Guillermo Morales Escobar

Expediente 739/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
739/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/07/2021

Partes del expediente

  • Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca,
  • Guillermo Morales Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 739/2021 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de julio de dos mil veintiuno. 1. Estado de autos. Advirtiéndose de la certificación que antecede que ha transcurrido el término conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de nueve de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que lo hubiese interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto de desechamiento estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destrucción). Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula de expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por vacaciones del titular, con las facultades otorgadas por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y tercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de doce de julio de dos mil veintiuno, comunicado por el secretario técnico de dicha Comisión mediante oficio CCJ/ST/2658/2021, de la misma fecha; y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 739/2021 MESA 4° San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito firmado electrónicamente por ***, quien promovió la demanda de amparo a favor de***; en atención a su contenido, se acuerda: 1.2 Consulta de expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le faculta para acceder al expediente electrónico 739/2021, con la clave de usuario "antonio123", a fin de que pueda realizar la consulta que refiere. 1.3 Notificación electrónica. De igual forma, para que, en términos del numeral 55 del invocado Acuerdo General, así como de los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se practiquen todas las notificaciones que se ordenen en este juicio de amparo, por así haberlo solicitado. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 739/2021 Acuerdo: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de julio de dos mil veintiuno. 1. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Adolfo Antonio Méndez Barroso en favor de Guillermo Morales Escobar, contra actos del presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca y de otras autoridades, presentada en línea, con firma autógrafa, el día de hoy y turnada a este Juzgado de Distrito en la misma fecha; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 739/2021. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. a) Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo se advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios". El referido precepto establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto que se reclame sea materia de diverso juicio constitucional que esté pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Es decir, la causa de improcedencia por litispendencia parte de la premisa de que la parte quejosa promueve un juicio de amparo contra la misma autoridad o autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, cuando previamente accionó un juicio en que existen las coincidencias mencionadas, que se encuentra pendiente de resolución (en trámite). b) Caso concreto. Para demostrar la actualización de dicha causa de improcedencia, conviene precisar, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que es un hecho notorio que en este mismo Juzgado se encuentra radicado el juicio de amparo 738/2021, el cual se radicó con motivo de la demanda presentada en línea y sin firma electrónica, por Alfonso Antonio Méndez Barroso en favor de Guillermo Morales Escobar, el día de hoy y turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional. Y entre dicha demanda y la diversa de cuenta origen del juicio 739/2021 existe identidad en la 1) parte quejosa, 2) las autoridades responsables, 3) actos reclamados e, incluso, 4) las violaciones reclamadas y, sobre todo, 5) al momento en que se presentó la demanda de cuenta ya existía radicado el juicio constitucional 738/2021, que se encuentra en trámite; como se evidencia en el siguiente cuadro comparativo: NÚMERO DE EXPEDIENTE. 738/2021 739/2021 PARTE QUEJOSA. ADOLFO ANTONIO MÉNDEZ BARROSO EN FAVOR DE GUILLERMO MORALES ESCOBAR ADOLFO ANTONIO MÉNDEZ BARROSO EN FAVOR DE GUILLERMO MORALES ESCOBAR ESTADO PROCESAL INGRESÓ EL 9/07/2021 A LAS 18:42 HORAS. EN LA MISMA FECHA SE RADICÓ LA DEMANDA, SE PROVEYÓ SOBRE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y SE PREVINO A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE RATIFIQUE LA DEMANDA DE AMPARO INGRESÓ EL 9/07/2021 A LAS 19:35 HORAS. EN LA MISMA FECHA SE DESECHARÁ LA DEMANDA Como se aprecia, mediante acuerdo de nueve de este mes, dictado en el juicio 738/2021, se proveyó sobre la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados y, además, se previno a la parte quejosa para que ratificara la demanda que fue promovida en línea, sin firma autógrafa y sin evidencia criptográfica de firma electrónica; ello, tomando en consideración que, con fundamento en la última parte del artículo 3º de la Ley de Amparo, no se requiere firma electrónica cuando el amparo se promueve en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si la demanda origen del juicio 738/2021 fue promovida por la misma persona (Adolfo Antonio Méndez Barroso en favor de Guillermo Morales Escobar), y se reclaman los mismos actos que en el juicio 739/2021, atribuidos a las mismas autoridades responsables y, además, el juicio 738/2021 se encuentra en trámite; resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis con registro 2019187, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO. La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite, será improcedente." c) Determinación. Ante ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo; se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por Alfonso Antonio Méndez Barroso en favor de Guillermo Morales Escobar, por notoriamente improcedente. d) Acceso a la justicia. La actualización de la causal de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, máxime que, como se ha señalado, la misma demanda de amparo ya está siendo atendida en el juicio de amparo 738/2021. Por ende, el análisis de la causal de improcedencia actualizada constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 4. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22, 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 5. Precisión. Hágase del conocimiento del promovente que respecto a cuestiones relativas a la a) atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación en listas, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Domicilio y autorizados para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, conforme a lo dispuesto en la fracción I del numeral 27 de la Ley de Amparo, el despacho jurídico ubicado en la calle Xóchitl número cien, esquina con Bustamante, Centro, Ciudad de Oaxaca (específicamente el despacho número doce) y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Pedro Alejandro Méndez Pacheco, por no haberse encontrado registrada su cédula profesional en la base de datos del sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. 9.1. No se tiene como autorizado de la parte quejosa. En el caso, no es procedente tener por autorizado con las facultades amplias que concede el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Adolfo Antonio Méndez Barroso, dado que: 1. Esa persona promovió la demanda de amparo. 2. No es posible jurídicamente que, como promovente del amparo, se autorice a sí mismo para tener las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo; y, 3. Ambas figuras, promovente y autorizado legal, no pueden coexistir en una misma persona. 9.2. No ha lugar a realizar notificaciones vía correo electrónico. Respecto a la solicitud que realiza relativa a que se le practiquen las notificaciones que deriven de esta instancia constitucional, por medio de la cuenta de correo electrónico que proporciona, dígasele que no es procedente acordar de conformidad, toda vez que la Ley de Amparo no prevé esa forma de notificación. 9. 3. Autorización para establecer comunicación vía correo electrónico. Con independencia de lo anterior, debido a la pandemia ocasionada por el virus Covid-19, por la que atraviesa el país, se tiene a la parte quejosa señalando una cuenta de correo electrónico, como medio para entablar comunicación no procesal, a fin de que, cuando se requiera llevar a cabo la notificación personal de alguna resolución, se acuerde previamente su realización con el (la) actuario (a) de la adscripción, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, como lo establece el párrafo segundo de la fracción I del artículo 23 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. 10. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esas determinaciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 11. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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