Guillermo Padrés Elías
Expediente 1840/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 57 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1840/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 57
- Última actuación
- 20/09/2018
Partes del expediente
- Guillermo Padrés Elías
- Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 57.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración, el presente expediente ya que se concedió el amparo; y carece de relevancia documental. Mediante notificación personal a la parte quejosa, devuélvase los anexos que exhibió al promover en el presente sumario constitucional.
- Principal
Agréguese el oficio de la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en que solicita información si a la fecha, el auto por el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo ha quedado firme. Hágase del conocimiento de la homóloga federal que a esta data se encuentra transcurriendo el plazo que refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, únicamente, respecto a la parte quejosa, cuya notificación se realizó el veintisiete de agosto del año en curso (foja 2627), es decir, dicho término fenece el diecinueve de los cursantes. Concluida esa dilación, este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente.
- Principal
Agréguense los oficios del Juez Sexto de Distrito de esta especialidad, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo 782/2018-V, de su índice, en el que se declara incompetente, en razón de conocimiento previo; asimismo, los acompaña con dos anexos derivados de dicho sumario. Acúsese recibo Atento a lo anterior, remítase el juicio y anexos a la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que realice el trámite correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta y en atención a que únicamente la parte quejosa realizó manifestaciones sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo para el efecto de que la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, dejara insubsistente el auto de plazo constitucional de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 25/2016 y realizara lo siguiente: "1. En relación al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: a) Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, en la cual, de manera fundada y motivada, tomando en cuenta las consideraciones emitidas en esta ejecutoria y los elementos de convicción que obran en la causa penal de origen, en relación a los elementos corpóreos del delito de operaciones con recursos de procedencia ****dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos; exponga la continuidad que existió en las operaciones bancarias, a fin de establecer, como lo exige el tipo penal, precisamente, la manera en que por interpósita persona el quejoso -****- adquirió los recursos; así como, se pronuncie, de estimarlo posible, sobre cuál es el delito o forma típica de ilicitud con la que se vinculan los recursos que dieron origen al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400-bis, del Código Penal Federal; y, desarrollado lo expuesto, de encontrar comprobado la corporeidad del citado delito, por cuanto hace a la probabilidad de que el aquí quejoso hubiera intervenido en la ejecución del mismo, deberá justipreciar las pruebas de acuerdo a la legislación procesal aplicable, expresando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para estimar que los datos que arroja la averiguación previa, hacen probable la responsabilidad del impetrante en su comisión, de conformidad al numeral 168 del código adjetivo de la materia; debiéndolo ubicar en determinado grado de intervención, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, es decir, como coautor; b) Respecto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien por sí adquiera y deposite dentro del territorio nacional recursos -**** con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos), precise de manera fundada y motivada, de dónde se obtuvieron dichos recursos y de qué forma el sujeto activo tuvo conocimiento de que los mismos provenían de una conducta ilícita, ya que de autos se aprecia que éstos se adquirieron y depositaron con antelación al resultado de las licitaciones y contratos otorgados en el año dos mil diez; y, de establecer que se actualiza la citada hipótesis, de igual manera, deberá establecer de manera fundada y motivada el grado de participación en que se ubica. 2. Y, respecto al diverso ilícito de delincuencia organizada: - Determine que, dada la insuficiencia probatoria, no se encuentran acreditados los elementos del delito de delincuencia organizada." En auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, causó firmeza la sentencia y se solicitó su cumplimiento. Mediante oficio 10699/2017 de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la Juez responsable informó que mediante determinación de esa misma data dejó insubsistente el acto reclamado y que a la brevedad dictaría la resolución correspondiente (foja 1516, del tomo II). Luego, por oficio 12582/2017 de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, comunicó a este juzgado que en esa propia fecha, dentro de la causa penal 25/2016 de su índice estadístico dictó: 1. Auto de libertad con efectos de sobreseimiento ante la acreditación de una causa de atipicidad a favor del aquí quejoso Guillermo Padrés Elías, por el delito de delincuencia organizada (hipótesis de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita), previsto y sancionado en el artículo 2, fracción I, artículo 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como autor material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; 2. Auto de formal prisión en contra del citado peticionario de amparo, por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos de: a) Operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por interpósita persona adquiera dentro del territorio nacional recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente antes de la reforma de dos mil quince); y, b) Operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por sí deposite dentro del territorio nacional recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente antes de la reforma de dos mil quince); en ambos casos como coautor material, en términos del precepto 13, fracción III, de la legislación punitiva invocada. Ante ello, por auto de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, no se tuvo por cumplida en sus términos la sentencia amparadora, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Mediante oficio 1776/2017, presentado ante este juzgado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, la juez responsable adjuntó copia certificada de la resolución de esa misma data, por la que resolvió la situación jurídica del inculpado Guillermo Padrés Elías, en los siguientes términos: "Primero. A las diez horas del viernes veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, se dicta auto de libertad con efectos de sobreseimiento ante la acreditación de una causa de atipicidad, a favor del inculpado Guillermo Padrés Elías, por el delito de delincuencia organizada (hipótesis de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita), previsto y sancionado en el artículo 2, fracción I, artículo 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como autor material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. Segundo. En la misma hora y fecha, se dicta auto de formal prisión contra el inculpado por su probable responsabilidad penal en la comisión de los ilícitos de 1) operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por interpósita persona adquiera dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente antes de la reforma de dos mil quince); y, 2) operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por sí deposite dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente antes de la reforma de dos mil quince); en ambos casos como coautor material, en términos del precepto 13, fracción III, ibídem. (.).". Sin embargo, por acuerdo de dos de mayo de dos mil dieciocho, nuevamente no se tuvo por cumplida en sus términos la sentencia amparadora, por lo que se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Ante ello, mediante oficio 3727/2018, presentado el cuatro de mayo de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante este órgano de control constitucional el siete siguiente, la Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en la entidad transcribió el acuerdo que dictó el tres de citado mes y año, del que se advierte que, en cumplimiento a la sentencia de amparo, se dejó sin efecto el nuevo auto de plazo constitucional de veintitrés de febrero de la presenta anualidad, contra Guillermo Padrés Elías. Luego, por diverso comunicado 5316/2018, presentado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante este juzgado el veintinueve siguiente, la juez responsable adjuntó copia certificada de la resolución de veintiocho del citado mes y año, por la que resolvió la situación jurídica del inculpado Guillermo Padrés Elías, en los siguientes términos: "Primero. A las quince horas del jueves veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, se determina que, por una parte, se reúnen los requisitos para dictar formal procesamiento y, por otra, que no se colman los requisitos constitucionales para su dictado. Segundo. En la misma hora y fecha, se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor del inculpado Guillermo Padrés Elías, al no acreditarse los elementos del cuerpo del delito de delincuencia organizada (hipótesis de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita), previsto y sancionado en el artículo 2, fracción I, artículo 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como autor material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. Y, en la misma hora y fecha, se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley al no acreditarse los elementos del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por sí deposite dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente antes de la reforma de dos mil quince); en ambos casos como coautor material, en términos del precepto 13, fracción III, ibídem; y, Tercero. En la misma hora y fecha se dicta auto de formal prisión contra el inculpado por su probable responsabilidad penal en la comisión del ilícito de 1) operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por interpósita persona adquiera dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente antes de la reforma de dos mil quince); en ambos casos como coautor material, en términos del precepto 13, fracción III, ibídem. (.)." Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que: - Mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la juez del proceso dejó sin efectos el acto reclamado, esto es, el auto de plazo constitucional de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 25/2016; - Asimismo, dado que por proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, no se tuvo por cumplido el fallo protector, previo requerimiento, por acuerdo de uno de febrero del año en curso, la responsable dejó sin efecto el referido auto de término constitucional de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, que dictó en su momento, en cumplimiento a la sentencia amparadora; y, en fecha veintitrés de febrero de la presente anualidad, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso; - Luego, como por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, nuevamente no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, previo requerimiento, por proveído de tres del citado mes y año, la juez del proceso dejó sin efectos el auto de plazo constitucional de veintitrés de febrero de la presente anualidad, dictado en la causa penal 25/2016; - De igual forma, emitió un nuevo auto de plazo constitucional, en el cual, por una parte, con sustento en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba se actuara nuevamente en contra del inculpado, a favor del aquí quejoso Guillermo Padrés Elías, al no acreditarse los elementos del cuerpo del delito de delincuencia organizada (hipótesis de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita), previsto y sancionado en el artículo 2, fracción I, artículo 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como autor material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. Lo anterior, pues refiere que en la ejecutoria de amparo se determinó que no se encontraban acreditados los elementos del delito de delincuencia organizada, por lo que, ante tal pronunciamiento y sin habérsele dejado libertad de jurisdicción, procedía a decretar auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, ello, ante la inacreditación de los elementos del cuerpo del ilícito estimada por este órgano de control constitucional. Agregó, que de acuerdo con los lineamientos marcados por la ejecutoria de amparo, no se encontraban ajustadas las exigencias de la descripción típica del ilícito de delincuencia organizada, el cual, por su clasificación es de naturaleza plurisubjetiva, dado que se requería un mínimo de tres activos en el grupo, de comisión alternativa en tanto que puede actualizarse a través de la organización y actualmente por el solo hecho de acodar hacerlo. En ese sentido, en el caso, la responsable señaló qué elemento de la descripción típica no se acreditaba, al indicar que lo era, el primero de los elementos del delito en cita, consistente en "la organización de tres o más de tres personas". Asimismo, indicó que con los medios de prueba que enseguida se enumeran, no se acreditó uno de los elementos del citado ilícito: 1) Denuncia de hechos presentada y ratificada por el licenciado Rodrigo González Bolaños, en su carácter de Director de Procesos Legales "B" de la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la probable comisión del delito contemplado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. 2) Declaración de Guadalupe Manjárrez García, de cuatro de septiembre de dos mil quince, rendida ante el agente del Ministerio Público de la Federación. 3) Declaración de Miguel Ángel Arriola Cruz, de dos de octubre de dos mil quince, ante el agente del Ministerio Público de la Federación. 4) Ampliación de declaración ministerial de Miguel Ángel Arriola Cruz, de catorce de octubre del dos mil quince, ante el agente del Ministerio Público de la Federación. 5) Escritura pública número 69, otorgada el catorce de septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, ante el Notario Público Número 16 de la ciudad de Cananea, Sonora, la cual forma parte del testimonio notarial 13,577 de diecinueve de abril de dos mil cinco, celebrada ante el Notario Número 60, con residencia en la ciudad de Cananea, Sonora. 6) Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios Personas Físicas, celebrado entre Ernesto Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, con la institución bancaria HSBC, Sociedad Anónima. 7) Solicitud de Contrato de Productos y Servicios Bancarios de la institución HSBC, Sociedad Anónima, a nombre de Ernesto Castorena Fraire de la cuenta número 4030366025, participación 50%. 8) Solicitud de Contrato de Productos y Servicios Bancarios de la institución HSBC, Sociedad Anónima, a nombre de Miguel Padrés Elías, de la cuenta número 4030366025, participación 50%. 9) Oficio ***, de veintitrés de octubre de dos mil quince, signado por Miriam Martínez Castro, en suplencia por ausencia del Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal, del Servicio de Administración Tributaria. 10) Estados de cuenta bancarios de la institución HSBC, Sociedad Anónima, a nombre de Ernesto Alonso Castorena Fraire, de la cuenta número 4030366025 por el año dos mil doce. 11) Acta constitutiva número 49683 de diez de octubre de mil novecientos noventa y seis, de la persona moral, "No. 1 Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable", pasada ante la fe del notario número 11 de Hermosillo, Sonora, a la cual se anexa poder notarial. 12) Escritura 1,180, pasada ante la fe del licenciado Francisco Javier Cabrera Fernández, Notario Público 11, de Hermosillo, Sonora, a favor "No. 1 Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable". 13) Acta 1,515, pasada ante la fe del licenciado Francisco Javier Cabrera Fernández, Notario Público 11, de Hermosillo, Sonora, a favor de "No. 1 Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable". 14) Licitación 55070016-001-10, por el cual se le otorgó el contrato SEC-ED-001-10, de treinta y uno de marzo de dos mil diez, por la cantidad de $65'146,851.00 (sesenta y cinco millones ciento cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y un pesos moneda nacional) para la elaboración de camisas, blusas y calcetas. 15) Primer convenio modificatorio, a través del cual se pagó a "No. 1 Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable", la cantidad de $64'822,601.94 (sesenta y cuatro millones ochocientos veintidós mil seiscientos un pesos 94/100). 16) Segundo convenio modificatorio, a través del cual se amplió la adquisición de los conceptos pactados en el contrato, referente a la adquisición de camisas, blusas y calcetas para niños y jóvenes de educación preescolar; obligación que fue asentada en la cláusula primera. 17) Orden de pago con número de folio 47592 del dieciocho de octubre de dos mil diez, relativo al primer pago del Convenio Modificatorio del Contrato número SEC-ED-001-10. 18) Orden de pago con número de folio 18667 del veintiocho de abril de dos mil once, relativo al segundo pago del Convenio Modificatorio del Contrato número SEC-ED-001-10. 19) Acta constitutiva número 3064, pasada ante la fe del notario número 95 de Hermosillo, Sonora, a través de la cual se constituye la empresa "Confección Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable". 20) Licitación 55070016-003-10, otorgó el contrato SEC-ED-003-10, de treinta y uno de marzo de dos mil diez, por la cantidad de $107'922,101.04 (ciento siete millones novecientos veintidós mil ciento un pesos moneda nacional) para la elaboración de suéteres. 21) Primer convenio modificatorio de quince de abril del dos mil diez, a través del cual se disminuyó el pago convenido debido al ajuste en tallas y volúmenes de producción, por la cantidad de $106'976,034.97 (ciento seis millones novecientos sesenta y seis mil treinta y cuatro pesos 92/100). 22) Segundo convenio modificatorio de tres de agosto de dos mil diez, en el cual la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, aumentó el volumen de producción cuyo costo ascendería al monto de $16'467,133.80 (dieciséis millones cuatrocientos sesenta y siete mil ciento treinta y tres pesos 80/100). 23) Orden de pago con número de folio 46812 de fecha catorce de octubre de dos mil diez, relativo al primer pago del segundo convenio modificatorio del contrato número SEC-ED-003-10. 24) Orden de pago con número de folio 18641 del veintiocho de abril de dos mil once, relativo al segundo pago del Convenio Modificatorio del Contrato número SEC-ED-003-10. 25) Dictamen con folio 81568, de quince de octubre de dos mil quince, donde se solicitó determinar el valor de fabricación de diversas prendas de vestir, correspondientes a uniformes escolares, para niño o jovencito y niña o jovencita de preescolar, primaria y secundaria, según Licitación Pública Nacional número 55070016-002-10, de los contratos: SEC-ED-002-10; SEC-ED-001-10 y SEC-ED-003-10, del ciclo escolar 2010-2011. 26) Dictamen con folio 81568, de diecinueve de octubre de dos mil quince, donde se solicitó determinar el valor de fabricación de diversas prendas de vestir, correspondientes a uniformes escolares, para niño o jovencito y niña o jovencita de preescolar, primaria y secundaria, afectos a la presente indagatoria, de los contratos, número SEC-ED-001-11: SEC-ED-002-11 y SEC-ED-003-11, del ciclo escolar 2011-2012. 27) Dictamen con folio 84210-81568, de veinte de octubre de dos mil quince, donde se solicitó determinar el valor de fabricación de diversas prendas de vestir, correspondientes a uniformes escolares, para niño o jovencito y niña o jovencita de preescolar, primaria y secundaria, afectos a la presente indagatoria, de los contratos SEC-LP-ED-001-2012, SEC-LP-ED-002-2012 y SEC-LP-ED-003-2012, del ciclo escolar 2012-2013. 28) Dictamen con folio 84210-81568, de veintiuno de octubre de dos mil quince, donde se solicitó determinar el valor de fabricación de diversas prendas de vestir, correspondientes a uniformes escolares, para niño o jovencito y niña o jovencita de preescolar, primaria y secundaria, afectos a la presente indagatoria, del contrato, SEC-LP-ED-001-2013, y convenio modificatorio (1) del mismo contrato, del ciclo escolar 2013-2014. 29) Dictamen pericial en materia de contabilidad, de treinta de noviembre de dos mil quince, emitido por Dante Alejandro Elizalde Amenábar y Marta Crespo Ramírez, ratificado el cuatro de noviembre siguiente. 30) Informe final de auditoría de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, realizado por personal adscrito al Órgano Auxiliar de Auditoria Forense, de la Fiscalía Especializado para Investigar Hechos de Corrupción, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. 31) Oficio DOAFF-184/2016, de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, por el cual el Director del Órgano Auxiliar de Auditoria Forense, remitió el informe de la misma data. 32) Acta constitutiva número 55618, pasada ante la fe del notario número 11 de Hermosillo, Sonora, a la cual se anexa poder notarial. 33) Oficio 214-4/892841/2015, de siete de octubre de dos mil quince, suscrito por el Director General Adjunto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante el cual remitió el informe rendido por la institución bancaria BBVA Bancomer. 34) Copia certificada de los estados de la cuenta bancaria 172217430 del banco BBVA Bancomer, cuyo titular es "No. 1 Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable". 35) Estados de la cuenta bancaria 0452890313 del banco BBVA Bancomer, cuyo titular es "Administración de Activos e Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable". 36) Copia certificada del cheque 0000300 de la cuenta 172217430 del Banco BBVA Bancomer, cuyo titular "No. 1 Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable", por la cantidad de $3'000,000.00 (tres millones de pesos moneda nacional) cuyo beneficiario es la empresa "Administración de Activos e Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable". 37) Cheque 0000408 de la cuenta 172217430 del Banco BBVA Bancomer, cuyo titular es "No. 1 Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable", por la cantidad de $4'000,000.00 (cuatro millones de pesos moneda nacional) cuyo beneficiario es la empresa "Administración de Activos e Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable". 38) Copia certificada relativa al contrato de apertura de la cuenta 1452890313 (migrada de la cuenta 270110832119) del Banco BBVA Bancomer. 39) Copia certificada del formato de firmas autorizadas de la cuenta 1452890313. 40) Copia certificada relativa al pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores a nombre de Mario Humberto Aguirre Ibarra. 41) Contrato de apertura de la cuenta 0172216132 del Banco BBVA Bancomer. 42) Copia del formato de firmas autorizadas de la cuenta 0172216132. 43) Copias de las credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral a nombre de Mario Ramón Olivarria Mendoza y Mario Humberto Aguirre Ibarra. 44) Copia certificada del cheque 00000052 de la cuenta 0172216132 del Banco BBVA Bancomer, por la cantidad de $3'500,000.00 (tres millones quinientos mil pesos moneda nacional), a favor de Ernesto Alonso Castorena Fraire. 45) Estados de cuenta remitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, relativos a la cuenta 4030366025 del Banco HSBC a nombre de Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías. 46) Escritura pública 34,261, realizada ante el Notario Público 68 de la ciudad de Hermosillo, Sonora, Luis Fernando Ruibal Coker, del diecisiete de noviembre de dos mil siete, se protocolizaron acuerdos de accionistas de "El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable". 47) Copia certificada del cheque 8805970, por la cantidad de $3'274,126.54 (tres millones doscientos setenta y cuatro mil ciento veintiséis pesos 54/100), derivado de la cuenta bancaria 4030366025 del banco HSBC, de la cual son cotitulares Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías. 48) Copia certificada del contrato de depósito bancario de dinero a la vista, registro de firmas y estados de cuenta del banco BBVA Bancomer, a nombre de la persona "El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable". 49) Copia certificada relativa al cheque 8805976, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional). 50) Copia certificada relativa al cheque 8805987, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional). 51) Copia certificada relativa al cheque 8805993 por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional). 52) Copia certificada relativa al cheque 8806008, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional). 53) Copia certificada relativa al cheque 8806013, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos moneda nacional). 54) Copia certificada relativa al cheque 8806018, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional). 55) Copia certificada relativa al cheque 8806039, por la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos moneda nacional). 56) Copia certificada relativa al cheque 8806051, por la cantidad de $261,000.00 (doscientos sesenta y un mil pesos moneda nacional). 57) Copia certificada relativa al comprobante de depósito en cuenta del cheque 8806057, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos moneda nacional). 58) Copia certificada relativa al cheque 8806060, por la cantidad de $283,000.00 (doscientos ochenta y tres mil pesos moneda nacional). 59) Copia certificada relativa al cheque 8806070, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos moneda nacional). 60) Copia certificada relativa al cheque 8806082, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos moneda nacional). 61) Copia certificada relativa al cheque 8806084, por la cantidad de $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos moneda nacional). 62) Copia certificada relativa al cheque 8806092, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional). 63) Copia certificada relativa al cheque 8806116, por la cantidad de $951,587.07 (novecientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y siete pesos moneda nacional). 64) Copia certificada relativa al cheque 8806120, por la cantidad de $806,712.00 (ochocientos seis mil setecientos doce pesos moneda nacional). 65) Copia certificada relativa al cheque 8806125, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos moneda nacional). 66) Dictamen contable con folio 103948/15. 74405/15, de dieciocho de diciembre de dos mil quince, ratificado en la misma fecha, realizado por los peritos oficiales de la Procuraduría General de la Republica Dante Alejandro Elizalde Amenábar y Marta Crespo Ramírez. 67) Copia certificada del contrato de depósito bancario de dinero a la vista, registro de firmas y estados de la cuenta 0180619515 del banco BBVA Bancomer a nombre de la persona jurídica "El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable". 68) Dictámenes periciales contables 88599, ambos de cuatro de diciembre de dos mil quince, emitidos por Dante Alejandro Elizalde Amenábar y Marta Crespo Ramírez, peritos oficiales adscritos a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, ratificados en la misma data. 69) Estados de cuenta de la cuenta 4030366025 de la institución bancaria HSBC. 70) Copia certificada relativa al cheque 1066, por la cantidad de $73,679.11 (setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos 11/100). 71) Copia certificada relativa al cheque 1115, por la cantidad de $73,679.11 (setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos 11/100). 72) Copia certificada relativa al cheque 1116, por la cantidad de $73,679.11 (setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos 11/100). 73) Copia certificada relativa al cheque 1170, por la cantidad de $73,679.11 (setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos 11/100). 74) Copia certificada relativa al cheque 1246, por la cantidad de $73,679.11 (setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos 11/100). 75) Copia certificada relativa al cheque 1312, por la cantidad de $73,679.11 (setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos 11/100). 76) Copia certificada relativa al cheque 1310, por la cantidad de $73,679.11 (setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos 11/100). 77) Copia certificada relativa al cheque 1311, por la cantidad de $73,679.11 (setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos 11/100). 78) Copia certificada relativa al cheque 1356, por la cantidad de $73,679.11 (setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos 11/100). 79) Copia certificada relativa al cheque 1355, por la cantidad de $73,679.11 (setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos 11/100). 80) Copia certificada relativa al cheque 1377, por la cantidad de $73,679.11 (setenta y tres mil seiscientos setenta y nueve pesos 11/100). 81) Depósito realizado el dieciocho de mayo de dos mil diez a través del cheque 8805856 por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional) en la cuenta bancaria a nombre de Héctor Jesús Padrés Elías. 82) Depósito realizado el doce de abril de dos mil once, a través del cheque 8805952 por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos moneda nacional) en la cuenta bancaria a nombre de Héctor Jesús Padrés Elías. 83) Depósito realizado el cuatro de mayo de dos mil once, a través del cheque 8805977 por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos moneda nacional) en la cuenta bancaria a nombre de Héctor Jesús Padrés Elías. 84) Depósito realizado el ocho de marzo de dos mil once, a través del cheque 8805922 de la cuenta bancaria 4030366025 aperturada en la institución bancaria HSBC México, de la que son cotitulares Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional); a la cuenta bancaria 2627427182 de BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, a nombre de Julio César Padrés Elías. 85) Depósito realizado el trece de abril de dos mil once, a través del cheque 8805951 de la cuenta bancaria 4030366025 de la que son cotitulares Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional); a la cuenta bancaria 2627427182, aperturada en la institución financiera BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, a nombre de Julio César Padrés Elías. 86) Depósito realizado el cuatro de mayo de dos mil once, a través del cheque 8805977 de la cuenta bancaria 4030366025 abierta en HSBC México, de la que son cotitulares Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos moneda nacional) en la cuenta bancaria 2636465242 aperturada en la institución financiera BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, a nombre de Julio César Padrés Elías. 87) Depósito realizado el seis de junio de dos mil once, a través del cheque 8806119 de la cuenta bancaria 4030366025 de la que son cotitulares Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional) a la cuenta bancaria 2627427182 abierta en la institución financiera BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, a nombre de Julio César Padrés Elías. 88) Oficio 214-4/500147/2015, de veintitrés de junio de dos mil quince, suscrito por el Director General Adjunto de Atención a Autoridades D, de la Dirección General de Atención a Autoridades, de la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 89) Estado de la cuenta bancaria 4030366025 de la que son cotitulares Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías. 90) Cheque 8805850 de la cuenta bancaria 4030366025 de la que son cotitulares Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, por la cantidad de $435,000.00 (cuatrocientos treinta y cinco mil pesos moneda nacional) a la cuenta bancaria 4014596092, aperturada a nombre de Miguel Padrés Elías. 91) Cheque 8805851 de la cuenta bancaria 4030366025, a nombre de los cotitulares Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, por la cantidad de $289,830.00 (doscientos ochenta y nueve mil ochocientos treinta pesos moneda nacional) a la cuenta bancaria 4014596092, abierta a su vez en la institución financiera HSBC México, Sociedad Anónima, a nombre de Miguel Padrés Elías. 92) Cheque 8805859 de la cuenta bancaria 4030366025 de la que son cotitulares Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías por la cantidad de $339,660.00 (trescientos treinta y nueve mil seiscientos sesenta pesos moneda nacional) en la cuenta bancaria 4014596092, a nombre de Miguel Padrés Elías. 93) Cheque 8805862 de la cuenta bancaria 4030366025 abierta en HSBC México, por sus cotitulares Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías por la cantidad de $1'190,000.00 (un millón ciento noventa mil pesos moneda nacional) a la cuenta bancaria 4014596092, de la misma institución bancaria, a nombre de Miguel Padrés Elías. 94) Cheque 8805940 de la cuenta bancaria 4030366025 de la que son cotitulares Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional moneda nacional) en la cuenta bancaria 4014596092, abierta a nombre de Miguel Padrés Elías. 95) Cheque 8805966 de la cuenta bancaria 4030366025 abierta por Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías como cotitulares, por la cantidad de $1'100,000.00 (un millón cien mil pesos moneda nacional) en la cuenta bancaria 4014596092, abierta en la institución financiera HSBC México, Sociedad Anónima, a nombre de Miguel Padrés Elías. 96) Cheque 8806126 de la cuenta bancaria 4030366025 abierta por Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías como cotitulares, por la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos moneda nacional) en la cuenta bancaria 4014596092, abierta en la institución financiera HSBC México, Sociedad Anónima, a nombre de Miguel Padrés Elías. 97) Estados de la cuenta bancaria 0105831539 de BBVA Bancomer a nombre de Guillermo Padrés Elías. 98) Documental privada, consistente en el cheque 1912116, por la cantidad de $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos moneda nacional) emitido el siete de julio de dos mil nueve, por César Eduardo Ortiz Ciscomani, de la cuenta bancaria 4021918669 abierta en HSBC México, Sociedad Anónima, a favor de Guillermo Padrés Elías. 99) Dictamen en materia de contabilidad 6123. Ant. 103948/15. 74405/15 del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, signado y ratificado por Dante Alejandro Elizalde Amenábar y Marta Crespo Ramírez, peritos oficiales adscritos a la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República. 100) Estados de cuenta bancarios, emitidos por banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, de la cuenta 105831539, por el periodo de enero dos mil nueve a noviembre de dos mil catorce. 101) Estados de cuenta bancarios, emitidos por banco HSBC, Sociedad Anónima, de la cuenta 4014596092, por el periodo de enero dos mil nueve, a diciembre dos mil catorce. 102) Estados de cuenta bancarios, emitidos por Banco HSBC, Sociedad Anónima, de la cuenta 4030366025, por el periodo de enero de dos mil nueve a octubre de dos mil trece, esta cuenta es en cotitularidad con Miguel Padrés Elías. 103) Estados de cuenta bancarios, emitidos por Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, de la cuenta 172217430, por el periodo de marzo de dos mil diez, a septiembre de dos mil doce. 104) Estados de cuenta bancarios, emitidos por Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, de la cuenta 0172216132, por el periodo del marzo de dos mil diez, a diciembre de dos mil catorce. 105) Estados de cuenta bancarios, de la cuenta número 0180619515 emitidos por Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, a nombre de la persona jurídica "El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable", por el periodo de enero de dos mil once, a noviembre de dos mil catorce. 106) Estados de cuenta bancarios, emitidos por Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, de la cuenta 452890313, por el periodo de enero de dos mil nueve, a abril de dos mil once. 107) Estados de cuenta bancarios, emitidos por Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, de la cuenta 452890313, por el periodo de mayo de dos mil once, a enero de dos mil trece. 108) Estados de cuenta bancarios, emitidos por Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, de la cuenta 452890313, por el periodo de febrero de dos mil trece a diciembre de dos mil catorce. 109) Estados de cuenta bancarios, emitidos por Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, de la cuenta 452890313, por el periodo de enero de dos mil diez, a diciembre de dos mil diez. 110) Estados de cuenta bancarios, emitidos por Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, número de cuenta 452890313, por el periodo de enero dos mil doce a diciembre dos mil doce. 111) Contrato Único de Productos y Servicios Bancarios Personas Físicas, celebrado entre Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, con la institución bancaria HSBC, Sociedad Anónima. 112) Solicitud de Contrato de Productos y Servicios Bancarios de la institución HSBC, Sociedad Anónima a nombre de Ernesto Alonso Castorena Fraire de la cuenta número 4030366025, participación 50%. 113) Solicitud de Contrato de Productos y Servicios Bancarios de la institución HSBC, Sociedad Anónima a nombre de Miguel Padrés Elías de la cuenta número 4030366025, participación 50%. 114) Escritura pública 44,465, realizada ante el Notario Público treinta y nueve de la ciudad de Hermosillo, Sonora, licenciado Luis Rubén Montes de Oca Mena, el once de noviembre de dos mil cuatro. 115) Escritura pública 34,261 de diecisiete de noviembre de dos mil siete, realizada ante el Notario Público número sesenta y ocho de la ciudad de Hermosillo, Sonora. 116) Testimonio de la escritura de constitución de la compañía "Héctor J. Padrés, Sociedad Anónima" y escritura de protocolización del acta de asamblea de dicha empresa celebrada el treinta y uno de marzo de dos mil cinco. 117) Copia certificada del cheque 1912116, valioso por $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos moneda nacional), de la cuenta bancaria 4021918669, del banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC. Así, la responsable relacionó las pruebas que sirvieron para acreditar la inexistencia del elemento conformador del ilícito en análisis, para luego, arribar a la conclusión de que, en estricto acatamiento a la ejecutoria de amparo, determinaba que de las pruebas relacionadas no emanaban indicios que acreditaran la existencia de una organización de hecho de más de tres personas, menos aún que operaba de manera permanente o reiterada y que tuviera como fin cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita; por lo que, se decretaba auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley. Sobre este aspecto, es necesario señalar que si bien la juez del proceso dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, ante la inacreditación de los elementos del cuerpo del delito de delincuencia organizada, es puntual indicar que el efecto del fallo protector se vio colmado, al haberse emitido un nuevo auto de plazo constitucional, dado que no se habían satisfecho los requerimientos mínimos que exige el artículo 19 de la Constitución Federal y, por ende, no se encontraban acreditados los elementos del citado delito. Empero, si ahora la responsable decretó la libertad por falta de elementos para procesar CON LAS RESERVAS DE LEY, por cuanto al ilícito de delincuencia organizada, ello sólo es atribuible a la responsable, pues ese efecto (con las reservas de ley), lo llevó a cabo indudablemente en ejercicio de la plenitud de jurisdicción que le compete, pues como se dijo, el efecto para el cual se concedió la protección constitucional respecto a dicho delito, lo fue para que la juez del proceso determinara que, dada la insuficiencia probatoria, no se encontraban acreditados los elementos del mismo. Sin embargo, en momento alguno, se precisó que emitiera un auto de libertad con los efectos señalados. No obstante, se estima que la anterior consideración en modo alguno constituye una contravención al principio de congruencia, como lo considera la parte quejosa, pues al habérsele dejado libertad de jurisdicción, ahora emitió la determinación que consideró procedía, exponiendo las razones que la sustentaron y por las que arribó a tal conclusión. Además, si bien este órgano de control constitucional no llevó a cabo un requerimiento expreso en relación al efecto para el cual se debía conceder la libertad por falta de elementos para procesal -sobreseimiento o con las reservas de ley-, adversamente a lo estimado por la parte quejosa, mediante acuerdos de veintinueve de enero y dos de mayo, ambos de dos mil dieciocho, en relación a ese apartado, no se tuvo por cumplida la sentencia amparadora, pues precisamente se resaltó: "Empero, si la responsable DECRETÓ LA LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR CON EFECTOS DE SOBRESEIMIENTO, por cuanto al ilícito de delincuencia organizada, ello sólo es atribuible a la responsable, pues ese efecto (sobreseimiento), lo llevó a cabo indudablemente en EJERCICIO DE LA PLENITUD DE JURISDICCIÓN QUE LE COMPETE, pues como se dijo, el efecto para el cual se concedió la protección constitucional respecto a dicho delito, lo fue para que la juez del proceso determinara que, dada la insuficiencia probatoria, no se encontraban acreditados los elementos del mismo. (.)." Esto es, el efecto para el cual se había concedido el amparo solicitado, únicamente lo era el de que se determinara que, ante la insuficiencia probatoria, no se encontraban acreditados los elementos del delito de delincuencia organizada. Luego, si ahora la responsable determinó que en relación al ilícito de delincuencia organizada, con fundamento en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, era procedente dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba se actuara nuevamente en contra del inculpado, contrario a lo argumentado por el quejoso y como se dijo, ello, lo llevó a cabo en ejercicio de la plenitud de jurisdicción que le compete. Además, con dicha determinación no se dejó en estado de indefensión al peticionario de amparo, para controvertirla, pues precisamente mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil dieciocho se ordenó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés legal conviniere, lo que incluso llevó a cabo mediante escritos que presentó ante la oficialía de partes de este juzgado el seis y veinticuatro de julio, así como el trece de agosto del año en curso. De igual manera, el que ahora la responsable hubiese decretado auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, no significa que haya revocado su propia determinación, pues se insiste, el efecto para el cual se concedió la protección constitucional, se observó al determinarse que, ante la insuficiencia probatoria, no se encontraban acreditados los elementos del delito de delincuencia organizada; luego, si en un principio estimó que era procedente dictar esa libertad por falta de pruebas para procesar con efectos de sobreseimiento, esto último no fue en acatamiento a la sentencia amparadora, sino en ejercicio de la libertad de jurisdicción que se le reservó; y, si ahora la emite con las reservas de ley, tal consecuencia no resulta incongruente ni constituye una revocación de su anterior determinación, pues la misma no había quedado firme, sino se encontraba sudjúdice, al estar pendiente de ser calificada por parte de este Órgano de Control Constitucional; máxime que, al decretarlo lo fundamentó y expuso los motivos por los cuales arribaba a dicha determinación. En ese tenor, se estima que el hecho de que la juez del proceso, dentro de la causa penal 25/2016, de la que derivó el acto reclamado en el presente juicio, hubiese emitido en fecha ocho de diciembre de dos mi diecisiete un diverso auto de plazo constitucional, en relación al coprocesado Mario Ramón Olivarria Mendoza y, entre otras cosas, decretado auto de libertad por falta de elementos para procesar con efectos de sobreseimiento a favor de dicho inculpado; en modo alguno trae como consecuencia directa que, al analizar la determinación emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, deba considerarse como uno de los efectos para los que se concedió la protección constitucional, pues se reitera, dicho efecto no constituyó uno de los que se plasmaron al momento en que se concedió el amparo solicitado. Máxime que, como se dijo, se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para que emitiera la resolución respectiva. - De igual manera, la juez del proceso emitió auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, al no acreditarse los elementos del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por sí deposite dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos). Ello, al estimar que las exigencias de la descripción típica, de acuerdo con los lineamientos marcados por la ejecutoria de amparo, no se encontraban ajustadas al respecto, en razón de que dicho delito por el que consignó la fiscalía se circunscribía al lugar, tiempo y circunstancias de ejecución siguientes: el siete de julio de dos mil nueve (circunstancias de temporalidad), adquirió $650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos moneda nacional), por conducto de César Eduardo Ortiz Ciscomani por medio del cheque 1912116 derivado de la cuenta 4021918669 del banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, recursos que el nueve siguiente depositó por sí en propiedad a la cuenta 4030366025 del banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, a nombre de Ernesto Alonso Castorena Fraire o Ernesto Castorena Fraire y Miguel Padres Elías, con conocimiento de que procedían de una actividad ilícita, porque no existía alguna relación comercial, económica, cultural, subordinada ni de servicios o ni algún motivo (vínculo) legal por el cual fuera hecho dicho deposito (circunstancias de modo y lugar). Lo anterior, pues si bien se acreditaban los elementos objetivos del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, consistentes en que el sujeto activo, por sí deposite dentro del territorio nacional recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), no se encontraba acreditado el elemento subjetivo-normativo, consistente en que al desplegar las conductas acreditadas, el sujeto activo conozca que los recursos provienen de una actividad ilícita, respecto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por interpósita persona deposite dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos) [folio 121 del auto de plazo constitucional]. Que ello era así, pues este Órgano de Control Constitucional, mediante acuerdos de veintinueve de enero y dos de mayo de dos mil dieciocho, no había tenido por cumplida la sentencia de amparo, por lo que se le había requerido en relación a dicho delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita "precise de manera fundada y motivada, de dónde se obtuvieron dichos recursos y de qué forma el sujeto activo tuvo conocimiento de que los mismos provenían de una conducta ilícita, ya que de autos se aprecia que éstos se adquirieron y depositaron con antelación al resultado de las licitaciones y contratos otorgados en el año dos mil diez; y, de establecer que se actualiza la citada hipótesis, de igual manera, deberá establecer de manera fundada y motivada el grado de participación en que se ubica". Y, que ante tales requerimientos, mediante resoluciones que emitió el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete y el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, había resuelto la situación jurídica del inculpado, aquí quejoso, en las que expuso los argumentos correspondientes y llegado a la conclusión de que se acreditaba el cuerpo del delito en cita. Sin embargo, precisa, que dado que este juzgado de amparo no tuvo por cumplido el fallo protector, a pesar de que esa autoridad consideró que con los argumentos y fundamentos expuestos en las referidas resoluciones eran bastantes para tener por acreditado el cuerpo del delito en análisis, pues estima que las consideraciones de este órgano de control constitucional van encaminadas a cuestiones de fondo, significó que no se le dejó libertad de jurisdicción. Ahora bien, no obstante lo antes expuesto, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo y, dado que, la autoridad responsable estimó no contar con otros argumentos a las exigencias de la ejecutoria de amparo para fundar y motivar, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley a favor del imputado, al no acreditarse los elementos del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por sí deposite dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba se actuara nuevamente contra el inculpado. Cabe señalar que la responsable arribó a tal conclusión, una vez que, como ella misma lo indica: "no cuenta con otros argumentos a las exigencias de la ejecutoria de amparo en la que se concedió la protección constitucional para fundar y motivar"; pues estimó que los argumentos y fundamentos que había emitido en las dos resoluciones habían sido bastantes para tener por acreditado el cuerpo del delito en cita; sin embargo, como quedó asentado en los acuerdos de veintinueve de enero y dos de mayo de dos mil dieciocho, hasta esas datas no se advertía que el efecto para el cual se concedió la protección constitucional al quejoso, se hubiese observado, esto es, el que se precisara de manera fundada y motivada, de dónde se obtuvieron los recursos -$650,000.00 (seiscientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional)-, y de qué forma el sujeto activo tuvo conocimiento de que los mismos provenían de una conducta ilícita, ya que de autos se apreciaba que éstos se adquirieron y depositaron con antelación al resultado de las licitaciones y contratos otorgados en el año dos mil diez. De ahí que, si al emitir la resolución que ahora se analiza, la responsable no contaba con diversos argumentos a los que ya había expresados en sus determinaciones anteriores, deviene incuestionable que no poseía los elementos para resolver la situación jurídica del aquí quejoso, en sentido diverso al en que lo hizo, ello, al menos respecto del delito que se analiza. - Por otro lado, la responsable decretó auto de formal prisión en contra del citado quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por interpósita persona adquiera dentro del territorio nacional recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente antes de la reforma de dos mil quince), como coautor material, en términos del precepto 13, fracción III, del Código Penal Federal. En efecto, la responsable dictó formal prisión al aquí quejoso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las siguientes hipótesis: a. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien por interpósita persona adquiera recursos -$10'376,425.61 (diez millones, trescientos setenta y seis, cuatrocientos veinticinco pesos 61/100 moneda nacional) y $810,470.21 (ochocientos diez mil, cuatrocientos setenta pesos 21/100 moneda nacional)- dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos. En relación a dicho ilícito, precisamente respecto al efecto por el cual se concedió la protección constitucional, en el sentido de que "exponga la continuidad que existió en las operaciones bancarias, a fin de establecer, como lo exige el tipo penal, precisamente, la manera en que por interpósita persona el quejoso -Guillermo Padrés Elías- adquirió los recursos", en lo conducente, la juez de la causa señaló (foja 113 del auto de plazo constitucional): "(.) En efecto, resulta destacable que el sujeto activo al formar parte de la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada adquirió de manera continua y por terceras personas sin explicación alguna, la suma de $10'376,425.61 (diez millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos veinticinco pesos con sesenta y un centavos moneda nacional). Es así, porque de la cuenta mancomunada 4030366025 del banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, a nombre de Ernesto Alonso Castorena Fraire o Ernesto Castorena Fraire y Miguel Padres Elías recibió diversas y considerables cantidades, sin que hasta ahora se hubieran justificado los motivos o los conceptos que amparaban esos depósitos, lo cual, indudablemente genera indicio de su procedencia ilícita. En efecto, resulta destacable que mediante el cheque 8805970 de la citada cuenta la empresa moral de la que es socio el sujeto activo adquirió la cantidad de $3'274,126.54 (tres millones doscientos setenta y cuatro mil ciento veintiséis pesos con cincuenta y cuatro centavos moneda nacional), el dos de mayo de dos mil once. Luego, también sin explicación alguna adquirió el cheque 8805976 por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional), el cuatro de mayo de dos mil once. Lo mismo sucede con el cheque 8805987, por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional), el veinticuatro de mayo de dos mil once. Situación que se refleja con el cheque 8805993 por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional), el quince de junio de dos mil once. De igual manera sucede con el cheque 8806008 por la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos moneda nacional), el veintiuno de julio de dos mil once. En el mismo sentido acontece con el cheque 8806013 por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos moneda nacional), el veintiuno de septiembre de dos mil once. Lo mismo sucede con el cheque 8806018 por la cantidad de $500,000.00 (quinientos mil pesos moneda nacional), el cuatro de octubre de dos mil once. De igual manera con el cheque 8806039 por la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos moneda nacional), el cinco de diciembre de dos mil once. Lo anterior se reitera con el cheque 8*** por la cantidad de $****), el diecinueve de diciembre de dos mil once. Así, como con el cheque **** por la cantidad de **** , el cinco de enero de dos mil doce. Asimismo, con el cheque ***** por la cantidad de **** (doscientos ochenta y tres mil pesos moneda nacional), el diecisiete de enero de dos mil doce. Lo mismo sucede con el cheque *** por la cantidad de ***, el dos de febrero de dos mil doce. En el mismo sentido acontece con el cheque 8806082 por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos moneda nacional), el veintidós de febrero de dos mil doce. De igual manera, con el cheque *** por la cantidad de****), el seis de marzo de dos mil doce. Lo anterior se reitera con el cheque *** por la cantidad de $***, el veintitrés de marzo de dos mil doce. Así, como con el cheque *** por la cantidad de ****el diez de mayo de dos mil doce. Lo mismo sucede con el cheque****por la cantidad de $****, el ocho de junio de dos mil doce. Asimismo, con el cheque **** por la cantidad de $****, el diez de julio de dos mil doce, de los que no se advierte su procedencia lícita. Los dieciocho cheques en su conjunto dan la cuestionada suma de $10'376***Lo mismo sucede con los ***toda vez que la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, ahora sin explicación alguna se los depositó a su cuenta personal, a través de los cheques 1066, de veintinueve de enero de dos mil catorce; 1115, de once de marzo de dos mil catorce, 1116, de once de marzo de do mil catorce; 1170, de veintiocho de abril de dos mil catorce; 1246, de trece de julio de dos mil catorce; 1312, de dieciocho de agosto de dos mil catorce; 1310, de dieciocho de agosto de dos mil catorce; 1311, de dieciocho de agosto de dos mil catorce; 1356, de tres de octubre de dos mil catorce; 1355, de tres de octubre de dos mil quince; y, 1377, de veintidós de octubre de dos mil catorce. Esto, porque si bien es cierto es socio de la referida empresa, ello por sí solo no presupone que el dinero otorgado o depositado por esa persona moral es lícito porque en el caso hasta ahora el sujeto activo no ha demostrado lo contrario. Resulta destacable que, al menos para efecto del depósito que ascendió a la suma de *** no se evidencian los motivos por los cuales el agente delictivo fue beneficiado por esa cantidad y menos su procedencia, porque lo único que puede establecerse es que *****, quienes le depositaron tienen la cuenta mancomunada****del banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; y aunque el primero tiene vínculo familiar con el sujeto activo, ese parentesco por sí sólo no justifica que los recursos fueran lícitos o provinieran de la sociedad que conformaban. Como puede apreciarse existen actos convictivos en la adquisición de las cuentas en los lapsos indicados, porque es inconcuso que los recursos que por interpósita persona adquirió el sujeto activo derivan de los que en su momento las empresas *****constituida por *****, quienes fungen como socios y ******, como apoderado, y la diversa Confección Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la que ******, son socios, obtuvieron de las licitaciones ilícitas **** del Gobierno del Estado de Sonora, en marzo de dos mil diez y a su vez Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de los cheques 0000300 y 0000408 de la cuenta número 0172217430 del Banco BBVA Bancomer, por las cantidades de $3'000,000.00 (tres millones quinientos mil pesos moneda nacional) y $4'000,000.00 (****los deposita en la diversa cuenta *** de la empresa Administración de Activos e Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cual es socio y apoderado Mario Humberto Aguirre Ibarra. Posteriormente, tales cantidades se depositaron a la cuenta número 0452890313 de la empresa Administración de Activos e Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, y después en la diversa 04030366025 de la institución bancaria HSBC, Sociedad Anónima, la cual está aperturada a nombre de Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, con una participación del cincuenta por ciento cada uno. En tanto que, Confección Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de los cheques *** de la cuenta ** del Banco BBVA Bancomer, valiosos cada uno por la cantidad de ****deposita a la cuenta número 4030366025 aperturada a nombre de Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, con una participación del cincuenta por ciento cada uno. Es así, toda vez que respecto de los ****, se advierte la continuidad de las operaciones en las fechas en que se llevaron a cabo los depósitos, es decir, las licitaciones de las que resultaron ganadoras dichas empresas se efectuaron en marzo de dos mil diez, recibiendo los recursos por parte del Gobierno del Estado de Sonora, recursos, que la persona moral Confección Industrial, los deposita el veintiséis y veintiocho de abril de dos mil diez a la cuenta número 4030366025 de Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, mientras que Sonora Apparel, los transfiere a la diversa Administración de Activos e Inmuebles y posteriormente el veintitrés de septiembre y diez de noviembre ambos de dos mil diez, los deposita a la cuenta de Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, y finalmente de esta última del dos de mayo de dos mil once al siete de julio de dos mil doce, se depositaron los dieciocho cheques detallados anteriormente a la cuenta 0180619515, radicada en la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, a nombre de El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de lo que se puede advertir que de manera consecutiva se efectuaron las transacciones. Aunado a que el monto por el que obtuvieron la licitaciones 55070016-001-10 fue por $**** y la diversa 55070016-03-10 por el monto de (***, lo que también evidencia que la cantidad de $**** que cada una de las empresas depositó a la cuenta 4030366025 a nombre de Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, se encontraba inmersa en los montos obtenidos ya que cubrían perfectamente esa cantidad. Además de que entre las empresas Confección Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable; Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable, y la diversa Administración de Activos e Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, no existía alguna relación comercial, económica, cultural, subordinada ni de servicios o ni algún motivo (vínculo) legal por el cual fuera hecho dicho depósito a la cuentaa nombre de ****Ahora, por lo que hace a los ****, la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, sin explicación alguna del veintinueve de enero de dos mil catorce al veintidós de octubre de dos mil catorce se los deposita a su cuenta personal. Sin que se soslaye, como establece el juez de amparo, que entre la primera temporalidad (del dos de mayo de dos mil once al diez de julio de dos mil doce) y la segunda (del veintinueve de enero al veintidós de octubre de dos mil catorce) media más de un año sin que se advierta alguna operación ilícita; pero ello no significa que por tal circunstancia deba estimarse la inacreditación de los delitos y que no se configure el verbo rector (adquirir), porque es evidente que hasta el momento en que la fiscalía consignó los hechos, aún no tenía claro si hubieran existido o no otras operaciones ilícitas entre el diez de julio de dos mil doce y el veintinueve de enero de dos mil catorce; y, no corresponde establecerlo a este órgano jurisdiccional, aun cuando, en su caso, se advierta en autos, porque esta juzgadora está vedada para atribuir una diversa actividad ilícita entre ese tiempo, porque se estaría excediendo la consignación de la fiscalía, agregando un suceso de lavado de dinero que no le fue reprochado, al menos en este asunto. Estimar lo contrario, sería inclusive agravar su situación jurídica, porque se le reprocharía al sujeto activo dentro de esas diferentes temporalidades dos delitos de lavado de dinero, cuando únicamente se le reprocha uno solo por lo que hace a la hipótesis de adquisición de recursos; y, en ese sentido, es orientadora la tesis jurisprudencial *****en cuanto a que establece que en el supuesto de que el sujeto activo agote los elementos típicos en el cuerpo de la víctima, encaminados en cada ocasión a consumar dicho ilícito, pero en diversos momentos, siempre que entre ellos hubiere secuela y separación en el tiempo, se lesiona el bien jurídico tutelado, por lo que debe considerarse que se actualiza el concurso real homogéneo de delitos y, en ese caso, no puede hablarse de un delito continuado, porque las conductas que se producen bajo ese esquema no son susceptibles de actualizar la unidad de propósito delictivo que requiere este tipo de delitos. Entonces, la sola circunstancia de que hubiera trascurrido un lapso en el que la fiscalía no hubiera evidenciado que se realizara alguna operación ilícita, no significa que sea nulo el nexo causal del lavado de dinero, al contrario, precisamente las cantidades de dinero cuestionadas son las que constituyen las dos adquisiciones. Además de que la fiscalía dejó perfectamente claro que la adquisición de recursos en las dos temporalidades de actualizó mediante dos móviles que, aunque parecidos, provenían de fuentes distintas, porque en la primera el sujeto activo, en su calidad de socio de la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada adquirió por interpósita persona la cantidad de ****por conducto de Ernesto Alonso Castorena Fraire o Ernesto Castorena Fraire y Miguel Padres Elías, y en la segunda temporalidad la persona moral referida deposita a su cuenta personal la cantidad de $810,470.21 (ochocientos diez mil cuatrocientos setenta pesos con veintiún centavos moneda nacional). Por tanto, es inconcuso que se acreditan los elementos objetivos del cuerpo del delito, consistentes en que el sujeto activo, por interpósita persona adquiera y por sí deposite los recursos dentro del territorio nacional. (.).". De lo antes transcrito, se advierte que la responsable, adversamente a lo estimado por la parte quejosa, al desahogar la vista que se le dio con el cumplimiento dado por la juez del proceso, expuso la continuidad que existió en las operaciones bancarias, a fin de establecer, como lo exige el tipo penal, precisamente, la manera en que por interpósita persona el quejoso adquirió los recursos; pues indicó, que al menos para efecto del depósito que ascendió a la suma de *******, no se evidenciaban los motivos por los cuales el agente delictivo fue beneficiado por esa cantidad y menos su procedencia, porque lo único que podía establecerse era que Miguel Padrés Elías y Ernesto Alonso Castorena Fraire o Ernesto Castorena Fraire, tienen la cuenta mancomunada 4030366025 del banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. Agregó, que podía apreciarse actos convictivos en la adquisición de las cuentas en los lapsos indicados, porque era inconcuso que los recursos que por interpósita persona adquirió el sujeto activo derivaban de los que en su momento las empresas Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable, constituida por Paulo David Villa Olguín y René Francisco Barragán Celaya, quienes fungen como socios y Mario Humberto Aguirre Ibarra, como apoderado, y la diversa Confección Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la que Mario Ramón Olivarria Mendoza y Mario Humberto Aguirre Ibarra, son socios, habían obtenido de las licitaciones ilícitas **** Expuso, que a su vez, Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de los cheques *** de la cuenta número 0172217430 del Banco BBVA Bancomer, por las cantidades de $*****), los depositó en la diversa cuenta 0452890313 de la empresa Administración de Activos e Inmuebles, Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cual es socio y apoderado Mario Humberto Aguirre Ibarra. Abundó, que posteriormente, tales cantidades se depositaron en la diversa 04030366025 de la institución bancaria HSBC, Sociedad Anónima, la cual está aperturada a nombre de Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, con una participación del cincuenta por ciento cada uno. En tanto que, Confección Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de los cheques 0000052 y 0000053 de la cuenta 0172216132 del Banco BBVA Bancomer, valiosos cada uno por la cantidad de ****), depositados a la cuenta número 4030366025 aperturada a nombre de Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, con una participación del cincuenta por ciento cada uno. Asimismo, precisó, que tales recursos los depositó la persona moral Confección Industrial, el veintiséis y veintiocho de abril de dos mil diez a la cuenta número 4030366025 de Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, mientras que Sonora Apparel, los transfiere a la diversa Administración de Activos e Inmuebles y, posteriormente el veintitrés de septiembre y diez de noviembre, ambos de dos mil diez, los deposita a la cuenta de Ernesto Alonso Castorena Fraire y Miguel Padrés Elías, y finalmente de esta última del dos de mayo de dos mil once al siete de julio de dos mil doce, se depositaron los dieciocho cheques ****, a la cuenta 0180619515, radicada en la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, a nombre de El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de lo que se podía advertir que de manera consecutiva se efectuaron las transacciones. Agregó, que en relación a la cantidad de $810,470.21 (ochocientos diez mil cuatrocientos setenta pesos con veintiún centavos moneda nacional), la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, sin explicación alguna del veintinueve de enero de dos mil catorce al veintidós de octubre de dos mil catorce los depositó a la cuenta personal de Guillermo Padrés Elías. De igual manera, la juez del proceso en relación al diverso efecto de la sentencia de amparo, relativo a que "(.) se pronuncie, de estimarlo posible, sobre cuál es el delito o forma típica de ilicitud con la que se vinculan los recursos que dieron origen al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400-bis, del Código Penal Federal", indicó: "(.) Seguidamente, sí se encuentra acreditado el elemento subjetivo-normativo consistente en que, al desplegar las conductas acreditadas, el sujeto activo conozca que los recursos provienen de una actividad ilícita, respecto del ilícito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por interpósita persona adquiera dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos). (.) De las anteriores consideraciones del Supremo Tribunal del País, no se advierte la exigencia de que se debe evidenciar conducta delictiva previa para afirmar que los recursos son de procedencia ilícita, sino únicamente poner de manifiesto la naturaleza ilegal de los recursos; pero de acuerdo al criterio del juez de amparo, es necesario poner de manifiesto de qué actuar ilícito provienen los recursos cuestionados y que, sin duda, fueron originados de un enriquecimiento ilícito. Es así, porque el órgano técnico demostró, al menos hasta este momento procesal, que por cuanto hace a los ***provienen del enriquecimiento ilícito imputado a distintos coprocesados, porque constituyen las ganancias ilícitas e indebidas al beneficiarse de quienes obtuvieron y les favorecieron las licitaciones. En efecto, con la copia certificada de los dieciocho cheques detallados en párrafos precedentes, se evidencia el contexto del estado de movimientos de la cuenta 0180619515, de la institución bancaria BBVA Bancomer -cuenta receptora- reproducidos en apartados que anteceden y que probablemente, a través de dieciocho operaciones bancarias realizadas desde el dos de mayo de dos mil once al diez de julio de dos mil doce, el sujeto activo adquirió $10'376,425.61 (diez millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos veinticinco pesos con sesenta y un centavos moneda nacional), a través de la cuenta de la persona jurídica El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de la cual es socio, en virtud de los depósitos que Ernesto Alonso Castorena Fraire o Ernesto Castorena Fraire y Miguel Padres Elías realizaron a su favor a través de los dieciocho cheques descritos con anterioridad, provenientes de la cuenta mancomunada 4030366025 del Banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC -cuenta emisora-. Asimismo, con la copia certificada de los cheques 1066, 1115, 1116, 1170, 1246, 1312, 1310, 1311, 1356, 1355 y 1377 detallados en párrafos precedentes, se evidencia el contexto del estado de movimientos de la cuenta 0105831539 del banco BBVA Bancomer -cuenta receptora- reproducidos en apartados que anteceden y que probablemente, del veintinueve de enero al veintidós de octubre de dos mil catorce, el sujeto activo adquirió ***), a través de la cuenta de la persona jurídica El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, en virtud de los depósitos que se realizaron a su favor a través de los once cheques descritos con anterioridad, provenientes de la cuenta **** emitidos por Banco BBVA Bancomer, Sociedad Anónima -cuenta emisora-; cuya adquisición materia de este asunto se realizó dentro del territorio nacional, atento a que las cuentas bancarias señaladas se aperturaron y son operadas por instituciones financieras dentro del territorio mexicano; de ahí que deba estimarse superado este extremo. (.) Y sobre que proceden de una actividad ilícita, se tiene las cantidades obtenidas ****así como los ***), provienen del enriquecimiento ilícito de funciones imputado a distintos coprocesados, ya que es el pago de los contratos **** del Gobierno del Estado de Sonora, que indebidamente se otorgaron a través de las empresas Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable, y la diversa Confección Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable. Entonces, el lavado de dinero se configura desde el momento en que se trasladaron los recursos, encubriendo su origen -ya que no se logró establecer su procedencia lícita-, utilizando el sistema financiero o bancario; y, al no quedar evidenciado que esos recursos formaban parte de su sueldo como servidor público del activo o que conformaban parte de sus ingresos, sino que se hace patente que formaban parte de un beneficio ilícito e indebido; es cuando nace la afirmación válida -con base en los anteriores indicios- de que al no poderse justificar la procedencia de los recursos, a no dudarlo, se evidencia, al menos por ahora, que es producto del enriquecimiento ilícito. Todo ello permite entender el conocimiento por parte del sujeto activo respecto de la ilicitud de los recursos. **+ De lo antes trascrito se evidencia que la responsable, contrario a lo estimado por la parte quejosa, sí se pronunció sobre cuál era el delito o forma típica de ilicitud con la que se vinculaban los recursos que dieron origen al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400-bis, del Código Penal Federal, lo cual llevó a cabo, al señalar que las cantidades obtenidas, esto es, la de $10'376,425.61 (diez millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos veinticinco pesos con sesenta y un centavos moneda nacional) y de $810,470.21 (ochocientos diez mil cuatrocientos setenta pesos con veintiún centavos moneda nacional), provienen del enriquecimiento ilícito de funciones imputado a distintos coprocesados, ya que es el pago de los contratos **** del Gobierno del Estado de Sonora, que indebidamente se otorgaron a través de las empresas Sonora Apparel, Sociedad Anónima de Capital Variable, y la diversa Confección Industrial, Sociedad Anónima de Capital Variable. Al respecto, la parte quejosa aduce que la responsable, al momento de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, fue omisa en tomar en consideración, como hecho notorio, la sentencia emitida el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, por el Juez Decimoprimero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Sonora, dentro del juicio de amparo indirecto 1033/2017 promovido por Héctor Padrés Elías y sus acumulados 113/2017 promovido por Oscar Ochoa Patrón, 1210/2017 promovido por Miguel Padrés Elías y 1295/2017 promovido por Julio César Padrés Elías, en la que se resolvió amparar a los quejosos contra la orden de aprehensión librada el dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, en la causa penal 25/2016, del índice de la autoridad responsable, por los delitos de delincuencia organizada, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita; ello, a efecto de no emitir resoluciones contradictorias respecto de los mismos hechos o la valoración de un idéntico indicio, previniendo que se viole el principio de congruencia externa que toda resolución debe observar. No asiste razón al peticionario de amparo, pues si bien dicha determinación constituye un hecho notorio, también lo es que la responsable no se encontraba obligada a tomarla en consideración, pues del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), pues también se advierte como hecho notorio, que la resolución emitida el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en los autos del expediente relativo al juicio de amparo 1033/2017, por la que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió la protección constitucional, fue recurrida mediante revisión en fecha dieciocho de abril del año en curso y, derivado de ello, mediante acuerdo de seis de julio de la presente anualidad, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito informando que admitió el citado medio de impugnación. Luego, si a la fecha en que se emitió la resolución con la que la responsable da cumplimiento a la ejecutoria de amparo -veintiocho de junio de dos mil dieciocho-, la referida resolución concesoria de amparo se encontraba subjúdice, es incuestionable que no era viable que se tomara en consideración, pues no constituía cosa juzgada. Y, por cuanto hace a que "de encontrar comprobado la corporeidad del citado delito -operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien por interpósita persona adquiera recursos-, por cuanto hace a la probabilidad de que el aquí quejoso hubiera intervenido en la ejecución del mismo, deberá justipreciar las pruebas de acuerdo a la legislación procesal aplicable, expresando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para estimar que los datos que arroja la averiguación previa, hacen probable la responsabilidad del impetrante en su comisión, de conformidad al numeral 168 del código adjetivo de la materia; debiéndolo ubicar en determinado grado de intervención, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, es decir, como coautor", en lo conducente, la juez del proceso señaló: "(.) Asimismo, respecto a la forma de intervención del inculpado, quedó plenamente acreditada su participación delictiva como coautor material, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, que establece que son autores o partícipes del delito los que lo realicen conjuntamente y, en el caso, de acuerdo a las pruebas existentes se tiene que el inculpado, de manera conjunta y coordinada con otros inculpados, realizó las conductas que se le reprochan, en tanto que siendo socio de la misma personal moral y teniendo a su disposición las cantidades cuestionadas, es indudable que de manera similar y simultánea estaban facultados para realizar las transacciones cuestionadas. En efecto, aun cuando el juez de amparo, en el fallo protector establece que se puntualice en qué consistió la actividad delictiva del inculpado de acuerdo a la teoría de codominio funcional del hecho -porque así se había establecido en el acto reclamado-, lo cierto es que al haber dejado libertad de decisión en ese aspecto -en cuanto a determinar la probable responsabilidad del inculpado-, esta juzgadora estima que el grado de participación se configura en ese nivel de conducta, pero doctrinariamente se ha establecido que no toda coautoría material implica la existencia de condominio funcional del hecho, sino que, de conformidad con la tesis jurisprudencial sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: "PARTICIPACIÓN DELICTIVA Y ACUERDO DE LOS SUJETOS", el presupuesto de la coparticipación delictiva es que los diversos sujetos actúan con cooperación consciente y querida, o sea que la culpabilidad abarca la conciencia de la cooperación en la obra conjunta y por consiguiente del acuerdo recíproco; este acuerdo puede surgir antes de dar comienzo a la ejecución del hecho delictuoso o durante la misma ejecución y en esas condiciones la parte que cada autor consciente realiza, constituye la parte de un todo que es el delito, y, por tanto, no responde solamente del resultado de su conducta concreta, sino del delito considerado unitariamente. De ahí que el anterior criterio jurisprudencial, aplicado al caso, conlleva establecer que el inculpado y otros coprocesados actuaron con cooperación consciente y querida, desde el comienzo, así como durante la ejecución, al fungir como socio de la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada adquiría por interpósitas terceros, quienes le hacían depósitos de recursos que procedían de actividades ilícitas, además de que algunos de esos recursos los depositaba a otras personas. Tocante a la atribuibilidad de la acción al resultado, las pruebas existentes, hasta este estadio procesal, revelan que el inculpado realizó acciones concretas exigibles en las descripciones típicas, a fin de obtener el resultado previsto en la ley y que subyace como objeto de protección jurídico penal, en cuanto a que dentro del territorio nacional, realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita con conocimiento de dicha circunstancia, con determinados propósitos. Así, se tiene por acreditado que Guillermo Padrés Elías en su calidad de socio de la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, se le atribuye que probablemente, a través de dieciocho operaciones bancarias realizadas desde el dos de mayo de dos mil once al diez de julio de dos mil doce (****, con conocimiento que procedían de una actividad ilícita, como es el enriquecimiento ilícito; esos recursos fueron depositados por conducto de Ernesto Alonso Castorena Fraire o Ernesto Castorena Fraire y Miguel Padres Elías, por medio de depósitos en cheque derivados de la cuenta mancomunada 4030366025 del banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, monto que le fue depositado a la cuenta 0180619515, radicada en la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima (circunstancias de modo y lugar). Asimismo, del veintinueve de enero al veintidós de octubre de dos mil catorce (circunstancias de temporalidad), adquirió por interpósita persona la cantidad de $810,470.21 (ochocientos diez mil cuatrocientos setenta pesos con veintiún centavos moneda nacional), con conocimiento que procedían de una actividad ilícita, como es el enriquecimiento ilícito; esos recursos fueron depositados por la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, por medio de once cheques derivados de la cuenta 0180619515 del banco BBVA Bancomer, monto que le fue depositado a su cuenta personal 0105831539 del banco BBVA Bancomer (circunstancias de modo y lugar). (.) Sobre la adquisión de recursos reprochada al inculpado, en cuanto a que en su calidad de socio de la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, se le atribuye que probablemente, a través de dieciocho operaciones bancarias realizadas desde el dos de mayo de dos mil once al diez de julio de dos mil doce (circunstancia de temporalidad), adquirió por interpósita persona la cantidad de $10'376,425.61 (diez millones trescientos setenta y seis mil cuatrocientos veinticinco pesos con sesenta y un centavos moneda nacional), con conocimiento que procedían de una actividad ilícita, como es el enriquecimiento ilícito; esos recursos fueron depositados por conducto de Ernesto Alonso Castorena Fraire o Ernesto Castorena Fraire y Miguel Padres Elías, por medio de depósitos en cheque derivados de la cuenta mancomunada 4030366025 del banco HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC, monto que le fue depositado a la cuenta 0180619515, radicada en la institución bancaria BBVA Bancomer, Sociedad Anónima (circunstancias de modo y lugar). Asimismo que del veintinueve de enero al veintidós de octubre de dos mil catorce (***con conocimiento que procedían de una actividad ilícita, como es el enriquecimiento ilícito; esos recursos fueron depositados por la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, por medio de once cheques derivados de la cuenta 0180619515 del banco BBVA Bancomer, monto que le fue depositado a su cuenta personal 0105831539 del banco BBVA Bancomer (circunstancias de modo y lugar). (.)Sin que se soslaye, como establece el juez de amparo, que entre la primera temporalidad (del dos de mayo de dos mil once al diez de julio de dos mil doce) y la segunda (del veintinueve de enero al veintidós de octubre de dos mil catorce) media más de un año sin que se advierta alguna operación ilícita; pero ello no significa que por tal circunstancia deba estimarse la inacreditación de los delitos y que no se configure el verbo rector (adquirir), porque es evidente que hasta el momento en que la fiscalía consignó los hechos, aún no tenía claro si hubieran existido o no otras operaciones ilícitas entre el diez de julio de dos mil doce y el veintinueve de enero de dos mil catorce; y, no corresponde establecerlo a este órgano jurisdiccional, aun cuando, en su caso, se advierta en autos, porque esta juzgadora está vedada para atribuir una diversa actividad ilícita entre ese tiempo, porque se estaría excediendo la consignación de la fiscalía, agregando un suceso de lavado de dinero que no le fue reprochado, al menos en este asunto. Estimar lo contrario, sería inclusive agravar su situación jurídica, porque se le reprocharía al inculpado dentro de esas diferentes temporalidades dos delitos de lavado de dinero, cuando únicamente se le reprocha uno solo por lo que hace a la hipótesis de adquisición de recursos; y, en ese sentido, es orientadora la tesis jurisprudencial****en cuanto a que establece que en el supuesto de que el sujeto activo agote los elementos típicos en el cuerpo de la víctima, encaminados en cada ocasión a consumar dicho ilícito, pero en diversos momentos, siempre que entre ellos hubiere secuela y separación en el tiempo, se lesiona el bien jurídico tutelado, por lo que debe considerarse que se actualiza el concurso real homogéneo de delitos y, en ese caso, no puede hablarse de un delito continuado, porque las conductas que se producen bajo ese esquema no son susceptibles de actualizar la unidad de propósito delictivo que requiere este tipo de delitos. Entonces, la sola circunstancia de que hubiera trascurrido un lapso en el que la fiscalía no hubiera evidenciado que se realizara alguna operación ilícita, no significa que sea nulo el nexo causal del lavado de dinero, al contrario, precisamente las cantidades de dinero cuestionadas son las que constituyen las dos adquisiciones. Además de que la fiscalía dejó perfectamente claro que la adquisición de recursos en las dos temporalidades se actualizó mediante dos móviles que, aunque parecidos, provenían de fuentes distintas, porque en la primera Guillermo Padrés Elías, en su calidad de socio de la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada adquirió por interpósita persona la cantidad de $****por conducto de Ernesto Alonso Castorena Fraire o Ernesto Castorena Fraire y Miguel Padres Elías, y en la segunda temporalidad la persona moral referida deposita a su cuenta personal la cantidad de $810,470.21 (ochocientos diez mil cuatrocientos setenta pesos con veintiún centavos moneda nacional). Para afirmar, al menos por ahora, que los recursos provenían de actividades ilícitas, es dable considerar que las pruebas de cargo existentes ponen de manifiesto que el órgano técnico demostró, al menos hasta este momento procesal, que por cuanto hace a ****), provienen del enriquecimiento ilícito imputado a distintos coprocesados, porque constituyen las ganancias ilícitas e indebidas al beneficiarse de quienes obtuvieron y les favorecieron las licitaciones. **** Asimismo, en su escrito de ampliación ofreció diversas documentales, a fin de que sean tomadas en consideración al momento de resolver su situación jurídica; asimismo, su defensa particular presentó diversas documentales; sin embargo, de un análisis de las mismas, se advierte que se trata de copias simples, de ahí que al no tratarse de copias certificadas u originales, carecen de valor probatorio en términos de los artículos 206, 269 y 270 del Código Federal de Procedimientos Penales. En otro aspecto, en cuanto a las excluyentes del delito y de la responsabilidad penal, hasta este estado procesal, no se advierte que concurra alguna causa de yerro, acorde a lo establecido en el artículo 15 del Código Penal Federal, porque, no se actualiza ausencia de la conducta o de la tipicidad, tampoco alguna causa de justificación, de inimputabilidad o de inculpabilidad. Así, debe decirse que hasta este momento procesal no se ha transgredido el principio de presunción de inocencia que se encuentra implícito en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, porque en la especie quedó de manifiesto que la institución ministerial ha cumplido con la carga probatoria, ya que así lo revelan las pruebas de cargo que desvirtúan dicho principio; lo cual es afín a lo establecido en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Es así, porque dentro del proceso penal seguido al inculpado ha sido tratado como inocente hasta que no sea declarada su culpabilidad; asimismo, las pruebas hasta ahora aportadas reunieron las exigencias de ley y las que fincaron su responsabilidad fueron aportadas por la fiscalía. Resultan aplicables, las tesis jurisprudenciales ******pronunciadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los rubros:**** Por tales razones, es inconcuso que las pruebas son suficientes por eficaces, para acreditar los delitos: 1) operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por interpósita persona adquiera dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente antes de la reforma de dos mil quince); y, 2) operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por sí deposite dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente antes de la reforma de dos mil quince); así como la probable responsabilidad penal del inculpado en su comisión, en ambos casos como coautor material, en términos del precepto 13, fracción III, ibídem. **** De lo antes expuesto se advierte que la autoridad responsable, con libertad de jurisdicción se pronunció, en el sentido de que, de acuerdo a las pruebas existentes se tenía que el inculpado, de manera conjunta y coordinada con otros inculpados, realizó las conductas que se le reprochaban, en tanto que siendo socio de la misma persona moral y teniendo a su disposición las cantidades cuestionadas, era indudable que de manera similar y simultánea estaban facultados para realizar las transacciones cuestionadas. Agregó, que estimaba que el grado de participación se configuraba en ese nivel de conducta, pero doctrinariamente se ha establecido que no toda coautoría material implica la existencia de condominio funcional del hecho, sino que, de conformidad con la tesis jurisprudencial sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe: ****, el presupuesto de la coparticipación delictiva es que los diversos sujetos actúan con cooperación consciente y querida, o sea que la culpabilidad abarca la conciencia de la cooperación en la obra conjunta y por consiguiente del acuerdo recíproco; abundó, que este acuerdo podía surgir antes de dar comienzo a la ejecución del hecho delictuoso o durante la misma ejecución y en esas condiciones la parte que cada autor consciente realiza, constituye la parte de un todo que es el delito, y, por tanto, no responde solamente del resultado de su conducta concreta, sino del delito considerado unitariamente. Luego, precisó, que el anterior criterio jurisprudencial, aplicado al caso, conllevaba a establecer que el inculpado y otros coprocesados actuaron con cooperación consciente y querida, desde el comienzo, así como durante la ejecución, al fungir como socio de la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, adquiría por interpósitas terceros, quienes le hacían depósitos de recursos que procedían de actividades ilícitas, además de que algunos de esos recursos los depositaba a otras personas. Conductas que se desplegaron con conocimiento y voluntad, porque el aquí quejoso fungía como gobernador del Estado de Sonora; además, las produjo en conjunto con diverso coprocesado. Asimismo, se aprecia que la responsable tomó en consideración el escrito por el cual la parte quejosa y su defensa particular ofreció diversas documentales, a fin de que fueran tomadas en consideración al momento de resolver su situación jurídica; sin embargo, de un análisis de las mismas, advirtió que se trataba de copias simples, por lo que las desestimó en términos de lo previsto en los artículos 206, 269 y 270 del Código Federal de Procedimientos Penales. De igual manera, en cuanto a las excluyentes del delito y de la responsabilidad penal, estimó que hasta ese estado procesal, no se advertía que concurriera alguna, acorde a lo establecido en el artículo 15 del Código Penal Federal. Y, que hasta ese momento procesal no se había transgredido el principio de presunción de inocencia que se encuentra implícito en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, porque había quedado de manifiesto que la institución ministerial había cumplido con la carga probatoria, pues así lo revelan las pruebas de cargo que desvirtuaban dicho principio. Que ello era así, pues dentro del proceso penal seguido al inculpado había sido tratado como inocente hasta que no fuese declarada su culpabilidad; asimismo, las pruebas hasta ese momento aportadas reunían las exigencias de ley y las que habían fincado responsabilidad fueron aportadas por la fiscalía. Corolario de lo anterior, la responsable arribó a la conclusión que dada la eficacia de las pruebas, se acreditaban los delitos: 1) operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por interpósita persona adquiera dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente antes de la reforma de dos mil quince); y, 2) operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por sí deposite dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos), previsto y sancionado en el artículo 400 bis del Código Penal Federal (vigente antes de la reforma de dos mil quince); así como la probable responsabilidad penal del inculpado en su comisión, en ambos casos como coautor material, en términos del precepto 13, fracción III, ibídem. Del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que ésta atendió a los efectos del fallo protector, pues mediante acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, la juez del proceso dejó sin efectos el acto reclamado, esto es, el auto de plazo constitucional de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 25/2016; asimismo, dado que por proveído de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, no se tuvo por cumplido el fallo protector, previo requerimiento, por acuerdo de uno de febrero del año en curso, la responsable dejó sin efecto el nuevo auto de término constitucional de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, que dictó en su momento, en cumplimiento a la sentencia amparadora; y, en fecha veintitrés de febrero de la presente anualidad, resolvió la situación jurídica del aquí quejoso; sin embargo, por auto de dos de mayo de dos mil dieciocho, nuevamente no se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, previo requerimiento, por proveído de tres del citado mes y año, la juez del proceso dejó sin efectos el auto de plazo constitucional de veintitrés de febrero de la presente anualidad, dictado en la causa penal 25/2016. Y, en fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la juez del proceso emitió un nuevo auto de plazo constitucional, con el cual, la responsable da cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo, pues en él se observaron la totalidad de los lineamientos expuestos en ésta, pues por una parte, con sustento en el artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba se actuara nuevamente en contra del inculpado, a favor del aquí quejoso Guillermo Padrés Elías, al no acreditarse los elementos del cuerpo del delito de delincuencia organizada (hipótesis de cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita), previsto y sancionado en el artículo 2, fracción I, artículo 4, fracción I, inciso a), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, como autor material, en términos del artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal. De igual manera, respecto al diverso delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien por sí deposite dentro del territorio nacional recursos *****con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos), la juez del proceso emitió auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, al no acreditarse los elementos del cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (hipótesis de quien por sí deposite dentro del territorio nacional, recursos, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen, localización, destino y propiedad de dichos recursos). Ello, al estimar que las exigencias de la descripción típica, de acuerdo con los lineamientos marcados por la ejecutoria de amparo, no se encontraban ajustadas al respecto. Enseguida, en relación al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución, en la cual, de manera fundada y motivada, tomando en cuenta las consideraciones emitidas en esta ejecutoria y los elementos de convicción que obraban en la causa penal de origen, en relación a los elementos corpóreos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de quien por interpósita persona adquiera recursos -***dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, con el propósito de ocultar el origen de dichos recursos; expuso la continuidad que existió en las operaciones bancarias, a fin de establecer, como lo exige el tipo penal, precisamente, la manera en que por interpósita persona el quejoso -Guillermo Padrés Elías- adquirió los recursos; así como, se pronunció sobre cuál era el delito o forma típica de ilicitud con la que se vinculaban los recursos que dieron origen al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el artículo 400-bis, del Código Penal Federal; y, una vez que desarrolló lo anterior, al encontrar comprobada la corporeidad del citado delito, justipreció las pruebas de acuerdo a la legislación procesal aplicable, expresando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para estimar que los datos que arrojaba la averiguación previa, hacían probable la responsabilidad del impetrante en su comisión, de conformidad al numeral 168 del código adjetivo de la materia; además, de ubicar su grado de intervención, en términos del artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, es decir, como coautor-. Luego, si de la sentencia de amparo se contienen los argumentos a partir de los cuales se establecieron los alcances para reparar la violación advertida en el acto reclamado, y se concedió plenitud de jurisdicción a la responsable, lo cierto es que el acto que se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo guarda armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión. Cabe señalar que la parte quejosa aduce que la responsable fue omisa en considerar diversa documentación que exhibió como prueba, durante el término constitucional; sin embargo, contra a dicha afirmación, la juez del proceso señaló que las documentales que habían sido ofrecidas como prueba por el quejoso y su defensa, a fin de que fueran tomadas en consideración al momento de resolver su situación jurídica, se trataba de copias simples, por lo que no era dable otorgarles valor alguno. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que es incuestionable que la autoridad responsable observó a cabalidad los efectos de la sentencia amparadora, por lo que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. **** A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." No es óbice a lo anterior, el que el autorizado del quejoso, hubiese ofrecido como pruebas documentales, ante este Órgano de Control Constitucional, las consistentes en el original del acuse de recibo de cuatro de julio de dos mil dieciocho, respecto del escrito signado por el licenciado Raúl Germán Rodríguez Martínez, defensor particular del aquí quejoso y dirigido al Fiscal Especializado para Investigar Hechos de Corrupción, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora; y, del diverso FAS-FA-94/2018, de siete de agosto de dos mil dieciocho, suscrito por Francisco Vargas Díaz, Fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada para Investigar Hechos de Corrupción, que contiene respuesta al citado ocurso, a efecto de que fueran tomadas en consideración al momento de emitirse la presente determinación. Lo anterior es así, pues este Órgano de Control Constitucional, al analizar si la responsable dio o no cumplimiento al fallo protector, debe circunscribir su estudio a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juez del proceso, y pronunciarse respecto de si se observaron o no los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional. **** "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PRUEBAS QUE DEBE VALORAR EL JUEZ PENAL EN EL CASO DE DICTAR UN NUEVO AUTO DE FORMAL PRISIÓN EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. En el juicio de amparo, el análisis de la litis constitucional sometida a la consideración del juez federal cuando analiza un auto de formal prisión, lo constituye la etapa de preinstrucción, correspondiente al ejercicio de la facultad jurisdiccional del juez penal y por ello, su actuación debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por dicho juzgador en la referida etapa procesal y resolver respecto de la constitucionalidad del citado auto. En tal virtud, será ese mismo material probatorio el que deba analizarse por el juez del proceso al momento de dictar, en su caso, el nuevo auto de formal prisión en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; lo anterior no implica dejar al procesado en estado de indefensión, en el caso de que una vez concluida la etapa de preinstrucción hubiere allegado pruebas con la finalidad de destruir el delito o su probable responsabilidad penal, habida cuenta que está en aptitud de promover el incidente de libertad por desvanecimiento de datos, que constituye un medio legal encaminado a anular o destruir de manera directa y plena las pruebas que sirvieron de base para decidir su situación jurídica." En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.
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