Guillermo Morales Escobar

Expediente 738/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
738/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Morales Escobar

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintiuno. 1. Informe de suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales Sede Tanivet, Oaxaca, por el cual rinde el informe de suspensión de plano concedida a la parte quejosa, y niega los actos reclamados; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Sin que haya lugar a tenerlo rindiendo el informe justificado como lo refiere, ya que el mismo no fue solicitado. 2. Devolución de despacho. Por otro lado, agréguense los oficios firmados por la juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán, Oaxaca, por los cuales devuelve diligenciado el despacho con números de orden 271/2021 y de origen 171/2021 de este órgano jurisdiccional, y con el que formó el despacho 59/2021, enviado con la finalidad de requerir al quejoso Guillermo Morales Escobar, para que ratificara la demanda de amparo promovida en su favor, certificara su integridad personal y para entregar los oficios respectivos a las autoridades responsables con residencia en esa población; por lo que dése de baja tal despacho en el libro de gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 3. Se agrega diverso oficio. Por otra parte, glósese el diverso oficio firmado por la agente del Ministerio Público Investigador con residencia en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, mediante el cual informa que: I) El nueve de julio de este año la Policía Municipal de San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca, puso a disposición del Ministerio Público a Guillermo Morales Escobar, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo especifico equiparado, por lo que se inició la carpeta de investigación 22809/FVCE/ZIMATLÁN/2021 y se ordenó su internamiento en los separos preventivos de San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca. II) El once de julio del año en curso compareció el ofendido Luis Rodrigo López Manuel en la carpeta de investigación antes citada, quien manifestó su deseo de accesar a un mecanismo alterno de solución de conflictos a fin de celebrar un acuerdo reparatorio; motivo por el cual, en esa misma fecha se ordenó la libertad del quejoso Guillermo Morales Escobar con las reservas de ley. Para sustentar lo anterior, remite, en lo que interesa, las constancias siguientes: Copia certificada del parte informativo de nueve de julio de dos mil veintiuno, emitido por el comandante del segundo turno de la Policía Municipal de San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca. Constancia de lectura de derechos de la persona detenida, con nombre y firma de Guillermo Morales Escobar. Certificado médico de nueve de julio de dos mil veintiuno realizado a Guillermo Morales Escobar. Boleta de internamiento del quejoso antes señalado de nueve de julio de este año. Registro de comparecencia y denuncia realizada por Luis Rodrigo López Manuel (ofendido) de once de julio de dos mil veintiuno. Solicitud y aceptación del mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal de once de julio del año en curso. Boleta de libertad a favor de Guillermo Morales Escobar de once de julio pasado, firmado por el agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía Local de Zimatlán de Álvarez, Oaxaca. Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. 4. Diligencia de ratificación. Por otra parte, de la diligencia de ratificación de diez de julio del año en curso, se advierte que el actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zimatlán, Oaxaca, asentó que ante su presencia el quejoso Guillermo Morales Escobar ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por Adolfo Antonio Méndez Barroso; sin que se advierta la firma de dicho quejoso en esa diligencia; sin embargo, como se efectuó ante una autoridad judicial investida de fe pública, como lo es el actuario adscrito al Juzgado ya referido; por tanto, a tal confesión debe otorgársele valor probatorio pleno; en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. Por ello, se tiene por ratificada la demanda de amparo y se procede a determinar lo conducente en relación con la admisión o no, de la demanda de amparo; para ello, debe precisarse que los actos reclamados, esencialmente, consisten en: La detención de Guillermo Morales Escobar realizada el nueve de julio de este año. Incomunicación. 5. Desechamiento. Cabe mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro y contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Por otro lado, el artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, del análisis de la demanda de amparo se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos de los actos reclamados. El citado numeral dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". La cesación de los efectos de los actos reclamados implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de los mismos, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por tanto, desaparecido los efectos de dicha actuación de las autoridades, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia de aquél, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de los derechos fundamentales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como si ésta nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que éste no seguirá trastocando la esfera jurídica del solicitante del amparo, haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. 5.1. Caso concreto. Como ya se precisó, la parte quejosa señaló como actos reclamados la detención e incomunicación, mientras que de las constancias que integran este expediente, específicamente de las constancias que remitió la agente del Ministerio Público Investigador con residencia en Zimatlán de Álvarez, Oaxaca, consistente en la boleta de libertad de once de julio pasado; así como de la certificación de cuenta, se advierte que en esa data (nueve de julio) dicho quejoso fue puesto en libertad, con motivo de la solicitud y aceptación del mecanismo alternativo de solución de controversias en materia penal celebrada entre dicho quejoso y el ofendido en la carpeta de investigación antes referida. De ahí que, al haber quedado en libertad Guillermo Morales Escobar el once de julio de este año, es inconcuso que se cumplió el fin por el cual fue presentada la demanda de amparo (esto es, obtener la libertad del quejoso y dejar de estar incomunicado), lo que hace evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues se dejó de afectar la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo, en el sentido que desapareció la incomunicación y la privación de la libertad reclamada por la parte quejosa. No pasa desapercibido que en la boleta de once de julio pasado, erróneamente se señaló como inculpado a Luis Rodrigo López Manuel; pues de la boleta de internamiento de la carpeta de investigación 22809/FVCE/ZIMATLÁN/2021, se advierte que el quejoso Guillermo Morales Escobar es quien tiene el carácter de inculpado, y el primero, de ofendido; asimismo, que no obra la firma de conformidad de dicho quejoso; porque de la certificación de cuenta se aprecia que se entabló comunicación con las autoridades que intervinieron en la detención del quejoso, quienes manifestaron que no existe alguna constancia en la que haya firmado el referido quejoso al haber sido liberado, lo que evidencia que han cesado los efectos de los actos reclamados, ya que el quejoso ya no se encuentra detenido, lo que también quedó corroborado con lo manifestado por Elmer Morales Argüelles, hijo del quejoso, como se hizo constar en la certificación de cuenta; lo cual acredita el cumplimiento de la boleta de libertad ordenada el once de julio de este año; por ello, al haber quedado en libertad, en su caso, también cesó la incomunicación. En ese sentido, los actos reclamados (detención e incomunicación) no seguirán trastocando la esfera jurídica de la parte quejosa, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo y, por ende, sus efectos; por tanto, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Guillermo Morales Escobar. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro 197367, que establece lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". De igual forma, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, registro 193758, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". 6. Personas autorizadas. Por otro lado, como la parte quejosa ratificó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, por autorizado con las facultades amplias a Adolfo Antonio Méndez Barroso; toda vez que de la certificación secretarial se advierte que existe registrada cédula profesional a su favor, en el Registro Nacional de Profesionistas, que lo faculta a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Y en términos del artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Pedro Alejandro Méndez Pacheco, toda vez que se advirtió de la certificación secretarial que no existe registrada cédula profesional alguna a su favor, en el Registro Nacional de Profesionistas, que lo faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; sin embargo, una vez que acredite tal carácter con la documental idónea, si es que a sus intereses así conviniere, se le tendrá por autorizado en los términos amplios que establece el numeral 12 de la Ley de Amparo. 7. Autorización de correo electrónico. El correo electrónico proporcionado en la demanda de amparo, no reúne los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, se autoriza dicho medio únicamente para que, el actuario judicial tenga comunicación con la parte quejosa y, en su caso, sirva como auxiliar para lograr las notificaciones personales que en su caso se llegaran a realizar. 8. Notificación vía electrónica. Por otro lado, agréguese el escrito firmado electrónicamente por Adolfo Antonio Méndez Barroso, en carácter de autorizado de la parte quejosa; en su atención, se provee: Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre de usuario "antonio123", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, se ordena realizar las notificaciones que le correspondan vía electrónica, a través del usuario proporcionado; ello, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 ya citado. 9. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 10. Seguridad (actuario -a-). Para el caso del desahogo de alguna actuación personal, y dado que ello implicaría contacto personal, indíquese al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo general 21/2020 ya multicitado. 11. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 12. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa; únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 13. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 14. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de julio de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Adolfo Antonio Méndez Barroso en favor de Guillermo Morales Escobar, contra actos del presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca y de otras autoridades, presentada en línea el día de hoy y turnada a este Juzgado de Distrito en la misma fecha, sin firma al calce ni evidencia criptográfica de firma electrónica; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 738/2021. Precisión. No obstante que no contiene firma al calce ni evidencia criptográfica de firma electrónica, en el caso, no se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es la instancia de parte agraviada, ya que los actos reclamados es de aquellos a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual es innecesaria la firma autógrafa o electrónica por promoverse el juicio de amparo, con fundamento en el último párrafo del artículo 3 de dicho ordenamiento legal. Se invoca en apoyo la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2019715 Instancia: Pleno. Décima Época Materias(s): Común. Tesis: P./J. 8/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 79. Tipo: Jurisprudencia. DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Antecedentes del asunto. En atención a las razones que expresa el promovente en la promoción inicial constitucional, por ahora, el directo quejoso se encuentra imposibilitado para promover la demanda de amparo por sí mismo, toda vez que, bajo protesta de decir verdad, refirió que este último fue detenido y llevado al Municipio de San Pablo Huixtepec, por órdenes del presidente Municipal y síndico Municipal de dicha población, sin saber el motivo por el que se encuentra privado de su libertad, encontrándose incomunicado. 4. Prevención de la demanda. Por ello, con fundamento en los artículos 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, 5º, fracción I de la Ley de Amparo, gírese despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán, Oaxaca, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional: a) Comisione a quien corresponda, a fin de que se presente en la I) cárcel del Municipio de San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca, II) Fiscalía Local y III) Agencia Estatal de Investigaciones, con sede en dicha población, en donde pudiera estar detenido el directo quejoso, o en cualquier otro lugar que funcione como centro de reclusión en dicha comunidad, en el que pudiera estar privado de su libertad. Hecho lo cual: b) Certifique la integridad del directo quejoso. c) Lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida en su favor; apercibiéndolo que, de no ratificarla, en términos de lo establecido por el tercer párrafo del precepto 15 invocado, se tendrá por no presentada d) También, se solicita al juez despachado haga entrega a las autoridades responsables de los oficios siguientes: OF. 18095/2021 PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PABLO HUIXTEPEC, ZIMATLÁN, OAXACA (AUTORIDAD RESPONSABLE). OF. 18096/2021 SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PABLO HUIXTEPEC, ZIMATLÁN, OAXACA (AUTORIDAD RESPONSABLE). OF. 18097/2021 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA LOCAL DE ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, OAXACA (AUTORIDAD RESPONSABLE). Relativos a la suspensión decretada en este juicio de amparo, recabando constancia de ello. Se faculta a la autoridad competente. Con fundamento en el artículo 558 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se faculta al juez despacho para que, de no asistirle competencia para conocer de esta encomienda, remita la comunicación al Juzgado competente para su diligenciación. Se hace saber al Juzgado Mixto de Primera Instancia del distrito judicial de Zimatlán, Oaxaca que, para el desahogo de la encomienda: 1o Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para llevar a cabo la diligencia encomendada. 2o Y dado que ello implicaría contacto personal, deberá indicar al (a la) actuario (a) correspondiente que tendrá que apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; y, 3o Una vez diligenciado el despacho que se le remite, con las constancias completas y legibles, a la brevedad, devuelva las constancias que así lo acrediten, vía correo oficial 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, sin necesidad de hacerlo físicamente, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus covid-19, representa para el personal de ambos órganos jurisdiccionales; sin perjuicio de confirmar su recepción. De ser necesario, se pone a su disposición el número telefónico 951 189 34 62 de la secretaria de guardia de este Juzgado, a efecto de coordinar la entrega de promociones. 5. Suspensión de oficio. En virtud de que los actos reclamados por el promovente de la demanda de amparo consisten, esencialmente, en la detención e incomunicación, por parte de las autoridades responsables en contra del directo quejoso Guillermo Morales Escobar; con fundamento en los artículos 22 constitucional; 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de oficio y de plano la suspensión al directo quejoso, para los siguientes efectos: 5. 1. Incomunicación. Cese de inmediato la incomunicación o cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las autoridades estén ejecutando en contra del directo quejoso. Es aplicable, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales". 5.2. Orden de detención de Guillermo Morales Escobar. Respecto del acto reclamado que el promovente hace consistir en la detención, e independientemente de si ratifica o no la demanda, pues se trata de salvaguardar su derecho a un recurso efectivo, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se provee: I. Si la detención de Guillermo Morales Escobar fue efectuada por autoridades distintas del Ministerio Público, de plano, se concede la suspensión de oficio, para que el quejoso sea puesto en libertad, salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 constitucional; casos en que la medida cautelar se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre detenido, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad si procediere o su retención dentro del plazo y en los términos que establece el artículo 16 constitucional, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. II. Si la detención es por parte del Ministerio Público, en uso de las facultades que le otorga el artículo 16 de la Constitución Federal, o en caso de flagrancia, la suspensión de que se trata se concede para que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentre detenido, y a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, sin perjuicio de que el quejoso se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas, según el caso, contado a partir de su detención, o bien, ordene su libertad si procediere; si no se trata de flagrancia o urgencia el directo quejoso deberá quedar en inmediata libertad, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente. III.- Si la detención obedece a la ejecución de una orden judicial, la suspensión será para el efecto de que la parte quejosa sea puesta de inmediato a disposición del juez correspondiente. 6. Informe relacionado con la suspensión. La(s) autoridad(es) responsable(s) deberá(n) informar el acatamiento de la medida suspensional decretada a favor del directo quejoso, dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la fecha en que quede(n) notificada(s) de este auto, por el cual se le(s) envía el oficio con transcripción del mismo. Se le(s) hace saber que para el caso de no hacerlo, será(n) sancionada(s) en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en el que incurran, como lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Apoya la determinación anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia en vigor, la tesis visible en la página 46, tomo IV, Segunda Parte-1, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro dice: "ACTOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, NO SON MATERIA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN." Para el envío a este Juzgado de los documentos correspondientes, se pone a disposición exclusiva de las autoridades requeridas, el correo electrónico institucional del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca: 10jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, así como el número telefónico de la (del) secretaria(o) de guardia de este Juzgado (951-189-34-62). 7. Comunicaciones oficiales. Se autoriza al(a la) actuario(a) adscrito(a) a este órgano jurisdiccional, a fin de que, remita el despacho correspondiente vía fax, correo electrónico o por cualquier otro medio que garantice la celeridad de la notificación, a fin de que a la brevedad se diligencie la comunicación. 7.1. Precisión al actuario (a). Se precisa al actuario adscrito que de no ser posible el envío de la referida comunicación oficial y su confirmación de recepción con el personal del Juzgado despachado, el día de hoy (nueve de julio del año en curso), deberá dar cuenta de inmediato a la Secretaría para efectos de determinar lo procedente, pudiendo, incluso, ordenarse su presencia personal en diverso lugares de San Pablo Huixtepec, Zimatlán, Oaxaca, en los que pudiera estar detenido el quejoso, para desahogar la diligencia precisada en líneas anteriores. 8. Reserva de autorizado para recibir notificaciones. Para el caso de que sea ratificada la demanda de amparo, provéase lo conducente respecto del usuario señalado para recibir notificaciones y de las personas autorizadas para tal efecto. Notifíquese personalmente al directo quejoso. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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