Guillermo Garduño Aguilar

Expediente 515/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
515/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Hospital Psiquiátrico "Fray Bernardino Alvarez"
  • Guillermo Garduño Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de junio de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta, con fundamento en los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio suscrito por la Secretaria del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual comunica la ejecutoria de nueve de junio actual, dictada en el conflicto competencial 22/2022 interpuesto por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el cual determino lo siguiente: "PRIMERO. Se DECLARA LEGALMENTE COMPETENTE para conocer del asunto a la Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO. Remítanse los autos a la juez mencionada.". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente cuaderno de antecedentes, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21 del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que este Juzgado Federal se declaró incompetente para conocer del asunto; lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que el Perito en materia de Topografía Miguel Ángel Salvitano Vázquez, no ha comparecido a este Órgano Jurisdiccional a protestar el cargo conferido, mismo que fue requerido mediante acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno; en consecuencia de lo anterior, requiérase de nueva cuenta a Miguel Ángel Salvitano Vázquez, perito propuesto por el Director Regional de Servicios Periciales Zona Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y por su conducto, para que dentro del término de tres días, se presente ante este Juzgado de Distrito en hora y día hábil debidamente identificado para la diligencia de aceptación y protesta del cargo conferido, diligencia en la que deberá indicársele al referido perito que tiene diez días hábiles para rendir su dictamen. Apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desintexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Para lo anterior, deberá generar su cita en el Portal de Servicios en Línea en donde se encuentra un micrositió que contiene el sistema "Agenda OJ"; asimismo, dicho sistema tiene un proceso automatizado que le otorgará un Código QR, que le permitirá el ingreso al órgano jurisdiccional. Lo anterior, acorde a lo establecido en los diversos acuerdos emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que han regido el periodo de contingencia sanitaria del virus SARSCoV2 (COVID-19). Para dar margen a lo anterior y, a efecto de estar en posibilidad de dictar la resolución correspondiente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual informa el acuerdo dictado por el titular de ese órgano jurisdiccional en los autos del juicio de amparo 718/2022, por el que acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo de su índice; asimismo, y toda vez que este órgano Jurisdiccional no aceptó la competencia planteada, el juzgado declinante insiste en declinar su competencia legal por cuestión de territorio. Por lo que remite los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, a fin de tramitar el conflicto competencial relativo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 640/2021, promovido por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, contra actos del Congreso Constitucional del estado de Hidalgo y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintiuno, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, remitido el mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Rodrigo Martínez Serrano, en su carácter de apoderado legal de Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los Congresos, Gobernadores, Presidentes Municipales, Tesoreros de las entidades federativas que a continuación se mencionarán: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como de la CFE Suministrador de Servicios Básicos ubicada en los distintos municipios de los estados mencionados. SEGUNDO. Mediante acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, registró la demanda con el número 173/2021, y previa aclaración de demanda, decretó oficiosamente la separación de autos por número de servicios de suministro de energía eléctrica, dado que se reclamó la inconstitucionalidad de preceptos normativos de diversos municipios. TERCERO. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitió a este órgano jurisdiccional el oficio signado por la secretaria adscrita a este juzgado, que contenía inserto el auto por el que se realizó la separación de juicios; un ejemplar de la demanda de amparo recibida vía electrónica y la boleta de turno respectiva en la que se precisó que el número de suministro de energía eléctrica relativo a este expediente es el 272020301694. CUARTO. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, esta autoridad registró la demanda de amparo con el número 640/2021 y precisó que el presente juicio versaría respecto de las autoridades, actos y servicio de suministro de energía eléctrica siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Congreso Constitucional del Estado de Hidalgo ".las leyes de ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021, mismas que prevén el derecho de alumbrado público que por esta vía se reclama su inconstitucionalidad." "Cabe señalar que la quejosa únicamente reclama de inconstitucionalidad los preceptos legales a través de los cuales le es aplicado el cobro del derecho de alumbrado público que se establece a través de las Leyes Municipales y Estatales reclamadas," "Ley de ingresos del Municipio de Tula de Allende, para el ejercicio fiscal de 2021." "Lo anterior, toda vez que mi poderdante desconoce la cuantía por Municipio, ya que únicamente realiza un pago por servicio de energía eléctrica de manera centralizada por todas las unidades que opera, y del mismo únicamente se desprende el cobro del concepto de derecho de alumbrado público, desconociendo por completo el mecanismo de cobro del mismo, así como la cuantía que se divide para pagar cada uno de los Municipios (destino final)." Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo Ayuntamiento de Tula de Allende del Estado de Hidalgo Tesorero del Ayuntamiento de Tula de Allende del Estado de Hidalgo Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 272020301694 Asimismo, desechó la demanda por cuanto a la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos del Municipio de Tula de Allende, del Estado de Hidalgo, requirió a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que en la demanda que dio origen a este juicio se reclamó el cobro de los derechos de alumbrado público, pagados por transferencia electrónica derivada de ese cobro centralizado, además de que se señalaron como autoridades responsables a los tesoreros municipales de varios ayuntamientos de diferentes entidades federativas. En ese sentido, la competencia recae en este juzgado por ser el que previno en conocimiento, pues tiene jurisdicción sobre los municipios del estado de Morelos; entidad en la cual se prestan los servicios municipales de alumbrado público que también fueron combatidos por la parte quejosa. Esto es acorde a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 165/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "COMPETENCIA POR TERRITORIO. CUANDO SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, PAGADOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DERIVADA DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO CON LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD O LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, Y SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES A LOS TESOREROS DE VARIOS MUNICIPIOS DE DISTINTAS ENTIDADES FEDERATIVAS, AQUELLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESTE ESE SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL". SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: Del Congreso y Gobernador del estado de Hidalgo: La inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos del Municipio de Tula de Allende, para el ejercicio fiscal del dos mil veintiuno. Del Presidente Municipal y del Tesorero de Tula de Allende, Hidalgo: El cobro del derecho de alumbrado público correspondiente a enero de dos mil veintiuno (del pago del servicio de energía eléctrica), en relación con el establecimiento comercial que cuenta con número de servicio 272020301694. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Congreso y Gobernador del Estado de Hidalgo, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados. Con la precisión de que la representación del Gobernador responsable negó la inconstitucionalidad de los preceptos legales impugnados; circunstancia que será analizada al resolver el fondo del presente juicio. Sin perjuicio de lo anterior, debe mencionarse que las leyes no son objeto de prueba. Por tanto, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicadas en el Diario Oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. Dicha circunstancia se corrobora con la publicación de la ley impugnada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Cobra aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.-Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Por otra parte, el Tesorero y la Presidenta Municipal de Tula de Allende, Hidalgo, negaron los actos que se les atribuyeron. Sin embargo, esa negativa se desvirtúa con base en las constancias remitidas por la representación de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos, así como por la propia moral quejosa, con las cuales se acredita que la quejosa erogó una cantidad por concepto de derecho de alumbrado público. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. I. Es infundada la causal de improcedencia invocada consistente en la extemporaneidad de la demanda de amparo Al respecto, el Congreso del estado de Hidalgo y las autoridades responsables municipales invocaron como causales de improcedencia, las previstas en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por considerar que el presente juicio es extemporáneo. Para tal efecto refieren que, la quejosa debió combatir la ley que en este juicio reclama dentro del plazo de quince días siguientes al primer acto de aplicación. Sin embargo, tal causal de improcedencia es infundada como a continuación se expondrá: Si bien el artículo 17 de la Ley de Amparo establece que el plazo para la presentación de la demanda es de quince días, la autoridad pierde de vista dos puntos importantes: Que el quejoso realizó un pago por transferencia electrónica derivada del sistema de cobro centralizado con la Comisión Federal de Electricidad, y Que el pago centralizado se llevó a cabo el quince de febrero de dos mil veintiuno. Es decir, a través del pago centralizado que efectuó el quejoso se aplicó el precepto tildado de inconstitucionalidad, tal y como se desprende de los recibos digitalizados en el escrito inicial que se muestran a continuación: De este modo, si el primer acto de aplicación de la ley reclamada aconteció el quince de febrero de dos mil veintiuno, el plazo de quince días hábiles para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del dieciséis siguiente al ocho de marzo del mismo año, descontando los sábados y domingos por ser inhábiles, conforme al calendario siguiente: Febrero Marzo D L M X J V S D L M X J V S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 Ahora bien, si la demanda de amparo fue presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el ocho de marzo de dos mil veintiuno, puede concluirse que ella fue promovida dentro del término general previsto en el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo. De ahí que resulte infundada la causal de improcedencia en estudio. II. Es infundada la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico de la quejosa para acudir al juicio de amparo, únicamente por cuanto al cobro del derecho de alumbrado público Al respecto, se tiene que las autoridades municipales invocaron las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, por considerar que no se afecta el interés jurídico de la parte quejosa para acudir al juicio de amparo. Dicha causal resulta infundada, pues contrario a lo argumentado por las autoridades responsables, la parte quejosa cuenta con tiene interés jurídico para acudir al presente juicio de amparo, para reclamar el cobro por concepto de derecho de alumbrado público. En primer lugar, debe acudirse al contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales prevén que el juicio de amparo es improcedente cuando no afecta los intereses jurídicos o legítimos previstos en el artículo 5° de la Ley de Amparo. Por su parte, ese último precepto establece que el quejoso es aquella persona que aduce ser titular de derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese cuerpo normativo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto normativo, este órgano jurisdiccional advierte que el quejoso tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo. En efecto, el interés jurídico al que alude el artículo 5° de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos que le depare perjuicio. Es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por la norma, acto u omisión de alguna autoridad que le ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses del particular. Luego entonces, si el interés jurídico deviene como consecuencia de la afectación de los derechos de una persona, en razón de una norma, acto u omisión de autoridad, la persona agraviada puede ocurrir al juicio de amparo. Así, si se toma en consideración que la parte quejosa, en su escrito inicial de demanda, reclamó el cobro por concepto de alumbrado público previsto en la Ley de Ingresos de Tula de Allende, Hidalgo, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, la parte quejosa sí tiene un interés jurídico para promover el juicio de amparo, el cual en el presente caso se traduce en la facultad que tiene para reclamar el cobro de ese tributo, por considerar que le causa perjuicio en su esfera jurídica. De ahí que se estime infundada la causal de improcedencia invocada por la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con clave 2a./J. 51/2019 (10a.), cuyo rubo y texto dicen lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". III. Es infundada la causal de improcedencia consistente en la ausencia de conceptos de violación por vicios propios de los actos que reclama a las autoridades municipales Al respecto, las autoridades municipales opusieron como causal de improcedencia y sobreseimiento, la consistente en que la parte quejosa, en sus conceptos de violación, realiza afirmaciones dogmáticas sin sustento o razonamiento alguno que haga procedente su estudio. Tal causal de improcedencia resulta infundada en virtud de que, los argumentos hechos valer como conceptos de violación serán estudiados al resolver sobre el fondo de este asunto. En consecuencia, al no existir diversa causal de improcedencia que esta autoridad advierta o propuesta por las partes, procede analizar los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Para un mejor entendimiento de este asunto, a continuación se sintetizarán los conceptos de violación que el quejoso hizo valer en su escrito de demanda: Considera que la ley impugnada y el respectivo cobro por concepto de derecho de alumbrado público es contrario a lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5°, subinciso a), de la Constitución general. Esto debido a que el Congreso de la Unión es el órgano facultado para establecer contribuciones en materia de energía eléctrica. En consecuencia los congresos locales se encuentran impedidos para legislar sobre energía eléctrica, pues de hacerlo, se invadiría una facultad exclusiva de la federación. Afirma que la inconstitucionalidad planteada contraviene el artículo 115, fracciones III, inciso b) y IV, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello en virtud de que los Municipios tendrán a su cargo la prestación del servicio de alumbrado público y tendrán derecho a recibir los ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos a su cargo, los cuales, al tener la naturaleza de derechos, deberán ser establecidas en Ley mediante la aprobación de las Legislaturas locales. Para sostener esta afirmación, aduce que, a pesar de que la contribución se le denominó "derecho", materialmente se trata de un impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Ahora bien, esta contribución es violatoria de los principios de legalidad tributaria, ya que no contienen los elementos básicos de las contribuciones, como son el objeto, sujeto, base gravable, tasa o tarifa y la época de pago. Manifiesta que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio ni mucho menos al beneficio obtenido por el particular al cual se cobran los citados derechos, toda vez que el Legislador pierde de vista que la prestación del servicio de alumbrado público es un servicio indivisible, respecto del cual no se puede cuantificar su uso, goce o los beneficios derivados del mismo por un contribuyente determinado. Asimismo, afirma que los preceptos reclamados violan el principio de equidad tributaria a que hace alusión el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que el monto a cubrir por la prestación de ese servicio no es igual para todos los usuarios del servicio, sino únicamente para aquellos que son propietarios de predios o que son consumidores de energía eléctrica. Estima que el cobro del derecho de alumbrado público resulta ser inconstitucional en virtud de que para el cobro de los derechos por el servicio de alumbrado público a que hace referencia en ellos, no se atiende al costo real del servicio proporcionado por el Municipio, sino al consumo de energía eléctrica que realiza el contribuyente. Reitera que el cobro de la contribución impugnada es inconstitucional ya que el precepto reclamad obliga únicamente a un tipo de contribuyentes a realizar el pago de derechos por el servicio de alumbrado público, no obstante que dicho servicio se presta a, y es aprovechado por, todos y cada uno de los habitantes del municipio. Considera que el cobro del derecho de alumbrado público es inconstitucional en virtud de que los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, no obstante que estos no tienen el carácter de sujetos de dicha contribución y aun cuando no son necesariamente los beneficiarios del servicio de alumbrado público, son obligados a pagarlo. Afirma que el cobro del derecho de alumbrado público es violatorio a la garantía de legalidad tributaria, toda vez que se establece la obligación de realizar el pago de una contribución, sin que se fije la tasa o la tarifa aplicable para efectos del cálculo de dicha contribución en una Ley en sentido formal y material. Máxime que si bien se establece un porcentaje máximo, la aplicación de este tornaría a los derechos en cuestión en un verdadero impuesto sobre el consumo de energía eléctrica. Considera que en el caso concreto se configuró la figura de la cosa juzgada refleja, en tanto que los actos reclamados que originalmente adujo la quejosa ya fueron decretados inconstitucionales anteriormente (derecho de alumbrado público). A continuación, este juzgador procederá al estudio y análisis del concepto de violación reseñado con el número 1. Dicho argumento resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, en razón a las siguientes consideraciones: Los actos reclamados en este juicio consisten en el pago del "Derecho de Alumbrado Público", tomando como base el consumo eléctrico. Sin embargo, este tipo de contribuciones han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, el Pleno del Máximo Tribunal del país sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica. Por tanto, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En todo caso, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, ya que en este tipo de "derechos", no existe relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público. En consecuencia, los derechos por servicio de alumbrado público son verdaderas contribuciones establecidas por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución general. Las consideraciones anteriores se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P. 6, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "ALUMBRADO PUBLICO, DERECHOS POR SERVICIO DE. LAS LEYES O CODIGOS LOCALES QUE ESTABLECEN COMO REFERENCIA PARA SU COBRO LA CANTIDAD QUE SE PAGA POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SON INCONSTITUCIONALES PORQUE INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA FEDERACION. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a), de la Constitución, es facultad del Congreso de la Unión establecer contribuciones sobre el consumo de energía eléctrica; ahora bien, cuando en los códigos y leyes locales se prevé que los derechos por servicio de alumbrado público se calculen tomándose como base la cantidad que se paga por consumo de energía eléctrica, en realidad se establece un gravamen sobre dicho consumo y no un derecho previsto por la legislación local. En efecto, debe existir una relación lógica entre el objeto de una contribución y su base, principio que se rompe en casos como éstos, pues ninguna relación hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público, debiendo concluirse que en realidad se trata de una contribución establecida por las legislaturas locales al consumo de fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de facultades exclusivas de la Federación y contravienen la Constitución General de la República". Ahora bien, del análisis a las constancias que obran en autos se desprende que el cobro de la contribución reclamada se realizó conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Ingresos para del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. Dicho precepto establece, que el cobro del derecho de alumbrado público, se determinará conforme a lo establecido en el convenio que para tal efecto celebre el Municipio con la Comisión Federal de Electricidad, o con cualquier otro prestador de servicio, en el que se precisarán, de conformidad con la legislación federal aplicable, los elementos de contribución. Ahora bien, a falta de convenio, se aplicarán para dicha contribución, las siguientes tasas sobre el consumo de energía eléctrica de los contribuyentes: Uso doméstico: 5% (cinco por ciento) Uso comercial: 5% (cinco por ciento) Uso industrial: 1.5% (uno punto cinco por ciento) Sin embargo, esa contribución es inconstitucional, pues, contrario a lo sostenido por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe una relación lógica entre el objeto -consumo de la energía eléctrica- y la base -cantidad que debe pagarse por el alumbrado público- del concepto reclamado. Por tanto, se trata de una contribución establecida por el congreso local al consumo de energía eléctrica con lo cual se invaden las facultades de la federación, en una clara contravención al artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a) de la Constitución general. Por lo antes expuesto es que en el presente asunto debe concederse el amparo y protección de la justicia federal. Debe mencionarse que se encuentra acreditado en autos el pago de la contribución impuesta mediante el cobro del porcentaje relativo a la cuantificación del consumo de energía eléctrica establecido en el mencionado precepto, con base en las constancias que remitió la CFE Empresa Productiva Subsidiaria, con las cuales se aprecia el pago por concepto de "Importe DAP", realizado de manera conjunta con el correspondiente al servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa hubiere realizado un pago centralizado, pues en todo caso, al realizar esa erogación, también cubrió lo correspondiente por el derecho de alumbrado público relacionado con el número de suministro de energía eléctrica motivo de este juicio. Por otro lado, no pasa inadvertido que con base en el artículo 115, fracción III, inciso b) y IV, inciso c) de la Constitución general establece que, las legislaturas de los Estados podrán fijar las contribuciones que correspondan a los municipios por concepto de los servicios que deben prestar (entre los que se encuentra el de alumbrado público). Pero la inconstitucionalidad del precepto de la Ley de Ingresos del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo para el Ejercicio Fiscal 2021 que contempla un pago por el derecho de alumbrado público radica en que el cobro de la contribución de ese concepto se aplica directamente sobre el consumo de energía eléctrica de los particulares, en una clara contravención al artículo 73, fracción XXIX, inciso 5o., subinciso a) de la Constitución general, por tratarse de una facultad reservada a la federación. Es decir, este órgano jurisdiccional no desconoce que el congreso local tiene facultades para implementar el pago del derecho de alumbrado público, siempre y cuando observe los principios previstos en el artículo 31, fracción IV constitucional. No obstante, la contribución por ese concepto no podrá realizarla con base en el consumo de energía eléctrica de las y los gobernados, pues, como se sostuvo en líneas anteriores, no existe ninguna relación entre lo que se consume de energía eléctrica y la cantidad que debe pagarse por el servicio de alumbrado público. Por lo antes expuesto, este juzgador estima innecesario entrar al estudio del resto de los conceptos de violación formulados en el escrito de demanda, en virtud de que en nada variaría el sentido de la presente sentencia, además de que no se obtendría un mayor beneficio al alcanzado en esta determinación. Tiene aplicación, la jurisprudencia VI.2o.J/7, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que dice lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia". SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado lo procedente es conceder el amparo solicitado por Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para los siguientes efectos: El Tesorero de Tula de Allende, Hidalgo en el plazo de tres días hábiles contados a partir de la notificación del auto por el que esta resolución cause ejecutoria, devuelva exclusivamente la cantidad que fue pagada por concepto de alumbrado público con cargo al número de servicio que aparece en la facturación electrónica 272020301694, por el periodo comprendido enero de dos mil veintiuno; cantidad que será determinada en la etapa de ejecución de este juicio de amparo. No se le aplique el precepto impugnado respecto del periodo en el que esté vigente y, por tanto, no le sea exigido el pago del derecho por servicio de alumbrado público que reclama, por lo que a ese periodo se refiere (dos mil veintiuno). En el entendido de que la concesión del amparo no exime a la parte peticionaria de amparo de seguir efectuando oportunamente el pago por concepto del uso de energía eléctrica que le sea proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad. Sirve de aplicación al caso concreto, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES FISCALES. OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES APLICADORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS. Conforme al artículo 80 de la Ley de Amparo y a la tesis de jurisprudencia 201, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 195, con el rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese sentido, cuando se otorga el amparo contra una norma fiscal, el efecto de la sentencia será que dicha disposición no se aplique al particular y que las autoridades que recaudaron las contribuciones restituyan no sólo las cantidades que como primer acto de aplicación de esa norma se hayan enterado, sino también las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido". Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Nueva Wal-Mart de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, respecto de los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos y para los efectos señalados en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy veintisiete de abril de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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