Guillermo Issac Lerma Tejadilla

Expediente 240/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
240/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/02/2022

Partes del expediente

  • Guillermo Issac Lerma Tejadilla
  • Guillermo Issac Lerma Tejadilla y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "...Visto el estado de autos y la certificación secretarial de cuenta, se observa que feneció el término de diez días para que se interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de enero del actual, en la que se sobreseyó y negó el amparo a la quejosa, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. Este expediente es susceptible de depuración, que deberá verificarse dentro de los noventa días siguientes, una vez transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Dese vista a las partes quejosa y terceros interesados para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan por sí o por conducto de sus autorizados a recoger las documentales que aportaron el juicio en que se actúa, apercibidas con que de no hacerlo, seguirá la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo. En la inteligencia que, deberán generar el código QR correspondiente en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, a fin de comparecer a recoger dicha documental. Finalmente, acuérdese lo relativo en el incidente de suspensión que deriva del presente expediente..."

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve Guillermo Isaac Lerma Tejadilla, por sí y en representación de la menor de iniciales M.L.L.L., contra actos del Gerente Regional de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la Refinería Ing. Antonio M. Amor, Petróleos Mexicanos, de Salamanca, Guanajuato y otros; fórmese expediente y regístrese con el número 240/2022-IV. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El promovente reclama la negativa de las autoridades responsables de otorgarle permiso para cuidar a su hija menor de edad de iniciales M.L.L.L., quien contrajo el virus SARS-COV-2. Aduce que sustentó su solicitud de permiso en el contrato colectivo de trabajo que rige su relación laboral con Petróleos Mexicanos. El acto reclamado está afectado por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, porque no es un acto de autoridad, sino que deriva de la relación laboral que existe entre Petróleos Mexicanos, en su carácter de patrón y el solicitante del amparo, como trabajador. Es decir, se trata de una relación de coordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que se sitúan en un mismo plano. Éstos pueden ser particulares o entes estatales actuando como personas de derecho privado. En este tipo de relaciones se ubican las de derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Para dirimir sus diferencias la ley estableció procedimientos ordinarios. La nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas que establezcan, precisamente porque las partes intervinientes se encuentran en el mismo nivel. En otras palabras, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre órganos del Estado -como entes de derecho público- y gobernados. Los primeros actúan en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar de los órganos estatales, quien impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho, que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso del afectado. Por tanto, cuando los trabajadores promueven un juicio de amparo contra conductas derivadas de la relación contractual laboral, el juicio resulta improcedente, precisamente porque se ubican en un plano de igualdad o coordinación y no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo. Entoces, el conflicto debe ventilarse ante el tribunal federal en materia de trabajo competente, como lo disponen los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso b), punto 1 y 527, fracción II, punto 1, de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: [.] XXXI.- La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos a: [.] b) Empresas: 1.- Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; [.] Artículo 527. La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades federales, cuando se trate de: [.] II. Empresas: 1.- Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; [.]". Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 34/2021 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número de registro 2023974 de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER LA NEGATIVA DEL EMPLEADOR A AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SALUD PÚBLICA, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador de una institución de salud pública, ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación: Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las prácticas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral, en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa del empleador a autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio, sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente.

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