Guillermo Moreno Martínez

Expediente 322/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
322/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
06/04/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Moreno Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal contra el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, así como que por haberse desechado la demanda es susceptible de destrucción. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho; fórmese el expediente relativo con el número 322/2022-VI que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO De la demanda de amparo se aprecia que el quejoso reclama lo siguiente: - Del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México: la emisión del auto dictado en audiencia de diez de marzo de dos mil veintidós, dentro de la carpeta administrativa penal **, por el cual se revisaron las medidas cautelares y le fue fijado el pago de una caución por el monto de **** a fin de garantizar la reparación del daño a la víctima y la sujeción a proceso del aquí impetrante. - Del Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Juan Fernández Albarrán" de San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México: la ejecución del acto reclamado. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De conformidad con la disposición invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar. De ahí se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En esos términos se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K, de contenido: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías." Entonces, tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. En el caso que nos ocupa, el quejoso se duele de la imposición de una medida cautelar económica dictada en la audiencia de diez de marzo de dos mil veintidós, en que se revisaron las medidas cautelares, dentro de la carpeta administrativa 2598/2018, instruida en su contra, por lo que es evidente que es parte formal y material dentro del procedimiento del cual deriva la determinación combatida, de ahí que antes de acudir al presente juicio constitucional está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios procedentes dentro del expediente natural. Bajo el esquema apuntado, los artículos 160 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado, prevén como medio de defensa el recurso de apelación, el cual procede contra todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares, como en el caso sucede con la emitida en la audiencia de diez de marzo de la anualidad en curso, en la que se impuso al procesado -aquí quejoso- la exhibición de la cantidad económica de $3'200,000.00 (tres millones, doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), para garantizar sus obligaciones procesales. Así, a través de dicho medio ordinario de defensa puede lograrse la revocación, modificación o nulificación de la determinación que ahora se combate, por lo que, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía, resulta incuestionable que no puede acudir a la extraordinaria del juicio de amparo, por no haberse agotado el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo la tesis II.3o.P.59 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de contenido: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La medida cautelar de exhibición de garantía económica es de naturaleza real, ya que únicamente implica una afectación monetaria, pues requiere a los imputados a efecto de que exhiban una cantidad definida para garantizar su presencia en el proceso penal. Lo que revela que, por regla general, su imposición no restringe, ni siquiera en forma indirecta, la libertad personal de los imputados, ya que se circunscribe a que exhiban una determinada cantidad, sin que con esa imposición se limite o restrinja su libertad personal. En estas condiciones, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución del Juez de Control del sistema penal acusatorio que impone al imputado la medida cautelar de exhibición de garantía económica, establecida en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo pues, previo a promoverlo, debe agotarse el recurso de apelación regulado en el diverso artículo 467, fracción V, del propio código, en observancia al principio de definitividad, sin que se actualice alguna excepción a éste, ya que como se refirió, el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad, ni se trata de un acto que afecte la libertad personal, sólo implica una afectación económica. No obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, con base en lo expuesto por la Representación Social y la decisión del Juez de Control, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto." En adición a lo expuesto debe decirse que no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No se soslaya que la medida cautelar combatida pueda ocasionar un perjuicio en los derechos fundamentales del gobernado; sin embargo, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el principio de definitividad es de cumplimiento irrestricto aun tratándose de actos de imposible reparación. Así lo afirmó en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre 2013, Tomo I, página 350, que establece lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es desechar de plano la presente demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, pues así lo señaló expresamente, en virtud de no contar con un domicilio dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito (Naucalpan de Juárez). Téngase señalando la dirección de correo electrónico para establecer contacto en los casos en que se estime estrictamente necesario, pues éste no constituye un mecanismo de notificación previsto por la Ley de Amparo para tales fines. Por autorizadas a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo será para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales en este juicio. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese por lista al quejoso.

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