Guillermo Martínez Martínez
Expediente 903/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 903/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2017
Partes del expediente
- Guillermo Martínez Martínez
- Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro
Actuaciones
- Principal
V I S T O el estado que guardan los autos se advierte que a la fecha ha transcurrido el término que con apoyo concede el artículo 98 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para que se interpusiera recurso de queja previsto por el precepto 97 fracción I, inciso a) de la Ley en cita, en contra del auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa; en consecuencia, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales, por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por tanto y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que haya aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....I
- Principal
REGISTRO DE EXPEDIENTE V I S T A la demanda de amparo promovida ********, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 Constitucionales; con apoyo en los artículos 103 fracción I, Constitucional, fórmese el expediente respectivo, bajo el número 903/2017-I, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Ahora, del análisis de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio se desprende que la demanda de amparo por lo que respecta a determinados actor es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." El segmento normativo transcrito, previene dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, El juicio de amparo no procede en tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer caso de improcedencia, esto es, cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones emanados de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios o de Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un Juez o Magistrado federal, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de garantías, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. La segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia materia de análisis, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente, no obstante que se vaya a afectar a personas extrañas al juicio de garantías del que deriva la resolución por cumplimentar. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable-. Ilustra respecto al motivo de improcedencia materia de análisis, la tesis II.2o.C.48 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octubre de 1999, página 1235; con rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." En este mismo sentido, por las razones que contiene, la tesis 1a. XIX/93, perteneciente a la octava época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Enero de 1994, página 8; con rubro y texto: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Los Cuerpos Colegiados de referencia, son los encargados de tutelar las garantías individuales mediante el juicio de amparo. De ello deviene que cuando en una demanda de garantías indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 73, las llamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción I, del citado numeral 73, previene que el juicio es improcedente: "I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que en una demanda de garantías fue señalada como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que los Cuerpos Colegiados en mención pronuncien, son también inobjetables. Este último argumento se robustece si también se analiza al efecto la fracción II, del numeral 73 del ordenamiento legal en cita, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente: "II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable." Y, finalmente, la tesis XII.1o.4 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Enero de 1996, página 305, con rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." Sentado lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia perfilada con antelación, conviene tener en cuenta que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución dictada en el toca civil número 1431/2016 de seis de junio de dos mil diecisiete. A efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución, y, toda vez que como de la certificación de cuenta se advierte que el presente juicio de amparo guarda relación con el expediente 1449/2016-I del índice de este Juzgado, se tienen como antecedentes los siguientes: 1.- Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, la institución de crédito denominada Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, por conducto de sus apoderados legales, demandó en la vía sumaria hipotecaria a Guillermo Martínez Martínez, J. Reyes Olvera Martínez, Isabel Martínez Martínez, Bernardo Martínez Martínez y Juana Vega Guerrero, el cumplimiento del contrato de crédito simple en forma de apertura de crédito, con interés y garantía hipotecaria. 2.- Por acuerdo de tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Tercero Civil, admitió a trámite la citada demanda, misma que quedó registrada con el número 1355/98, por lo que ordenó el emplazamiento de los demandados. 3.- El siete de junio del dos mil, se dictó sentencia definitiva dentro de los autos del juicio de origen, en la cual, se condenó a la parte demandada al cumplimiento del contrato y al pago de pesos, por ende, al remate de los bienes inmuebles hipotecados. La citada sentencia causó ejecutoria el veintiuno de julio del dos mil. 4.- Que el tercero interesado Bernardo Baldomero Martínez Martínez interpuso juicio de amparo 855/2014-I, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 2500/2014-IV. 5.- El diecinueve de agosto de dos mil catorce, se dictó sentencia en el juicio de amparo 855/2014-I, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 2500/2014-IV, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Bernardo Baldomero Martínez Martínez, a fin de que se dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario 1355/98, a partir de la diligencia de emplazamiento, la cual causó ejecutoria el doce de septiembre de dos mil catorce. 6.- El dieciocho de septiembre de ese año, el Juez responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo antes mencionada, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario 1355/98, a partir de la diligencia de emplazamiento; asimismo, ordenó girar despacho al Juez de Cadereyta de Montes, Querétaro, a efecto de que notificara al demandado Guillermo Martínez Martínez y le entregara la posesión real, material y jurídica del inmueble materia del presente juicio. 7.- El veinticuatro de junio de dos mil quince, el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, admitió a trámite los recursos de revisión promovidos por Eustorgio Montes Montes y Guillermo Martínez Martínez, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 855/2014-I, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 2500/2014- IV 8.- Por ejecutoria de nueve de octubre de dos mil quince, el citado Tribunal Colegiado, revocó la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil catorce, en el juicio referido 855/2014-I y, ordenó reponer el procedimiento 9.- El diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, decretó el sobreseimiento del ahora juicio de amparo 2500/2014-IV, el causó estado el veintiocho de diciembre de dos mil quince 10.- Asimismo, el tercero interesado J. REYES OLVERA MARTÍNEZ interpuso el juicio de amparo 845/2014-III, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 125/2014-II 11.- El cinco de septiembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el diverso juicio de amparo 845/2014-III, también del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 125/2014-II, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por J. Reyes Olvera Martínez, a fin de que se dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario 1355/98, a partir de la diligencia de emplazamiento, misma que causó ejecutoria el siete de noviembre de dos mil catorce. 12.- El seis de febrero de dos mil quince, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, desechó el recurso de revisión interpuesto por Eustorgio Montes Montes, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo mencionado en los párrafos inmediatos que anteceden 13.- El veintisiete de febrero de dos mil quince, causó estado el auto mencionado en el párrafo inmediato que antecede, de seis de febrero de dos mil quince, por el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por Eustorgio Montes Montes. 14.- Con base en la ejecutoria del amparo 845/2014-III a favor de J. REYES OLVERA MARTÍNEZ, el hoy quejoso GUILLERMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ solicitó al juzgado de origen le fuese devuelto el predio ubicado en Belisario Domínguez número 222 y 224 y calle Revolución sin número del Municipio de Ezequiel Montes, lo cual le fue negado por auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis. 15.- En contra de tal determinación, el hoy quejoso interpuso apelación que fue resuelta el veinticuatro de abril de dos mil dieciséis por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, la cual modificó el acto recurrido y ordenó poner en posesión del aquí quejoso el predio defendido. 16.- Siendo así las cosas, en contra de la indicada sentencia de veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, el tercero interesado Eustorgio Montes Montes, interpuso juicio de amparo, el cual por razón de turno le tocó conocer a este Juzgado, quedando registrado bajo el número 1449/2016-I, y, siguiendo el curso legal del mismo se dictó sentencia el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se le concedió la protección de la Justicia Federal al citado tercero, para que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca civil a través de la cual, modificó el auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, emitido por la sala responsable. 17.- El tercero interesado interpuso recurso de revisión en contra de dicha sentencia, la cual colegiado confirmó el treinta de mayo de dos mil diecisiete, misma que causó ejecutoria el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, emitiendo la Sala un acuerdo de seis de junio de dos mil diecisiete con el que da cumplimiento al fallo protector. 18.- El veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el citado juicio de amparo, ordenándose su archivo. Entonces, con la crónica de antecedentes procesales plasmada, de las constancias agregadas a los presentes autos, y, de la certificación de cuenta, se constata que se trata de actos que emanan del cumplimiento del citado juicio de amparo número 1449/2016-I, del índice de este Juzgado, lo cual, actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que como se explicó con antelación, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones de una autoridad jurisdiccional federal en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Como ya se dijo, opera la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, ya que se promueve en contra de actos emitidos en cumplimiento de otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, ya que la ley no distingue, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en ejecución de otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado, o bien, deducir las acciones que la legislación ordinaria estipule en su favor. De igual manera es aplicable la Tesis IV.1o./K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 503, Tomo VII, Febrero de 1998,, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." En el entendido de que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías". Son aplicables todos los anteriores criterios en forma análoga, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Así pues, como ya se dijo el acto reclamado es una resolución dictada en cumplimiento al juicio de amparo 1449/2016-I del índice de este Juzgado, que no dejó libertad de jurisdicción a la Sala para emitir su determinación, sino que sus efectos fueron vinculatorios, resolviendo de fondo la cuestión que ahora nuevamente plantea el quejoso, y que ya fue resuelto en aquel juicio en el que participó como tercero interesado, para demostrar lo anterior se tiene que: El quejoso plantea el presente juicio de amparo contra la resolución de seis de junio de dos mil diecisiete dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro bajo el argumento toral consistente en que el Juez Segundo de Distrito estableció que los efectos de la concesión del amparo otorgado J. REYES OLVERA MARTÍNEZ es dejar sin efectos el procedimiento de origen hasta su llamamiento, lo que provoca que las etapas subsecuentes del procedimiento quedaran sin efectos y que, por ende, debido a que en el procedimiento de ejecución el demandando GUILLERMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ fue desposeído del predio ubicado en Belisario Domínguez número 222 y 224 y calle Revolución sin número del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, desde su perspectiva, debe ordenarse que se le restituya la posesión de dicho inmueble, considerando que es incorrecto que no haya litisconsorcio pasivo necesario. Al respecto, en la sentencia del juicio de amparo 1449/2016-I del índice de este Juzgado se resolvió precisamente esa cuestión, considerando: "(.) En principio es necesario establecer si los efectos del amparo otorgado al quejoso J. Reyes Olvera Martínez, en el juicio 845/2014-III, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 125/2014-II, benefician a los codemandados, entre ellos, a Guillermo Martínez Martínez, tal y como lo sostuvo la Sala, es decir, en el caso de que existiera un litisconsorcio pasivo necesario entre los codemandados en el juicio de origen, para la insubsistencia de la sentencia definitiva, su ejecución, así como el trámite del juicio natural, hasta su emplazamiento. Para lo anterior, es menester precisar la naturaleza jurídica de la figura del litisconsorcio. Según el Diccionario Jurídico Mexicano, el litisconsorcio es un término compuesto que deriva de los vocablos latinos litis (litigio) y consortium (participación o comunión de una misma suerte con uno o varios), por lo cual litisconsorcio quiere decir: litigio en que participan de una misma suerte varias personas. En general los tratadistas destacan determinados elementos que caracterizan dicha institución, los cuales aparecen como una constante en todas las definiciones, como son la pluralidad de partes que actúan como actores o como demandados en un proceso; una relación procesal única y autonomía de los sujetos procesales. Así, por litisconsorcio debe entenderse un estado entre varias personas que ocupan una misma posición en el proceso, como actores o como demandados, pero en forma autónoma, es decir, independiente los unos de los otros. Existen diversas especies de litisconsorcio, a saber: a) inicial, el que se da cuando varias partes instauran a un mismo tiempo el proceso, o bien cuando contra varias partes se instaura el proceso; b) sucesivo, es aquella que se forma con posterioridad a la instauración del proceso; c) activo, es la que surge cuando hay varios actores y un solo demandado; d) pasivo, es el que existe cuando hay un solo actor y varios demandados; e) mixto, es el que se presenta cuando hay varios actores y varios demandados; f) facultativo, es aquel que depende de la voluntad de las partes; así el actor podría instaurar diversos juicios separados, pero hace que varias partes intervengan en el juicio como demandados, porque así lo quiere; g) necesario, es el que deriva de la naturaleza de la relación substancial que constituye el objeto de la declaración de certeza por parte de los órganos jurisdiccionales. El procesalista italiano Piero Calamandrei sostiene: "En el litisconsorcio necesario, a la pluralidad de partes no corresponde una pluralidad de causas; la relación sustancial controvertida es sólo una, y una sola acción; pero como la relación sustancial es única para varios sujetos, en forma que las modificaciones de ella, para ser eficaces, tienen que operar conjuntamente en relación a todos ellos, la ley exige que al proceso en que hay que decidir de esa única relación, sean llamados necesariamente todos los sujetos de ella, a fin de que la decisión forme estado en todos ellos." (Derecho Procesal Civil, Argentina, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1986, T. II. p. 310). De lo anterior se sigue que los efectos entre las partes en el litisconsorcio necesario son los siguientes: 1. No sólo los hechos sino también las defensas de las partes, deben ser consideradas uniformemente respecto de todos los litisconsortes, porque debe existir una decisión que resuelva la controversia planteada en cuanto a todos; es decir, en estos casos los repetidos litisconsortes, si bien actúan cada uno por su propio derecho, como parte demandada deben considerarse como una unidad. 2. La suspensión de la relación procesal produce efectos respecto de todos los litisconsortes, porque integrando una sola parte, no puede suspenderse en cuanto a un litisconsorte y continuarse respecto de otro. 3. La sentencia debe emitirse en relación con todos y con la audiencia de todos los sujetos de la relación jurídica sustancial, pues en caso contrario no tendrá ningún valor. 4. Algunos especialistas en la materia procesal consideran que el litisconsorcio voluntario depende del libre albedrío de las partes; el necesario, en cambio puede ser dispuesto de oficio por el juez, quien puede integrar la litis citando a aquellas personas sin las cuales su decisión no tendría eficacia, o disponiendo que la contraparte lo haga so pena de declarar improponible la demanda. Los casos de litisconsorcio necesario, por regla general se encuentran establecidos expresamente en la ley, pero eventualmente pueden surgir como consecuencia de una relación jurídica concreta, por resultar necesaria procesalmente su existencia. Como un ejemplo de litisconsorcio pasivo lo tenemos en la solidaridad. Si se desea demandar a todos los deudores o a cualquiera de ellos, la totalidad de la obligación se puede demandar a uno o a todos en la misma demanda. (Artículo 1875 del Código Civil para el Estado de Querétaro) No obstante, esta posibilidad de demandar el cumplimiento de la obligación a uno solo o bien a todos los deudores, pone de relieve que si se desea llamar en un juicio a todos los deudores se está en el supuesto de litisconsorcio pasivo voluntario; pero no significa que el mismo sea necesario, pues si cada deudor responde por la totalidad de la obligación, no es requisito indispensable para la procedencia del juicio, que indefectiblemente se llame a todos los obligados solidarios, pues válidamente se puede pedir sólo a uno de ellos la satisfacción total de lo adeudado (litisconsorcio pasivo voluntario), de ahí que en tratándose de obligaciones solidarias no se actualice un litisconsorcio pasivo necesario. Es aplicable a lo anterior la tesis de Jurisprudencia VI.2o.C. J/285, consultable en la página 1800 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES INEXISTENTE TRATÁNDOSE DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS. El litisconsorcio necesario presupone la afectación a una pluralidad de sujetos con motivo del derecho litigioso que se deduce en juicio, ya sea en forma activa o pasiva, de tal forma que la decisión que se dicte, de manera ineludible les afecte a todos, de ahí que cuando dos o más personas ejercen la misma acción u oponen la misma excepción se actualiza esta figura jurídica. Ahora bien, debe distinguirse entre el litisconsorcio voluntario y aquel de carácter necesario; el primero se da cuando la acción se insta o dirige indistintamente por o contra cada uno de los que están ligados por una misma obligación y deciden litigar en forma conjunta; el segundo acontece cuando es indispensable dar intervención a todos los interesados en el juicio para que puedan quedar vinculadas con lo resuelto en la sentencia que llegue a dictarse, esto es, que el proceso no puede iniciarse válidamente sino con la pluralidad de partes que intervienen en el acto objeto del litigio, de tal manera que no es posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas ellas; así, en tratándose del de naturaleza pasiva no sería posible condenar a uno de los demandados sin que ésta alcance al otro u otros. Sin embargo, en el caso de obligados solidarios, no se actualiza el supuesto del litisconsorcio pasivo necesario, habida cuenta que el artículo 1987 del Código Civil Federal, y sus correlativos de similar contenido en las entidades federativas, definen a la solidaridad pasiva como la obligación de dos o más deudores de prestar, cada uno por sí, en su totalidad, la prestación debida; de manera que si cada deudor responde por la totalidad de la obligación, no es requisito indispensable para su procedencia en juicio, que indefectiblemente se exija a todos los obligados solidarios, pues válidamente se puede pedir a uno de ellos la satisfacción de la totalidad de lo adeudado." Una vez sentado lo anterior, deben precisarse las características de la relación jurídica sustantiva de los juicios sumarios hipotecarios, pues en el caso, el acto reclamado emana de uno de esa naturaleza. Como se vio, la institución de crédito denominada Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, por conducto de sus apoderados legales, demandó en la vía sumaria hipotecaria a Guillermo Martínez Martínez, J. Reyes Olvera Martínez, Isabel Martínez Martínez, Bernardo Martínez Martínez y Juana Vega Guerrero, el cumplimiento del contrato de crédito simple en forma de apertura de crédito, con interés y garantía hipotecaria. (Folios 2 al 9 del tomo identificado con el número VII). Por acuerdo de tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Tercero Civil, admitió a trámite la citada demanda, misma que quedó registrada con el número 1355/98, por lo que ordenó el emplazamiento de los demandados. (Folio 103 del tomo identificado con el número VII). El siete de junio del dos mil, se dictó sentencia definitiva dentro de los autos del juicio de origen, en la cual, se condenó a la parte demandada al cumplimiento de contrato y al pago de pesos, por ende, al remate de los bienes inmuebles hipotecados. La citada sentencia causó ejecutoria el veintiuno de julio del dos mil. (Folios 194 al 205 y 215 del tomo identificado con el número VII). Asimismo, de la escritura pública cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro, contrato base de la acción, se advierte que Guillermo Martínez Martínez, J. Reyes Olvera Martínez, Isabel Martínez Martínez, Bernardo Martínez Martínez y Juana Vega Guerrero, se constituyeron como acreditados, que las obligaciones contraídas fueron solidarias, en especial la de pago, que cada uno de ellos, está obligado por sí al cumplimiento de ellas y que la institución de crédito podía exigirles a cualquiera de ellos, el cumplimiento de las obligaciones ahí consignadas, en especial la de pago total o parcial del crédito (declaración I inciso F), asimismo, para garantizar las obligaciones asumidas, se constituyeron garantías reales sobre tres inmuebles, uno de ellos propiedad de Isabel Martínez Martínez y los dos restantes, de Guillermo Martínez Martínez (declaración II inciso D), materia del presente juicio. (Folios 60 al 98 del tomo identificado con el número VII) De lo anterior se deriva lo siguiente: 1. Que se trata de un juicio sumario hipotecario; 2. Existe un solo actor y pluralidad de demandados y ocupan la misma posición en el proceso y se demandaron simultáneamente; y, 3. Se reclamó de todos ellos la misma prestación. Por lo que, a las consecuencias de los obligados solidarios se aplican las reglas de la subrogación hasta el monto de la deuda satisfecha, en los términos de los artículos 1873 y 1885 del Código Civil para el Estado de Querétaro, que disponen: "ARTÍCULO 1873.- Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida." "ARTÍCULO 1885.- El deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les corresponda. Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes iguales. Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el déficit debe ser repartido entre los demás deudores solidarios, aún entre aquéllos a quienes el acreedor hubiere liberado de la solidaridad. En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor." Sin embargo, como se vio en la escritura pública cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro, contrato base de la acción, se advierte que la institución de crédito podía exigir a cualquiera de los acreditados Guillermo Martínez Martínez, J. Reyes Olvera Martínez, Isabel Martínez Martínez, Bernardo Martínez Martínez y Juana Vega Guerrero, es decir, por separado, el cumplimiento de las obligaciones ahí consignadas, en especial la de pago total o parcial del crédito (declaración I inciso F), por ende, se llega a la conclusión de que no se está en presencia de un litisconsorcio pasivo necesario, porque si bien existe pluralidad de demandados (se reclamaron las mismas prestaciones a los codemandados o codeudores), no menos cierto resulta que la institución de crédito podía exigirles a cualquiera de los acreditados Guillermo Martínez Martínez, J. Reyes Olvera Martínez, Isabel Martínez Martínez, Bernardo Martínez Martínez y Juana Vega Guerrero, esto es, indistintamente el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el contrato base de la acción. Por lo que al no existir litisconsorcio pasivo necesario entre los codemandados en el juicio de origen, los efectos de las sentencias de amparo, no benefician al codemandado que no lo promovió, por la reposición del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.C.51 C, visible a fojas 1755 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. TRATÁNDOSE DE OBLIGADOS SOLIDARIOS NO SE ESTÁ EN ESTE SUPUESTO. La hipótesis en que se actualiza la definición de "litisconsorcio necesario" se da en el caso de que dos o más personas ejerzan la misma acción u opongan la misma excepción. El concepto doctrinal de litisconsorcio se define como el caso en que el derecho litigioso afecta a varias personas, ya sea en forma activa (parte actora) o pasiva (parte demandada), de tal manera que la decisión que se dicte en forma ineludible afectará a todas aquéllas. Al interpretar lo que en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reformado, se entiende por "una misma acción" o "una misma excepción" a la luz de las anteriores precisiones, se llega a la conclusión, puesto que se trata de "litisconsorcio necesario", de que el precepto se refiere a la hipótesis de que la acción o la excepción provengan de una causa que es común a todos en forma indisoluble, verbigracia, herederos testamentarios en un juicio de nulidad de testamento; copropietarios en un juicio en que la litis se entable sobre el acto por el que adquirieron la propiedad; celebrantes de un contrato cuya nulidad se demanda, etc. Pero cuando varias personas ejercitan, en un mismo juicio, acciones que pudieron válidamente proponerse independientemente, o de esa forma oponen excepciones, tales que puedan prosperar indistintamente respecto de cada uno de los demandados, entonces no se está en la hipótesis del precepto 53 reformado, pues no se trata de la misma acción o de la misma excepción, sino que se está ante un litisconsorcio voluntario. Ejemplo, si varios condueños reclaman, en una sola demanda, al administrador del condominio, que en sus respectivas posesiones no se han colocado los accesorios que se encomendaron al demandado; o si los deudos de la víctima de un accidente aéreo demandan la indemnización por la muerte de ésta, tanto a la compañía dueña del avión, como al piloto a quien se atribuye negligencia culpable; en el anterior ejemplo habría litisconsorcio voluntario en ambas partes, ya que podría prosperar la acción de unos demandantes y la de otros no, e igualmente podrían acogerse las defensas de cada uno de los demandados, de ambos, o de ninguno de ellos, indistintamente, sin que ello afectara a los otros. Así también, existe litisconsorcio voluntario cuando se demanda a un ente como obligado principal y varias personas como garantes y obligados solidarios, en tanto que en este caso hubo una obligación solidaria, puesto que cada uno de los demandados pudo ser enjuiciado per se, y que la condena que se impusiera podría ejecutarse en uno o en varios de ellos, sin afectarlos a todos, por lo que sin duda hay litisconsorcio voluntario, ya que existen tantas acciones, acumuladas voluntariamente, cuantos demandados, y no se trata, por tanto, de "una misma acción", ni de "una misma excepción". En esa tesitura, es incorrecto el actuar de la Sala responsable pues contrario a lo que sostiene, los efectos del amparo otorgado al quejoso J. Reyes Olvera Martínez, en el juicio 845/2014-III, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 125/2014-II, no benefician a los codemandados, entre ellos, a Guillermo Martínez Martínez, por no existir un litisconsorcio pasivo necesario entre éstos, pues con independencia de que se hubiera ordenado dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural de donde emanan los actos reclamados y se emplazara debidamente al promovente del citado juicio, los emplazamientos de los codemandados Guillermo Martínez Martínez e Isabel Martínez Martínez, están incólumes. Es decir, que al no beneficiar los efectos del juicio de amparo 845/2014-III multireferido, al demandado Guillermo Martínez Martínez, no procede ponerlo en posesión del inmueble ubicado en la calle Belisario Domínguez números 222 y 224 y calle Revolución sin número en el Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro ni ordenar la cancelación de la escritura pública número veinte mil trescientos treinta y seis, pasada ante la fe del Notario Público número 6, de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cadereyta de Montes, Querétaro. Lo anterior, ya que la sentencia definitiva de siete de junio del dos mil, dictada dentro de los autos del juicio de origen, en la cual, se condenó a la parte demandada, entre otros a Guillermo Martínez Martínez, al cumplimiento de contrato y al pago de pesos, sigue vigente, así como su ejecución (adjudicación de inmueble). Al respecto, no se desconoce la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, tesis 406, página 350, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO SU EFECTOS DEBEN HECERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la protección federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías pues lo efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, sí se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar a beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la protección constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se ésta en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la protección federal." Sin embargo, tal criterio no se actualiza en este caso, tomándose en cuenta que, como ya se vio, no se está ante un litisconsorcio pasivo necesario, sino voluntario, y que, además, tal criterio no abordó el supuesto acerca de si se concede el amparo a uno de los litisconsortes pasivos por falta o indebido emplazamiento, tal concesión debe o no hacerse extensiva a todos los litisconsortes, incluidos los que ya fueron emplazados, tema que se dilucidó en sentido negativo en la siguiente Jurisprudencia que es perfectamente aplicable al presente asunto: 1a./J. 72/2011 (9a.), consultable en la página 933 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Décima Época, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Asimismo, la tesis I.3o.C.1021 C (9a.), consultable en la página 1238 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO VOLUNTARIO ANTE LA PLURALIDAD DE DEMANDADOS QUE TIENEN EL CARÁCTER DE OBLIGADOS SOLIDARIOS. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE SER DEBIDAMENTE EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 72/2011, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO." ha establecido que aun ante la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la Justicia Federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues ésa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que debía atenderse a lo previsto en el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo. Entonces, al no resultar procedente dejar insubsistentes los emplazamientos de los demás litisconsortes y ordenar su nuevo llamamiento a juicio aun de actualizarse la figura del litisconsorcio pasivo necesario (que impide la emisión de una sentencia válida de no llamarse a juicio a todos los que les vaya a parar perjuicio la sentencia), con mayor razón no resulta procedente dicha concesión en tratándose de un litisconsorcio pasivo voluntario actualizado ante la pluralidad de partes demandadas que tienen el carácter de obligados solidarios, en cuyo caso puede demandarse a cualquiera de las personas obligadas, sin que sea necesario demandar simultáneamente a éstas para que la sentencia que se pronuncie tenga validez y eficacia jurídica." En esa virtud, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada por la parte quejosa. SEXTO. Efectos de la concesión. El amparo y protección de la Justicia federal se concede a fin de que la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, deje insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca civil 1431/2016 a través de la cual, modificó el auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro y emita otra, siguiendo los lineamientos dados en la presente sentencia, es decir, señale que al no beneficiar al demandado Guillermo Martínez Martínez, los efectos del juicio de amparo 845/2014-III, promovido por J. Reyes Olvera Martínez, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 125/2014-II, no procede ponerlo en posesión del inmueble ubicado en la calle Belisario Domínguez números 222 y 224 y calle Revolución sin número en el Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, ni tampoco ordenar la cancelación de la escritura pública número veinte mil trescientos treinta y seis, pasada ante la fe del Notario Público número 6, de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cadereyta de Montes, Querétaro. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A EUSTORGIO MONTES MONTES, por su propio derecho, en contra de la interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca civil 1431/2016, en términos del considerando quinto de esta sentencia y para los efectos precisados en el último de la misma (.) Como nítidamente se puede apreciar, en el juicio de amparo 1449/2016-I, se resolvió la cuestión que ahora insistentemente plantea el quejoso, no dejando a la Sala libertad para resolver, sino constriñéndola a considerar, por un lado que el amparo hacia J. REYES OLVERA MARTÍNEZ no le beneficiaba al hoy quejoso GUILLERMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ; y por otro lado que no existía un litisconsorcio pasivo necesario en el asunto de origen, sino voluntario, por lo que debía confirmar el auto del juez del conocimiento en el que se determinó no ordenar restituirle el predio que ahora de nuevo pretende defender. Por tanto, por los motivos que han quedado expuestos, la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia antes invocadas, en relación a cada uno de los actos reclamados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 en términos amplios al licenciado ARTURO GUARDADO PAZ; y en términos del citado artículo 12, en relación con el diverso 24 de la ley de la materia, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a los demás nombrados, sin perjuicio que una vez que acrediten ante este juzgado estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, se les otorguen las facultades amplias a que hace mención el citado artículo 12. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública General en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.....iNotifíquese personalmente.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 06/07/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO GUILLERMO MARTINEZ MARTINEZ EL AUTO DE 05/07/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: REGISTRO DE EXPEDIENTE V I S T A la demanda de amparo promovida ********, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 Constitucionales; con apoyo en los artículos 103 fracción I, Constitucional, fórmese el expediente respectivo, bajo el número 903/2017-I, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. DESECHAMIENTO Ahora, del análisis de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio se desprende que la demanda de amparo por lo que respecta a determinados actor es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual, literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En el caso particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." El segmento normativo transcrito, previene dos hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, a saber: El amparo es improcedente contra resoluciones emanadas de un juicio de amparo; y, El juicio de amparo no procede en tratándose de los actos de ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. En el primer caso de improcedencia, esto es, cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones emanados de Juzgados de Distrito, de Tribunales Unitarios o de Tribunales Colegiados de Circuito. Así, en contra de los autos, decretos y sentencias dictadas en un procedimiento de amparo por un Juez o Magistrado federal, no procederá un nuevo amparo, porque la teleología de la norma es evitar una cadena interminable de juicios de garantías, dotando de definitividad a los asuntos ventilados ante los tribunales de la federación como instancia extraordinaria. La segunda hipótesis contenida en la fracción de improcedencia materia de análisis, se refiere a los actos encaminados a dar cumplimiento a cualquier resolución que derive del proceso constitucional, inclusive tratándose del acatamiento a una ejecutoria de amparo, supuesto en el cual el juicio de amparo es improcedente, no obstante que se vaya a afectar a personas extrañas al juicio de garantías del que deriva la resolución por cumplimentar. Sin que la anterior disposición implique la indefensión de las partes que intervienen dentro de un juicio de amparo, ya que la propia legislación reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Carta Magna, estipula un sistema de recursos susceptibles de hacerse valer, para el caso de que alguna de las partes se inconformara con los autos, decretos o sentencias derivadas del cauce de amparo -juez constitucional-, o bien, en cumplimiento de los mismos -autoridad responsable-. Ilustra respecto al motivo de improcedencia materia de análisis, la tesis II.2o.C.48 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo X, Octubre de 1999, página 1235; con rubro y texto: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." En este mismo sentido, por las razones que contiene, la tesis 1a. XIX/93, perteneciente a la octava época, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo XIII, Enero de 1994, página 8; con rubro y texto: "COMPETENCIA. NO ES POSIBLE TENER COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO DE NATURALEZA INDIRECTO. A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Los Cuerpos Colegiados de referencia, son los encargados de tutelar las garantías individuales mediante el juicio de amparo. De ello deviene que cuando en una demanda de garantías indebidamente se le dé el carácter de autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, el juez de Distrito que provea respecto de la presentación de la demanda, debe de advertir que por cuanto a esa autoridad, la misma debe desecharse y resolver en ese sentido. Ciertamente, dentro de la técnica procesal del juicio de amparo, existen circunstancias, hipótesis o situaciones que conllevan la imposibilidad jurídica de que alcance su objetivo. Así, la ley de la materia prevé en su numeral 73, las llamadas "causales de improcedencia", dentro de las cuales hay causas que operan siempre de manera absoluta, bien en atención a la índole de la autoridad contra la cual pretendiera intentarse el juicio, o bien a la naturaleza del acto reclamado. En ese sentido, la fracción I, del citado numeral 73, previene que el juicio es improcedente: "I. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Ahora bien, esta hipótesis válidamente debe considerarse aplicable también para el caso en que en una demanda de garantías fue señalada como autoridad responsable a un Tribunal Colegiado de Circuito, habida cuenta que por regla general, las resoluciones que los Cuerpos Colegiados en mención pronuncien, son también inobjetables. Este último argumento se robustece si también se analiza al efecto la fracción II, del numeral 73 del ordenamiento legal en cita, la cual establece que el juicio de amparo es improcedente: "II. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas." En este sentido, debe decirse que la transcrita causal de improcedencia tiene como finalidad proteger la estabilidad o seguridad jurídicas, ya que éstas no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en un juicio constitucional o en cumplimentación de éstos, además de que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable." Y, finalmente, la tesis XII.1o.4 K, perteneciente a la novena época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Enero de 1996, página 305, con rubro y texto siguiente: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." Sentado lo anterior, a fin de evidenciar la actualización de la causal de improcedencia perfilada con antelación, conviene tener en cuenta que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución dictada en el toca civil número 1431/2016 de seis de junio de dos mil diecisiete. A efecto de dar claridad al sentido de la presente resolución, y, toda vez que como de la certificación de cuenta se advierte que el presente juicio de amparo guarda relación con el expediente 1449/2016-I del índice de este Juzgado, se tienen como antecedentes los siguientes: 1.- Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, la institución de crédito denominada Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, por conducto de sus apoderados legales, demandó en la vía sumaria hipotecaria a Guillermo Martínez Martínez, J. Reyes Olvera Martínez, Isabel Martínez Martínez, Bernardo Martínez Martínez y Juana Vega Guerrero, el cumplimiento del contrato de crédito simple en forma de apertura de crédito, con interés y garantía hipotecaria. 2.- Por acuerdo de tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Tercero Civil, admitió a trámite la citada demanda, misma que quedó registrada con el número 1355/98, por lo que ordenó el emplazamiento de los demandados. 3.- El siete de junio del dos mil, se dictó sentencia definitiva dentro de los autos del juicio de origen, en la cual, se condenó a la parte demandada al cumplimiento del contrato y al pago de pesos, por ende, al remate de los bienes inmuebles hipotecados. La citada sentencia causó ejecutoria el veintiuno de julio del dos mil. 4.- Que el tercero interesado Bernardo Baldomero Martínez Martínez interpuso juicio de amparo 855/2014-I, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 2500/2014-IV. 5.- El diecinueve de agosto de dos mil catorce, se dictó sentencia en el juicio de amparo 855/2014-I, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 2500/2014-IV, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por Bernardo Baldomero Martínez Martínez, a fin de que se dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario 1355/98, a partir de la diligencia de emplazamiento, la cual causó ejecutoria el doce de septiembre de dos mil catorce. 6.- El dieciocho de septiembre de ese año, el Juez responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo antes mencionada, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario 1355/98, a partir de la diligencia de emplazamiento; asimismo, ordenó girar despacho al Juez de Cadereyta de Montes, Querétaro, a efecto de que notificara al demandado Guillermo Martínez Martínez y le entregara la posesión real, material y jurídica del inmueble materia del presente juicio. 7.- El veinticuatro de junio de dos mil quince, el entonces Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, admitió a trámite los recursos de revisión promovidos por Eustorgio Montes Montes y Guillermo Martínez Martínez, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 855/2014-I, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 2500/2014- IV 8.- Por ejecutoria de nueve de octubre de dos mil quince, el citado Tribunal Colegiado, revocó la sentencia dictada el diecinueve de agosto de dos mil catorce, en el juicio referido 855/2014-I y, ordenó reponer el procedimiento 9.- El diecinueve de noviembre de dos mil quince, el Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, decretó el sobreseimiento del ahora juicio de amparo 2500/2014-IV, el causó estado el veintiocho de diciembre de dos mil quince 10.- Asimismo, el tercero interesado J. REYES OLVERA MARTÍNEZ interpuso el juicio de amparo 845/2014-III, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 125/2014-II 11.- El cinco de septiembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el diverso juicio de amparo 845/2014-III, también del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 125/2014-II, en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitada por J. Reyes Olvera Martínez, a fin de que se dejara insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario hipotecario 1355/98, a partir de la diligencia de emplazamiento, misma que causó ejecutoria el siete de noviembre de dos mil catorce. 12.- El seis de febrero de dos mil quince, el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, desechó el recurso de revisión interpuesto por Eustorgio Montes Montes, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo mencionado en los párrafos inmediatos que anteceden 13.- El veintisiete de febrero de dos mil quince, causó estado el auto mencionado en el párrafo inmediato que antecede, de seis de febrero de dos mil quince, por el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por Eustorgio Montes Montes. 14.- Con base en la ejecutoria del amparo 845/2014-III a favor de J. REYES OLVERA MARTÍNEZ, el hoy quejoso GUILLERMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ solicitó al juzgado de origen le fuese devuelto el predio ubicado en Belisario Domínguez número 222 y 224 y calle Revolución sin número del Municipio de Ezequiel Montes, lo cual le fue negado por auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis. 15.- En contra de tal determinación, el hoy quejoso interpuso apelación que fue resuelta el veinticuatro de abril de dos mil dieciséis por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, la cual modificó el acto recurrido y ordenó poner en posesión del aquí quejoso el predio defendido. 16.- Siendo así las cosas, en contra de la indicada sentencia de veinticuatro de abril de dos mil dieciséis, el tercero interesado Eustorgio Montes Montes, interpuso juicio de amparo, el cual por razón de turno le tocó conocer a este Juzgado, quedando registrado bajo el número 1449/2016-I, y, siguiendo el curso legal del mismo se dictó sentencia el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, en la que se le concedió la protección de la Justicia Federal al citado tercero, para que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca civil a través de la cual, modificó el auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, emitido por la sala responsable. 17.- El tercero interesado interpuso recurso de revisión en contra de dicha sentencia, la cual colegiado confirmó el treinta de mayo de dos mil diecisiete, misma que causó ejecutoria el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, emitiendo la Sala un acuerdo de seis de junio de dos mil diecisiete con el que da cumplimiento al fallo protector. 18.- El veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el citado juicio de amparo, ordenándose su archivo. Entonces, con la crónica de antecedentes procesales plasmada, de las constancias agregadas a los presentes autos, y, de la certificación de cuenta, se constata que se trata de actos que emanan del cumplimiento del citado juicio de amparo número 1449/2016-I, del índice de este Juzgado, lo cual, actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción IX, del numeral 61 de la Ley de Amparo, ya que como se explicó con antelación, no es factible someter a un nuevo análisis constitucional las decisiones de una autoridad jurisdiccional federal en funciones de tribunal constitucional, ello en aras de la seguridad jurídica que debe prevalecer y de no propiciar una cadena interminable de procedimientos de amparo. Como ya se dijo, opera la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, ya que se promueve en contra de actos emitidos en cumplimiento de otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, ya que la ley no distingue, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de amparo; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en ejecución de otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado, o bien, deducir las acciones que la legislación ordinaria estipule en su favor. De igual manera es aplicable la Tesis IV.1o./K sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 503, Tomo VII, Febrero de 1998,, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." En el entendido de que las causas de improcedencia contenidas en la Ley de Amparo son compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio constitucional, puesto que su propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo en los casos sin mérito, es en sí legítimo. Apoya lo expuesto la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, consultable en la página mil ciento sesenta y siete, Libro VI, Marzo de dos mil doce, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son incompatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías". Son aplicables todos los anteriores criterios en forma análoga, en términos de lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que estatuye lo siguiente: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Así pues, como ya se dijo el acto reclamado es una resolución dictada en cumplimiento al juicio de amparo 1449/2016-I del índice de este Juzgado, que no dejó libertad de jurisdicción a la Sala para emitir su determinación, sino que sus efectos fueron vinculatorios, resolviendo de fondo la cuestión que ahora nuevamente plantea el quejoso, y que ya fue resuelto en aquel juicio en el que participó como tercero interesado, para demostrar lo anterior se tiene que: El quejoso plantea el presente juicio de amparo contra la resolución de seis de junio de dos mil diecisiete dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro bajo el argumento toral consistente en que el Juez Segundo de Distrito estableció que los efectos de la concesión del amparo otorgado J. REYES OLVERA MARTÍNEZ es dejar sin efectos el procedimiento de origen hasta su llamamiento, lo que provoca que las etapas subsecuentes del procedimiento quedaran sin efectos y que, por ende, debido a que en el procedimiento de ejecución el demandando GUILLERMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ fue desposeído del predio ubicado en Belisario Domínguez número 222 y 224 y calle Revolución sin número del Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, desde su perspectiva, debe ordenarse que se le restituya la posesión de dicho inmueble, considerando que es incorrecto que no haya litisconsorcio pasivo necesario. Al respecto, en la sentencia del juicio de amparo 1449/2016-I del índice de este Juzgado se resolvió precisamente esa cuestión, considerando: "(.) En principio es necesario establecer si los efectos del amparo otorgado al quejoso J. Reyes Olvera Martínez, en el juicio 845/2014-III, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 125/2014-II, benefician a los codemandados, entre ellos, a Guillermo Martínez Martínez, tal y como lo sostuvo la Sala, es decir, en el caso de que existiera un litisconsorcio pasivo necesario entre los codemandados en el juicio de origen, para la insubsistencia de la sentencia definitiva, su ejecución, así como el trámite del juicio natural, hasta su emplazamiento. Para lo anterior, es menester precisar la naturaleza jurídica de la figura del litisconsorcio. Según el Diccionario Jurídico Mexicano, el litisconsorcio es un término compuesto que deriva de los vocablos latinos litis (litigio) y consortium (participación o comunión de una misma suerte con uno o varios), por lo cual litisconsorcio quiere decir: litigio en que participan de una misma suerte varias personas. En general los tratadistas destacan determinados elementos que caracterizan dicha institución, los cuales aparecen como una constante en todas las definiciones, como son la pluralidad de partes que actúan como actores o como demandados en un proceso; una relación procesal única y autonomía de los sujetos procesales. Así, por litisconsorcio debe entenderse un estado entre varias personas que ocupan una misma posición en el proceso, como actores o como demandados, pero en forma autónoma, es decir, independiente los unos de los otros. Existen diversas especies de litisconsorcio, a saber: a) inicial, el que se da cuando varias partes instauran a un mismo tiempo el proceso, o bien cuando contra varias partes se instaura el proceso; b) sucesivo, es aquella que se forma con posterioridad a la instauración del proceso; c) activo, es la que surge cuando hay varios actores y un solo demandado; d) pasivo, es el que existe cuando hay un solo actor y varios demandados; e) mixto, es el que se presenta cuando hay varios actores y varios demandados; f) facultativo, es aquel que depende de la voluntad de las partes; así el actor podría instaurar diversos juicios separados, pero hace que varias partes intervengan en el juicio como demandados, porque así lo quiere; g) necesario, es el que deriva de la naturaleza de la relación substancial que constituye el objeto de la declaración de certeza por parte de los órganos jurisdiccionales. El procesalista italiano Piero Calamandrei sostiene: "En el litisconsorcio necesario, a la pluralidad de partes no corresponde una pluralidad de causas; la relación sustancial controvertida es sólo una, y una sola acción; pero como la relación sustancial es única para varios sujetos, en forma que las modificaciones de ella, para ser eficaces, tienen que operar conjuntamente en relación a todos ellos, la ley exige que al proceso en que hay que decidir de esa única relación, sean llamados necesariamente todos los sujetos de ella, a fin de que la decisión forme estado en todos ellos." (Derecho Procesal Civil, Argentina, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1986, T. II. p. 310). De lo anterior se sigue que los efectos entre las partes en el litisconsorcio necesario son los siguientes: 1. No sólo los hechos sino también las defensas de las partes, deben ser consideradas uniformemente respecto de todos los litisconsortes, porque debe existir una decisión que resuelva la controversia planteada en cuanto a todos; es decir, en estos casos los repetidos litisconsortes, si bien actúan cada uno por su propio derecho, como parte demandada deben considerarse como una unidad. 2. La suspensión de la relación procesal produce efectos respecto de todos los litisconsortes, porque integrando una sola parte, no puede suspenderse en cuanto a un litisconsorte y continuarse respecto de otro. 3. La sentencia debe emitirse en relación con todos y con la audiencia de todos los sujetos de la relación jurídica sustancial, pues en caso contrario no tendrá ningún valor. 4. Algunos especialistas en la materia procesal consideran que el litisconsorcio voluntario depende del libre albedrío de las partes; el necesario, en cambio puede ser dispuesto de oficio por el juez, quien puede integrar la litis citando a aquellas personas sin las cuales su decisión no tendría eficacia, o disponiendo que la contraparte lo haga so pena de declarar improponible la demanda. Los casos de litisconsorcio necesario, por regla general se encuentran establecidos expresamente en la ley, pero eventualmente pueden surgir como consecuencia de una relación jurídica concreta, por resultar necesaria procesalmente su existencia. Como un ejemplo de litisconsorcio pasivo lo tenemos en la solidaridad. Si se desea demandar a todos los deudores o a cualquiera de ellos, la totalidad de la obligación se puede demandar a uno o a todos en la misma demanda. (Artículo 1875 del Código Civil para el Estado de Querétaro) No obstante, esta posibilidad de demandar el cumplimiento de la obligación a uno solo o bien a todos los deudores, pone de relieve que si se desea llamar en un juicio a todos los deudores se está en el supuesto de litisconsorcio pasivo voluntario; pero no significa que el mismo sea necesario, pues si cada deudor responde por la totalidad de la obligación, no es requisito indispensable para la procedencia del juicio, que indefectiblemente se llame a todos los obligados solidarios, pues válidamente se puede pedir sólo a uno de ellos la satisfacción total de lo adeudado (litisconsorcio pasivo voluntario), de ahí que en tratándose de obligaciones solidarias no se actualice un litisconsorcio pasivo necesario. Es aplicable a lo anterior la tesis de Jurisprudencia VI.2o.C. J/285, consultable en la página 1800 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES INEXISTENTE TRATÁNDOSE DE OBLIGACIONES SOLIDARIAS. El litisconsorcio necesario presupone la afectación a una pluralidad de sujetos con motivo del derecho litigioso que se deduce en juicio, ya sea en forma activa o pasiva, de tal forma que la decisión que se dicte, de manera ineludible les afecte a todos, de ahí que cuando dos o más personas ejercen la misma acción u oponen la misma excepción se actualiza esta figura jurídica. Ahora bien, debe distinguirse entre el litisconsorcio voluntario y aquel de carácter necesario; el primero se da cuando la acción se insta o dirige indistintamente por o contra cada uno de los que están ligados por una misma obligación y deciden litigar en forma conjunta; el segundo acontece cuando es indispensable dar intervención a todos los interesados en el juicio para que puedan quedar vinculadas con lo resuelto en la sentencia que llegue a dictarse, esto es, que el proceso no puede iniciarse válidamente sino con la pluralidad de partes que intervienen en el acto objeto del litigio, de tal manera que no es posible pronunciar sentencia válida y eficaz sin oír a todas ellas; así, en tratándose del de naturaleza pasiva no sería posible condenar a uno de los demandados sin que ésta alcance al otro u otros. Sin embargo, en el caso de obligados solidarios, no se actualiza el supuesto del litisconsorcio pasivo necesario, habida cuenta que el artículo 1987 del Código Civil Federal, y sus correlativos de similar contenido en las entidades federativas, definen a la solidaridad pasiva como la obligación de dos o más deudores de prestar, cada uno por sí, en su totalidad, la prestación debida; de manera que si cada deudor responde por la totalidad de la obligación, no es requisito indispensable para su procedencia en juicio, que indefectiblemente se exija a todos los obligados solidarios, pues válidamente se puede pedir a uno de ellos la satisfacción de la totalidad de lo adeudado." Una vez sentado lo anterior, deben precisarse las características de la relación jurídica sustantiva de los juicios sumarios hipotecarios, pues en el caso, el acto reclamado emana de uno de esa naturaleza. Como se vio, la institución de crédito denominada Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero, por conducto de sus apoderados legales, demandó en la vía sumaria hipotecaria a Guillermo Martínez Martínez, J. Reyes Olvera Martínez, Isabel Martínez Martínez, Bernardo Martínez Martínez y Juana Vega Guerrero, el cumplimiento del contrato de crédito simple en forma de apertura de crédito, con interés y garantía hipotecaria. (Folios 2 al 9 del tomo identificado con el número VII). Por acuerdo de tres de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Tercero Civil, admitió a trámite la citada demanda, misma que quedó registrada con el número 1355/98, por lo que ordenó el emplazamiento de los demandados. (Folio 103 del tomo identificado con el número VII). El siete de junio del dos mil, se dictó sentencia definitiva dentro de los autos del juicio de origen, en la cual, se condenó a la parte demandada al cumplimiento de contrato y al pago de pesos, por ende, al remate de los bienes inmuebles hipotecados. La citada sentencia causó ejecutoria el veintiuno de julio del dos mil. (Folios 194 al 205 y 215 del tomo identificado con el número VII). Asimismo, de la escritura pública cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro, contrato base de la acción, se advierte que Guillermo Martínez Martínez, J. Reyes Olvera Martínez, Isabel Martínez Martínez, Bernardo Martínez Martínez y Juana Vega Guerrero, se constituyeron como acreditados, que las obligaciones contraídas fueron solidarias, en especial la de pago, que cada uno de ellos, está obligado por sí al cumplimiento de ellas y que la institución de crédito podía exigirles a cualquiera de ellos, el cumplimiento de las obligaciones ahí consignadas, en especial la de pago total o parcial del crédito (declaración I inciso F), asimismo, para garantizar las obligaciones asumidas, se constituyeron garantías reales sobre tres inmuebles, uno de ellos propiedad de Isabel Martínez Martínez y los dos restantes, de Guillermo Martínez Martínez (declaración II inciso D), materia del presente juicio. (Folios 60 al 98 del tomo identificado con el número VII) De lo anterior se deriva lo siguiente: 1. Que se trata de un juicio sumario hipotecario; 2. Existe un solo actor y pluralidad de demandados y ocupan la misma posición en el proceso y se demandaron simultáneamente; y, 3. Se reclamó de todos ellos la misma prestación. Por lo que, a las consecuencias de los obligados solidarios se aplican las reglas de la subrogación hasta el monto de la deuda satisfecha, en los términos de los artículos 1873 y 1885 del Código Civil para el Estado de Querétaro, que disponen: "ARTÍCULO 1873.- Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida." "ARTÍCULO 1885.- El deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les corresponda. Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes iguales. Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el déficit debe ser repartido entre los demás deudores solidarios, aún entre aquéllos a quienes el acreedor hubiere liberado de la solidaridad. En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor." Sin embargo, como se vio en la escritura pública cincuenta y siete mil doscientos cuarenta y cuatro, contrato base de la acción, se advierte que la institución de crédito podía exigir a cualquiera de los acreditados Guillermo Martínez Martínez, J. Reyes Olvera Martínez, Isabel Martínez Martínez, Bernardo Martínez Martínez y Juana Vega Guerrero, es decir, por separado, el cumplimiento de las obligaciones ahí consignadas, en especial la de pago total o parcial del crédito (declaración I inciso F), por ende, se llega a la conclusión de que no se está en presencia de un litisconsorcio pasivo necesario, porque si bien existe pluralidad de demandados (se reclamaron las mismas prestaciones a los codemandados o codeudores), no menos cierto resulta que la institución de crédito podía exigirles a cualquiera de los acreditados Guillermo Martínez Martínez, J. Reyes Olvera Martínez, Isabel Martínez Martínez, Bernardo Martínez Martínez y Juana Vega Guerrero, esto es, indistintamente el cumplimiento de las obligaciones consignadas en el contrato base de la acción. Por lo que al no existir litisconsorcio pasivo necesario entre los codemandados en el juicio de origen, los efectos de las sentencias de amparo, no benefician al codemandado que no lo promovió, por la reposición del procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.C.51 C, visible a fojas 1755 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. TRATÁNDOSE DE OBLIGADOS SOLIDARIOS NO SE ESTÁ EN ESTE SUPUESTO. La hipótesis en que se actualiza la definición de "litisconsorcio necesario" se da en el caso de que dos o más personas ejerzan la misma acción u opongan la misma excepción. El concepto doctrinal de litisconsorcio se define como el caso en que el derecho litigioso afecta a varias personas, ya sea en forma activa (parte actora) o pasiva (parte demandada), de tal manera que la decisión que se dicte en forma ineludible afectará a todas aquéllas. Al interpretar lo que en el artículo 53 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reformado, se entiende por "una misma acción" o "una misma excepción" a la luz de las anteriores precisiones, se llega a la conclusión, puesto que se trata de "litisconsorcio necesario", de que el precepto se refiere a la hipótesis de que la acción o la excepción provengan de una causa que es común a todos en forma indisoluble, verbigracia, herederos testamentarios en un juicio de nulidad de testamento; copropietarios en un juicio en que la litis se entable sobre el acto por el que adquirieron la propiedad; celebrantes de un contrato cuya nulidad se demanda, etc. Pero cuando varias personas ejercitan, en un mismo juicio, acciones que pudieron válidamente proponerse independientemente, o de esa forma oponen excepciones, tales que puedan prosperar indistintamente respecto de cada uno de los demandados, entonces no se está en la hipótesis del precepto 53 reformado, pues no se trata de la misma acción o de la misma excepción, sino que se está ante un litisconsorcio voluntario. Ejemplo, si varios condueños reclaman, en una sola demanda, al administrador del condominio, que en sus respectivas posesiones no se han colocado los accesorios que se encomendaron al demandado; o si los deudos de la víctima de un accidente aéreo demandan la indemnización por la muerte de ésta, tanto a la compañía dueña del avión, como al piloto a quien se atribuye negligencia culpable; en el anterior ejemplo habría litisconsorcio voluntario en ambas partes, ya que podría prosperar la acción de unos demandantes y la de otros no, e igualmente podrían acogerse las defensas de cada uno de los demandados, de ambos, o de ninguno de ellos, indistintamente, sin que ello afectara a los otros. Así también, existe litisconsorcio voluntario cuando se demanda a un ente como obligado principal y varias personas como garantes y obligados solidarios, en tanto que en este caso hubo una obligación solidaria, puesto que cada uno de los demandados pudo ser enjuiciado per se, y que la condena que se impusiera podría ejecutarse en uno o en varios de ellos, sin afectarlos a todos, por lo que sin duda hay litisconsorcio voluntario, ya que existen tantas acciones, acumuladas voluntariamente, cuantos demandados, y no se trata, por tanto, de "una misma acción", ni de "una misma excepción". En esa tesitura, es incorrecto el actuar de la Sala responsable pues contrario a lo que sostiene, los efectos del amparo otorgado al quejoso J. Reyes Olvera Martínez, en el juicio 845/2014-III, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 125/2014-II, no benefician a los codemandados, entre ellos, a Guillermo Martínez Martínez, por no existir un litisconsorcio pasivo necesario entre éstos, pues con independencia de que se hubiera ordenado dejar insubsistente todo lo actuado en el juicio natural de donde emanan los actos reclamados y se emplazara debidamente al promovente del citado juicio, los emplazamientos de los codemandados Guillermo Martínez Martínez e Isabel Martínez Martínez, están incólumes. Es decir, que al no beneficiar los efectos del juicio de amparo 845/2014-III multireferido, al demandado Guillermo Martínez Martínez, no procede ponerlo en posesión del inmueble ubicado en la calle Belisario Domínguez números 222 y 224 y calle Revolución sin número en el Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro ni ordenar la cancelación de la escritura pública número veinte mil trescientos treinta y seis, pasada ante la fe del Notario Público número 6, de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cadereyta de Montes, Querétaro. Lo anterior, ya que la sentencia definitiva de siete de junio del dos mil, dictada dentro de los autos del juicio de origen, en la cual, se condenó a la parte demandada, entre otros a Guillermo Martínez Martínez, al cumplimiento de contrato y al pago de pesos, sigue vigente, así como su ejecución (adjudicación de inmueble). Al respecto, no se desconoce la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, materia común, tesis 406, página 350, que establece: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO ORDENEN REPONER EL PROCEDIMIENTO SU EFECTOS DEBEN HECERSE EXTENSIVOS A LOS CODEMANDADOS DEL QUEJOSO, SIEMPRE QUE ENTRE ESTOS EXISTA LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. Los efectos de la sentencia de amparo que concede la protección federal solicitada, deben extenderse a los codemandados del quejoso, quienes no ejercitaron la acción constitucional correspondiente, cuando se encuentre acreditado en autos que entre dichos codemandados existe litisconsorcio pasivo necesario o que la situación de los litisconsortes sea idéntica, afín o común a la de quien sí promovió el juicio de garantías pues lo efectos del citado litisconsorcio pasivo sólo se producen dentro del proceso correspondiente, por lo que sí pueden trasladarse al procedimiento constitucional. Por lo tanto, sí se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se deje insubsistente todo lo actuado en un juicio ejecutivo mercantil, a partir de su ilegal emplazamiento, las consecuencias de dicha resolución sí deben alcanzar a beneficiar a los codemandados del quejoso en el juicio natural, en tanto que constituye un acto necesario para el debido cumplimiento de la sentencia de amparo, ya que en el caso contrario, se haría nugatoria la concesión de la protección constitucional, sin que esto implique infracción al principio de relatividad de las sentencias de amparo previsto en los artículos 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo, habida cuenta de que no se ésta en la hipótesis de que una sentencia de amparo se hubiese ocupado de individuos particulares o de personas morales diversas a quienes hubieren solicitado la protección federal." Sin embargo, tal criterio no se actualiza en este caso, tomándose en cuenta que, como ya se vio, no se está ante un litisconsorcio pasivo necesario, sino voluntario, y que, además, tal criterio no abordó el supuesto acerca de si se concede el amparo a uno de los litisconsortes pasivos por falta o indebido emplazamiento, tal concesión debe o no hacerse extensiva a todos los litisconsortes, incluidos los que ya fueron emplazados, tema que se dilucidó en sentido negativo en la siguiente Jurisprudencia que es perfectamente aplicable al presente asunto: 1a./J. 72/2011 (9a.), consultable en la página 933 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Décima Época, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO. El principio de relatividad que rige al juicio de garantías ordena que la sentencia de amparo solamente se ocupe de los individuos que lo hubiesen solicitado, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto reclamado. Tal principio admite como excepción el supuesto en que exista litisconsorcio necesario, en cuyo caso, el beneficio de la concesión se extiende al resto de los litisconsortes, pues por su naturaleza misma, atinente a la indivisibilidad del derecho sustantivo litigioso, se hace imprescindible oír a todos los interesados que se encuentren en la comunidad jurídica respecto de la materia de la controversia, para que se pueda dictar una sentencia válida. Sin embargo, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la justicia federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues esa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que en ese preciso tema ha de atenderse al principio de relatividad explicado." Asimismo, la tesis I.3o.C.1021 C (9a.), consultable en la página 1238 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO VOLUNTARIO ANTE LA PLURALIDAD DE DEMANDADOS QUE TIENEN EL CARÁCTER DE OBLIGADOS SOLIDARIOS. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS DEMANDADOS PARA EL EFECTO DE SER DEBIDAMENTE EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 72/2011, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO." ha establecido que aun ante la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, la reposición del procedimiento como efecto de la sentencia de amparo que concede la protección de la Justicia Federal solicitado por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que sí fueron emplazados de forma legal, para que éste se verifique de nueva cuenta, pues ésa no es una consecuencia lógica y natural del litisconsorcio, si se considera que el llamamiento de cada uno de los litisconsortes se verifica de manera independiente, por lo que debía atenderse a lo previsto en el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo. Entonces, al no resultar procedente dejar insubsistentes los emplazamientos de los demás litisconsortes y ordenar su nuevo llamamiento a juicio aun de actualizarse la figura del litisconsorcio pasivo necesario (que impide la emisión de una sentencia válida de no llamarse a juicio a todos los que les vaya a parar perjuicio la sentencia), con mayor razón no resulta procedente dicha concesión en tratándose de un litisconsorcio pasivo voluntario actualizado ante la pluralidad de partes demandadas que tienen el carácter de obligados solidarios, en cuyo caso puede demandarse a cualquiera de las personas obligadas, sin que sea necesario demandar simultáneamente a éstas para que la sentencia que se pronuncie tenga validez y eficacia jurídica." En esa virtud, lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitada por la parte quejosa. SEXTO. Efectos de la concesión. El amparo y protección de la Justicia federal se concede a fin de que la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, deje insubsistente la sentencia interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del toca civil 1431/2016 a través de la cual, modificó el auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, emitido por el Juez Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Querétaro y emita otra, siguiendo los lineamientos dados en la presente sentencia, es decir, señale que al no beneficiar al demandado Guillermo Martínez Martínez, los efectos del juicio de amparo 845/2014-III, promovido por J. Reyes Olvera Martínez, del índice del entonces Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Querétaro, ahora Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, actualmente 125/2014-II, no procede ponerlo en posesión del inmueble ubicado en la calle Belisario Domínguez números 222 y 224 y calle Revolución sin número en el Municipio de Ezequiel Montes, Querétaro, ni tampoco ordenar la cancelación de la escritura pública número veinte mil trescientos treinta y seis, pasada ante la fe del Notario Público número 6, de esta ciudad, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Cadereyta de Montes, Querétaro. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A EUSTORGIO MONTES MONTES, por su propio derecho, en contra de la interlocutoria de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del toca civil 1431/2016, en términos del considerando quinto de esta sentencia y para los efectos precisados en el último de la misma (.) Como nítidamente se puede apreciar, en el juicio de amparo 1449/2016-I, se resolvió la cuestión que ahora insistentemente plantea el quejoso, no dejando a la Sala libertad para resolver, sino constriñéndola a considerar, por un lado que el amparo hacia J. REYES OLVERA MARTÍNEZ no le beneficiaba al hoy quejoso GUILLERMO MARTÍNEZ MARTÍNEZ; y por otro lado que no existía un litisconsorcio pasivo necesario en el asunto de origen, sino voluntario, por lo que debía confirmar el auto del juez del conocimiento en el que se determinó no ordenar restituirle el predio que ahora de nuevo pretende defender. Por tanto, por los motivos que han quedado expuestos, la demanda de amparo que nos ocupa, resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere la fracción IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, al actualizarse en la especie las causales de improcedencia antes invocadas, en relación a cada uno de los actos reclamados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 en términos amplios al licenciado ARTURO GUARDADO PAZ; y en términos del citado artículo 12, en relación con el diverso 24 de la ley de la materia, se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos a los demás nombrados, sin perjuicio que una vez que acrediten ante este juzgado estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, se les otorguen las facultades amplias a que hace mención el citado artículo 12. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 73 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública General en relación con el diverso 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil cuatro, hágase saber a las partes en este juicio, que están en aptitud de oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando este órgano jurisdiccional determine si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta si la información correspondiente es considerada o no como reservada en términos de lo previsto en los artículos 13 y 14 de la citada Ley, en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa con oportunidad, conlleva su consentimiento para que la sentencia o determinación respectiva se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Como ejemplo de estas promociones son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal
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