Guillermo López Santos

Expediente 120/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
120/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
03/03/2023

Partes del expediente

  • Guillermo López Santos

Actuaciones

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    Desechamiento. Del contenido del libelo de amparo se obtiene que la parte impetrante reclama a la autoridad responsable: "La dilación en designar perito tercero en discordia, en el juicio laboral *************** del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, tal y como se ordenó en el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que para tal efecto se ordenó enviar oficio a la Dirección General del Trabajo y Previsión Social." Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. ********************La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. ********************La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. ********************Ahora bien, respecto al acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 de la Carta Magna, y los artículos 825, fracción V y 883 de la Ley Federal del Trabajo.********************En ese contexto, deviene oportuno precisar que los artículos 825, fracción V y 883 de la Ley Federal del Trabajo, establecen el procedimiento a seguir y los términos a los que ha de sujetarse la autoridad laboral cuando deba designar un perito tercero en discordia ante la discrepancia entre dictámenes periciales. ********************Conforme a lo anterior y al artículo 17 constitucional, en función del procedimiento laboral, puede decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje faltarán a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramiten ni resuelvan los juicios y sus recursos en los plazos y términos que precisa la ley de la materia.********************Ahora, en el caso concreto, como ya se adelantó, el peticionario de amparo, sustancialmente aduce que la responsable viola en su perjuicio, el derecho de acceso a la administración de justicia establecido en el numeral 17 constitucional, puesto que no ha realizado las acciones legales conducentes para lograr la designación del perito tercero en discordia y la consecuente rendición de su dictamen, y así cumplir en los términos procesales de ley, con la prosecución de esa instancia y la consecuente resolución que dirima la controversia planteada ante su potestad; ********************Luego, como se puso de relieve, resulta palmario que desde el diecinueve de enero de dos mil veintitrés (fecha en que la autoridad señalada como responsable proveyó sobre la designación de un perito tercero en discordia) y esta fecha no ha pasado un término considerablemente excesivo en la prosecución del procedimiento de designación de perito tercero en discordia, en los autos del juicio laboral de origen, aunado a que el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo es claro en determinar que si la Junta considera que no es posible desahogar las pruebas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará, en su caso, los días y horas en que deberán desahogarse, lo que no debe exceder de un periodo de treinta días.********************Ante tal panorama, es claro que la autoridad responsable no ha vulnerado en perjuicio de la parte quejosa, el derecho de acceso a la administración de justicia pues no ha sido omisa en respetar los plazos establecidos en la ley que la rige, más aún que se advierte que a la fecha de la presente resolución constitucional, no existe dilación en la prosecución del procedimiento laboral de trato, de tal manera que ello no resulta ser violatorio, en perjuicio del peticionario del amparo, del derecho humano establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los invocados 825, fracción V y 883 de la Ley Federal del Trabajo.********************Como puede apreciarse, en la audiencia de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la junta acordó designar un perito tercero en discordia y para el efecto ordenó enviar oficio a la Dirección General del Trabajo y Previsión Social lo cual permite apreciar que en la especie, la Junta Laboral responsable se encuentra realizando acciones tendentes a la debida integración del juicio laboral de origen, ello dentro del plazo de treinta días que establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, y sin que éste (plazo) haya transcurrido en exceso, de ahí que se obtenga que la señalada como responsable no vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional.********************La anterior determinación no causa perjuicio a la parte quejosa, debido a que, una vez transcurrido el plazo de treinta días que dispone el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, sin haberse desahogado la pericial en comento, la parte quejosa estaría en posibilidad de reclamar una eventual dilación procesal, al actualizarse -suponiendo sin conceder- la omisión que se reclama, pero que ahora no se patentiza.********************En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, y los artículos 825, fracción V y 883 de la Ley Federal del Trabajo, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. ********************VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y su correlativo numeral 24, ambos de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ********************VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.********************VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.********************Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.********************Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretaria Judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Desechamiento. Del contenido del libelo de amparo se obtiene que la parte impetrante reclama a la autoridad responsable: "La dilación en designar perito tercero en discordia, en el juicio laboral *************** del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, tal y como se ordenó en el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, en el que para tal efecto se ordenó enviar oficio a la Dirección General del Trabajo y Previsión Social." Se desecha demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. ********************La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. ********************La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. ********************Ahora bien, respecto al acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 de la Carta Magna, y los artículos 825, fracción V y 883 de la Ley Federal del Trabajo.********************En ese contexto, deviene oportuno precisar que los artículos 825, fracción V y 883 de la Ley Federal del Trabajo, establecen el procedimiento a seguir y los términos a los que ha de sujetarse la autoridad laboral cuando deba designar un perito tercero en discordia ante la discrepancia entre dictámenes periciales. ********************Conforme a lo anterior y al artículo 17 constitucional, en función del procedimiento laboral, puede decirse que las Juntas de Conciliación y Arbitraje faltarán a la garantía de administración de justicia pronta, cuando no tramiten ni resuelvan los juicios y sus recursos en los plazos y términos que precisa la ley de la materia.********************Ahora, en el caso concreto, como ya se adelantó, el peticionario de amparo, sustancialmente aduce que la responsable viola en su perjuicio, el derecho de acceso a la administración de justicia establecido en el numeral 17 constitucional, puesto que no ha realizado las acciones legales conducentes para lograr la designación del perito tercero en discordia y la consecuente rendición de su dictamen, y así cumplir en los términos procesales de ley, con la prosecución de esa instancia y la consecuente resolución que dirima la controversia planteada ante su potestad; ********************Luego, como se puso de relieve, resulta palmario que desde el diecinueve de enero de dos mil veintitrés (fecha en que la autoridad señalada como responsable proveyó sobre la designación de un perito tercero en discordia) y esta fecha no ha pasado un término considerablemente excesivo en la prosecución del procedimiento de designación de perito tercero en discordia, en los autos del juicio laboral de origen, aunado a que el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo es claro en determinar que si la Junta considera que no es posible desahogar las pruebas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará, en su caso, los días y horas en que deberán desahogarse, lo que no debe exceder de un periodo de treinta días.********************Ante tal panorama, es claro que la autoridad responsable no ha vulnerado en perjuicio de la parte quejosa, el derecho de acceso a la administración de justicia pues no ha sido omisa en respetar los plazos establecidos en la ley que la rige, más aún que se advierte que a la fecha de la presente resolución constitucional, no existe dilación en la prosecución del procedimiento laboral de trato, de tal manera que ello no resulta ser violatorio, en perjuicio del peticionario del amparo, del derecho humano establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los invocados 825, fracción V y 883 de la Ley Federal del Trabajo.********************Como puede apreciarse, en la audiencia de diecinueve de enero de dos mil veintitrés, la junta acordó designar un perito tercero en discordia y para el efecto ordenó enviar oficio a la Dirección General del Trabajo y Previsión Social lo cual permite apreciar que en la especie, la Junta Laboral responsable se encuentra realizando acciones tendentes a la debida integración del juicio laboral de origen, ello dentro del plazo de treinta días que establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, y sin que éste (plazo) haya transcurrido en exceso, de ahí que se obtenga que la señalada como responsable no vulneró el derecho de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 17 constitucional.********************La anterior determinación no causa perjuicio a la parte quejosa, debido a que, una vez transcurrido el plazo de treinta días que dispone el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, sin haberse desahogado la pericial en comento, la parte quejosa estaría en posibilidad de reclamar una eventual dilación procesal, al actualizarse -suponiendo sin conceder- la omisión que se reclama, pero que ahora no se patentiza.********************En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el precitado artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, y los artículos 825, fracción V y 883 de la Ley Federal del Trabajo, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. ********************VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 y su correlativo numeral 24, ambos de la Ley de Amparo a las personas que menciona, por no contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. ********************VII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.********************VIII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.********************Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.********************Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al Secretaria Judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; 71, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.

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