Guillermo Moreno Martínez
Expediente 693/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Guillermo Moreno Martínez
Actuaciones
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda, en el término legal, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de José Luis Martínez Vélez, abogado de Guillermo Moreno Martínez, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de trece de junio del año en curso, por tanto, se provee: ACTO RECLAMADO De la lectura integral de la demanda de amparo y del escrito que la aclara, se hace patente que la quejosa reclama: a) Del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México: La determinación tomada en audiencia de tres de junio de dos mil veintidós, celebrada dentro de la carpeta administrativa 2598/2018, respecto de la revisión de medidas cautelares, por la cual dejó subsistente la medida de pago de una caución por el monto de $3'200,000.00 (tres millones, doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), a fin de que el quejoso pueda gozar de su libertad. b) Del Director del Centro de Readaptación Social San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México: La ejecución del acto reclamado. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resulten improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De conformidad con la disposición invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar. De ahí se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En esos términos se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K, de contenido: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías. Entonces, tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. En el caso que nos ocupa, el quejoso se duele de la subsistencia de la imposición de una medida cautelar económica decretada en la audiencia de tres de junio de dos mil veintidós, en la que se revisaron las medidas cautelares, dentro de la carpeta administrativa 2598/2018, instruida en su contra, por lo que es evidente que es parte formal y material dentro del procedimiento del cual deriva la determinación combatida, de ahí que antes de acudir al presente juicio constitucional está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios procedentes dentro del expediente natural. Bajo el esquema apuntado, los artículos 160 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado, prevén como medio de defensa el recurso de apelación, el cual procede contra todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares, como en el caso sucede con la que se dejó subsistente en la audiencia de tres de junio de dos mil veintidós, consistente en el pago de una caución por el monto de $3'200,000.00 (tres millones, doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional). Así, a través de dicho medio ordinario de defensa puede lograrse la revocación, modificación o nulificación de la determinación que ahora se combate, por lo que, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía, resulta incuestionable que no puede acudir a la extraordinaria del juicio de amparo, por no haberse agotado el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo la tesis II.3o.P.59 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de contenido: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La medida cautelar de exhibición de garantía económica es de naturaleza real, ya que únicamente implica una afectación monetaria, pues requiere a los imputados a efecto de que exhiban una cantidad definida para garantizar su presencia en el proceso penal. Lo que revela que, por regla general, su imposición no restringe, ni siquiera en forma indirecta, la libertad personal de los imputados, ya que se circunscribe a que exhiban una determinada cantidad, sin que con esa imposición se limite o restrinja su libertad personal. En estas condiciones, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución del Juez de Control del sistema penal acusatorio que impone al imputado la medida cautelar de exhibición de garantía económica, establecida en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo pues, previo a promoverlo, debe agotarse el recurso de apelación regulado en el diverso artículo 467, fracción V, del propio código, en observancia al principio de definitividad, sin que se actualice alguna excepción a éste, ya que como se refirió, el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad, ni se trata de un acto que afecte la libertad personal, sólo implica una afectación económica. No obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, con base en lo expuesto por la Representación Social y la decisión del Juez de Control, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto. En adición a lo expuesto, es menester destacar que en el caso concreto no se actualiza ninguna de las excepciones contempladas el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, consistentes en que: - El acto importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Se excluye de este supuesto el acto reclamado, pues la imposición de la medida cautelar de que se trata no está contemplada en alguna de las hipótesis señaladas. - Consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas a la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Como ya se precisó, el acto combatido en la presente instancia constitucional radica en la resolución que determina dejar subsistente la medida cautelar económica consistente en la exhibición de un monto pecuniario, no así una tendente a restringir la libertad personal del quejoso, como podría ser la prisión preventiva, la prohibición de salir de determinado territorio o el resguardo domiciliario, entre otras. Sobre este punto, el amparista arguye que con motivo de la resolución reclamada se le impide gozar de su libertad personal, a pesar de que el delito que se le reprocha no es grave y por ello no amerita prisión preventiva Se discrepa de la opinión del quejoso, ya que la razón por la cual se encuentra actualmente privado de su libertad en un centro penitenciario no obedece a la subsistencia de la medida cautelar económica fijada en el proceso penal de origen, sino que ello es consecuencia de la ejecución de la orden de aprehensión ordenada por la Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la carpeta administrativa 2598/2018, la cual fue girada debido a que se declaró al ahora inconforme sustraído de la acción de la justicia ante la inasistencia a diversas diligencias en las que fue solicitada su presencia. Por ello, si la determinación reclamada no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad, ni se trata de un acto que afecte la libertad personal, es evidente que sólo implica una afectación económica. - Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Situación que no se actualiza, en razón de que el quejoso tiene el carácter de imputado en el juicio de origen, es decir, es parte del procedimiento. - Cuando se trate del auto de vinculación. Tampoco se trata del señalado acto, sino de otro de naturaleza diversa. - Cuando la procedencia o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al amparo. Lo anterior de manera alguna acontece, ya que los preceptos 160 y 467, fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales son claros al señalar en forma precisa que contra esa determinación en particular -decisión judicial relativa a una medida cautelar- es procedente el recurso de apelación. No se soslaya que la medida cautelar combatida pueda ocasionar un perjuicio en los derechos fundamentales del gobernado; sin embargo, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el principio de definitividad es de cumplimiento irrestricto aun tratándose de actos de imposible reparación. Así lo afirmó en la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), que establece: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En consecuencia, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es desechar de plano la presente demanda. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar en que se encuentra recluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de junio de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite el juicio de amparo 262/2020-III, un tomo de pruebas y testimonio de la resolución dictada el veintiséis de mayo del año en curso en el amparo en revisión 255/2021, formado con motivo del medio de impugnación hecho valer por el autorizado de la parte quejosa contra la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por la que se sobreseyó en este expediente. Hágase del conocimiento de las partes que la resolución emitida por el órgano en mención, en sus puntos resolutivos, señala lo siguiente: "Primero. Se revoca la sentencia recurrida. Segundo. Se repone el procedimiento en el juicio de amparo indirecto a que este recurso se refiere." Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno e intégrense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes a este sumario. Ahora, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el tribunal oficiante, con apoyo en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, así como 297, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se deja sin efectos la audiencia constitucional y se requiere a las autoridades responsables que así les corresponda, remitan lo siguiente: "[.] 2. Requiera las constancias correspondientes a las solicitudes que el quejoso elevó en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDMS/MEX/000973/2019, en forma destacada respecto de su promoción de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, con la cual dijo haber demostrado la propiedad de uno de los vehículos asegurados en la diligencia de cateo, y los registros o pronunciamientos que la autoridad responsable emitió respecto a su solicitud, así como sobre la autenticación o cotejo de los documentos que el impetrante anexó. (para mayor ilustración, remítasele copia de la misiva mencionada) [.]" Con el apercibimiento que de ser omisa o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización a que alude la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 259 de la Ley de Amparo. Se pone a disposición de la autoridad requerida el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que desee presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando las remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos o bien con firma electrónica. De igual modo, se le hace de su conocimiento el número telefónico oficial en el que puede ser contactado el Secretario encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1235, dentro de un horario de las 07:45 a 18:00 horas en días hábiles, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. Finalmente, se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del siete de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las partes su derecho a comparecer a la audiencia de ley a través de videoconferencia, para lo cual es necesario que manifiesten su voluntad de manera previa, por lo menos con tres días de anticipación, a la fecha señalada para tal efecto. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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