Guillermo Jiménez Molin

Expediente 795/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
795/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Guillermo Jiménez Molin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cinco de abril de dos mil veintiuno. Sentencia causa ejecutoria Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la resolución de dos de marzo de dos mil veinte, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo Ahora bien, toda vez que en la sentencia dictada en el presente asunto, respeto del acto reclamado competencia de este Juzgado de Distrito, se determinó decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente Destruible. Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento en el juicio. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurran los plazos que disponen los artículos 18, penúltimo párrafo y 27 del Acuerdo General referido. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrúyase el expediente. Destrúyase el juicio principal dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior; debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de los expedientes y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Documentos originales Por otra parte, tomando en consideración que la parte tercero interesada exhibió diversos documentos originales; con fundamento en el segundo párrafo del artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte; requiérase para que dentro del término de noventa días hábiles comparezca a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se autoriza expedición de copias certificadas y devolución de documentos Finalmente, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la tercera interesada Licet Stefani Jiménez Molina, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 278, 279 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo solicita expídase a su costa las copias certificadas que índica en su ocurso de cuenta, previa razón de su recibo se agregue en autos; asimismo, en cuanto a la devolución de documentos que exhibió en el presente juicio de amparo, cuya deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. A fin de llevar la práctica de la referida diligencia y dadas las condiciones de contingencia sanitaria que persisten, se ponen a disposición de la parte tercera interesada, los datos de contacto de los funcionarios judiciales que podrán intervenir en el desahogo de dicha actuación, siendo los siguientes: Nombre del funcionario Cargo Datos de contacto Librado Antonio Gómez Morales Secretario librado.gomez.morales@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 241 193 4271 Olga Viviana López González Secretaria olga.lopez.gonzalez@correo.cjf.gob.mx Teléfono celular: 246 457 4955 De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corre a cargo de la parte tercera interesada el que, a través del Portal de Servicios en Línea, agende una cita previa, con el fin de que pueda comparecer a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a fin de que le sean entregadas debidamente certificadas las constancias antes referidas. Por lo que deberá informar previa y oportunamente a este juzgado, sobre el día y hora que el sistema del Portal de Servicios en Línea le hubiera generado, a fin de que el personal que se encuentra laborando presencialmente en el juzgado -cuyo número es limitado- tenga la oportunidad de preparar la documentación solicitada y la atención presencial sea rápida y expedita.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Se tiene por hecha notificación Agréguese a los autos la razón actuarial de once de marzo del año en curso, y visto su contenido, téngase al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Federal, informando que al cumplir con lo ordenado y entregar el oficio número 4243/2021, dirigido al Administrador del Mercado 12 de Mayo de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, fue atendido por una persona que dijo trabajar para la administración de dicho mercado, el cual no se identificó; sin embargo, describió sus rasgos fisonómicos, quien le informó lo siguiente: ". no me puede recibir nada que si quiere lo deje pero que él no va a firmar ni recibir nada que venga cuando esté la persona que pueda recibirme mismo que no tiene hora para encontrarlo". No obstante, que se constituyó en diversas horas y fechas, dicha persona no recibió el referido oficio; por tanto, procedió a dejarlo fijado en la puerta de acceso de la Administración del Mercado 12 de Mayo de la Ciudad de Apizaco, Tlaxcala, de conformidad con la fracción I, del artículo 28, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene por hecha la notificación del oficio respectivo, en términos de dicho numeral, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 795/2020-IV, promovido por Guillermo Jiménez Molina, por si y como albacea a bienes de Guillermo Jiménez Ulloa, Roberto Jiménez Molina y Verónica Molina Téllez; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de garantías. Por escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veinte, ante el secretario de guardia, adscrito a este Juzgado de Distrito, por Guillermo Jiménez Molina, por si y como albacea a bienes de Guillermo Jiménez Ulloa, Roberto Jiménez Molina y Verónica Molina Téllez, demandaron el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES "III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: AUTORIDAD ORDENADORA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE APIZACO, TLAXCALA. AUTORIDAD EJECUTORA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE APIZACO. DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. ADMINISTRADOR DEL MERCADO DOCE DE MAYO DE LA CIUDAD DE APIZACO, TLAXCALA. DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA." ACTOS RECLAMADOS "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: AUTORIDAD ORDENADORA De la autoridad ordenadora reclamo y atribuyo la orden de arresto dictada en contra de los suscritos, así como la orden de desalojo y/o levantamiento del puesto ambulante de los suscritos. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. De las mismas reclamo y atribuyo el cumplimiento y ejecución de la orden de arresto dictada en contra de los suscritos, así como la orden de desalojo y/o levantamiento del puesto ambulante de los suscritos ubicado en calle Emilio Carranza esquina con Xicohténcatl de esta ciudad de Apizaco, Tlaxcala." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 5 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relató los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte (fojas 12 a 15), este juzgado de Distrito registró la demanda de amparo con el número de juicio 795/2020-IV, y previno al quejoso en los términos señalados en el mismo. Posteriormente, mediante escrito de trece de enero de dos mil veintiuno, la parte quejosa desahogó la prevención formulada (foja 16). En consecuencia, mediante acuerdo de catorce de enero de dos mil veintiuno (fojas 24 a 27), se admitió a trámite la demanda, se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó dar la legal intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como el emplazamiento de la tercera interesada y se señaló fecha y hora para que se llevara a cabo la audiencia constitucional. CUARTO. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Presupuestos procesales (competencia, procedencia y vía). Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala tiene competencia constitucional para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La competencia por materia de este órgano de control constitucional tiene su fundamento en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de tratarse de un Juzgado de Distrito Mixto, es decir, no tiene jurisdicción especial para conocer en específico de algunos de los asuntos a que se refieren los artículos 50 al 55 de la misma ley. La competencia por territorio tiene su fundamento en los artículos 35 y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos reclamados se ejecutaron dentro de esta entidad federativa, en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Vía y procedencia. La vía y la procedencia del presente juicio de amparo indirecto tienen su fundamento en los artículos 2º y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa reclama actos administrativos. Lo anterior, sin perjuicio de las causas de sobreseimiento o improcedencia que, en su caso, se puedan actualizar, lo cual se analizará más adelante en el considerando respectivo. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y a las constancias del presente juicio de amparo, se concluye que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La orden de arresto; y, La orden de levantamiento del puesto ambulante; así como su ejecución del que aducen ser titulares. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado respeto de la orden de arresto. No son ciertos los actos reclamados al Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Director de Seguridad Pública, todos del Municipio de Apizaco, Tlaxcala, pues al rendir sus informes justificados respectivos negaron su existencia, y de las constancias de autos no se advierten elementos de prueba de los que se desprenda su existencia. Tampoco es cierto el acto reclamado consistente a la orden de arresto atribuido al Director de Desarrollo Económico y al Administrador del Mercado Municipal "12 de mayo", ambos del municipio de Apizaco, Tlaxcala, lo anterior, pues al rendir sus respectivos informes justificados también negaron su existencia, ello sin que el peticionario de amparo haya aportado alguna prueba para desvirtuar tal negativa, aunado a que en autos no obra constancia alguna que demuestre la existencia de dichos actos. Para explicar las razones que sustentan tal determinación es menester señalar, primero, que el pronunciamiento sobre la existencia del acto reclamado constituye una obligación del juzgador de amparo, como se desprende del siguiente criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 439, del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007, que señala: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Ahora, a fin de realizar tal pronunciamiento, cabe señalar que la autoridad responsable negó haber llevado a cabo acción alguna que vulnerara los derechos humanos de la quejosa, y que fuera tendente a alguna orden de retiro, o documento alguno en donde conste el supuesto impedimento a ejercer actos de comercio, así como la orden del decomiso de vehículos u objetos utilizados para ejercer sus actividades comerciales en detrimento de la parte quejosa. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto del acto reclamado precisados en el presente considerando. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia trescientos diez, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos nueve, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - mil novecientos noventa y cinco, con el contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Además, cobra aplicación la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que lleva por rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO". CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Director de Desarrollo Económico y al Administrador del Mercado Municipal "12 de mayo", ambos del municipio de Apizaco, Tlaxcala, consistente en el levantamiento del puesto del que los quejosos aducen ser titulares, pues así lo reconoció al rendir sus informes justificados. QUINTO. Causales de improcedencia -actualizada- Conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, pues de resultar fundada alguna de las hipótesis que se establecen en el numeral 61 de la ley de la materia, sería imposible el estudio de la litis planteada. Respecto al acto reclamado consistente en el levantamiento del puesto que aducen los quejosos son titulares, quien esto resuelve estima que se actualiza la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad señalada como responsable, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". En estrecha relación con lo anterior, es pertinente destacar que el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Por su parte, el artículo 5º de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". A efecto de acreditar esta aseveración, debe partirse de que la causal invocada prevé la improcedencia del juicio constitucional contra actos que no afecten los intereses jurídicos ni legítimos de la parte solicitante del amparo. En ese aspecto, es menester señalar que el interés jurídico o bien el legítimo constituyen un presupuesto procesal del juicio de amparo que se encuentra prescrito en el artículo 107, fracción I, de la Constitución, y los diversos 5, fracción I, 6 y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los que, en esencia, disponen que el promovente del amparo debe acreditar una afectación a su interés jurídico o bien al legítimo para que proceda su demanda constitucional. Esta afectación constituye un perjuicio al agraviado, el que se entiende como una transgresión de un derecho tutelado o interés legítimo individual o colectivo, que produce determinado acto o ley; la cual faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente a demandar el cese de dicha transgresión; asimismo, se precisa que para ello se tiene que afectar la esfera de quien lo reclame, sea de manera directa o por su especial situación. El "perjuicio" mencionado debe ser actual, pronto a suceder o que inminentemente se causará, ello por referirse a una situación que está provocando detrimento en la esfera jurídica del gobernado en el momento de promoverse el amparo, pues cuando la afectación solo es futura e incierta no es susceptible de considerarse para efectos del juicio constitucional. Luego, resulta indispensable demostrar la existencia del interés jurídico tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios, o del trabajo. En cambio, en supuestos diversos, quien acude al juicio de amparo debe ubicarse en alguno de las hipótesis siguientes: a) Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o, b) Acudir al juicio aduciendo un interés legítimo. En ese sentido, es indispensable precisar que el interés jurídico en el juicio de amparo se concibe cuando el acto o ley que se reclama causa un perjuicio a la esfera del gobernado que permiten a su titular acceder a esta instancia constitucional; entendiendo por esfera jurídica el cúmulo de derechos y obligaciones que por razones de una, varias normas, o circunstancias de hecho en situaciones específicas, lo vinculen debido a una relación jurídica, o conexión de bienes afectados en razón de una necesidad o existencia de elementos de identificación. Apoyan lo anterior, en lo conducente, los criterios de los rubros que siguen: "INTERÉS JURÍDICO, CONCEPTO DE, PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO" e "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO". Sobre el interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico. Lo ha conceptuado como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Así, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. El interés legítimo -continúa sosteniendo el Pleno de la Corte- consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no es la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En estos términos se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir el criterio de título: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". Así, se arriba al convencimiento de que para que el juicio de amparo sea procedente se requiere que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo, lo que ocupa probarse fehacientemente y no con base en presunciones, y que el mismo se vea agraviado; en la inteligencia de que la naturaleza intrínseca de la ley, acto u omisión reclamadas es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del quejoso, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no lo afecten real y efectivamente. Las figuras del interés jurídico y legítimo están vinculadas estrechamente con el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, según el cual el acto o ley que se reclamen debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. De esta manera, dicho interés sólo lo tiene el titular del derecho afectado (jurídico), o a quien le recaiga un perjuicio actual, real y jurídicamente relevante (legítimo) y no quien únicamente tenga un interés simple o legalmente irrelevante; lo cual se determinará según la naturaleza intrínseca del acto, ley u omisión reclamados. Como corolario de lo expuesto, tenemos que, atendiendo a la naturaleza del acto o ley reclamados y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo que le asiste cuando promueve la acción constitucional, en los términos siguientes: Interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y que el acto o ley de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Interés legítimo: debe acreditarse la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Demostrando tales puntos, la parte quejosa estará legitimada para ejercer la acción; de lo contrario, el amparo resultará improcedente. Así, en el presente caso, la quejosa reclama el levantamiento del puesto ambulante ubicado en la calle Emilio Carranza esquina con Xicohténcatl, en Apizaco, Tlaxcala, dedicado al comercio de cemitas, el cual, según su dicho ha ejercido durante muchos años. Al fallecimiento de su padre (quien alega adquirió el lugar por medio de compraventa), su madre les cedió el puesto para que siguieran con la venta y explotación del puesto ambulante. Por lo anterior, tiene la carga probatoria de acreditar dicho interés para poder determinar si hubo o no una afectación por parte de la responsable a ese derecho subjetivo. Al respecto, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, es menester verificar si la parte quejosa acredita que la titularidad que dice detentar sobre el puesto semifijo que defiende, se sustenta en un título reconocido por la ley. En primer término, resulta oportuno precisar que, no presentó documento alguno en donde acredite ser poseedor de dicho puesto ambulante que aduce ser titular. Lo anterior en virtud de haber presentado documento alguno en donde acredite Al respecto, no se tiene por acreditado el interés de la quejosa atendiendo al hecho de que no acredita tener la titularidad de algún derecho para realizar dicha actividad, pues omitió exhibir el permiso, licencia o autorización vigente que la faculte para ello en términos de lo establecido en el artículo 4 del Reglamento de Mercados, y Lugares Destinados para Tianguis del Municipio de Apizaco, Tlaxcala. Aunado a que, únicamente ofreció los siguientes medios de prueba: Copia simple de la diligencia de protesta del cargo de albacea provisional, en donde se designa con tal cargo a Guillermo Jiménez Molina; Aviso del registro de agremiados de la Organización de Unión de Comerciantes de las calles Cuauhtémoc, Barberán y collar y Emilio Carranza; Acta de defunción de Guillermo Jiménez Ulloa; Acta de matrimonio entre Guillermo Jiménez Ulloa y Verónica Molina Téllez; Actas de nacimiento de Verónica Molina Téllez, Guillermo Jiménez Molina y Roberto Jiménez Molina. Sin embargo, tales medios de prueba resultan ineficaces para demostrar la titularidad del derecho de la parte quejosa para explotar comercialmente el puesto semifijo que aduce en su demanda de amparo (ubicado en calle Emilio Carranza esquina Xicohténcatl, en Apizaco, Tlaxcala). Pues con las pruebas documentales precisadas en el número 1) y 2) -copia simple de la diligencia de protesta de cargo de albacea provisional en juicio intestamentario a bienes de Guillermo Jiménez Ulloa y aviso de registro de agremiados-; las mismas carecen de valor probatorio pleno, al haber sido exhibidas en copia simple, aunado a que, con ellas únicamente se acreditaría quién fue nombrado como albacea provisional de los bienes del de cujus; y, con la lista de agremiados lo único que acredita es estar registrado en dicha lista, no así la titularidad del poseedor del puesto semifijo que reclaman. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 213, tomo VII, abril de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y Gaceta, que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Asimismo, apoya lo anterior por su contenido sustancial, la tesis identificada con el número I.11o.C.1 K, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1269 del Tomo XVI, Agosto de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Ahora bien, de las pruebas precisadas en los incisos 3), 4) y 5), agregadas en su escrito aclaratorio, -acta de defunción de Guillermo Jiménez Ulloa, acta de matrimonio entre Guillermo Jiménez Ulloa y Verónica Molina Téllez, actas de nacimiento de Verónica Molina Téllez, Guillermo Jiménez Molina y Roberto Jiménez Molina, si bien dichas documentales dadas sus características (copia certificada) tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2°, párrafo segundo; lo cierto es que las mismas resultan insuficientes para acreditar que efectivamente cuentan con la concesión, licencia o permiso respectivo. Al respecto se comparten los criterios de las tesis (I Región) 8o.33 A (10a.), Décima Época, página 2846, y XXI.2o.1 A, Novena Época, página 378, ambas visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubros y texto siguientes: "COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA. LAS PERSONAS QUE REALIZAN ESA ACTIVIDAD SIN AUTORIZACIÓN O PERMISO EXPEDIDO LEGALMENTE, CARECEN DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA DEMANDAR LA NULIDAD DE LA ORDEN DE RETIRO DE UN PUESTO SEMIFIJO ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. El artículo 231 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México dispone que sólo podrán intervenir en el juicio los particulares que tengan un interés jurídico o legítimo que funde su pretensión. Así, el interés jurídico consiste en un derecho subjetivo público, es decir, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho; por su parte, el interés legítimo es aquel cualificado que tiene un ciudadano sobre la legalidad de los actos que incidan, directa o indirectamente, en su esfera jurídica, respecto de una situación de hecho, siempre y cuando ésta se encuentre tutelada o protegida por el orden jurídico. En ese orden de ideas, si la normativa del Estado de México y sus Municipios establece que es necesario contar con autorización o permiso expedido por autoridad competente para realizar actos de comercio en la vía pública, y un ciudadano comparece ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicha entidad federativa a demandar la nulidad de la orden de retiro de un puesto semifijo localizado en la vía pública, pero no cuenta con la referida autorización o permiso, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar ese acto de autoridad, pues se está en presencia de una situación fáctica (ejercer actos de comercio en la vía pública sin autorización) no protegida por la ley; de igual manera, el afectado no es titular de un derecho público subjetivo oponible al actuar del Estado." En tales condiciones, la parte quejosa no acredita ser titular de un derecho sustentado en una causa legal que pudiera afectarse con la ejecución del acto reclamado. Atento a lo anterior, resulta evidente que el quejoso carece de interés para controvertir el acto reclamado en estudio, por lo que al no haberse demostrado que se afectó derecho sustantivo alguno de la peticionaria del amparo, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio conforme a la fracción V del precepto 63, del propio ordenamiento legal. Al decretarse el sobreseimiento en el presente asunto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en que con el número 509, aparece publicada en la página 335, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1995 al Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Guillermo Jiménez Molina, por si y como albacea a bienes de Guillermo Jiménez Ulloa, Roberto Jiménez Molina y Verónica Molina Téllez, en contra de los actos y autoridad precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expuestos en los diversos considerandos tercero y quinto de la presente determinación.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, quince de febrero de dos mil veintiuno. Se apersona tercera interesada Agréguese el escrito de cuenta signado por Licet Stefani Jiménez Molina; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonada al presente juicio de amparo con el carácter de tercera interesada. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tal efecto, esto es, el ubicado en Boulevard la Libertad, número ciento cuarenta y uno, colonia San Rafael Atlixtac, de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala. Señala teléfonos y correos electrónicos. Finalmente, se tiene a la tercera interesada, señalando como correos electrónicos lizjm12@gmail.com y lawyerone73@gmail.com, así como los números telefónicos 241 140 02 16 y 2212 19 34 06, los cuales en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se toman en cuenta únicamente para mantener comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo.

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