Guillermo López Menduet

Expediente 577/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
577/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Guillermo López Menduet
  • Juzgado Segundo Civil de Partido En León, Guanajuato

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato; once de noviembre de dos mil veinte. I. Se declara que ha causado estado la determinación que desechó la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, en virtud de que: Se desechó de plano la demanda de amparo. III. Requerimiento a la parte quejosa. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que, en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que, de no hacerlo en el término indicado, podrán ser destruidos juntos con el expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido, que en términos del artículo 11 de dicho Acuerdo, la notificación que se ordena de manera personal deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    I. Desahoga prevención. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito signado por el quejoso Guillermo López Menduett, mediante el cual desahoga la prevención que le fue formulada en auto de veintidós de octubre de dos mil veinte; téngase por cumplido el requerimiento de que se trata para los efectos legales procedentes. II. Desechamiento. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, el escrito de cumplimiento a la prevención, así como las documentales anexas a los mismos, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 de la Ley de Amparo, permite desechar una demanda de amparo cuando se advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, de la Novena Época, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. Ahora, del estudio integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio y de los anexos que la parte quejosa acompañó a los mencionados ocursos, este juzgado de Distrito advierte que el promovente señala como actos reclamados los consistentes en: a) Audiencia de remate de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, emitida en el juicio ejecutivo mercantil M26/2017, del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta Ciudad, en la que se adjudicó el bien inmueble que defiende el quejoso y se ordenó requerir el demandado para que dentro del término de cinco días otorgara la escritura correspondiente, apercibido que de no hacerlo la misma se otorgaría en rebeldía; requiriéndolo además, para que en el término de tres días hiciera entrega voluntaria del bien rematado, apercibiendo que para el caso de no hacerlo una vez otorgada la escritura se aplicarían en su contra los medios de apremio previstos en la ley. b) Resolución de dos de octubre del año en curso, dictada en el recurso de revocación interpuesto en contra de la audiencia de remate y en la cual se confirmó la misma. c) Auto de quince de octubre de dos mil veinte, por el cual el Juez responsable ordenó otorgar la escritura en rebeldía del demandado en favor del adjudicatario y remitir los autos a la Notaría respectiva. Sobre esa base, esta Juzgadora estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia contenida en el 61, fracción XXIII, relacionado con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, atento a las consideraciones siguientes: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la citada legislación prevé: Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se interponga en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; así lo enfatizó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". Para una mejor comprensión del asunto se narran los antecedentes relevantes de los que derivan los actos reclamados, los cuales se obtienen de los hechos que bajo protesta de decir verdad de la narró el quejoso en la demanda y de los anexos que acompañó al mismo, así como a su ocurso de cumplimiento a la prevención, advirtiéndose lo siguiente: a. El veintitrés de febrero de dos mil diecisiete la sociedad Mercantil Gedelce Motors, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su endosatario en procuración Jacobo Kornhauser López, promovió demanda en la vía ejecutiva mercantil en contra del aquí quejoso. b. El diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, en la cual se trabó embargo sobre el bien inmueble que defiende el quejoso. c. Seguido el juicio por sus etapas procesales el treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia condenatoria, en la que en lo que aquí interesa, se determinó que, si la parte demandada no hacía el pago de lo sentenciado, se haría transe y remate de lo embargado y con su producto se pagaría al acreedor. d. Ya en ejecución, en primera almoneda de remate de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se adjudicó el bien embargado a favor de Ricardo Vela Elías y se ordenó requerir el demandado (ahora quejoso) para que dentro del término de cinco días otorgara la escritura correspondiente, apercibido que de no hacerlo la misma se otorgaría en rebeldía; requiriéndolo además, para que en el término de tres días hiciera entrega voluntaria del bien rematado, advirtiéndole que para el caso de no hacerlo una vez otorgada la escritura se aplicarían en su contra los medios de apremio previstos en la ley. e. En contra de la aludida audiencia del remate, el aquí impetrante interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto el dos de octubre del año que transcurre, en el sentido de confirmar la citada audiencia. f. El quince de octubre de dos mil veinte, el Juez responsable ordenó otorgar la escritura en rebeldía del demandado en favor del adjudicatario, ordenando remitir los autos a la Notaría respectiva. Ahora, de los antecedentes narrados, se advierte que el bien inmueble que defiende el quejoso previo a la emisión del último de los actos reclamados (auto de quince de octubre de dos mil veinte), en la audiencia de remate de veinticuatro de agosto del año en curso, ya había sido adjudicado en favor de Ricardo Vela Elías, ordenándose requerir al demandado para que dentro del término de cinco días otorgara la escritura correspondiente, apercibido que de no hacerlo la misma se otorgaría en rebeldía; requiriéndolo además, para que en el término de tres días hiciera entrega voluntaria del bien rematado, previniéndolo para que en caso de no hacerlo, una vez otorgada la escritura se aplicarían en su contra los medios de apremio previstos en la ley; asimismo se obtiene que dicha diligencia adquirió firmeza, al haberse interpuesto el recurso de revocación a través del cual se resolvió confirmar la citada audiencia de remate; siendo esta actuación la última determinación dictada para cumplir con el procedimiento de remate, esto es, con la cual se concluyó el procedimiento de remate. Empero, de los antecedentes narrados, también se obtiene, que ante tal evento, y toda vez que la parte demandada no otorgó voluntariamente la escritura correspondiente al bien inmueble adjudicado, el quince de octubre de la presente anualidad, el Juez responsable hizo efectivo el apercibimiento decretado la audiencia de remate de que se trata, ordenando se otorgara en su rebeldía, siendo este auto con el cual se continuó con la fase de ejecución de sentencia. Sobre esa base, respecto de los actos que por esta vía se reclaman, quien resuelve estima actualizada la causal antes invocada, en virtud de que el solicitante del amparo es parte formal y material en el juicio de origen, pues tiene el carácter de parte demandada, de ahí que deba someterse a las reglas que rigen el procedimiento de ejecución, pues como se evidenció en párrafos que anteceden, en la especie, sí bien el procedimiento de remate culminó con la resolución de dos de octubre de dos mil veinte que confirmó la audiencia de remate, lo cierto es que con posterioridad a la emisión de dichos actos, se dictó el proveído de quince de octubre de dos mil veinte, en el que el juez responsable ordenó la escritura en rebeldía ante la omisión de la parte demandada para entregarla voluntariamente, por lo que deviene innegable que ésta última actuación (la cual también es combatida por la parte quejosa), fue dictada en la etapa de ejecución del juicio ejecutivo mercantil M26/2017; y, por ende, con posterioridad a la última resolución dictada en la etapa de remate. Lo anterior se estima de esa manera, porque la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto después de concluido el juicio, en dos etapas procesales distintas; una, respecto de actos dictados en la fase procesal de remate; y la otra, de actos dictados en la fase procesal de ejecución de sentencia. En esa medida, debe reiterarse que si bien en el particular la parte quejosa señala como actos reclamados la audiencia de remate y la resolución que confirmó la misma, las cuales constituyen los últimos actos dictados en la fase de remate, también lo es que en el juicio natural con posterioridad a la emisión de dichas actuaciones, el juez responsable dictó el diverso auto de quince de octubre del año en curso (también combatido por el amparista), en el cual ordenó otorgar la escritura de adjudicación del inmueble rematado en rebeldía de la demandada (aquí parte quejosa), siendo esta actuación, la que ahora da continuidad a la fase de ejecución de sentencia y, por ende, no constituye la última resolución dentro del procedimiento de remate, sino que se trata de un acto emitido en ejecución de sentencia, fuera del procedimiento de remate, ya que dentro de éste, la última resolución es la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria, lo cual de acuerdo a lo acontecido en el juicio de origen, se verificó con anterioridad al acuerdo de quince de octubre antes mencionado, esto es, el dos de octubre del año en curso, al haber confirmado el juez responsable la audiencia de remate de veinticuatro de agosto de la presente anualidad, en la que entre otras cosas, se requirió a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, voluntariamente otorgara la escritura del bien inmueble rematado a favor del adjudicatario; de ahí que en el particular se estime actualizada la causal de improcedencia en estudio. Ello es así, porque al resolverse la contradicción de tesis 29/2019, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria, pues tal cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación que puedan adoptar las partes al respecto. En efecto, el Máximo Tribunal del país indicó que la determinación que ordena en forma definitiva requerir al ejecutado el otorgamiento voluntario de la escritura por la venta judicial, es la que efectivamente ordena la escrituración y es inimpugnable, en el sentido de que no habrá acto procesal posterior alguno, de naturaleza ordinaria, que modifique, revoque o haga cesar sus efectos. Asimismo, se indicó que el requerimiento formulado por el juzgador constituye una advertencia de que, en el supuesto de que el ejecutado no acuda de manera voluntaria, el juzgador llevará a cabo el otorgamiento de la escritura ante su contumacia; lo que da noticia de que dicha determinación no está sujeta a la voluntad del ejecutado, antes bien, se trata de un acto que eventualmente puede llevar a cabo el Juez ante una situación extraordinaria, como es el incumplimiento de una de las partes. Que con el dictado de esa determinación, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate. Se indicó, que afirmar que tratándose de la escrituración en el procedimiento de remate, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, la última resolución es la que hace efectivo el apercibimiento y ordena que el otorgamiento de la escritura se lleve a cabo por el propio juzgador, llevaría al absurdo de obligar a la parte requerida a incumplir con lo ordenado para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo indirecto; y, por ende, no era el caso sostener que el juicio de amparo proceda, indistintamente, en contra de los dos actos, pues esa conclusión se opone al objetivo perseguido por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. De igual forma se sostuvo, que la circunstancia de que el proveído que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, para llevar a cabo la formalización de la venta judicial, con apercibimiento que de no hacerlo el Juez lo hará en su rebeldía, apele a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, no implica que ésta no constituya la última resolución, pues lo definitivo es que la eficacia de lo ordenado, esto es, la capacidad de materializar en su totalidad los efectos del derecho sustantivo de propiedad por medio de la formalización de la transmisión de la propiedad, no depende del resultado de la diligencia de notificación ni de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, pues la eventual contumacia de éste solamente dará lugar a que la facultad de otorgar la escritura pase al juzgador en su rebeldía. Dichas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), visible en la página 110, del Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, registro 2020631, la cual establece: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En ese tenor, si bien con el dictado en el procedimiento de origen de la orden de escrituración voluntaria del bien inmueble adjudicado emitida en la audiencia de remate y su consecuente confirmación en la resolución de dos de octubre del año en curso en los autos, como ya se dijo en acápites precedentes, se concluyó con la etapa de remate; ello porque, una vez firme la adjudicación, se tiene la posibilidad de ejecutar tanto la orden de escrituración, como la de entrega material del bien; y con ellas, indistintamente, se verifica la culminación del procedimiento de remate, lo que haría procedente el juicio de amparo indirecto, en el que se hicieran valer las violaciones procesales que se estimasen necesarias; también lo es que, en el caso que se analiza, con el dictado del diverso proveído de quince de octubre del año en curso, se imposibilita la procedencia del amparo indirecto respecto de los dos primeros actos reclamados, porque la última determinación en comento, evidencia la presencia de un acto dictado con posterioridad a la etapa de remate, esto es en el período de ejecución de sentencia, el cual que no está desvinculado de la cosa juzgada, pues precisamente en el fallo se condenó a la parte quejosa y derivado de ello se llevó a cabo el procedimiento de remate, el cual, como ya se dijo, culminó con la resolución que confirmó la audiencia de remate que ordenó el otorgamiento voluntario de la escrituración del inmueble materia de la litis, de ahí que éstos únicamente sean susceptibles de ser reclamados como violaciones procesales, cuando se reclame la última resolución dictada en la ejecución de sentencia, que será la que determine cumplida la sentencia definitiva; su imposibilidad para hacerlo; o bien el archivo definitivo del expediente. Lo anterior es así, pues el auto de quince de octubre de dos mil veinte también combatido, no puede considerarse como la última resolución dictada en la etapa de ejecución de sentencia para la procedencia del juicio de amparo, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien, la que ordena el archivo definitivo del expediente. En efecto, el auto de trato en donde el Juez responsable ordenó la escrituración del inmueble adjudicado en rebeldía de la parte demandada, se dictó dentro del procedimiento de ejecución de sentencia de la controversia judicial, por lo que no es el último acto procesal en el procedimiento de ejecución de sentencia que dirimió el contradictorio de origen; ya que un auto de esa naturaleza obedece tanto a la existencia de la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público; de cualquier modo esa determinación está supeditada a que el Juez de origen emita los acuerdos conducentes para poder advertir si se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de la sentencia, o bien, se declare sobre la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento total a lo resuelto; de lo que deriva que no se está en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose del reclamo de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia. Por ende, al haberse emitido en el juicio natural el auto de quince de octubre de dos mil veinte también combatido, el cual fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia firme, por su propia naturaleza no puede ser conceptuado como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo resuelto en el juicio de origen, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo. Se afirma lo anterior, pues las sentencias firmes deben cumplirse cuidando que no se entorpezca la ejecución de las mismas; además, también debe cuidarse que el juicio de amparo no sea utilizado como instrumento que retarde la administración de justicia y, en cuanto a las personas que efectivamente hayan sufrido una violación en sus derechos, podrán ser restituidas en el goce de éstos desde que se cometió la violación en ese procedimiento de ejecución si así lo determina el órgano de control constitucional. Por su exacta aplicación al caso es de citarse la tesis jurisprudencial número 734, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1204, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114 fracción III de la Ley de Amparo". Cierto, de manera excepcional existe la oportunidad de impugnar un acto de ejecución de sentencia, que no sea la resolución definitiva dictada en el procedimiento respectivo, siempre que afecte de manera irreparable los derechos sustantivos de la persona reconocidos en la Constitución o en los tratados y demás instrumentos internacionales en que México es parte, o bien, que la parte quejosa ostente la calidad de persona extraña, circunstancias que en el caso concreto no se actualizan, tomando en cuenta que la parte quejosa fue demandada en el juicio natural, por lo que le asiste el carácter de parte en dicha fase. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXXIII, Enero de 2011, página 6, Novena Época, registro 163152, del siguiente contenido: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En efecto, si en el caso particular con el dictado en el procedimiento de origen de la orden de escrituración voluntaria del bien inmueble adjudicado emitida en la audiencia de remate y su consecuente confirmación en la resolución de dos de octubre del año en curso en los autos, se concluyó con la etapa de remate, lo que haría procedente el juicio de amparo indirecto, en el que se hicieran valer las violaciones procesales que se estimasen necesarias; también lo es que, con el dictado del diverso proveído de quince de octubre del año en curso, se imposibilita la procedencia del amparo indirecto respecto de los dos primeros actos reclamados, porque la última determinación en comento, evidencia la presencia de un acto dictado con posterioridad a la etapa de remate, esto es en el período de ejecución de sentencia, mismo que no constituye el último acto de ejecución en el procedimiento de origen, porque gira en torno al cumplimiento de lo sentenciado, al ordenar el otorgamiento de la escritura en rebeldía en favor del adjudicatario; acto que de modo alguno puede ser impugnable en este momento a través del juicio biinstancial, pues, como ya se vio, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose como tal aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. Ello, pues el juicio de amparo prospera, sólo hasta que en su caso se pronuncie la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente siendo el amparo que se promueva contra este tipo de actos, donde podrán hacerse valer todas las violaciones al procedimiento que se hayan cometido durante ese período, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Cabe precisar que en similares términos se pronunciaron el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver la revisión civil 257/2018, así como el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al resolver el recurso de queja 72/2019, relativa al juicio de amparo indirecto 297/2019-II, del índice estadístico de este Juzgado Federal, al actualizarse la causal de improcedencia aquí analizada. Por tanto, en razón de lo antes expuesto deviene innegable que en la especie se actualizan de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, párrafo tercero, del numeral 107 interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada legislación, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. III. Instrucción para notificaciones personales. En el entendido que en términos del artículo 23 del referido Acuerdo General 21/2020, toda notificación que se ordene de manera personal deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia el León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE CONDUCTO A LA TERCERA INTERESADA "GUTARHERC INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., EL PROVEÍDO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE,EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, catorce de octubre de dos mil veinte. I. Se apersona tercero interesado. Agréguese a los autos el escrito presentado por el tercero interesado, ********************y, en atención a su contenido, téngasele por apersonándose al presente juicio de amparo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele por formulando los alegatos de su intención, los cuales se podrán tomar en consideración al momento de resolver el presente asunto en definitiva. II. Prueba testimonial. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene al tercero interesado, ********************, anunciando en tiempo y forma la prueba testimonial que ofrece, a cargo de los testigos ********************y********************, al tenor del interrogatorio que exhibe; lo anterior, previa calificación de las preguntas que lo integran. Ahora bien, toda vez que el ocursante se comprometió a presentar ante este órgano jurisdiccional a los referidos testigos, con apoyo en el numeral 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, interpretado a contrario sensu y de aplicación supletoria, conforme a lo dispuesto en el numeral 2º de la Ley de Amparo, se le impone la obligación de presentarlos el día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional ante este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, sito en boulevard ********************, número ********************, ********************, colonia ********************; asimismo, hágasele saber que éstos deberán comparecer debidamente identificados al desahogo de la diligencia a su cargo, pues en caso de no hacerlo, se declarará desierta dicha prueba. En términos del último párrafo del aludido numeral 119 de la Ley de Amparo, se concede a las demás partes un plazo de tres días para que, de ser su deseo, amplíen por escrito el interrogatorio sobre el que versará la testimonial ofertada, a efecto de que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia. Córrase traslado al resto de las partes con el interrogatorio correspondiente, a fin de que estén en aptitud de formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas al celebrarse la audiencia constitucional; ya que si bien no existe obligación de entregarlas personalmente, se tiene en cuenta la limitación de acceso de los justiciables a los órganos jurisdiccionales con motivo de la contingencia por el virus COVID-19, es por ello que se les remite dicho interrogatorio. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la página 594, Tomo XII, Agosto de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ENTREGA DEL INTERROGATORIO RESPECTIVO A LAS PARTES." III. Generación de código QR para los testigos. Con apoyo en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se comisiona a la secretaria encargada de la mesa a fin de que genere los códigos QR necesarios para el ingreso de los aludidos testigos a las instalaciones de este juzgado el día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, los cuales serán entregados por conducto del tercero interesado ********************. En la inteligencia de que, si el referido tercero interesado no los presenta o éstos no se identifican plenamente, se declarará desierto dicho medio de convicción, durante la fase probatoria de dicha audiencia. Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reitérese a las partes que si desean comparecer a la audiencia constitucional en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha fijadas; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IV. Diferimiento anticipado de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la celebración de la audiencia constitucional señalada para las doce horas con once minutos del diecinueve de octubre de dos mil veinte, y se fija como nueva fecha para su desahogo las doce horas con once minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte.

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