Guillermo Humberto Ávila Cazares

Expediente 785/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
785/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Humberto Ávila Cazares
  • Síndico Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Ario, Michoacán, con cabecera en Ario de Rosales, Michoacán
  • Gerardo Ávila Cazares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Del estado que guardan los autos, y como se desprende en la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en acuerdo de treinta de agosto de este año causó ejecutoria la sentencia emita en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, lo cual, se requirió a la responsable, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Ario de Rosales, Michoacán, para que en el término de tres días, computado después de su notificación, cumpliera con la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha lo hayan hecho, estando debidamente notificada el cinco de septiembre siguiente, como se advierte al consultar la guía de rastreo ******************** en la siguiente liga: https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo. 2. Nuevo requerimiento. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la responsable, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplan con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: En el plazo de tres días, siguientes a la fecha en que la presente resolución cause ejecutoria, con libertad de decisión deberá dar una respuesta congruente a la petición contenida en el escrito recibido el once de abril de dos mil veintitrés. No pasa inadvertida la circunstancia de que los quejosos en su petición, no proporcionaron el domicilio para recibir la respuesta; sin embargo, lo cierto es que, la parte quejosa no se duele de la obligación de que la responsable incumplió en comunicar su respuesta en breve término, sino únicamente se duele de la falta de respuesta a su petición; de ahí que la falta de señalamiento de domicilio, no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir respuesta. Tiene sustento a lo anterior el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." 2. Dejar sin efectos el requerimiento realizado mediante el oficio número ********************, de fecha trece de junio de dos mil veintitrés, derivado del expediente SOLICITUDES; y, de insistir en la emisión de uno nuevo, deberá hacerlo purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia. 2.1. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el citado numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 1.1 Se requiere cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: En el plazo de tres días, siguientes a la fecha en que la presente resolución cause ejecutoria, con libertad de decisión deberá dar una respuesta congruente a la petición contenida en el escrito recibido el once de abril de dos mil veintitrés. No pasa inadvertida la circunstancia de que los quejosos en su petición, no proporcionaron el domicilio para recibir la respuesta; sin embargo, lo cierto es que, la parte quejosa no se duele de la obligación de que la responsable incumplió en comunicar su respuesta en breve término, sino únicamente se duele de la falta de respuesta a su petición; de ahí que la falta de señalamiento de domicilio, no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir respuesta. Tiene sustento a lo anterior el criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse." Dejar sin efectos el requerimiento realizado mediante el oficio número 0058/2023, de fecha trece de junio de dos mil veintitrés, derivado del expediente SOLICITUDES; y, de insistir en la emisión de uno nuevo, deberá hacerlo purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia. 1.2 Apercibimiento. Apercibida de que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACION DE ENGROSE TREINTA Y UNO DE JULIO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Guillermo Humberto Ávila Cazares y Gerardo Ávila Cazares, contra la omisión y acto, reclamados y autoridad responsable precisados en el considerando primero; por los motivos expuestos en el considerando sexto; y, para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en que concluyó la emisión del fallo, Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  4. Incidental

    RESUELVE: ÚNICO. Se NIEGA la suspensión definitiva a Guillermo Humberto Ávila Cazares y Gerardo Ávila Cazares, en términos del considerando QUINTO de esta resolución. Notifíquese y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.

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