Guillermo Jimenez Silva

Expediente 1368/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1368/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Jimenez Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Con Suspensión de Plano concedida: Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se decretó la suspensión de plano concediendo dicha medida cautelar, con fundamento en el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente asunto es susceptible de ser depurado. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso GUILLERMO JIMENEZ SILVA, contra los actos que reclamó de la Jefatura Delegacional de Afiliación y Cobranza, Subdelegación, Departamento de Afiliación y Vigencia, y Departamento de Cobranza de la Subdelegación Cuernavaca de la Delegación Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy catorce de enero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante oficio recibido el seis de octubre de dos mil veintiuno, signado por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, remitió los autos del juicio de amparo 1272/2020, con motivo de la incompetencia por conocimiento previo planteada a este Juzgado Federal, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, GUILLERMO JIMENEZ SILVA solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Jefatura Delegacional de Afiliación y Cobranza. Subdelegación Cuernavaca de la Delegación Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Departamento de Afiliación y Vigencia de la Subdelegación Cuernavaca de la Delegación Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Departamento de Cobranza de la Subdelegación Cuernavaca de la Delegación Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Acto reclamado. ".La baja como sujeto de aseguramiento en el régimen obligatorio del seguro social de la promovente, por parte de las autoridades señaladas como responsables a pesar de mantener vigente y existente la relación de trabajo con la moral Argos Soluciones Integrales en Protección, S.A. de C.V., con número de registro patronal D15 59317 10 5 en términos del artículo 12 de la Ley del Seguro Social. . La negativa de proporcionar servicio médico en la clínica de adscripción, argumentando la baja como sujeto de aseguramiento, sin que existan causales atribuibles al ahora quejoso; y a pesar de la existencia de la relación laboral en términos del artículo 12 de la Ley del Seguro Social que mantengo con la Argos Soluciones Integrales en Prevención y Protección Patrimonial S.A. de C.V.." SEGUNDO. El siete de octubre de dos mil veintiuno, esta autoridad aceptó la competencia planteada y se avoco el conocimiento del asunto, radicó el asunto con el número de expediente 1368/2021, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar de manera clara y precisa dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la promovente del amparo reclama la baja como sujeto de aseguramiento en el régimen obligatorio del seguro social, y por consecuencia la negativa a proporcionar servicio médico. TERCERO. Acto reclamado inexistente. Así, se tiene que las autoridades responsables, negaron el acto reclamado consistente en la negativa a proporcionar servicio médico, remitiendo además copia certificada de la Constancia de Vigencia de Derechos, a favor del quejoso GUILLERMO JIMENEZ SILVA, de la que se desprende que si bien es cierto, establecía como fin de vigencia el veintiocho de octubre de dos mil veinte, también lo es que conforme al artículo 109 de la Ley del Seguro Social, que establece lo siguiente: "Artículo 109. El asegurado que quede privado de trabajo remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios." Por tanto, atendiendo a la disposición transcrita, al momento de la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de diciembre de dos mil veinte), contaba con servicio médico y demás derechos vigentes, así como sus beneficiarios. En ese sentido, a criterio de este juzgado federal, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. En ese orden de ideas, toda vez que las autoridades responsables negaron el acto que les atribuyó el quejoso, tocaba a este último la carga procesal de desvirtuar esa negativa; esto es, correspondía a GUILLERMO JIMENEZ SILVA, acreditar que las autoridades responsables le negaron la atención médica con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por GUILLERMO JIMENEZ SILVA, por lo que al acto expuesto se refiere. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado consistente en la baja como sujeto de aseguramiento, pues así se advierte de las manifestaciones vertidas al momento de rendir sus respectivos informes; por tal motivo, se tiene como cierto, lo que se corrobora con las documentales que al efecto exhibieron, en específico la baja del registro patronal y que, al ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, merecen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2o. Es aplicable la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación referente al año 2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, el suscrito juzgador considera que se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 1, fracción I y 5, fracción II, los dos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; ello es así, pues los numerales en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.". De una correcta interpretación sistemática de los preceptos legales antes transcritos, los dos últimos aplicados en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo es improcedente, cuando se promueve en contra de actos emitidos por entes que, por su naturaleza, no tienen el carácter de autoridad para efectos de la vía constitucional. Al respecto, cabe precisar que es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el gobernado y el ente emisor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. Luego, las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación, emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Robustece lo antes expuesto, la tesis de jurisprudencia 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Común, de la Novena Época y registro electrónico 161133, cuyo rubro y texto rezan: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa tesitura, tenemos que es autoridad para los efectos del juicio de amparo, es aquel ente de derecho o de hecho que de forma unilateral y en un plano de supra a subordinación, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, a través del cual se crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. De ahí que, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su Jefatura Delegacional de Afiliación y Cobranza, así como las demás dependencias de la Delegación Estatal Morelos, no tienen el carácter de autoridad responsable en el presente asunto respecto de los actos que reclama, consistentes en la baja de la quejosa como sujeto de aseguramiento. Circunstancia que pone de manifiesto que, en el caso, dichos actos se dan en una relación de coordinación, la cual es la entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de este tipo de relaciones, ya que en la especie, tratándose de las prestaciones de seguridad social, el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX, del artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo. Cobra aplicación al respecto, en lo conducente y por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 134/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1511 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, de la Novena Época y registro electrónico 160995, la cual es del tenor literal siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." Lo anterior, toda vez que como se precisó, es criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas entre el gobernado y el ente emisor, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que dicho ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior al particular. Efectivamente, el servicio público de seguridad social, lo realiza, entre otros, el Estado a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, que forma parte de la Administración Pública Federal y que pese a ser un organismo descentralizado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, en algunos casos se le da el carácter de organismo fiscal autónomo. Luego, es inconcuso que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, al determinar y recaudar las cuotas obrero patronales; en este caso, lo hace actuando como autoridad con atributos propios, que le han sido otorgados por la ley, bajo una relación de supra a subordinación. 2. Como ente asegurador, y en sustitución del patrón, en virtud de la relación laboral entre trabajador y patrón, o con base en un acto jurídico por el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, caso en el cual actúa en un plano de igualdad, puesto que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. El carácter de organismo fiscal autónomo de la entidad que nos ocupa, se deriva de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Seguro Social, pues tiene la atribución de hacer efectivas las obligaciones de los sujetos obligados a través de un procedimiento administrativo de ejecución regulado por el diverso artículo 291 de la misma ley y, de manera complementaria, por el Código Fiscal de la Federación, dentro del capítulo III de su título V. Desde esa perspectiva, es válido sostener que son dos funciones del Instituto Mexicano del Seguro Social con finalidades diversas, ya que una se dirige a los patrones y demás sujetos obligados como una institución fiscal autónoma que cuenta con el poder de hacer efectivas las obligaciones consignadas en la ley que lo rige; y otra, enfocada hacia los asegurados y sus beneficiarios como institución pública descentralizada, con el fin de brindar un servicio de seguridad social. En esa tesitura, es dable concluir que con relación a los actos reclamados del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de sus dependencias en el Estado de Morelos, como es la Jefatura Delegacional de Afiliación y Cobranza en Cuernavaca, Morelos, consistente en la baja como sujeto de aseguramiento debido a que el patrón de la quejosa, es decir la moral Argos Soluciones Integrales en Protección, sociedad anónima de capital variable, fue dada de baja en términos del artículos 251, fracción XI, de la Ley del Seguro Social; lo es en su carácter de ente asegurador, supuesto en el cual, no actúa como autoridad para efectos del amparo, pues en esta hipótesis, la relación del particular con el instituto, se da en un plano de igualdad. Robustece esta determinación, la tesis de jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, visible a página 2032 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, Materia: Administrativa, de la Novena Época y registro electrónico 164027, cuyo epitome y epígrafe son los siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo." Aunado a lo anterior, el artículo 295 de la Ley del Seguro Social vigente, prevé que las controversias entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los asegurados o sus beneficiarios, serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, donde el mencionado Instituto acude en su carácter de ente asegurador y no como autoridad. Resulta orientadora respecto al tema que se analiza, la tesis I.6o.T.175 L pronunciada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito consultable a página 1132 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, de la Novena Época, Materia: Laboral y registro electrónico 183805, la cual establece: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA REDUCCIÓN QUE EFECTÚE A UNA PENSIÓN OTORGADA CONFORME A LA LEY QUE LO RIGE, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Si en el juicio de amparo se impugna como acto reclamado la reducción de una pensión otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la ley que lo rige, debe considerarse que el mismo no fue dictado en ejercicio de una potestad pública, pues se trata de un acto emanado de la relación entre trabajador y órgano asegurador y no de autoridad alguna para los efectos del juicio constitucional pues, en la especie, el citado Instituto Mexicano del Seguro Social no está investido con facultades o poderes de decisión o ejecución para crear, modificar o extinguir situaciones generales o concretas de manera imperativa; y por ello, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva ya que, en el caso, se trata de una decisión particular como organismo asegurador, es decir, en tal hipótesis el Instituto Mexicano del Seguro Social actúa como órgano asegurador y tanto es así, que el artículo 275 de la anterior Ley del Seguro Social vigente al 30 de junio de 1997 establece que este tipo de controversias podrán dirimirse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin que sea necesario agotar previamente el recurso de inconformidad ante el consejo técnico." Es de citarse también la diversa tesis V.2o.46 A emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito consultable a página 816 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, de la Novena Época, Materia Administrativa y registro electrónico 193351 la cual es del tenor literal siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO NO ACTÚA COMO PERSONA REVESTIDA DE IMPERIO FRENTE AL PARTICULAR. En las controversias surgidas entre el asegurado y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de prestaciones otorgadas por la ley que regula a este organismo público descentralizado, la actuación de éste no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, dado que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social establece que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto, sobre las prestaciones que la referida ley otorga, podrán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, por lo que si el citado artículo le da el carácter de particular al Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que puede ser demandado como tal ante la autoridad del trabajo, luego, es obvio que en esas circunstancias no podría sujetársele al juicio de garantías, reclamándole actos que, en todo caso, podrían ser demandados ante otra instancia, como lo es el otorgamiento de una pensión o la falta de acuerdo al respecto." Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que los actos aquí reclamados no pueden considerarse como de los equivalentes a los de una autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues como se indicó la negativa reclamada se atribuye en su carácter de ente asegurador, por lo que no se cumple con las notas distintivas para considerarlo como acto equivalente a uno de autoridad, consistente en ser emitido en un plano de supra a subordinación y de manera unilateral. Caso contrario pudiere ser por lo que hace a la parte patronal, es decir, la moral Argos Soluciones Integrales en Protección, sociedad anónima de capital variable, puesto que la Autorización de Baja del Registro Patronal, con referencia 18 91 01 9200100/1199 R, sí es emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social como ente fiscalizador. Sin embargo, en el presente caso, no se estimó que la quejosa tuviera interés jurídico en impugnar dicha determinación, puesto que ésta no se encontraba dirigida hacia su persona, y si bien es cierto, tuviera como consecuencia de que se le privara de los derechos de seguridad social, tales cuestiones deberá reclamarlas por la vía y forma correspondiente a la parte patronal. En efecto, a fin de determinar con precisión si en el caso a estudio se está o no frente a un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, es conveniente precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial número 162/2007, determinó que en tratándose de resoluciones que modifiquen o extingan una prestación del régimen obligatorio del seguro social, el conocimiento del juicio de amparo y sus recursos, corresponde a los órganos especializados en la materia del trabajo. El estudio abordado en esa ejecutoria, partió de un asunto en que el acto reclamado al Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal, consistió en la orden de baja del quejoso como derechohabiente y su ejecución: Esto es así, pues para determinar la naturaleza del indicado acto reclamado, el Máximo Tribunal del país señaló que conforme los artículos 4o., 6o., 8o., 11, 38, 39, 39 C, 40 A, 70, 105, 146, 167, 251, 270, 271, 287 y 304 A de la Ley del Seguro Social, la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión. Delimitó, que los actos del Instituto Mexicano del Seguro Social que impliquen una afectación en las prestaciones en dinero o en especie, derivadas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, etcétera, deben considerarse como prestaciones de carácter laboral, porque se establecieron a favor de un trabajador asegurado, así como de sus beneficiarios, en razón del derecho que corresponde a éste, por el régimen obligatorio del Seguro Social. Apuntó, que en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios pretendan combatir una resolución que modifique o extinga una prestación de ese régimen previamente otorgada, tienen la opción de interponer el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la propia Ley del Seguro Social; o bien, acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo establece el numeral 295 del mismo ordenamiento. Al respecto, se cita por los argumentos que la sustentan, la jurisprudencia 2a./J. 9/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 170182, de rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458, con el rubro: "SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.", sostuvo que al tener las cuotas del seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Siguiendo esa misma lógica, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), con registro electrónico 2011948, la también Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en lo que es de interés, que como ente público del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social está facultado por la ley para emitir actos a través de los cuales puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios, en materia de seguridad social. De suerte que, conforme lo previsto en el artículo 295 de la ley de la materia, contra esa clase de resoluciones, los afectados deben acudir a la vía ordinaria laboral. El indicado criterio se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." En lo expuesto, se colige que al igual que en el juicio de amparo en revisión, origen del mencionado conflicto competencial número 162/2007 resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la especie, se reclama la baja del quejoso en el régimen obligatorio de seguridad social y sus consecuencias (suspensión del servicio médico y de guardería como asegurada). Es decir, dicho acto implica una afectación en las prestaciones en dinero y en especie (de que gozaba la justiciable en su carácter de asegurado), derivadas de los seguros y demás prestaciones sociales que integran dicho régimen, por ende, es inconcuso que la acción constitucional intentada tiene como propósito la preservación de derechos de naturaleza laboral. Luego, es dable concluir que al consistir el acto reclamado la baja de la quejosa, en el régimen obligatorio del seguro social, es evidente que su naturaleza es laboral, pues, como ha quedado asentado, el Máximo Tribunal del país ya determinó que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, como acontece en el caso a estudio. Entonces, es inconcuso que la Jefatura Delegacional de Afiliación y Cobranza, Subdelegación, Departamento de Afiliación y Vigencia, y Departamento de Cobranza de la Subdelegación Cuernavaca de la Delegación Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al emitir la resolución reclamada, no actuaron en su carácter de órgano fiscal autónomo, sino en su calidad de órgano asegurador, en sustitución del patrón; esto es, actuó en un plano de coordinación y, por ende, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos contemplados en el artículo 5o. fracción II, de la Ley de Amparo, pues si bien es cierto cuenta con facultades para determinar lo atinente a las prestaciones de sus asegurados, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades responsables, porque la relación que surge entre la asegurada y éste es de igualdad. Sin que lo anterior signifique dejar en estado de indefensión a la quejosa, y tampoco una afectación a su derecho a la salud previsto en el artículo 4º Constitucional, ya que como ha quedado expuesto, la propia legislación en materia de seguridad social contempla un periodo de "gracia" de ocho semanas para que la parte asegurada pueda regularizar su situación ante el Instituto, tal como lo prevé el numeral 18 de la Ley del Seguro Social, que literal dice: "Artículo 18. Los trabajadores tienen el derecho de solicitar al Instituto su inscripción, comunicar las modificaciones de su salario y demás condiciones de trabajo y, en su caso, presentar la documentación que acredite dicha relación, demuestre el período laborado y los salarios percibidos. Lo anterior no libera a los patrones del cumplimiento de sus obligaciones ni les exime de las sanciones y responsabilidades en que hubieran incurrido." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia anunciada, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por el quejoso GUILLERMO JIMENEZ SILVA, contra los actos que reclamó de la Jefatura Delegacional de Afiliación y Cobranza, Subdelegación, Departamento de Afiliación y Vigencia, y Departamento de Cobranza de la Subdelegación Cuernavaca de la Delegación Estatal Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy catorce de enero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Carlos Velasco Muñoz, Encargado de la presidencia de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días de cumplimiento a lo siguiente: Informe y acredite a qué Junta homóloga de la Ciudad de México, le correspondió conocer del exhorto JE1/112/2021-JE1, con el fin de emplazar a la demanda al juicio laboral 01/927/19-I, de su índice, así también acredite si dicha junta se encuentra realizando las gestiones para diligenciar el citado exhorto. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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