Guillermo Martínez Martínez

Expediente 498/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
498/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
28/05/2018

Partes del expediente

  • Guillermo Martínez Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción I, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Por otro lado, se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo previsto por la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. MESA I

  2. Principal

    RECEPCIÓN DE ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso, en cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en la prevención contenida en autos; en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del ocurso de que se trata, con un anexo, y copias de traslado, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. ACTOS RECLAMADOS. Ahora análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro dentro del toca civil 178/2018 mediante la cual revoca el auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil de Querétaro en el expediente 1355/1998. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Pues bien, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso que se estudia. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido esta juzgadora advierte de oficio que, respecto del acto reclamado descrito en líneas anteriores, se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la demanda, que le impide admitirla y que está prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en ejecución de sentencia, que no sea aquel que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A fin de comprender en su exacta dimensión esta hipótesis de improcedencia, es importante mencionar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". (Lo resaltado es propio) Así, de la interpretación sistemática de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra los actos de ejecución de sentencia de los tribunales judiciales realizados, en los supuestos siguientes: 1. Contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. 2. En el procedimiento de remate aquél que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados. Como bien se sabe, el objetivo del procedimiento de ejecución de una sentencia es cumplir con lo resuelto en ésta, aspecto que constituye una cuestión de orden público. En ese sentido, a fin de evitar su entorpecimiento o retardo, con motivo de la promoción de un amparo, el legislador consideró que éste únicamente procede en términos de la reglas descritas, esto es, contra la resolución que pone fin al procedimiento respectivo (entendida como aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados), con la posibilidad de que se controviertan las violaciones producidas durante su tramitación que dejaron en estado de indefensión a la persona. Al respecto, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 75, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." (Énfasis añadido) De manera excepcional, existe la oportunidad de impugnar un acto de ejecución de sentencia, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, siempre que afecte de manera irreparable los derechos sustantivos de la persona reconocidos en la Constitución o en los tratados y demás instrumentos internacionales en que México es parte, o bien, que la parte quejosa ostente la calidad de persona extraña, circunstancias que en el caso concreto no se actualizan. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia P./J. 108/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En efecto, en el caso, los actos reclamados tienen su origen en el expediente 1355/1998, en específico en la etapa de ejecución de sentencia, pues así se advierte del escrito que se provee, y de las constancias que la parte quejosa anexa al mismo. Bajo esta tesitura, de acuerdo con las manifestaciones de la parte quejosa, es dable establecer que los actos a que se hizo referencia, fueron emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, y no forman parte de un acto autónomo de éste. Tampoco constituyen ni tienen la naturaleza de ser la resolución definitiva que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o bien ordena el archivo. No se trata tampoco de un acto dictado en el procedimiento de remate. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por último, tampoco la parte quejosa es tercero extraño al juicio sumario hipotecario radicado bajo el expediente 1355/1998, que se promovió en contra del aquí quejoso, del que dimanan los actos reclamados, ya que de los antecedentes que narra en su escrito que se provee se advierte que el juicio siguió sus etapas procesales. En tal virtud, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente contra los actos descritos en líneas anteriores..I NP

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 14/05/2018 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 11/05/2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...RECEPCIÓN DE ESCRITO. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso, en cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en la prevención contenida en autos; en consecuencia, se provee: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo vigente, al tenor del ocurso de que se trata, con un anexo, y copias de traslado, téngase a la parte promovente dando cumplimiento al requerimiento contenido en autos. ACTOS RECLAMADOS. Ahora análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro dentro del toca civil 178/2018 mediante la cual revoca el auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia Civil de Querétaro en el expediente 1355/1998. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Pues bien, conviene mencionar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación al juez de examinar la demanda y si advierte la materialización manifiesta e indudable de una hipótesis de improcedencia, la desechará de plano. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso que se estudia. Sobre el particular, resulta ilustrativa la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa y nueve, cuyo rubro es: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. En ese sentido esta juzgadora advierte de oficio que, respecto del acto reclamado descrito en líneas anteriores, se materializa de forma manifiesta e indudable una hipótesis de improcedencia de la demanda, que le impide admitirla y que está prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados en ejecución de sentencia, que no sea aquel que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. A fin de comprender en su exacta dimensión esta hipótesis de improcedencia, es importante mencionar que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". (Lo resaltado es propio) Así, de la interpretación sistemática de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es procedente contra los actos de ejecución de sentencia de los tribunales judiciales realizados, en los supuestos siguientes: 1. Contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia. 2. En el procedimiento de remate aquél que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de los bienes rematados. Como bien se sabe, el objetivo del procedimiento de ejecución de una sentencia es cumplir con lo resuelto en ésta, aspecto que constituye una cuestión de orden público. En ese sentido, a fin de evitar su entorpecimiento o retardo, con motivo de la promoción de un amparo, el legislador consideró que éste únicamente procede en términos de la reglas descritas, esto es, contra la resolución que pone fin al procedimiento respectivo (entendida como aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla o aquella resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados), con la posibilidad de que se controviertan las violaciones producidas durante su tramitación que dejaron en estado de indefensión a la persona. Al respecto, resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, julio de 2004, página 75, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." (Énfasis añadido) De manera excepcional, existe la oportunidad de impugnar un acto de ejecución de sentencia, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, siempre que afecte de manera irreparable los derechos sustantivos de la persona reconocidos en la Constitución o en los tratados y demás instrumentos internacionales en que México es parte, o bien, que la parte quejosa ostente la calidad de persona extraña, circunstancias que en el caso concreto no se actualizan. Resulta aplicable por analogía, la jurisprudencia P./J. 108/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En efecto, en el caso, los actos reclamados tienen su origen en el expediente 1355/1998, en específico en la etapa de ejecución de sentencia, pues así se advierte del escrito que se provee, y de las constancias que la parte quejosa anexa al mismo. Bajo esta tesitura, de acuerdo con las manifestaciones de la parte quejosa, es dable establecer que los actos a que se hizo referencia, fueron emitidos dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, y no forman parte de un acto autónomo de éste. Tampoco constituyen ni tienen la naturaleza de ser la resolución definitiva que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para cumplirla, o bien ordena el archivo. No se trata tampoco de un acto dictado en el procedimiento de remate. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Por último, tampoco la parte quejosa es tercero extraño al juicio sumario hipotecario radicado bajo el expediente 1355/1998, que se promovió en contra del aquí quejoso, del que dimanan los actos reclamados, ya que de los antecedentes que narra en su escrito que se provee se advierte que el juicio siguió sus etapas procesales. En tal virtud, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el juicio de amparo resulta improcedente contra los actos descritos en líneas anteriores..

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE CITATORIO DE 26/04/2018 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE 25/04/2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ...REGISTRO DE EXPEDIENTE V I S T A la demanda de amparo promovida por ******, por violación a los derechos humanos, así como a las garantías para su protección contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales; con apoyo en los artículos 103 fracción I, Constitucional, fórmese el expediente respectivo, bajo el número 498/2018-I, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que al efecto se lleva. PREVENCIÓN Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 114, fracción I, en relación con el numeral 108 fracción V de la nueva Ley de Amparo, prevéngase al promovente, para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que se le haga de este proveído y bajo apercibimiento de las penas en que incurren los falsos declarantes ante la autoridad jurisdiccional conforme lo señalado en el artículo 261 fracción I, de la Ley de la materia, a efecto de integrar debidamente la litis constitucional, bajo protesta de decir verdad cumpla con el siguiente requerimiento: Deberá abundar, sobre los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, en el entendido de que ello deberá ser de manera cronológica, clara y precisa, en virtud de que de la lectura de la demanda, no se advierte que los haya descrito, como lo son, entre otros, el tipo de juicio, las partes, lo reclamado, y, la etapa procesal en que se encuentra. Así también, deberá exhibir copias simples o certificadas de la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho dictada dentro del toca civil 178/2018, derivado del expediente 1355/1998 del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil de Querétaro, así como del auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete emitido en el último expediente citado. De igual manera, exhiba copias suficientes del escrito con el que dé cumplimiento a la prevención, ello en términos del artículo 110 de la ley de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Bajo apercibimiento, que de no dar cumplimiento a lo solicitado, en el término otorgado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo que nos ocupa en términos del artículo 114 de la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere, y, con fundamento en el artículo 12 de la ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios al licenciado ******* USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se permite la reproducción por medios tecnológico del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite, a fin de que cualesquiera de los actuarios adscritos realicen las notificaciones personales y diligencias que se les encomienden en este asunto. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En caso de que en el presente auto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal...I

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