Guillermo Garcia Villaseñor
Expediente 1314/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1314/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Guillermo Garcia Villaseñor
Actuaciones
- Principal
Secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, comunica el proveído de diecisiete de los actuales, emitido por el presidente de dicho órgano, admitió el conflicto de competencia planteado por la Juez Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, para conocer de la demanda de amparo de la que derivó el presente cuaderno de antecedentes, el cual fue registrado con el número 9/2022 de su índice.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, mediante el cual remite en un tomo, el juicio de amparo 1109/2022 de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por Guillermo García Villaseñor, así como dos legajos de copias certificadas y siete copias de la demanda. Lo anterior, con motivo de que en acuerdo de veintisiete de octubre pasado, el órgano oficiante declinó competencia legal para conocer de la demanda de amparo de referencia a favor del juzgado de distrito en turno en esta ciudad; fórmese el expediente de amparo indirecto correspondiente. Registro. Regístrese la demanda en el libro de gobierno con el número 1314/2022-III dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Argumentos del juzgado declinante. La jueza oficiante declinó competencia para conocer de la demanda de amparo, porque considera que los efectos y consecuencias de la resolución reclamada se materializaran en Silao de la Victoria, Guanajuato, porque en ese lugar se realizaron las actuaciones que se impugnaron a través del incidente de nulidad que se declaró improcedente y se confirmó a través de la resolución que reclama el quejoso. Sobre esa base, la jueza sostiene que es legalmente incompetente por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo y que es competente este juzgado de distrito porque tiene jurisdicción en el lugar en el que se ha actuado en el proceso de origen. No se acepta la competencia declinada Este juzgado disiente del respetable criterio del juzgado oficiante y, por tanto, rechaza la competencia declinada. prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que antes de cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. El sistema para establecer la competencia, se encuentra previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De acuerdo con el precepto anterior es competente para conocer de la demanda de amparo: a) El Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El Juez de Distrito ante el cual se presente la demanda, cuando la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en jurisdicciones diferentes (párrafo segundo). Se estima que dicho párrafo debe interpretarse de forma sistemática con el anterior, en el sentido de que es competente cualquiera de los jueces, a elección del quejoso, que ejerza jurisdicción en los lugares de materialización del acto reclamado. c) El Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda, si el acto reclamado no requiere ejecución material (párrafo tercero). Al resolver la contradicción de tesis 389/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo debía ser interpretado de manera literal, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, a fin de evitar conflictos competenciales y facilitar el acceso a la justicia a los gobernados. Para arribar a dicha conclusión definió el derecho a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder sin obstáculos a los tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, lo cual, en principio, no puede supeditarse a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales. Posteriormente citó la fracción VII del artículo 107 constitucional, que establece que será competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado deberá ejecutarse y consideró que tal regla pretendía facilitar la promoción del juicio para asegurar el pronto cumplimiento de las determinaciones de amparo. Sin embargo, explicó, tal precepto no establece la competencia en caso de que los actos carezcan de ejecución. Luego, hizo referencia al artículo 36 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, que establecía competencia para conocer de actos declarativos a favor de los jueces que tuvieran jurisdicción en el lugar de residencia de la autoridad responsable. Y después realizó un estudio del proceso legislativo que dio origen al artículo 37 de la ley vigente. Explicó que en la iniciativa de reforma se propuso el texto de manera idéntica al 36 de la ley anterior, pero que el veintidós de septiembre de dos mil once el senador Tomás Torres Mercado propuso: "con el objeto de garantizar la accesibilidad de la Justicia Federal en materia de amparo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el quejoso." Tal legislador explicó que en ocasiones se dificultaba el acceso al expediente, ya que el quejoso debía trasladarse a lugares lejanos a su residencia. Esta iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos, que presentaron un dictamen en el que se redactó la norma de la manera en que se aprobó su texto, sin expresar la razón del cambio de su redacción. Con base en lo anterior, la Corte determinó que el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo debía interpretarse de manera literal (no sistemática o teleológica), porque, al no explicar el cambio de la redacción del texto, la intención del legislador quedó asentada claramente en el precepto normativo en estudio. Y dijo que con tal interpretación se evitarían conflictos competenciales y se lograría una mejor operatividad de los recursos humanos, lo que favorecía el acceso a la justicia por los gobernados. Entonces, cualquiera que sea la forma de expresión que emplee la autoridad, sea que conceda o niegue lo que se le pidió, sea que ordene o prohíba, para definir la naturaleza negativa del acto habrá que analizar en cada caso si éste redunda en una abstención de otorgar o reconocer al quejoso el derecho que le corresponde; o para definir su carácter positivo, habrá que advertir si impone a la quejosa una carga a la que está obligado, o le priva o limita algún derecho que figura en su patrimonio. En el caso, de acuerdo con el análisis de la demanda se obtiene que el quejoso es parte demandada en el expediente M50/2011 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido en Silao de la Victoria, Guanajuato, y reclama la resolución dictada en dicho asunto el treinta de septiembre de dos mil veintidós, que resolvió el recurso revocación interpuesto por el propio quejoso, en contra de la diversa de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. En esta última se resolvió el incidente que aquél promovió para anular las actuaciones realizadas a partir del auto de catorce de enero de dos mil veintiuno. Tal acto, por sí mismo, no puede reputarse como uno de ejecución material, pues constituye un pronunciamiento meramente declarativo, ya que solamente confirmó el recurso de revocación interpuesto en contra de la resolución que estableció que era improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que promovió el quejoso a efecto de anular las actuaciones realizadas en el juicio de origen, sin que ello implique per se que el acto tenga una ejecución material, pues esta última resolución declaró improcedente el incidente, sin imponer el cumplimiento de alguna prestación ni medios de apremio que requirieran de ejecución, es decir, de un cambio en el mundo físico, sino únicamente en el ámbito formal; en otras palabras, la sola emisión de ese pronunciamiento agotó sus efectos. Así, la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintidós, por sí misma, no puede reputarse como un acto de ejecución material, pues sus efectos no modificaron el estado de cosas en el mundo físico, sino sólo en el ámbito de lo formal, es decir, simplemente declaró que no procedió la nulidad de actuaciones, sin extinguir modificar o transmitir derechos; por ende, tampoco se ejecuta, ni requiere de ejecución y sus efectos son estrictamente formales. Sobre estas premisas, se surte la tercera hipótesis de competencia prevista en el artículo 37 de la Ley de Amparo, según la cual es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiere presentado la demanda. Sostener lo contrario a lo ya determinado, vulneraría la condición constitucional del artículo 16, párrafo primero, constitucional, de que esta resolución sea emitida por autoridad competente, lo cual trascendería en los alcances del acceso a la tutela judicial efectiva contenida en el artículo 17 constitucional. Este juzgado sostuvo el mismo criterio en el juicio de amparo 633/2020-ll, el cual fue confirmado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, al resolver el conflicto competencial 12/2020, de su índice. Asimismo, en el juicio de amparo 955/2019-III, el cual fue confirmado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, en el conflicto competencial 10/2019 de su índice. Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 37 en relación con el numeral 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada. Por lo expuesto, se resuelve: a) Devolver al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, los autos originales del amparo 1109/2022 de su índice, los dos tomos de pruebas formados con las constancias que aportó el quejoso y las siete copias de la demanda y anexos, solicitándole que comunique su decisión para los efectos legales correspondientes. b) Formar el cuaderno de antecedentes correspondiente y hacer las anotaciones en los libros de gobierno respectivos. Notificaciones por lista. En virtud de que el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, y en atención a que ningún precepto de la ley de amparo, ni de la que es supletoria, contemplan como domicilio esa hipótesis, se tiene que no cumplió con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado en forma supletoria; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la citada legislación, ésta y las subsecuentes notificaciones háganse por lista de acuerdos en tanto subsane dicha omisión.
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