Guillermo Monroy Conde

Expediente 1389/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1389/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Monroy Conde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. ARCHIVO Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En acatamiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio de cuenta con el cual la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Nueve en el Estado de México, remite a este juzgado de Distrito copia certificada de las constancias respectivas del expediente ++++ de su índice, que soportan lo sustentado en el oficio recibido el veinte de septiembre de dos mil veintitrés; en consecuencia, téngase por satisfecho el requerimiento formulado; y, déjese sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. Fórmese el anexo correspondiente. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado consiste esencialmente en: El auto de treinta de junio del año en curso, dictado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Nueve en el Estado de México, en el expediente ++++, promovido por ++++ en contra de ++++, mediante el cual, en reposición de autos, requirió al perito +++++ exhibir nuevamente el dictamen en materia de grafoscopía que emitiera en el juicio de origen, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Atento a lo anterior, en la especie se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicados en sentido contrario. Tales preceptos rezan así: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, estimaron que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. En ese sentido, los actos que no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que, al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y en caso de que no sea así, es decir, que la parte quejosa no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que procesa, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra una resolución que ponga fin al procedimiento. Ahora, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo bi-instancial, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal y lesionen bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y por ende, susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, también, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. Así las cosas, en el caso concreto, el acto reclamado consistente en el auto de treinta de junio del año en curso, dictado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Nueve en el Estado de México, en el expediente 7/2021, promovido por Guillermo Monroy Conde en contra de Fortino Monroy Conde y otros, mediante el cual, en reposición de autos, requirió al perito Oscar Arriaga Estrada exhibir nuevamente el dictamen en materia de grafoscopía que emitiera en el juicio de origen, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual no puede ser impugnado en amparo indirecto, en virtud de que tal determinación solamente produce efectos intraprocesales. En ese contexto, de las documentales que remitió la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Nueve en el Estado de México, se advierte que por auto de treinta de junio del año en curso, dictado en el expediente 7/2021, promovido por Guillermo Monroy Conde en contra de Fortino Monroy Conde y otros, se acordó lo siguiente: "Toluca, Estado de México, a treinta de junio de dos mil veintitrés.- - - Vista la cuenta que antecede, EL TRIBUNAL ACUERDA:- - - PRIMERO. Glósese a sus antecedentes para que obre como corresponda según lo prevé el artículo 195 de la Ley Agraria.- - - SEGUNDO. Adjunto al de cuenta, se exhibe la primera hoja del acuse de recibo referente al dictamen emitido por el perito Oscar Arriaga Estrada cuya presentación aconteció el dos de enero del año en curso, (folio 22), para corroborar tal aserto, con fundamento en el artículo 22 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el Secretario de Acuerdos, certifica y hace constar que una vez verificado el libro de registro se corrobora su exhibición, sin embargo debido a la restructuración de este Tribunal, diversas promociones no fueron encausada al expediente correspondiente, y que después de una ardua búsqueda, no fue posible su localización por ello, en términos del artículo 195 de la Ley Agraria, en reposición de autos se requiere al perito, para que exhibe (sic) nuevamente su dictamen pericial, con firma autógrafa, concediéndole para ese efecto un plazo de cinco días hábiles; previniéndole que en el caso de ser omiso, se hará acreedor a una multa de diez veces en valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que se considera aplicable conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciséis, actualizado mediante diverso decreto publicado en el en el mismo medio de difusión el diez de enero del dos mil veintitrés, el cual establece que los valores de la unidad de medida y actualización son: el diario de $103.74 pesos mexicanos, el mensual de $3,153.70 pesos mexicanos, y el anual de $37,844.40 pesos mexicanos, los cuales están vigentes a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, de conformidad con los artículos 1, 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) aplicables al presente caso, en términos del artículo 59, fracción 1, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley Agraria. - - -Esto es así, pues al ser ajeno al juicio (no parte) y auxiliar de este Tribunal en la administración de la justicia agraria, está obligado a cumplir los requerimientos de que se le propales (sic) tal como lo prevén los articulo 185 a 187 de la Ley Agraria y 143 a 159 del Código Adjetivo Supletorio.--- Notifíquese lista a las partes y personalmente al perito Oscar Arriaga Estrada, publíquese y cúmplase.- - - Así lo acordó y firma la Maestra MARIA DEL MAR SALAFRANCA PÉREZ, Magistrada del Tribunal, quien actue con el Licenciado Armando González Zúñiga, Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe- DOY FE. De la transcripción que antecede se advierte que no se afecta de modo directo e inmediato un derecho sustantivo del promovente, sino que trasciende a un mero evento de carácter procedimental; máxime, de que existe la posibilidad de que el resultado que se emita en dicho juicio pueda resultar favorable a sus intereses, con lo que quedaría subsanada la posible ilegalidad cometida en el acto que ahora reclama. En efecto, las consecuencias de la resolución reclamada son susceptibles de extinguirse con la sentencia que se pronuncie en el procedimiento natural, en caso de serle favorable. Así, el juicio constitucional indirecto es procedente cuando los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República, por medio de las garantías individuales, por lo que en ese caso no pueden repararse las violaciones cometidas a través del amparo directo, lo que no ocurre tratándose del referido auto de treinta de junio del año en curso, mediante el cual, en reposición de autos, se requirió al perito Oscar Arriaga Estrada exhibir nuevamente el dictamen en materia de grafoscopía que emitiera en el juicio de origen, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En efecto, si en la determinación reclamada la Magistrada responsable determinó, en reposición de autos, requerir al perito Oscar Arriaga Estrada para que exhiba nuevamente el dictamen en materia de grafoscopía que emitiera en el juicio de origen, apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa, determinación que únicamente tiene por efecto que se continúe con la tramitación del expediente agrario 7/2021, en sus diversas etapas procesales, de ahí que tal determinación solamente produce efectos intraprocesales; consecuentemente, deviene inconcusa la actualización de la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior es así, pues de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que no se ha dictado sentencia en los autos del expediente agrario 7/2021; ello es evidente y notorio en atención a que así se advierte de los antecedentes formulados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad. Atento a lo anterior, se estima que en el caso no existe una afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, como la libertad, la propiedad o el derecho a la salud, ya que los efectos que se producen con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), pues pueden desaparecer al obtener una sentencia favorable, dado que con la violación reclamada, por el momento no se está en posibilidad de saber si trascenderá al resultado de la sentencia, por lo que en caso de que esta violación procesal sea trascendente para un resultado adverso, podrá reclamarla analógicamente mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la Ley Ordinaria, en términos de lo dispuesto por los numerales 171 y 172, fracciones V y XII de la Ley de Amparo. Ahora, en la hipótesis contraria, en caso de que se dicte sentencia en dicho procedimiento y ésta le fuera desfavorable al justiciable, puede reclamarla en el juicio de amparo directo, donde además, podrá hacer valer las violaciones procesales que genere el acto reclamado, del que ahora se duele, en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicados en sentido contrario, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Guillermo Monroy Conde, por su propio derecho.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO RESPECTIVO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO, EL PROVEÍDO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS: Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Valoración Vista la certificación de cuenta y en atención a que las partes no realizaron manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. De inicio se precisa, por sentencia de veinte de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito otorgó el amparo solicitado por la parte quejosa para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente 508/2021. 2. En su lugar, emita una en la que desestime los agravios formulados por el progenitor, y en suplencia de la queja, con fundamento en el artículo 5.8 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ordene la práctica de los estudios especializados en psicología, entorno social y relaciones familiares, al padre de la niña, a los abuelos paternos, al tío paterno, a la tía paterna, e inclusive a la novia del tío paterno, si es que a la fecha sigue viviendo en tal domicilio, así como a la menor de edad, con el objeto de contar con todos los elementos que rodean al caso. 3. Con la ayuda de los especialistas necesarios nuevamente entreviste a la menor de edad, para que pueda detectar si ésta ha realizado algún mecanismo de defensa ante los hechos descritos en esta sentencia, como puede ser regresión, represión, proyección, introyección, racionalización, formación reactiva, desplazamiento, o cualquier otra que pudiera detectar el profesionista que designe para tal efecto, asimismo, si ha sido víctima de abuso sexual, conforme a los lineamientos dados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tratándose del desahogo de la escucha de menores de edad." RECURSO DE REVISIÓN. Inconforme con dicha determinación, el tercero interesado promovió recurso de revisión, el cual se tuvo por interpuesto en auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, medio del impugnación del cual conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, bajo el número de amparo en revisión 127/2023, resuelto en sesión virtual de tres de agosto de dos mil veintitrés, cuyos puntos resolutivos fueron: "PRIMERO. Se CONFIRMA la resolución recurrida. SEGUNDO. La justicia de la unión ampara y protege formalmente a Eufemia García Pérez por su propio derecho pero material y particularmente a su menor hija de identidad reservada de iniciales K.M.M.G., contra la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emitida por la Jueza Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en la controversia familiar 508/2021, para los efectos precisados en esta ejecutoria; concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados de las autoridades responsables ejecutoras respecto de la que se admitió la demanda de amparo, para que se abstengan de ejecutar la resolución reclamada.". REQUERIMEINTO DE CUMPLIMIENTO. Por auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se recibió la ejecutoria de colegiado dictada en el amparo en revisión 127/2023, y se requirió al Juez Noveno Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, el cumplimiento de amparo en los términos siguientes ".deje insubsistente la resolución reclamada de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y acto continuo emita una nueva resolución, en la cual para resolver el recurso de revocación interpuesto por el recurrente en contra del auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós sometido a su potestad, estime fundados los agravios en la forma que lo hizo en la resolución reclamada, y bajo la estimativa de que la convivencia paterno filial es un derecho de la menor, revoque el auto recurrido y pondere el establecimiento de un régimen de convivencia de la menor con su progenitor de manera supervisada en el centro de convivencia que refirió, que podría desarrollarse los días sábado de cada quince días, de las diez a las quince horas, quedando obligada la progenitora a presentar a la menor para ese efecto, apercibida que de no hacerlo se le impondría alguna de las medidas de apremio establecidas en el artículo 1.124, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sin perjuicio de que la negativa u omisión en no presentar a la niña para la convivencia con su padre sería tomada en cuenta al dictarse la sentencia definitiva; en el entendido de que la jueza familiar responsable ordenará al centro de convivencia que le rinda informes detallados en relación con el resultado de las convivencias; concesión del amparo que se hace extensivo en relación con los actos de ejecución para que las autoridades ejecutoras se abstengan de ejecutar la resolución reclamada. Lo anterior en el entendido de que por una parte, con motivo de la determinación contenida en la presente ejecutoria de modificar los efectos de la concesión del amparo. quedan insubsistentes los efectos para los cuales el juez del amparo otorgó la concesión del amparo, y al respecto debe atenderse a los aquí precisados; pero queda subsistente lo determinado por el juez federal en el considerando octavo de la sentencia recurrida, en cuanto se ordenó dar vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que con copia certificada de las actuaciones del expediente del amparo, así como del juicio de origen y de las videograbaciones correspondientes, en el ámbito de sus atribuciones, de inmediato procediera a canalizar al área correspondiente a efecto de que se realicen las investigaciones respecto de las violaciones a derechos humanos de la menor, como son el suministro de ayahuasca en el núcleo paterno, esto es por parte del tío paterno, la tía paterna, los abuelos paternos y el progenitor; asimismo respecto de la videograbación contenida en la audiencia de once de octubre de dos mil veintiuno. Por ende, al haber resultado los agravios fundados en su causa pedir y en suplencia de la queja en términos del artículo 79 fracción II de la Ley de Amparo, se confirma la resolución recurrida que otorgó el amparo, en el entendido de que se modifican los efectos de la concesión en los términos precisados en esta ejecutoria.". INFORME AL CUMPLIMIENTO Y VISTA A LAS PARTES. Por acuerdo de veinticuatro de agosto del año en curso, se tuvo a la Jueza Noveno Familiar de Toluca, México y Notificadora adscrita a dicho juzgado, remitiendo la primera en cita, el proveído e interlocutoria de dieciocho y veintitrés de agosto del año en curso, respectivamente, dictados en el expediente 508/2021, de su índice, en el primero dejó sin efecto alguno la interlocutoria dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y turnó los autos para el dictado de una nueva resolución. Posteriormente, en interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 508/2021, de su estadística, determinó declarar fundados los agravios del recurrente -tercero interesado Luis Miguel Moran Flores-, y revocó el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, para establecer en lo que aquí interesa: Restableció el régimen de convivencia provisional entre la niña de identidad reservada con iniciales K.M.M.G. y el señor Luis Miguel Moran Flores, la cual se realizara el segundo y cuarto sábado de cada mes, en un horario de las diez a las quince horas, en el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, además refirió que la progenitora Eufemia García Pérez, estará obligada a presentar a la menor en los días y horarios establecidos a su hija ante el aludido centro, debiendo cumplir con el reglamento, apercibida que para el caso de no hacerlo, se le impondrá alguna de las medidas de apremio que establece el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sin perjuicio de que la negativa u omisión de no presentar a su hija para la convivencia con su padre, será tomada en consideración al momento de dictarse la sentencia definitiva. Puntualizó que el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, cuenta con personal especializado, responsables de supervisar, apoyar y facilitar las convivencias, además de que las mismas deben llevarse sin alteraciones e informar al Juzgado sobre los avances, desarrollo, cumplimiento y cualquier acontecimiento extraordinario que se suscite en la convivencia. Además, dio vista a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que se realice la investigación respecto a la violación de derechos humanos de la menor de identidad reservada de iniciales K.M.M.G. Por tanto, del examen de dichas constancias, mismas que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su numeral 2°, tienen valor probatorio pleno, se desprende que se atendió el efecto del fallo protector, dado que la autoridad responsable, dejó sin efecto la interlocutoria dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós; posteriormente en interlocutoria de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 508/2021, determinó declarar fundados los agravios del recurrente -tercero interesado Luis Miguel Moran Flores-, y revocó el auto de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, restableció el régimen de convivencia provisional entre la niña de identidad reservada con iniciales K.M.M.G. y el señor Luis Miguel Moran Flores; apercibió a la progenitora Eufemia García Pérez, que de no a presentar a la menor en el lugar, los días y horarios establecidos, se le impondría alguna de las medidas de apremio que establece el artículo 1.124 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, sin perjuicio de que la negativa u omisión de no presentar a su hija para la convivencia con su padre, será tomada en consideración al momento de dictarse la sentencia definitiva; además puntualizó que el Centro de Connivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México, deberá informar al Juzgado sobre los avances, desarrollo, cumplimiento y cualquier acontecimiento extraordinario que se suscite en la convivencia. Sin que se emita mayor pronunciamiento, respecto a la vista que dio la autoridad responsable a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que se realice la investigación respecto a la violación de derechos humanos de la menor de identidad reservada de iniciales K.M.M.G; lo anterior, puesto que este Órgano Jurisdiccional en atención a la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, dentro del amparo en revisión 127/2023, el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, dio la vista por las posibles violaciones a los derechos humanos de la menor quejosa, y posteriormente en veintiuno de agosto siguiente, recibió oficio remitido por la representante del citado Fiscal, en el cual informa que solicitó a la Fiscal la notificación de dicho oficio para que fuera remitida a la carpeta de investigación ******************** y ********************, la cual se formó con motivo de la citada vista. Cumplida Sobre esas circunstancias, se considera que la responsable acató los lineamientos esenciales de la ejecutoria de amparo, a través de los cuales se restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Consecuentemente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio recibido vía electrónica proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, a través del cual informa el contenido del proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, emitido en el recurso de queja ********************, de su índice, del cual se advierte que admitió dicho medio de defensa, quedando registrado con el número antes referido. Circunstancia de la que se toma conocimiento y se está a la espera de que el Tribunal de Alzada resuelva el medio de defensa intentado. ***

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