicen: Registro No. 199453 Localización: Novena ÉpocaInstancia: PlenoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaV, Febrero de 1997Página: 107Tesis: P./J. 19/97JurisprudenciaMateria(s): Común, Constitucional "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. TERMINO ENTRE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y LA AUDIENCIA. El texto del artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las bases de procedencia del amparo indirecto, induce a considerar el carácter sumario del procedimiento relativo tendiente a resolver sobre la constitucionalidad de los actos autoritarios reclamados, de manera rápida y eficaz. Congruente con este precepto constitucional, la Ley de Amparo fija los plazos máximos y aquellos de excepción, para la celebración de la audiencia y las condiciones para su suspensión o diferimiento a fin de que, dentro de las eventualidades de orden práctico que pudieran surgir en el procedimiento, se garantice la defensa de las partes, tal como se advierte de lo dispuesto en los artículos 147, 149, 152 y 156 de dicha ley. Por su parte, el artículo 151 de la propia ley establece el plazo mínimo de cinco días para que las partes en el juicio de garantías propongan las pruebas que requieren especial preparación, como son la pericial, la testimonial y la de inspección judicial, como una formalidad esencial del procedimiento que el órgano constitucional debe observar, siempre y cuando tales pruebas sean ofrecidas, supuesto en el cual deberá fijar la celebración de la audiencia constitucional para una fecha que permita su preparación, o bien, suspenderla o diferirla para lograr el mismo objetivo, teniendo en consideración, en su caso, los criterios de esta Suprema Corte, especialmente el contenido en la jurisprudencia número 7/1996, publicada en la página 53, Tomo III-febrero, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA", de tal manera que si no lo hace así, el Juez incurrirá en una violación del procedimiento en el juicio de amparo, que ameritará su reposición. Sin embargo, en la hipótesis de que las partes no anuncien ninguna de estas pruebas que ameritan preparación, ha de concluirse que el señalamiento de la fecha de la audiencia sin librar los cinco días en los términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, ordinariamente no constituye violación procesal." Lo anterior es así, en virtud de que, los hechos que pretende demostrar con su ofrecimiento son respecto a los hechos relacionados con el escrito inicial de demanda, por tanto, es evidente que no se encuentra ofrecida dentro de los plazos indicados para el ofrecimiento de dicho medio de convicción. Por último, en relación a las manifestaciones que hace valer la parte quejosa por conducto de su autorizado, en el sentido de dar vista al Ministerio Público en relación a que inicie las investigaciones pertinentes por falsedad de declaraciones por parte de las autoridades responsables y/o delitos que correspondan, al respecto, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, ya que no compete a este Juzgado Federal dar seguimiento a las facultades de investigación de la Representación Social de la Federación, y se le indica que tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer en la forma y vía que estime pertinentes. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio con firma electrónica recibido en línea por la Subprocuradora de Asuntos Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, quien comparece en representación de dicha 3. Secretaría y del 4. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz; el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. Así como los oficios signados por las autoridades 1. Conciliadora Laboral adscrita a la Delegación Regional de Conciliación Laboral 06 de Boca del Río, y 2. Notificador adscrito a la citada Delegación, ambos con residencia en esta localidad, mediante los cuales rinden informes justificados en ampliación. En atención al contenido de los oficios de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los INFORMES JUSTIFICADOS, con los mismos, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte de las autoridades señaladas con los numerales 1 y 2, las documentales que anexan a sus informes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la referida ley. Asimismo, téngase a las autoridades oficiantes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que citan en sus informes y de la autoridad número 3 y 4, designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. CONSULTA EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, como lo solicita la responsable 3 y 4, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, con los nombres de usuarios ******************** en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica siguiente: http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ En esas condiciones, se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expediente (SISE) para que proceda a dar de alta a la autoridad responsable de mérito con los nombres de usuarios que proporcionó, y se encuentre aptitud de consultarlo y seguir su trámite; ello, para los efectos legales conducentes. CORREO Por otro lado, en relación a los correos electrónicos y números telefónicos que proporcionan las autoridades señaladas con los números 1 y 2, dígaseles que no ha lugar a tener por autorizado ese medio alternativo para practicar notificaciones, en virtud de que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por Covid-19 que preveía esos medios alternativos. Notifíquese en términos de ley.

  4. Incidental

    Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. Asimismo, da cuenta que en auto de seis del actual, se tuvo mediante oficio con registro 17288, por rendido el informe previo de la Subprocuradora de Asuntos Contenciosos de la 3. Secretaría de Finanzas y Planeación del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz; sin embargo, dicho informe fue en representación de la autoridad responsable 4. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz, Veracruz, y no sobre dicha Secretaría de Finanzas, de la cual ya obra su respectivo informe previo en proveído de dos de octubre de este año. A continuación, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación Secretarial de las constancias que obran en autos, las que fueron ordenadas agregar con conocimiento de las partes. Ahora, se tiene aclarando que el informe previo acordado en acuerdo de seis del mes y año en cita, corresponde a la autoridad responsable 4. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz, Veracruz, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta que las partes no las ofrecieron, en consecuencia, se declara cerrado el período probatorio. Abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, ni la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado formuló pedimento, por lo que se cierra este período, y el Juez procede a dictar la siguiente resolución: Vistos para resolver sobre la suspensión definitiva, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 915/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Guillermo González Méndez por su propio derecho y en su carácter de Administrador Único y representante legal de la empresa quejosa AUTO TRASLADOS SIN RODAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, promovió ampliación de demanda contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubica en autos: AUTORIDADES RESPONSABLES FOJA SENTIDO 1. CONCILIADOR LABORAL ADSCRITO A LA DELEGACIÓN REGIONAL NÚMERO 6 EN BOCA DEL RÍO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 95-97 Cierto Resuelto 2. NOTIFICADOR ADSCRITO A LA DELEGACIÓN REGIONAL NÚMERO 6 EN BOCA DEL RÍO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO 98-100 Cierto Resuelto BOCA DEL RÍO, VERACRUZ 3. SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ Vía electrónica Niega XALAPA, VERACRUZ 4. JEFE DE LA OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO Vía electrónica Niega VERACRUZ, VERACRUZ De las que reclama: La multa impuesta a la parte quejosa, como consecuencia del emplazamiento realizado en el procedimiento conciliatorio laboral VERBOC/CI/2023/002276 del índice de la autoridad responsable, así como su ejecución. La citación al procedimiento de conciliación laboral VERBOC/CI/2023/002276 del índice de la autoridad responsable, así como su ejecución, y la ejecución del acta de multa de cinco de junio de dos mil veintitrés. En interlocutoria de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se celebró la audiencia incidental respecto de las autoridades responsables 1. Conciliadora Laboral adscrita a la Delegación Regional de Conciliadora Laboral 06 de Boca del Río, y 2. Notificador adscrito a la citada Delegación responsable, con sede en esta localidad, y por cuanto hace a la restante autoridad 3. Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, se reservó pronunciarse respecto de la suspensión de los actos que se le reclaman, señalándose nueva hora y fecha para su celebración. SEGUNDO. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil veintitrés este Juzgado concedió la suspensión provisional del acto reclamado por el cual amplió la parte quejosa, solicitó informe previo a la autoridad responsable bajo el arábigo 4., y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Al no existir pruebas que relacionar, el presente asunto se resolverá con base en las constancias que integran este expediente. CUARTO. Presunción del acto reclamado. La autoridad responsable Subprocuradora de Asuntos Contencioso de la 3. Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, y en representación del 4. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado en Veracruz, con sede en Xalapa, negó la certeza de los actos a ellas reclamados, como se advierte del cuadro de reseña inserto en el resultando primero esta interlocutoria. Sin embargo, en el presente caso, dado el carácter de autoridades ejecutoras que se atribuye a dichas autoridades, debe tenerse como cierto el acto reclamado a ellas, puesto que en cualquier momento puede recibir la correspondiente orden de ejecución de multa que aquí se reclama; pues como se observa de autos, la autoridad ordenadora 1. Conciliadora Laboral adscrita a la Delegación Regional de Conciliadora Laboral 06 de Boca del Río, reconoció la certeza del acto reclamado; de allí, que quede desvirtuada su negativa al tratarse de actos de inminente ejecución. QUINTO. Pronunciamiento de la suspensión. Para resolver sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, se parte de la base de que el promovente solicita la suspensión del acto que reclama consistente en la ejecución del acta que contiene la multa emitida en el procedimiento conciliatorio laboral VERBOC/CI/2023/002276 del índice de la autoridad responsable, ello, como consecuencia del emplazamiento que le fuera realizado, a fin de que no se le ejecute la multa que le fue impuesta. En primer término, cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a). Que lo solicite la parte quejosa; b). Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c). Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d). Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En ese contexto, con fundamento en los invocados artículos 128 y 138 de la ley de la materia, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA respecto de LAS CONSECUENCIAS QUE SE DERIVEN DE LA MULTA IMPUESTA Y SU EJECUCIÓN para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y no se ejecute el cobro de la medida impuesta, hasta en tanto se dicte sentencia dentro del juicio de amparo del que deriva la presente incidencia; en la inteligencia que la presente medida no suspende la continuación del procedimiento, por ser éste de orden público, ni surtirá efectos legales si los actos reclamados ya fueron consumados, dado que tal circunstancia sería materia de la resolución definitiva que se dicte en el juicio principal de donde deriva este incidente. La anterior medida suspensiva se concede con las más amplias facultades que la ley le concede al suscrito, ya que la misma reúne los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, fue solicitada por la parte que le perjudica, y con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social, pues de lo contrario, en caso de continuar la ejecución de los actos reclamados, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se podrían ocasionar a la parte quejosa, en virtud de que se trata de la ejecución del cobro de una multa impuesta cuya legalidad aun no es posible determinar; por lo que dicha suspensión debe concederse para preservar la materia del juicio de amparo, ya que cuando se concede la suspensión del acto, la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación del juicio constitucional. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis jurisprudencial I.3o.A. J/44, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. MEDIDAS DE SEGURIDAD Precisado lo anterior, debe decirse que en el caso concreto, la efectividad de la medida suspensional que se concede no se condiciona a la garantía del monto de la multa, pues de los artículos 135 y 136 de la Ley de Amparo, se desprenden los requisitos de eficacia de la suspensión, y se refieren a las condiciones que el quejoso debe cumplir para que surta efectos la suspensión concedida y se refieren al aspecto de la causación de los efectos de dicha medida cautelar. Lo anterior se estima así ya que el aplicable artículo 135 de la Ley de Amparo establece que podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado y que dicha medida surtirá efectos, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, cuando el amparo se pida contra actos relativos a la determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones y créditos de naturaleza fiscal. Sin embargo, en el caso la materia sobre la que recayó la medida cautelar, se refiere a una multa judicial derivada de la falta de cumplimiento a un mandato emitido por la Delegación Regional responsable, con residencia en esta ciudad. En ese contexto, aun cuando en un principio pudiera pensarse que los créditos fiscales abarcan la totalidad de los aprovechamientos y, en ese sentido, las multas impuestas por los órganos jurisdiccionales o los provenientes de autoridades administrativas, lo cierto es que el Alto Tribunal ha definido que -sin desconocer todas las multas se catalogan dentro de los cobros fiscales, en razón de que se sigue el procedimiento administrativo de ejecución- la naturaleza jurídica del crédito varía según el ordenamiento legal que establece las infracciones. El criterio a se hace referencia es el contenido en la tesis 2a. XVII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que dice: "MULTAS NO FISCALES, SON TODAS LAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES NO RELACIONADAS CON LA MATERIA TRIBUTARIA. De conformidad con el artículo 21, párrafo noveno, última parte, del Código Fiscal de la Federación, no causarán recargos las multas no fiscales. Sin desconocer que todas las multas se catalogan dentro de los cobros fiscales, en razón de que se sigue el procedimiento administrativo de ejecución (antes llamado económico-coactivo) para hacerlas efectivas, la naturaleza jurídica del crédito varía según la materia del ordenamiento legal que establece las infracciones, las sanciones y la autoridad que las aplica (multas fiscales, administrativas, judiciales, penales, etcétera); por ello, únicamente podrá entenderse por multas fiscales las sanciones económicas establecidas por la comisión de infracciones relacionadas con la materia tributaria y, en consecuencia, serán no fiscales todas las demás." A partir de lo anterior, se tiene que los créditos que tengan la naturaleza de fiscal no son todos aquéllos que pudieran tener la naturaleza de un aprovechamiento, como se ha visto, sino que deben derivar -precisamente- de la aplicación de las disposiciones referentes a la materia tributaria. Esto es, aun cuando todas las multas, independientemente de su naturaleza, se ubican dentro de los cobros fiscales, en razón de que para hacerlas efectivas se sigue un procedimiento económico coactivo, también lo es que la naturaleza jurídica del crédito que impugnan varía según la materia del ordenamiento legal que las establece y la autoridad que las aplica. Bajo ese esquema, las multas que no deriven de la inobservancia de las disposiciones en materia tributaria, pese a que tienen la naturaleza de un aprovechamiento -y que respecto de éstos se pueden iniciar procedimientos económicos coactivos para su cobro- no pueden considerarse como créditos de naturaleza de fiscal. En esas condiciones, como la medida cautelar que nos ocupa se concedió para el efecto de que no se ejecute la multa impuesta a la parte quejosa, la cual -como se dijo- tiene la calidad de un aprovechamiento; sin embargo, ello no significa que se trate de un crédito de naturaleza fiscal, ya que no deriva de la inobservancia de las normas aplicables a la materia tributaria, pues en el caso, se reitera, su imposición deriva de la inobservancia a un mandato judicial. Ante ello, no procede condicionar la eficacia de la medida cautelar concedida a que la parte quejosa garantice el interés fiscal con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo, pues ese numeral no es aplicable al caso, habida cuenta que no se está ante una determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, tal como ha quedado anteriormente evidenciado. En esas condiciones, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA aquí concedida surte efectos sin que sea necesario que la parte quejosa, tenga la obligación de exhibir garantía alguna. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE a Guillermo González Méndez por su propio derecho y en su carácter de Administrador Único y representante legal de la empresa quejosa AUTO TRASLADOS SIN RODAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el considerando quinto. Notifíquese en términos de ley.

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