Guillermo Morales Rivera y Otros.

Expediente 1100/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1100/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
28/03/2017

Partes del expediente

  • Guillermo Morales Rivera y Otros.
  • Guillermo Morales Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    VIII. Se tiene por recibido el oficio suscrito por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, a través del cual acusa recibo de las constancias enviadas mediante oficio 7769/2017-VIII, de dieciséis de marzo pasado. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, se agrega el oficio de cuenta para que surta los efectos legales procedentes.

  2. Principal

    VIII. La certificación de cuenta evidencia que los quejosos Guillermo Mora Rivera y Rosa González Díaz no interpusieron recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo contra la sentencia de dieciocho de agosto pasado (fojas 48 a 52), en el cual se sobreseyó este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación citada por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido; las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es destruible, pués se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo, inciso III). 2. El original del incidente es susceptible de destruible, toda vez que se negó la medida cautelar (punto vigésimo primero, inciso II). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En el entendido de que una vez que se cuente con los acuses de recibo de notificación del presente proveído, este asunto de enviará materialmente al archivo.

  3. Principal

    VIII) Toluca, Estado de México; veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. Por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa Rafael Lievanos García, a través del cual solicita copia certificada de todo lo actuado en el juicio de amparo que nos ocupa. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase al promovente la copia certificada solicitada. En el entendido que quien se presente a recogerla deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal de su entrega. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con el Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VIII) VISTOS, para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1100/2016-VIII, promovido por Guillermo Morales Rivera y Rosa González Díaz, contra actos del Juez de Control y de Juicio Oral de Toluca, Estado de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada a este órgano jurisdiccional al día siguiente, Guillermo Morales Rivera y Rosa González Díaz, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: EN SU CARÁCTER DE ORDENADORA: Juez o Juzgado de Control y de Juicio Oral de Toluca, México, con residencia en Almoloya de Juárez, domicilio cito en Kilómetro 4.5 carretera Toluca-Almoloya de Juárez, Almoloya de Juárez, México (sic). EN SU CARÁCTER DE EJECUTORAS: a).- C. Procurador General de Justicia del Estado de México, con domicilio cito en Avenida Morelos 1300, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México. b).- C. Subprocurador General de Justicia del Estado de México Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con domicilio cito en Avenida Morelos 1300, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México. c).- C. Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con domicilio cito en Avenida Morelos 1300, Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México. d).- Director de Operaciones de la Policía Ministerial del Estado de México, con domicilio cito en la avenida Hidalgo, Número 1006, colonia San Sebastián, Toluca, México. e).- Subdirector de Operaciones "A" de la Policía Ministerial del Estado de México, con domicilio cito en la avenida Hidalgo, Número 1006, colonia San Sebastián, Toluca, México. f).- Subdirector de Operaciones "B" de la Policía Ministerial del Estado de México, con domicilio cito en la avenida Hidalgo, Número 1006, colonia San Sebastián, Toluca, México. IV.- ACTO RECLAMADO: A.- DE AUTORIDADES ORDENADORAS: 1.- Se reclama de la autoridad ordenadora, la orden de aprehensión girada en contra del quejoso Guillermo Morales Rivera por el delito de robo en la causa penal 1528/2015, radicada ante el Juez o Juzgado de Control y de Juicio Oral de Toluca. 2.- Se reclama la orden de presentación girada en contra de la quejosa Rosa González Díaz por el delito de lesiones, en la causa penal 1528/2015, radicada ante el Juez o Juzgado de Control y de Juicio Oral de Toluca. B. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: 1.- De las autoridades ejecutoras que señalo, reclamo la ejecución que pretendan dar a la orden de aprehensión girada en contra del quejoso Guillermo Morales Rivera, por la autoridad señalada como ordenadora, es decir el de pretender privarlo de la libertad personal sin haber sido escuchado a juicio ."**************************************** 2.- De las autoridades ejecutoras que señalo, reclamo la ejecución que pretendan dar a la orden de aprehensión girada en contra de la quejosa Rosa González Díaz, por la autoridad señalada como ordenadora, es decir el de pretender privarlo de la libertad personal sin haber sido escuchado a juicio ."**************************************** SEGUNDO. Derechos invocados. La parte inconforme señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Auto admisorio.********************En auto de veinte de julio de dos mil dieciséis (fojas 12 a 15) se admitió a trámite la demanda respecto de los actos reclamados; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de las responsables sus informes justificados; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. CUARTO. Autoridad inexistente. Dado que en proveído de veintisiete de julio del presente año (foja 36), se hizo efectivo al quejoso el apercibimiento decretado en auto de veinte de julio pasado, y se dejaron de tener de tener con el carácter de responsable a las autoridades denominadas por el quejoso como: "Subprocurador Fiscalía Regional de Toluca del Estado de México" y "Subdirector de Operaciones "A" y "B" de la Policía Ministerial en el Estado de México"; por tanto, no se hará pronunciamiento respecto de éstas en la sentencia que se emite.************************************************************ C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 37, párrafo segundo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 51, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados por el quejoso y su ejecución, se atribuyen a autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos.********************En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia son: La orden de aprehensión, detención y/o presentación librada en contra de los quejosos y, su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, con el registro número 181810 y rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Inexistencia de actos.********************Las********************autoridades responsables: - Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México (foja 37). - Procurador General de Justicia del Estado de México (foja 21). - Comisario General de la Policía Ministerial, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (foja 19). - Director de Operación der la Policía Ministerial en el Estado de México (foja 20). Al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados, sin que el quejoso aportara prueba alguna en la audiencia constitucional para desvirtuar tales manifestaciones. Ahora, dicha negativa correspondía desvirtuarla al solicitante de la protección constitucional, en razón de que es principio general del derecho que los actos negativos no son materia de prueba, por lo que en este caso se arroja la carga respectiva al agraviado, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; razón por la cual debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, es claro que en el caso concreto, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que opera cuando de autos apareciere claramente demostrado, que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Apoya lo anterior la jurisprudencia visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917818, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2002, Tomo XV, Materia Común, Novena Época, con número de registro 187728, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." En consecuencia, se estima procedente sobreseer en el juicio de amparo promovido por Guillermo Morales Rivera y Rosa González Díaz, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ********************************************************************************En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los numerales 73, 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Guillermo Morales Rivera y Rosa González Díaz, contra las autoridades, por los actos y motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con el Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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