Guillermo Miguel Sereno Díaz
Expediente 617/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 617/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 01/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermo Miguel Sereno Díaz y Otros.
- Guillermo Miguel Sereno Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado el once de julio del año en curso, en que se desechó la demanda en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Se hace del conocimiento de las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución de expediente. Resulta innecesario conservar el original del juicio especial oral familiar ********************, que remitió el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, adjunto al informe justificado que rindió ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, con motivo del juicio de amparo directo 441/2022, del que declaró carecer de competencia legal para conocer y devolvió los autos a este órgano jurisdiccional; se ordena su devolución a la autoridad responsable, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese a las partes en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Tribunal Colegiado, no acepta competencia. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual devuelve el original del juicio de amparo directo 441/2022 y el juicio de amparo indirecto 617/2022 del índice de este juzgado, en razón de que no acepta la competencia que le fue planteada en proveído de siete de junio de dos mil veintidós. Lo anterior, al considerar que en el presente caso, los actos destacados y reclamados por el quejoso consistentes en los acuerdos dictados el dieciocho y veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por medio de los cuales en el primero de los mencionados, se ordenó remitir el asunto al archivo judicial para su resguardo definitivo, debido a que en el diverso proveído se ordenó darse de baja por falta de interés de la parte actora aquí quejosa; y en el segundo, se le dijo al ahora quejoso, que se estuviera a lo acordado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, en el juicio especial oral familiar 268/2021 de origen; no son los actos que pusieron fin al juicio de origen, sino que de las constancias del juicio de origen remitidas por la juez responsable como complemento de su informe justificado, se desprende que el acto que puso fin al juicio para la procedencia del amparo directo lo constituye el diverso proveído dictado el once de mayo del año en curso, que señala: ".Vista la certificación que antecede de la que se desprende el apercibimiento realizado a la parte actora para que manifestara su interés de continuar con el procedimiento sin haberlo realizado; por lo cual se le tiene por desinteresada de su trámite; por lo cual se ordena dar de baja el expediente por acuerdo." Así, entonces, considera el Tribunal de Alzada, que el auto de once de mayo pasado antes referido es el que puso fin al juicio y no los diversos acuerdos dictados el dieciocho y veintiséis de mayo de dos mil veintidós, señalados como actos reclamados destacados por el quejoso en la demanda de amparo; por consiguiente, es inconcuso que ninguno de estos dos actos encuadra en alguno de los supuestos en los que resulta procedente la vía de amparo directo para su impugnación. Acúsese el recibo correspondiente. AVOCAMIENTO. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional no insiste en declinar la competencia planteada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Guillermo Miguel Sereno Díaz, por propio derecho, y en representación de su menor hijo de iniciales M.S.V.; y al respecto se provee. DESECHAMIENTO. Vista la demanda de amparo promovida por Guillermo Miguel Sereno Díaz, por propio derecho, y en representación de su menor hijo de iniciales M.S.V., contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y otras autoridades, consistentes en: Los acuerdos dictados el dieciocho y veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dentro del juicio especial oral familiar 268/2021, sobre custodia provisional y definitiva, por medio de los cuales, en el primero de los mencionados, se ordenó remitir el asunto al archivo judicial para su resguardo definitivo, y en el segundo, se le dijo que se estuviera a lo acordado el siete de abril y once de mayo de dos mil veintidós, y que el expediente se dio de baja al no acatarse las disposiciones contenidas en los artículos 960, fracción III, 965 y 966 del Código Familiar del Estado. Asimismo, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra en su demanda y de las constancias que acompañó la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, consistentes en el original del expediente 268/2021 relativo al juicio especial oral familiar sobre custodia, se destaca lo siguiente: Que por auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, se admitió la demanda que sobre custodia provisional y definitiva de su menor hijo de iniciales M.S.V., promovió el aquí quejoso Guillermo Miguel Sereno Díaz, contra María Marbella Vargas Gutiérrez. Que el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, llevó a cabo la audiencia de escucha del menor de iniciales M.S.V., sin que hasta esa fecha se hubiera logrado el emplazamiento de la demandada María Marbella Vargas Gutiérrez, debido a que los domicilios proporcionados por el actor aquí quejoso no eran correctos. Que en proveído dictado el once de mayo del año en curso, la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, hizo efectivo el apercibimiento formulado en autos al actor aquí quejoso; en consecuencia, lo tuvo por desinteresado en continuar con trámite del juicio de origen y ordenó dar de baja el expediente por acuerdo. Posteriormente, por acuerdos dictados el dieciocho y veintiséis de mayo de dos mil veintidós, respectivamente, en el primero de los mencionados, ordenó remitir el asunto al archivo judicial para su resguardo definitivo, debido a que en diverso proveído de once de mayo anterior, se ordenó dar de baja el expediente por falta de interés de la parte actora aquí quejosa; y en el segundo, se le dijo que se estuviera a lo acordado el siete de abril y once de mayo de dos mil veintidós, y que el expediente se dio de baja al no acatarse las disposiciones contenidas en los artículos 960, fracción III, 965 y 966 del Código Familiar del Estado, que señalan la obligación del actor de precisar el domicilio de la persona a la que demanda para su emplazamiento inmediato precisando las calles entre las que se encuentre y demás datos que se consideran necesarios para su localización, entre otros aspectos, dentro del juicio especial oral familiar 268/2021 de origen. Siendo estos últimos proveídos de dieciocho y veintiséis de mayo de dos mil veintidós, los actos aquí reclamados. Ahora bien, como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV del numeral 107 de la Ley de Amparo, preceptos que disponen por su orden: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.] Los dispositivos antes invocados, tienen su origen en el artículo 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". (Lo resaltado es propio) De la interpretación integral de los numerales citados se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos suscitados fuera de juicio o después de concluido que no tengan, sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso los actos reclamados por la parte quejosa, no constituyen actos de imposible reparación que afecten materialmente derechos sustantivos, para que como excepción puedan ser sometidos a estudio constitucional, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que los actos reclamados derivan del expediente especial oral familiar 268/2021, juicio que se declaró concluido el once de mayo del año en curso, por desinterés de la parte promovente -aquí quejoso-, en razón de que no proporcionó el domicilio para ser emplazada la parte demandada, por lo que, en atamiento a lo anterior, mediante proveído dictado el dieciocho de mayo siguiente -acto aquí reclamado-, se ordenó el archivo del expediente para su resguardo definitivo. Ahora bien, el quejoso reclama en esta instancia constitucional los proveídos emitidos el dieciocho y veintiséis de mayo pasado, respectivamente; en el primero, se ordenó remitir el asunto al archivo judicial para su resguardo definitivo, debido a que en diverso proveído de once de mayo anterior, se ordenó dar de baja el expediente por falta de interés de la parte actora aquí quejosa; y, en el segundo, se le dijo al quejoso, que se estuviera a lo acordado el siete de abril y once de mayo de dos mil veintidós, precisando que el expediente se dio de baja al no acatarse las disposiciones contenidas en los artículos 960, fracción III, 965 y 966 del Código Familiar del Estado. De lo anterior se advierte que los actos reclamados, constituyen actuaciones que por sí solas no tienen como consecuencia la afectación a derechos sustantivos de la parte quejosa como son la vida, la libertad, propiedades, posesiones, la salud, entre otros. A efecto de evidenciar lo anterior, es importante hacer las siguientes consideraciones, en principio, la causa de improcedencia que se invoca se ubica en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo la cual a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Por tal motivo, uno de los supuestos de improcedencia establecidos en la hipótesis genérica de la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción IV, de la legislación de la materia. En efecto, la fracción IV del citado precepto establece la procedencia del amparo indirecto contra tres tipos de actos a saber: I. Actos ejecutados fuera de juicio -medios preparatorios a juicio, interdictos, providencias precautorias o diligencias de jurisdicción voluntaria, notificaciones para la prosecución del juicio, entre otros-; II. Ejecutados después de concluido el juicio aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria -pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a preparar su ejecución, como lo es el incidente de liquidación de sentencia-; y, III. De ejecución de sentencia propiamente dichos -que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo-. En tales circunstancias, la interpretación en contrario del precepto normativo citado nos lleva a concluir que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos que no se ubiquen en las tres fracciones antes enlistadas. A fin de brindar claridad en torno a la causa de improcedencia en estudio, es conveniente señalar que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, permite al gobernado la posibilidad de impugnar todos aquellos actos que sean emitidos por autoridades jurisdiccionales en etapas procesales que se ubican fuera del juicio o después de que éste ha concluido. Sin embargo, la procedencia de este medio extraordinario de defensa se encuentra sujeto a reglas que derivan de los principios que rigen al juicio de amparo, y que dependen del contexto procesal en que surge el acto de autoridad [fuera de juicio o después de concluido éste]; las cuales se encuentran íntimamente ligadas al propio artículo 107 de nuestra Carta Magna que establece como elemento necesario para la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales, administrativas o del trabajo emitidos dentro de juicio, fuera de juicio o después de concluido es que la ejecución de cualquiera de estos actos sea de imposible reparación. Esto es, si los actos que se reclaman se emitieron fuera del juicio o después de que éste concluyo, para que sean objeto de estudio en sede constitucional es indispensable que produzcan ejecución irreparable, es decir, que afecten derechos sustantivos del quejoso. Ahora bien, dado que los actos aquí reclamados lo son los acuerdos dictados el dieciocho y veintiséis de mayo de dos mil veintidós, respectivamente; en el primero de los cuales se ordenó remitir el asunto al archivo judicial para su resguardo definitivo; y, en el segundo, se dijo al quejoso que se estuviera a lo acordado el siete de abril y once del mes y año en cita. Resulta claro que los actos reclamados fueron dictados después de concluido el juicio, porque aun y cuando este no se decidió en el fondo, el auto de once de mayo de dos mil veintidós, lo concluyó al "darlo de baja". Asimismo, es necesario precisar que como no se dictó sentencia no cobran aplicación las reglas de procedencia que prevé la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, relativas a la definitividad de los actos en esta fase. Por lo tanto, solo persiste la relativa a que en esa fase los actos tengan una ejecución de imposible reparación. Luego, del análisis de los actos reclamados, se advierte que no tienen tal calidad, en virtud a que el primero -auto dictado el dieciocho de mayo de dos mil veintidós-, solo materializa el envío del expediente al archivo, esto es, dicha determinación solo ejecuta el contenido del acuerdo de once de mayo anterior, a través del cual se le tuvo desinteresado en el trámite del juicio de origen y por acuerdo ordenó "darlo de baja". Auto respecto del cual no se inconformó el quejoso, ello no obstante que se manifestó sabedor de su contenido mediante escrito que presentó ante la responsable el veintitrés de mayo del año en curso, en el que de manera expresa señaló: "En relación a los autos dictados los días 11 y 18, ambos del mes de mayo de 2022, vengo a solicitar que el expediente no sea remitido al archivo, toda vez que sí me encuentro interesado en continuar promoviendo dentro del juicio en que se actúa." Sin embargo, no impugnó el auto de once de mayo de dos mil veintidós, siendo este el que debió combatirse. Respecto del segundo de los actos que reclama, que es la respuesta que recae a su promoción que presentó ante la responsable el veintitrés de mayo, solo es una reiteración de lo acordado en fecha once de mayo anterior, pues, al respecto la responsable le dijo que el expediente se dio de baja al no acatarse las disposiciones contenidas en los artículos 960, fracción III, 965 y 966 del Código Familiar del Estado, que señalan la obligación del actor de precisar el domicilio de la persona a la que demanda para su emplazamiento inmediato precisando las calles entre las que se encuentre y demás datos que se consideran necesarios para su localización, entre otros aspectos. En ese tenor, los actos reclamados no tienen el carácter de irreparables, en razón de que, solo representan una ejecución y reiteración de lo ordenado en el proveído de once de mayo de dos mil veintidós que "dio de baja" el expediente por desinterés de la parte actora -aquí quejosa-. Acto que además no reclama en esta instancia constitucional, no obstante que es el que sí le causaba una afectación, no los aquí reclamados -dieciocho y veintisiete de mayo-, que solo son una consecuencia derivada de un acto consentido al no haberlo combatido. Es de precisar que el estudio de la actualización de la causa de improcedencia es evidente y manifiesta, la cual no podría variar aun cuando se reservara hasta el dictado de la sentencia en el presente juicio de amparo indirecto, pues su estudio deriva de las constancias que remitió la autoridad responsable al momento de rendir informe justificado derivado del requerimiento que le formuló el Tribunal Colegiado, para estar en condiciones de proveer sobre la aceptación de la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, concluyendo la superioridad que no podía analizar los actos, atendiendo a que no reclama en esta instancia constitucional el acto que puso fin al juicio, esto es, el emitido el once de mayo de dos mil veintidós. En ese contexto, como se dijo, en el caso que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, esta última interpretada a contrario sensu, y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por lo que se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por la vía electrónica. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Tribunal Colegiado reserva acordar sobre la admisión de la demanda remitida por incompetencia por razón de grado. Agréguese a los autos del cuaderno de antecedentes el oficio signado por la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, que contiene la transcripción del proveído de quince de junio del año en curso dictado dentro del juicio de amparo directo 441/2022, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional previamente a aceptar la competencia declinada, ordenó requerir a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de esta ciudad, para que cumpla con lo previsto en el artículo 178 de la Ley de Amparo y reservó acordar lo conducente sobre la admisión de la demanda, hasta en tanto la citada autoridad responsable cumpla con lo requerido. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, estese a la espera de que el referido tribunal de alzada informe a este juzgado sobre la aceptación de la competencia declinada y avocamiento al conocimiento del presente asunto, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. Notifíquese mediante lista que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Boleta de turno. Por recibida la impresión del correo electrónico de cuenta, al que se adjunta una boleta procedente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, de la que se desprende que se realizó el turno del presente juicio remitido por este órgano jurisdiccional por incompetencia por razón de grado, asunto que fue turnado el nueve del mes y año en curso, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad; para justificar lo anterior, se remite la papeleta correspondiente. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.
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