Guillermo Perez Doroteo

Expediente 1244/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1244/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Perez Doroteo

Actuaciones

  1. Principal

    ... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ********************mediante el cual solicita la devolución del documento que adjuntó a su escrito inicial de demanda. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase al promovente el documento solicitado, previa comparecencia que por su recibo se deje en autos, así como copia de identificación oficial vigente que presente para tal efecto, así como del documento a devolver. En el entendido que, para la comparecencia, con el fin de recoger el documento de mérito, en el local que ocupa el Juzgado de la adscripción, la parte quejosa deberá realizar el trámite correspondiente al que alude el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, además de que quién acuda deberá presentar identificación oficial vigente y copia de la misma. Se hace del conocimiento al promovente que a este Juzgado de Distrito, le corresponde laborar en un horario de doce treinta a dieciocho treinta horas de lunes a viernes, ello de conformidad con el anexo uno del acuerdo de referencia, lo cual se le hace del conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. ...

  2. Principal

    ... Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por Guillermo Pérez Doroteo; sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. ..Notifíquese.

  3. Principal

    I) (CITATORIO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. (...) Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Guillermo Pérez Doroteo, contra actos de la Directora General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otra. Fórmese expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 1244/2021-I. Desechamiento. Ahora, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social, pues de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. (...) Así las cosas, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. (...) De la lectura integra de la demanda, se advierte que el quejoso Guillermo Pérez Doroteo, señala como acto reclamado la falta de respuesta al escrito presentado el veintidós de octubre del presente año, en las oficinas de la autoridad señalada como responsable. (...) Ahora, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Conviene prevenir que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la propia legislación, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. (...) Ahora, el derecho de petición consignado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito y congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en "breve término". De esta forma, el derecho de petición es la potestad que tiene el individuo de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan en su favor para hacer cumplir la ley en su beneficio o para constreñir a su coobligado a cumplir con los compromisos contraídos válidamente; por tanto, el titular del derecho subjetivo público individual de petición consagrado como garantía individual en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el gobernado en general, es decir, todo individuo que habite en territorio nacional, aunque está limitado en materia política a los ciudadanos de la República. La petición debe formularse de manera pacífica y respetuosa, ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada, además de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta; por su parte, la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, misma que tiene que ser congruente con lo solicitado, ello sin perjuicio de que la respuesta sea contraria a sus intereses, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formula, a proveer necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver acorde con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; asimismo, dicha resolución debe notificarse en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. (...) Ahora, si bien es cierto el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no precisa el número de días en que debe darse contestación a todo ocursante o peticionario, la expresión usada por el constituyente "en breve término" debe entenderse como el plazo que racionalmente se requiera para estudiar la petición, acordarla y notificarla. Lo anterior, se ve corroborado con el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, que establece la obligación de dar contestación a las peticiones que los particulares hagan a las autoridades del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, las cuales deberán ser resueltas en forma escrita, dentro de un plazo que no exceda de treinta días posteriores a la fecha de su presentación o recepción. En relación con este punto, es preciso señalar que el término de treinta días hábiles relacionado atiende a una disposición que asemeja material y sustancialmente la función de resolver una solicitud, es decir, ante la laguna del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de no precisar el número de días en que debe darse cumplida contestación a toda petición, debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición." (...) En la especie, el escrito de petición dirigido al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, fue presentado el veintidós de octubre del presente año, conforme al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que la demanda de amparo de cuenta, en la que se reclama la falta de respuesta a dicha petición, fue presentada el veintiséis de noviembre de los actuales ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y recibida en la misma fecha, en este órgano jurisdiccional. Ahora bien, no pasa inadvertido que el artículo 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, no establece si los treinta días son hábiles o naturales; sin embargo, atendiendo a lo que dispone el artículo 135 párrafo primero del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, estos deben considerarse que son hábiles. Lo cual evidencia que entre la fecha en que se presentó el escrito de petición (veintidós de octubre de dos mil veintiuno) y la demanda de amparo (veintiséis de noviembre del presente año), no median los treinta días referidos, pues apenas transcurre el termino de veintitrés días hábiles, ello sin contar los días 23, 24, 30 y 31 de octubre, así como 2, 6, 7, 13, 14, 15, 20, 21, 27 y 28 de noviembre, todos del año dos mil veintiuno, por ser sábados y domingos así como días festivos para la autoridad responsable. En consecuencia, es evidente que al no mediar el citado plazo o cuando menos el término que permitiera estudiar, acordar y notificar la petición, entre la fecha de su presentación y la demanda de amparo, no es dable considerar que haya transcurrido el "breve término", a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 112 y 113 de la propia legislación, y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar la demanda promovida por por Guillermo Pérez Doroteo, contra actos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades. (...) DOMICILIO PROCESAL. En otro orden, De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Janett Porcayo García y Jesús Quetzalcóatl Saavedra Díaz, por sí contar con la patente de licenciados en derecho registradas en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las personas restantes en términos restringidos del precepto legal antes citado, esto es, sólo para oír y recibir notificaciones y documentos, limitación que se establece hasta en tanto realicen el registro en el sistema referido, circunstancia que deberán comunicar mediante nueva promoción. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta a la Secretaria adscrita a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. COINCIDENCIA DEL EXPEDIENTE FÍSICO CON EL ELECTRÓNICO. Con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, así como en los diversos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a la Secretaria a cargo de este expediente para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, sin que pueda archivarse definitivamente el presente expediente sin cumplir con esta formalidad. Finalmente, notifíquese la presente determinación por lista, que se realiza mediante la publicación en internet, prevista en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en los sitios oficiales del Consejo de la Judicatura Federal y colóquese en un espacio de fácil acceso para quienes acudan sin contar con una cita tal y como lo prevé al artículo 21 del Acuerdo General aludido. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    ... Notifíquese personalmente.

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