Guillermo López Vázquez

Expediente 936/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
936/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
14/11/2018

Partes del expediente

  • Guillermo López Vázquez
  • Bernabe Aguilar Flores
  • Presidente del Consejo de Honor y Justicia Policial de la Comisión Estatal de Seguridad en el Estado deTlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió para las partes el plazo para interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 151 a 155); por tanto, se declara que el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar.  Se ordena el archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es destruible una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billete de depósito al no obrar éste en autos.

  2. Principal

    Agréguese únicamente para que obre como corresponda a los autos para que obre como corresponda el alegato ministerial 562/2018 signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo a este Juzgado de Distrito, toda vez que mediante auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 151 a 155), se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia Policial de la Comisión Estatal de Seguridad en el Estado de Tlaxcala y anexos; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Delegados y domicilio Por otro lado, en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que indican; asimismo en cuanto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígase que en término del artículo 28, fracción II, de la citada ley, estas se harán en el domicilio de sus oficinas principales. Pruebas autoridad responsable De igual forma, se tienen por ofrecidas la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, así como las documentales que anexa la autoridad oficiante, consistentes en copias certificadas de diversas constancias del expediente administrativo C.H.J.P.A. 11/2018, instaurado en contra de los quejosos. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Al respecto, el análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Consejo de Honor y Justicia Policial de la Comisión Estatal de Seguridad en el Estado de Tlaxcala, el acto siguiente: La omisión de acordar los escritos presentados por cada uno de los quejosos el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente administrativo C.H.J.P.A. 11/2018, del índice de la autoridad responsable, a través de los cuales dieron contestación a los hechos que les fueron imputados dentro de dicho procedimiento, instaurado en contra de éstos con motivo de la solicitud formulada por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que la omisión reclamada vulnera su derecho fundamental reconocido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que de las documentales exhibidas por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia Policial de la Comisión Estatal de Seguridad en el Estado de Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado, se desprende que mediante proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo responsable admitió a trámite el procedimiento administrativo C.H.J.P.A. 11/2018. Dicho procedimiento fue instaurado en contra de los quejosos Guillermo López Vázquez, Bernabé Aguilar Flores, Álvaro Rosas López y Azael Maldonado Sánchez -quienes tienen el carácter de Policías de la Comisión Estatal de Seguridad-, con motivo de la solicitud formulada por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad; concedió a los quejosos el plazo de cinco días hábiles para que dieran contestación a los hechos que les fueron imputados; y señaló las diez horas del veintiuno de septiembre del mismo año, para que tuviera verificativo la audiencia de ley. Mediante sendos escritos presentados el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, los quejosos dieron contestación a los hechos que les fueron imputados, ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes, señalaron domicilio procesal, así como autorizados para oír y recibir notificaciones. El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia inicial, con la comparecencia de los quejosos, el suplente del Presidente del citado Consejo, conjuntamente con sus demás integrantes, acordaron su diferimiento, en razón de que el Consejo de Honor y Justicia no se encontraba debidamente integrado, pues en esa fecha aún no se había realizado el cambio de Presidente; razón por la cual determinaron su diferimiento para las diez horas del diez de octubre de dos mil dieciocho. Inconformes con lo anterior, mediante escrito presentado el ocho de octubre del año en curso, los quejosos promovieron el presente juicio constitucional, pues estimaron que la omisión de acordar sus escritos presentados el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, vulneraba su derecho de petición. No obstante, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que el diez de octubre de dos mil dieciocho tuvo verificativo la audiencia inicial, en la cual fueron acordados los escritos de los quejosos, pues se les tuvo por reconocida su personalidad; por señalado el domicilio procesal solicitado; por autorizados para recibir notificaciones a los abogados que precisaron; por formulada la contestación a los hechos que les fueron imputados; por ofrecidas y admitidas las pruebas que resultaron procedentes; y por formulados los alegatos que hicieron valer. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que al acordarse dichos escritos, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto la omisión reclamada por Guillermo López Vázquez, Álvaro Rosas López, Bernabé Aguilar Flores y Azael Maldonado Sánchez; sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Conviene precisar que si bien el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la omisión de acordar los escritos presentados por los quejosos el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente administrativo C.H.J.P.A. 11/2018, ante el Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad, y que éstos fueron acordados el diez de octubre del año en curso, tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que el precepto citado establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En ese sentido, en el presente caso no se surte el segundo de los requisitos para la procedencia de la ampliación, por lo que no resulta procedente requerir a la parte quejosa a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del acuerdo de diez de octubre del año en curso. Ello, en razón de que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los órganos jurisdiccionales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. En relación con dicha temática, la Primera Sala determinó que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe entenderse al que regula de manera integral su situación, la cual se regirá por la norma secundaria que regule dicho procedimiento. Así la trasgresión al artículo 8° constitucional no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, 14, 16 y 17, cuando el particular se encuentre dentro del procedimiento jurisdiccional, o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello, impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regula la referida situación. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  4. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia Policial de la Comisión Estatal de Seguridad en el Estado de Tlaxcala y anexos; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Delegados y domicilio Por otro lado, en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que indican; asimismo en cuanto al domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, dígase que en término del artículo 28, fracción II, de la citada ley, estas se harán en el domicilio de sus oficinas principales. Pruebas autoridad responsable De igual forma, se tienen por ofrecidas la instrumental de actuaciones, la presuncional legal y humana, así como las documentales que anexa la autoridad oficiante, consistentes en copias certificadas de diversas constancias del expediente administrativo C.H.J.P.A. 11/2018, instaurado en contra de los quejosos. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia constitucional Al respecto, el análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable pone de relieve que en el caso se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, de modo alguno podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea el amparo. Así, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. En ese sentido, tal como se precisó, de oficio se advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, conforme a la causal en comento, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso. Ello, en razón de que al dejar de verse afectados los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo, caso en el que el juicio constitucional, carecería de litis sobre la que quepa hacer un pronunciamiento de fondo. Ahora, para mejor comprensión de la presente determinación, resulta pertinente señalar que, en el caso, la parte quejosa reclama del Consejo de Honor y Justicia Policial de la Comisión Estatal de Seguridad en el Estado de Tlaxcala, el acto siguiente: La omisión de acordar los escritos presentados por cada uno de los quejosos el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente administrativo C.H.J.P.A. 11/2018, del índice de la autoridad responsable, a través de los cuales dieron contestación a los hechos que les fueron imputados dentro de dicho procedimiento, instaurado en contra de éstos con motivo de la solicitud formulada por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad. Lo anterior, pues la parte quejosa estima que la omisión reclamada vulnera su derecho fundamental reconocido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, que prevé que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; asimismo, que su servicio será gratuito, quedando prohibidas las costas judiciales. Ahora, en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, en virtud de que de las documentales exhibidas por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia Policial de la Comisión Estatal de Seguridad en el Estado de Tlaxcala, en apoyo a su informe justificado, se desprende que mediante proveído de diez de septiembre de dos mil dieciocho, el Consejo responsable admitió a trámite el procedimiento administrativo C.H.J.P.A. 11/2018. Dicho procedimiento fue instaurado en contra de los quejosos Guillermo López Vázquez, Bernabé Aguilar Flores, Álvaro Rosas López y Azael Maldonado Sánchez -quienes tienen el carácter de Policías de la Comisión Estatal de Seguridad-, con motivo de la solicitud formulada por el Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad; concedió a los quejosos el plazo de cinco días hábiles para que dieran contestación a los hechos que les fueron imputados; y señaló las diez horas del veintiuno de septiembre del mismo año, para que tuviera verificativo la audiencia de ley. Mediante sendos escritos presentados el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, los quejosos dieron contestación a los hechos que les fueron imputados, ofrecieron las pruebas que estimaron pertinentes, señalaron domicilio procesal, así como autorizados para oír y recibir notificaciones. El veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia inicial, con la comparecencia de los quejosos, el suplente del Presidente del citado Consejo, conjuntamente con sus demás integrantes, acordaron su diferimiento, en razón de que el Consejo de Honor y Justicia no se encontraba debidamente integrado, pues en esa fecha aún no se había realizado el cambio de Presidente; razón por la cual determinaron su diferimiento para las diez horas del diez de octubre de dos mil dieciocho. Inconformes con lo anterior, mediante escrito presentado el ocho de octubre del año en curso, los quejosos promovieron el presente juicio constitucional, pues estimaron que la omisión de acordar sus escritos presentados el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, vulneraba su derecho de petición. No obstante, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se desprende que el diez de octubre de dos mil dieciocho tuvo verificativo la audiencia inicial, en la cual fueron acordados los escritos de los quejosos, pues se les tuvo por reconocida su personalidad; por señalado el domicilio procesal solicitado; por autorizados para recibir notificaciones a los abogados que precisaron; por formulada la contestación a los hechos que les fueron imputados; por ofrecidas y admitidas las pruebas que resultaron procedentes; y por formulados los alegatos que hicieron valer. De lo anterior, se desprende la cesación de efectos del acto reclamado, toda vez que al acordarse dichos escritos, los efectos del acto reclamado desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicionalmente, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna de dicha afectación. En este orden de ideas, es indudable que se surte la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto la omisión reclamada por Guillermo López Vázquez, Álvaro Rosas López, Bernabé Aguilar Flores y Azael Maldonado Sánchez; sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa con las constancias de mérito, dado que no cambiaría el sentido de la presente determinación. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio constitucional respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Conviene precisar que si bien el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la omisión de acordar los escritos presentados por los quejosos el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del expediente administrativo C.H.J.P.A. 11/2018, ante el Consejo de Honor y Justicia de la Comisión Estatal de Seguridad, y que éstos fueron acordados el diez de octubre del año en curso, tal determinación no es susceptible de ampliación, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Amparo, puesto que el precepto citado establece que la demanda de amparo se podrá ampliar siempre que no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando los nuevos actos guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En ese sentido, en el presente caso no se surte el segundo de los requisitos para la procedencia de la ampliación, por lo que no resulta procedente requerir a la parte quejosa a efecto de que manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo respecto del acuerdo de diez de octubre del año en curso. Ello, en razón de que tal supuesto sólo se actualiza cuando se reclame violación al derecho de petición contenido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; empero, cuando la omisión se presenta dentro de un procedimiento no opera dicha regla, puesto que tal procedimiento está sujeto al cumplimiento de formalidades adjetivas o principios de justicia completa, pronta e imparcial a que alude el artículo 17 de la Constitución General de la República, que establece los lineamientos de la actividad de los órganos jurisdiccionales obligados a administrar justicia en los plazos y términos que fijan las leyes. En relación con dicha temática, la Primera Sala determinó que no es factible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de petición, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales el particular puede entrar en contacto con el Estado, debe entenderse al que regula de manera integral su situación, la cual se regirá por la norma secundaria que regule dicho procedimiento. Así la trasgresión al artículo 8° constitucional no puede reclamarse de forma autónoma a lo previsto en los diversos preceptos constitucionales, 14, 16 y 17, cuando el particular se encuentre dentro del procedimiento jurisdiccional, o seguido en forma de juicio, pues el actuar de la autoridad debe determinarse en atención a la situación jurídica en la que se encuentre dicho particular, sin que ello, impida el estudio de forma indivisible e interdependiente de los derechos que regula la referida situación. En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por tanto, una vez que cause estado la presente determinación, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

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