Guillermo Padrés Elías
Expediente 7/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 7/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 05/03/2019
Partes del expediente
- Guillermo Padrés Elías
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que el mismo ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y carece de relevancia documental; y, destruible el original del incidente, pues se negó la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de febrero de dos mil diecinueve. Intégrese la razón actuarial de cuenta, a través de la cual la actuaria judicial adscrita a este juzgado manifiesta su imposibilidad para notificar al quejoso Guillermo Padrés Elías, el proveído de seis de febrero del año en curso, por los motivos que en ella expone. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso a), en relación con el diverso 29 de la Ley de Amparo, realícese la notificación de la aludida determinación, la relativa al presente acuerdo, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal al promovente de amparo por medio de las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional (Toluca) o su zona conurbada (Metepec, Estado de México). EN ATENCION AL ACUERDO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE SEIS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO A LA PARTE QUEJOSA; DETERMINACION QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: Toluca, Estado de México, seis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio suscrito por la autoridad que lo remite; a través del cual informa que en cumplimiento a la resolución incidental de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, fue presentada la garantía económica impuesta al procesado aquí quejoso, por lo que se tiene por satisfecha la citada garantía impuesta como medida cautelar, en sustitución de la prisión preventiva decretada en la causa penal de la que deriva el acto que por esta vía se reclama. ACTO RECLAMADO Previo a emitir pronunciamiento alguno, es dable recordar que el quejoso Guillermo Padrés Elías reclama de las autoridades responsables: La resolución dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la causa penal 11/2018, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en la cual se resolvió la cancelación de la garantía hipotecaria exhibida y el retiro del localizador electrónico que garantizaba el cambio de medida cautelar de prisión preventiva resuelto dentro del incidente no especificado de revisión y sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva, tramitado ante el juzgado federal responsable. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA En esa tesitura, se advierte que se surte la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.).". De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. En ese orden, en virtud de que en auto de dos de febrero del año en curso, emitido en la causa penal de origen al haber sido exhibida la garantía económica impuesta al procesado aquí quejoso, y como consecuencia de ello se decretó la libertad del quejoso, se evidencia un cambio de situación jurídica, por lo que si se decidiere sobre la constitucionalidad del acto reclamado en este asunto, primigeniamente; el cual dio origen al presente juicio, se afectaría la nueva situación jurídica, pues podría modificarse el sentido de la resolución emitida en la causa de origen; por tanto, las violaciones reclamadas en el juicio de amparo deben considerarse consumadas irreparablemente. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J.95/2007, publicada en la página 50, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto 2007, Materia Penal, Novena Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". Así, atendiendo a lo señalado en líneas que preceden, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo establecido por el ordinal 63, fracción V de la Ley de Amparo. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda.". Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las diez horas con diez minutos del quince de febrero de dos mil diecinueve; háganse las anotaciones respectivas.
- Incidental
Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 7/2019-I-C; y, ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, por los actos y motivos expuestos en el considerando único.
- Incidental
Toluca, Estado de México, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio 196/2019, dirigido a la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, que devuelve la empresa de mensajería ESTAFETA, el cual contiene la siguiente anotación: "No hay esa área en el domicilio". De ese modo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de enero del año en curso y se deja de tener como responsable a la citada en el párrafo anterior, máxime que fue designada con el carácter de autoridad ejecutora.
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