Guillermo López González

Expediente 1097/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1097/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
10/11/2017

Partes del expediente

  • Juez de Control Especializado en Cateos y Ordenes de Aprehensión en Línea
  • Guillermo López González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, son susceptibles de depuración el presente expediente, ya que se negó el amparo en el presente juicio, además carece de relevancia documental y el incidente de suspensión pues se negó y concedió la medida cautelar, por ende glósese el original. Una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado del incidente. Devuélvanse las constancias que remitió la responsable; sin que sea necesario acusar recibo, al ser una reproducción autorizada.

  2. Principal

    Agréguense las piezas postales por las que se devuelven los oficios 30338, 30339 y 30343, por los motivos que expone; en cuanto a las primeras dos, no se hace mayor pronunciamiento toda vez que mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 13), se dejaron de tener con el carácter de autoridades responsables. Por cuanto hace a la última de las piezas citadas, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional de Atlacomulco de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; y en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le tiene por notificada de la sentencia dictada en el presente sumario constitucional.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1097/2017; y, RESULTANDO: ÚNICO. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado el mismo día al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Guillermo López González solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal; una vez admitida la demanda, por auto veinticuatro de mayo del año en curso, se dejaron de tener con el carácter de responsables a las autoridades que el quejoso señaló como "Coordinador de Jefe Regional de la Policía de Investigación de la Zona Norte" y "Jefe Regional de la Policía de Aprehensiones de la Zona Norte". Posteriormente, en proveído de seis de julio de dos mil diecisiete la hómologa federal, declinó la competencia para conocer de la demanda que nos ocupa y en acuerdo de trece de julio del año en curso, este Juzgado se avocó al conocimiento del asunto, luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que precede y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, de la Constitución General la República, 36, 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General 12/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuitos; en razón de que se reclaman actos dictados dentro de un procedimiento de naturaleza penal, que producen efectos de ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables: Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea; Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México; Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Único de El Oro, Estado de México; Fiscal General de Justicia del Estado de México; A quienes les reclama: La orden de aprehensión emitida en la carpeta administrativa 128/2016, en contra del quejoso Guillermo López González y otros, por su probable participación en el hecho delictuoso de homicidio calificado (ventaja), en agravio de Juan Sánchez Castro, ilícito previsto por el artículo 241, primer párrafo y sancionado por el numeral 242, fracción II y 245, fracción II, en relación a los numerales 6, 7, 8, fracciones I y III y 11, fracción I, inciso d) todos del Código Penal del Estado de México; así como su ejecución. TERCERO. El Agente del Ministerio Público adscrito al Turno Único de El Oro, Estado de México (foja 166), al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, pues sostuvo no ser competente para ejecutarlo, sin que el peticionario del amparo haya aportado prueba idónea para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, se sobresee en el presente juicio por cuanto hace a las autoridades mencionadas en líneas precedentes, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" CUARTO. El Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea (foja 23) y el Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México (foja 56), al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Lo cual se corrobora las constancias relativas a copias certificadas de la carpeta administrativa 128/2016, remitidas por los jueces responsables como anexo a su informe justificado; las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Por su parte, el Fiscal General de Justicia del Estado de México, negó la existencia del acto que se le atribuye (foja 19); sin embargo, debe tenerse por cierto pues en su carácter de autoridad ejecutora y dada la certeza de la orden de aprehensión resulta evidente que en su momento puede llevarse a cabo. CUARTO. Para una mejor compresión del asunto, resulta oportuno relatar los antecedentes esenciales del acto reclamado. 1. Previa remisión por incompetencia de la indagatoria con NIC ATL/ATL/00/MPI/063/00459/16/10, del índice de la Agencia del Ministerio Público de Investigación del Tercer Turno de Atlacomulco, iniciada por el delito de lesiones cometido en agravio de Juan Sánchez Castro; el uno de noviembre de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público adscrita al Turno Único de El Oro, Estado de México, solicitó en autos de la carpeta de investigación ORO/ATL/ORO/014/092838/16/11, a través del Módulo de solicitudes de Orden de Aprehensión del Sistema de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE) del Poder Judicial del Estado de México, orden de aprehensión en contra de Guillermo López González y otros, por su probable participación en el hecho delictuoso de homicidio calificado (ventaja), en agravio de Juan Sánchez Castro, ilícito previsto por el artículo 241 y sancionado por el numeral 242 fracción II y 245 fracción II, en relación a los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III, 9 y 11 fracción I, inciso d) todos del Código Penal del Estado de México. 2. El dos de noviembre siguiente, el Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea, negó la autorización de la orden de captura solicitada, al no encontrarse reunidos los requisitos contenidos en el artículo 16 Constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor y, ordenó notificar al Juzgado de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México a fin de que procediera a la integración de la carpeta correspondiente, quien la radicó con el número de carpeta administrativa 128/2016. 3. Inconforme con dicha determinación la Agente del Ministerio Público adscrita al Turno Único de El Oro, interpuso recurso de apelación, el cual conoció el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, México, quien le asignó el número de toca 551/2016 y el treinta de agosto de dos mil dieciséis, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Al resultar infundados los agravios expresados por la Ministerio Público, se CONFIRMA el AUTO QUE NIEGA LA ORDEN DE APREHENSIÓN de fecha DOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, dictada por el JUEZ DE CONTROL ESPECIALIZADO EN CATEOS Y ORDENES DE APREHENSIÓN EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, y radicada en la carpeta administrativa 128/2016, a favor de BERNARDA ABELINO LÓPEZ, DAVID GREGORIO ABELINO LÓPEZ, DAVID ABELINO GONZÁLEZ, OSMAR LÓPEZ LÓPEZ, MARCOS LÓPEZ GONZÁLEZ, GUILLERMO LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIO GONZÁLEZ SEGUNDO, MARIO GONZÁLEZ ABELINO Y DANIEL LÓPEZ GONZÁLEZ, por el hecho delictuoso de HOMICIDIO CALIFICADO POR HABERSE COMETIDO CON VENTADA, en agravio de JUAN SÁNCHEZ CASTRO. SEGUNDO. Acorde a lo establecido en el artículo 82 y 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales aplicable, se ordena notificar a las partes la presente resolución, por los medios legales correspondientes. TERCERO. Con copia autorizada de la pieza escritural de esta ejecutoria, devuélvase la carpeta administrativa, al juzgado de origen; requiriendo al titular para que en un plazo breve, informe a esta Alzada, la forma en que se cumplimentó el fallo; y, en su oportunidad archívese este toca como asunto concluido." 4. Así las cosas, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, solicitó nuevamente, a través del Módulo de solicitudes de Orden de Aprehensión del Sistema de Gestión Judicial Penal (SIGEJUPE) del Poder Judicial del Estado de México, orden de aprehensión en contra de Guillermo López González y otros, por su probable participación en el hecho delictuoso de homicidio calificado (ventaja), en agravio de Juan Sánchez Castro, ilícito previsto por el artículo 241 y sancionado por el numeral 242 fracción II y 245 fracción II, en relación a los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III 9 y 11 fracción I, inciso d) todos del Código Penal del Estado de México. 5. En veintitrés de febrero de este año, la Juez de Control Especializada en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea, ordenó la localización y aprehensión de Guillermo López González y otros, por su probable participación en el citado hecho delictuoso. La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. QUINTO. Previo al estudio de fondo del asunto deben analizarse las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento al contenido del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al no existir causa de improcedencia que se haga valer o cuya actualización se advierta de oficio, se continúa con el estudio de fondo de la cuestión planteada. SEXTO. El quejoso en sus conceptos de violación sostiene de forma medular, que se violaron, en su perjuicio, los derechos humanos consagrados, en los preceptos 14 y 16 Constitucionales porque la responsable no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento; además, de que no funda ni motiva dicho acto reclamado. Los conceptos de violación expresados por el peticionario de amparo, aún suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, resultan infundados. Ello es así, porque en el dictado de la orden de aprehensión que constituye el acto reclamado no hubo trasgresión al derecho humano de audiencia previsto en el numeral 14 de la Carta Magna, dado que no resultaba obligatorio cumplir, entes de la emisión de la orden de captura, con el derecho de audiencia previa del infractor. Ahora, resulta oportuno precisar que la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 56/97, de la que derivó la jurisprudencia de rubro "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.", sostuvo que si bien el numeral 16 de nuestra carta magna regula los requisitos a satisfacer para el dictado de una orden de aprehensión, ello no implica que en tales actos de autoridad no deba cumplirse lo preceptuado en otros artículos constitucionales que tutelen derechos humanos de seguridad jurídica, como es el artículo 14 constitucional, razón por la cual se procede al análisis de la orden de aprehensión reclamada, a la luz de dicho precepto. Respecto al requisito consistente en que previamente a la emisión de la orden de aprehensión se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, cabe señalar que dado el sigilo que implica librar una orden de aprehensión, no resulta procedente otorgar necesariamente al infractor el derecho humano de audiencia previa. Esto es así, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las resoluciones judiciales respecto de las cuales se resuelva sobre la solicitud de orden de aprehensión a través del sistema informático, deberá realizarse con la debida secrecía, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público; como acontece en el presente caso. Entonces, no es dable sostener que previamente a la emisión de la orden de aprehensión reclamada debió darse al aquí quejoso la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas; máxime que la naturaleza intrínseca de los mandamientos de captura exigen el mayor sigilo para que no se evada su efectiva ejecución, pues el derecho humano de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, no opera de modo absoluto, en tanto que la propia Constitución Federal consigna algunas excepciones al goce de ese derecho, como lo es en tratándose de órdenes judiciales de aprehensión. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN, NO SE NECESITA DE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA. El artículo 16 de la Constitución Federal, no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión, sino sólo la acusación o querella, apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros actos que hagan probable la responsabilidad del acusado en el delito que se le impute; y si en el caso existió la querella y acusación del Ministerio Público, apoyadas con documentos, es claro que el Juez de primera instancia tuvo facultades y base suficiente para dictar esa orden; no siendo cierto que no se hubiera practicado una averiguación previa por el Ministerio Público, ya que ante él ocurrió el querellante y dicha institución consignó el caso al Juez, con solicitud de la orden de aprehensión, que fue dictada legalmente." De lo expuesto se sigue que la orden de aprehensión reclamada no resulta violatoria del artículo 14 constitucional. Precisado lo anterior, procede analizar la constitucionalidad de la orden de captura reclamada, en cuanto a los requisitos de forma y fondo que debe reunir, para lo cual es menester remitirse al artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: ". No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Así, del ordenamiento transcrito se desprende que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los siguientes requisitos: a) Que sea dictada por autoridad judicial competente; b) Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el infractor lo cometió o participó en su comisión; En el caso, el primero de los requisitos señalados se estima satisfecho, porque las copias certificadas de la carpeta administrativa 128/2016 evidencian que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por la Juez de Control Especializada en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea, autoridad perteneciente al Poder Judicial del Estado de México, en términos del artículo 191 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, en relación con el diverso 8° de la Circular número 33/2016, mediante la cual se comunica el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, de diez de junio de dos mil dieciséis, por el que se crea el Juzgado de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea. El requisito especificado en el inciso b), se estima actualizado también, porque de las copias certificadas de la carpeta administrativa de que se trata, se obtiene que el acto impugnado tiene como antecedente la querella realizada por Román Sánchez Castro y Ana Cecilia González Segundo, y la denuncia de la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, respecto de hechos que el Código Penal para el Estado de México, señalan como delito, consistentes en homicidio calificado (ventaja), el cual, se sanciona cuando menos con pena privativa de libertad, como lo establece el artículo 242, fracción II, del citado código punitivo. Y, respecto a la exigencia especificada en el inciso c), es preciso considerar que la Juez de Control Especializada en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea dictó la orden de aprehensión reclamada contra el quejoso, en atención a que consideró que con los medios de prueba acotados por la representante social en su solicitud de orden de aprehensión, se acredita la probable responsabilidad del quejoso, por el ilícito ya invocado, previsto en el artículo 241 y sancionado por el numeral 242 fracción II y 245 fracción II, en relación a los numerales 6, 7, 8 fracciones I y III y 11 fracción I, inciso d) todos del Código Penal del Estado de México. Lo anterior, pues del estudio de la resolución reclamada, se advierte que la orden de aprehensión dictada por el Juez de Control en la carpeta administrativa 128/2017, relacionada con la carpeta de investigación ORO/ATL/ORO/014/092838/16/11, se estableció que los hechos acontecidos, se hicieron consistir en: "QUE El día 16 Octubre del 2016, siendo la una de la madrugada la victima JUAN SÁNCHEZ CASTRO se ENCONTRABA en compañía de OMAR SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ULISES SÁNCHEZ MAXIMINO Y JAIME SEGUNDO SÁNCHEZ, van caminando en la comunidad de Pueblo Nuevo de los Ángeles, Barrio San Isidro Municipio de el Oro, Estado de México sobre el camino empedrado SU circulación ES de NORTE A SUR ES DECIR DE Pueblo Nuevo a Citeje y viceversa; OMAR Y ULISES se detienen a orinar ENTRETANTO la victima JUAN con JAIME, siguen caminando, al avanzar estos últimos aproximadamente diez metros de distancia y antes de llegar A una entrada de la tienda propiedad de la señora TERESA FLORES ?N?, QUE ES UN INMUEBLE DE TRES PISOS, salen aproximadamente un grupo de veinte sujetos, entre los cuales SE ENCUENTRAN BERNARDA ABELINO LÓPEZ quien sujeta con ambas manos un palo de madera de aproximadamente un metro y medio de largo por cinco centímetros de grosor. DAVID GREGORIO ABELINO LÓPEZ trae sujetando con ambas manos un palo de madera grueso de aproximadamente un metro y medio de largo por cinco centímetros de grosor. MARIO GONZÁLEZ ABELINO trae sujetando con ambas manos un ángulo base en forma de escuadra de una cama de fierro de aproximadamente dos metros de largo por cinco centímetros de grosor de ambos lados. JESÚS ABELINO GONZÁLEZ trae sujetando con sus manos un palo de madera de aproximadamente un metro y medio de largo por cinco centímetros de grosor. MARCOS LÓPEZ GONZÁLEZ trae sujetando con su mano derecha un palo de madera de aproximadamente un metro y medio de largo por cinco centímetros de grosor. GUILLERMO LÓPEZ GONZÁLEZ, trae sujetando con su mano derecha un palo de madera de aproximadamente un metro y medio de largo por cinco centímetros de grosor. OSMAR LÓPEZ LÓPEZ trae en su mano derecha un bat de madera de aproximadamente un setenta centímetros de largo, por tres centímetros de grosor en la parte baja y en la superior de cinco centímetros aproximadamente, MARIO GONZÁLEZ SEGUNDO trae en su mano derecha un palo o garrote de madera de aproximadamente un metro y medio de largo por cinco centímetros de grosor. DAVID ABELINO GONZÁLEZ trae en sus manos un garrote o palo de madera de aproximadamente un metro y medio de largo por cinco centímetros de grosor Y DANIEL LÓPEZ GONZÁLEZ QUIEN Sujeta con su mano derecha un palo de madera de aproximadamente un metro y medio de largo por cinco centímetros de grosor. ES ESE EL momento en que la señora BERNARDA ABELINO LÓPEZ al ver que la víctima JUAN SÁNCHEZ CASTRO sigue caminando, va tras de él y con el palo que sujeta con sus dos manos le lanza un golpe del lado izquierdo DE SU CABEZA haciendo que este caiga boca abajo, Y ES CUANDO DAVID GREGORIO ABELINO LÓPEZ, DAVID ABELINO GONZÁLEZ, OSMAR LÓPEZ LÓPEZ, JESÚS ABELINO GONZÁLEZ, MARCOS LÓPEZ GONZÁLEZ, GUILLERMO LÓPEZ GONZÁLEZ, MARIO GONZÁLEZ SEGUNDO, MARIO GONZÁLEZ ABELINO, DANIEL LÓPEZ GONZÁLEZ todos se van hacia JUAN SÁNCHEZ CASTRO quien ya no se mueve POR EL GOLPE QUE BERNARDA ABELINO LÓPEZ LE DIO, ES CUANDO DAVID GREGORIO DICE ?AHORA SI TE CARGO LA VERGA?, ?AHORITA TE VAMOS A MATAR?, OSMAR se coloca a la mitad de la cabeza de la víctima JUAN SÁNCHEZ CASTRO, ENTRETANTO DAVID GREGORIO se coloca del lado izquierdo de la cabeza de JUAN, MIENTRAS QUE DAVID se pone del lado derecho de la cabeza de JUAN, POR OTRA PARTE MARIO GONZÁLEZ ABELINO se coloca a un lado de este es decir a la altura de los hombros de JUAN de su lado izquierdo, JESÚS ABELINO se encuentra del lado derecho a la altura de los piernas de JUAN, POR LO QUE REFIERE A MARCOS esta por el abdomen de JUAN de lado izquierdo, MIENTRAS QUE GUILLERMO está a la mitad de los pies de JUAN, EN TANTO DANIEL se encuentra del lado derecho del abdomen de JUAN y MARIO GONZÁLEZ SEGUNDO se encuentra en las piernas del lado izquierdo de JUAN. OSMAR con el bat que trae en sus manos lanza un golpe en la cabeza de JUAN SÁNCHEZ CASTRO pegándole de frente a la nuca, DAVID GREGORIO ABELINO LÓPEZ con el palo que trae en ambas manos le lanza un golpe a la víctima en la cabeza del lado izquierdo, lo mismo hace DAVID ABELINPO (SIC) GONZÁLEZ con el palo que trae del lado derecho de la cabeza de JUAN, MARCOS LÓPEZ GONZÁLEZ con su mano izquierda jala de su playera a JUAN con la finalidad de voltearlo hacia su lado, entonces DANIEL ayuda a MARCOS soltando su palo que trae, ahora con ambas manos sujeta a JUAN SÁNCHEZ CASTRO del abdomen del lado derecho, lo empuja hacia el lado izquierdo, una vez que lo tienen boca arriba OSMAR LÓPEZ LÓPEZ con su palo que sujeta en sus manos le lanza otro golpe más a la víctima JUAN SÁNCHEZ CASTRO a la altura de su nariz inmediatamente DAVID GREGORIO ABELINO LÓPEZ lanza con su palo que trae un golpe más A JUAN SÁNCHEZ CASTRO de su lado izquierdo a la altura de la oreja, en lo que DAVID ABELINO GONZÁLEZ también suelta un golpe más con su garrote y ahora le pega a la víctima en su cachete del lado derecho MIENTRAS QUE MARIO GONZÁLEZ ABELINO con el palo que trae suelta un golpe a JUAN SÁNCHEZ CASTRO a la altura de su frente. ASÍ mismo JESÚS ABELINO se encuentra del lado derecho a la altura de los (SIC) piernas de JUAN y con el palo que trae le lanza un golpe a su pierna del lado izquierdo. MARCOS se encuentra del lado izquierdo del abdomen de JUAN y con el palo que trae le pega en su brazo del lado derecho. GUILLERMO está a la mitad de los pies de JUAN y con el palo que sujeta en su mano derecha le pega AL PASIVO a la altura de su tobillo del lado izquierdo. DANIEL con su palo que sujeta y quien se encuentra del lado derecho del abdomen de JUAN le pega a la víctima en su brazo izquierdo y MARIO GONZÁLEZ SEGUNDO se encuentra en las piernas del lado izquierdo de JUAN y con el palo que sujeta le pega en la pierna del lado derecho de la victima Provocando dichos gobernados que de estas múltiples lesiones A LA POSTRE perdiera la vida JUAN SÁNCHEZ CASTRO." En este sentido, este órgano de control constitucional comparte el razonamiento del Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea responsable, al haber considerado que los datos de prueba que el Ministerio Público expuso en su oportunidad al Juez de Control, son pertinentes para establecer la existencia de un hecho delictuoso y que el imputado Guillermo López González, probablemente lo ejecutó. Esto es así, pues con el fin de tener por acreditado el hecho delictuoso en comento, fue apegado a derecho que el Juez responsable tomara en consideración los siguientes datos de prueba en la resolución combatida, siendo los siguientes: 1. La pericial en materia de Medicina Forense, en la que el perito oficial, después de realizar la necropsia, concluyó que Juan Sánchez Castro, falleció a consecuencia del conjunto de alteraciones histicas y anatómicas en craneoencefalo o craneoencefálicas por contusión, las cuales se clasifican como mortales. 2. El expediente clínico remitido por el Director General del Hospital General Atlacomulco, dependiente del Instituto de Salud del Estado de México, del que se obtuvieron los antecedentes clínicos del occiso, las condiciones físicas en que ingresó al nosocomio, la atención médica recibida (días previos) y el diagnóstico médico correspondiente. 3. Las entrevistas de Ana Cecilia González Segundo y Román Sánchez Castro, quienes reconocieron el cuerpo sin vida de su concubino y hermano respectivamente, mismo que en vida respondiera al nombre de Juan Sánchez Castro y además, se pronunciaron, con relación a que el día dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, Juan Sánchez Castro, perdió la vida, proporcionando datos de relevancia en torno a establecer, la identidad de Guillermo López González y otros, como intervinientes en los hechos. 4. Las declaraciones de los testigos presenciales y ofendidos Omar Sánchez González, Ulises Sánchez Maximino y Jaime Segundo Sánchez, quienes relataron que fueron Bernarda Abelino López, David Gregorio Avelino López, David Avelino González, Osmar López López, Marcos López González, Guillermo López González, Mario González Segundo y Daniel López González, lo que golpearon al occiso con palos y bats, ocasionando que aquel cayera al piso de frente golpeándose, lugar donde continuaron golpeándolo, ocasionándose las lesiones que derivaron en su muerte, lo cual fue corroborado circunstancialmente por los testigos de identidad. Los anteriores medios de convicción, que correctamente la responsable citó, analizó y valoró adecuadamente en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, adquieren valor probatorio para acreditar el hecho considerado por la Ley como delito de homicidio calificado, por ventaja, el cual se encuentra contemplado en los artículos 241 primer párrafo y sancionado por el numeral 242 fracción II y 245 fracción II, puesto que ponen de manifiesto que se observó el precepto constitucional invocado, en virtud de que se aplicó correctamente en la resolución que hoy se combate, los dispositivos contenidos en la ley sustantiva penal referida, habida cuenta que determinó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos, al señalar que el día dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, aproximadamente a la una de la madrugada la victima Juan Sánchez Castro se encontraba en compañía de Omar Sánchez González, Ulises Sánchez Maximino y Jaime Segundo Sánchez, caminando en la comunidad de Pueblo Nuevo de los Ángeles, Barrio San Isidro Municipio de el Oro, Estado de México sobre el camino empedrado de Pueblo Nuevo a Citeje; Omar y Ulises se detienen a orinar entretanto la victima Juan con Jaime, siguen caminando, avanzando aproximadamente diez metros y, antes de llegar a una entrada de la tienda propiedad de la señora Teresa Flores "N", salen aproximadamente un grupo de veinte sujetos (quienes traen diversos objetos), entre ellos el activo Guillermo López González, el cual tenía en sus manos un palo de madera de aproximadamente un metro y medio de largo por cinco centímetros de grosor con el cual golpeó del lado izquierdo a la altura a la altura del tobillo de la víctima, artefactos con los cuales golpearon en múltiples ocasiones al occiso Juan Sánchez Castro, provocándole múltiples lesiones las que a la postre ocasionaran que perdiera la vida. Bajo ese contexto, es evidente que la responsable de mérito, cumplió correctamente con lo dispuesto en el precepto constitucional invocado, en virtud de que aplicó en la resolución que hoy se combate, los dispositivos contenidos en la ley sustantiva penal referida, en la que puso de manifiesto que la conducta empleada por el sujeto activo, resulta ser típica, antijurídica y unible al haber lesionado el bien jurídico tutelado por la ley penal; satisfaciéndose de esta manera el requisito de que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito homicidio calificado, por ventaja. La ventaja se encuentra demostrada, ya que la víctima no tenía posibilidad de defenderse en contra de los activos, ya que en la privación de la vida de Juan Sánchez Castro, participaron aproximadamente veinte personas, lo que demuestra el estado de invulnerabilidad en el que se encontraban al no correr el riego de ser muertos ni heridos por la víctima, quien no se encontró el igualdad de circunstancias respecto de sus agresores que lo superaban en número, aunado a que aquellos tuvieron a su alcance diversos objetos contundentes para lesionar a la víctima. Tiene aplicación al caso, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2736, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Libro LXIII, del rubro y texto siguientes: "HOMICIDIO CALIFICADO. La Suprema Corte de Justicia ha establecido jurisprudencia en el sentido de que para que exista homicidio calificado, no es necesaria la concurrencia de las tres calificaciones de premeditación, alevosía y ventaja, pues basta con la existencia de una sola de ellas." Así también, apoya a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 48, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, informe 1955, del rubro y texto siguientes: "HOMICIDIO CALIFICADO. VENTAJA. Acreditado en el proceso que el quejoso y el agente material del delito, convinieron privar de la vida a la ofendida, y en el instante en que se realizó el evento, el quejoso la detiene de las manos para impedir toda posibilidad de defensa, en tanto que el agente copartícipe, asista los golpes que causan las lesiones mortales, la actividad así desplegada por el quejoso configura el delito de homicidio calificado, haciendo ostensible la fría y perseverante resolución de realizarlo, dadas la superioridad física de los agentes activos en relación con su víctima, no sólo por lo que hace al sexo, sino además por lo que ve a las armas empleadas como instrumentos del delito consecuentemente la conducta desplegada por el quejoso, está referida a una consecuencia jurídica de punibilidad agravada, sin que el fallo que así lo establece, sea violatorio de garantías constitucionales." En tal virtud, este órgano de control constitucional coincide con el juez responsable en estimar que existen datos suficientes que se cometió un hecho que la ley señala como delito (homicidio calificado), pues para ello son suficientes los antecedentes reseñados, los que se concatenan y corroboran entre sí, y valorados uno a uno y en conjunto, tal como lo expuso el juez de origen, bastan para concluir que se acreditó el resultado del hecho ilícito, ya que el propio juzgador refirió todas y cada una de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución de tal hecho, que quedaron plasmadas en la resolución por esta vía combatida. Por otra parte, este órgano de control constitucional advierte que, es correcta la conclusión del Juez responsable, atendiendo a lo expresado por el representante social, en el sentido de que existen datos de prueba que en su conjunto establecen que Guillermo López González, probablemente intervino en dicho ilícito. Sobre el particular, destaca lo declarado por los testigos presenciales y ofendidos Omar Sánchez González, Ulises Sánchez Maximino y Jaime Segundo Sánchez, en el sentido de que el el día dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, aproximadamente a la una de la madrugada la victima Juan Sánchez Castro se encontraba en compañía de Omar Sánchez González, Ulises Sánchez Maximino y Jaime Segundo Sánchez, caminando en la comunidad de Pueblo Nuevo de los Ángeles, Barrio San Isidro Municipio de el Oro, Estado de México sobre el camino empedrado de Pueblo Nuevo a Citeje; Omar y Ulises se detienen a orinar entretanto la victima Juan con Jaime, siguen caminando, avanzando aproximadamente diez metros y, antes de llegar a una entrada de la tienda propiedad de la señora Teresa Flores "N", salen aproximadamente un grupo de veinte sujetos (quienes traen diversos objetos), entre ellos el activo Guillermo López González, el cual tenía en sus manos un palo de madera de aproximadamente un metro y medio de largo por cinco centímetros de grosor con el cual proporcionó diversas contusiones del lado izquierdo a la altura del tobillo de la víctima, artefactos con los cuales golpearon en múltiples ocasiones al occiso Juan Sánchez Castro, provocándole múltiples lesiones las que a la postre ocasionaran que perdiera la vida. Dato de prueba que se encuentran adminiculados con el dictamen de necropsia practicado en su persona y lo expuesto por Ana Cecilia González Segundo y Román Sánchez Castro, quienes reconocieron el cuerpo sin vida de su concubino y hermano respectivamente, mismo que en vida respondiera al nombre de Juan Sánchez Castro y además, se pronunciaron, con relación a que el día dieciséis de octubre de dos mil dieciséis, Juan Sánchez Castro, perdió la vida, proporcionando datos de relevancia en torno a establecer, la identidad de Guillermo López González y otros, como intervinientes en los hechos. De ahí que, tales datos de pruebas valorados uno a uno y en conjunto, a la luz de las reglas de valoración que se contienen en los numerales 221, 223, 251, 259, 260, 261 y 265 del Código Nacional del Procedimientos Penales, tal como acertadamente lo hizo el juez responsable en uso de sus facultades legalmente conferidas y en concurrencia con su sano arbitrio, acreditan al menos de manera probable que el aquí quejoso en compañía de otros participó en la comisión del hecho delictuoso que se le atribuye, en calidad de autor con dominio funcional del hecho, en términos de lo previsto por el numeral 11, fracción I, inciso d), del Código Penal para el Estado de México. En ese contexto, del análisis y justipreciación de las constancias procesales correctamente valoradas por el juez de la causa, se pone de manifiesto que el ahora quejoso actuó de manera dolosa, ya que, dentro de la esfera de su pensamiento, tuvo conocimiento de su actuar, además de que quiso y aceptó la realización del comportamiento prohibido por la norma, como meta directamente perseguida por su voluntad. Apoyan esa consideración, las tesis número 1a. CVI/2005 y la número 1a. CVII/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIII, marzo de 2006, páginas 205 y 206, cuyos rubros y textos son del tenor siguiente: "DOLO DIRECTO. SUS ELEMENTOS. El dolo directo se presenta cuando la intención del sujeto activo es perseguir directamente el resultado típico y abarca todas las consecuencias que, aunque no las busque, el sujeto prevé que se producirán con seguridad. El dolo directo se compone de dos elementos: el intelectual y el volitivo. El primero parte de que el conocimiento es el presupuesto de la voluntad, toda vez que no puede quererse lo que no se conoce, por lo que para establecer que el sujeto activo quería o aceptaba la realización de un hecho previsto como delito, es necesaria la constancia de la existencia de un conocimiento previo; esto es, el sujeto activo debe saber qué es lo que hace y conocer los elementos que caracterizan su acción como típica, de manera que ese conocimiento gira en torno a los elementos objetivos y normativos del tipo, no así respecto de los subjetivos. Por otro lado, el elemento volitivo supone que la existencia del dolo requiere no sólo el conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo, sino también querer realizarlos. Es por ello que la dirección del sujeto activo hacia la consecución de un resultado típico, sirve para determinar la existencia del dolo. Así pues, se integran en el dolo directo el conocimiento de la situación y la voluntad de realizarla." "DOLO DIRECTO. SU ACREDITACIÓN MEDIANTE LA PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. El dolo directo se presenta cuando el sujeto activo, mediante su conducta, quiere provocar directamente o prevé como seguro, el resultado típico de un delito. Así, la comprobación del dolo requiere necesariamente la acreditación de que el sujeto activo tiene conocimiento de los elementos objetivos y normativos del tipo penal y quiere la realización del hecho descrito por la ley. Por ello, al ser el dolo un elemento subjetivo que atañe a la psique del individuo, la prueba idónea para acreditarlo es la confesión del agente del delito. Empero, ante su ausencia, puede comprobarse con la prueba circunstancial o de indicios, la cual consiste en que de un hecho conocido, se induce otro desconocido, mediante un argumento probatorio obtenido de aquél, en virtud de una operación lógica crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos o técnicos. En efecto, para la valoración de las pruebas, el juzgador goza de libertad para emplear todos los medios de investigación no reprobados por la ley, a fin de demostrar los elementos del delito -entre ellos el dolo-, por lo que puede apreciar en conciencia el valor de los indicios hasta poder considerarlos como prueba plena. Esto es, los indicios -elementos esenciales constituidos por hechos y circunstancias ciertas- se utilizan como la base del razonamiento lógico del juzgador para considerar como ciertos, hechos diversos de los primeros, pero relacionados con ellos desde la óptica causal o lógica. Ahora bien, un requisito primordial de dicha prueba es la certeza de la circunstancia indiciaria, que se traduce en que una vez demostrada ésta, es necesario referirla, según las normas de la lógica, a una premisa mayor en la que se contenga en abstracto la conclusión de la que se busca certeza. Consecuentemente, al ser el dolo un elemento que no puede demostrarse de manera directa- excepto que se cuente con una confesión del sujeto activo del delito- para acreditarlo, es necesario hacer uso de la prueba circunstancial que se apoya en el valor incriminatorio de los indicios y cuyo punto de partida son hechos y circunstancias ya probados." Todo lo anterior sin perder de vista que para resolver sobre la orden de aprehensión, no es necesario, como sí lo era antes de la reforma al sistema de justicia penal, que se acrediten de manera plena los elementos del cuerpo del delito, así como tampoco es requisito constitucional que la probable responsabilidad en la comisión del hecho delictivo se encuentre probada de manera plena, sino que conforme a lo previsto por el artículo 16 de la carta magna, basta con que exista la probabilidad de que el quejoso lo haya cometido o participado en su comisión. Es aplicable, la jurisprudencia número 619, visible en la página 385, del Tomo II Materia Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que a la letra dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO". Para dictar una orden de aprehensión, no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado, sino únicamente que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado." En consecuencia, al no haberse evidenciado que el acto reclamado sea violatorio de las garantías de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República y por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación, aun cuando fueron suplidos en su queja deficiente, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal y dejar subsistente el acto reclamado a las autoridades responsables Juez de Control Especializado en Cateos y Órdenes de Aprehensión en Línea y Juez de Control del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México. Negativa que se hace extensiva respecto del acto de ejecución que se reclama al Fiscal General de Justicia del Estado de México, puesto que si el amparo se niega contra la autoridad que ordenó la ejecución del acto reclamado, debe también negarse respecto de la autoridad que sólo ejecuta tal acto, con fundamento en la jurisprudencia número 91, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 72, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Guillermo López González, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo por las razones y fundamentos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de agosto de dos mil diecisiete. Intégrese el oficio de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, a través del cual en atención a lo solicitado el dieciocho de los cursantes, remite las constancias de notificación practicadas al quejoso del proveído dictado por el este juzgado el trece de julio del año en curso.

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