Guillermo Gonzalez Muñoz
Expediente 585/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 585/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/07/2023
Partes del expediente
- GUILLERMO GONZALEZ MUÑOZ y Otros.
- Guillermo Gonzalez Muñoz
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de cinco de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el antepenúltimo párrafo del citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Cuenta. El cinco de junio de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el escrito registrado con el número 8073. Conste.Tijuana, Baja California, cinco de junio de dos mil veintitrés. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Desechamiento. Una vez analizado el escrito inicial de demanda de amparo, así como el escrito aclaratorio, este juzgado federal advierte que debe desecharse la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se observa que es obligación de este Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida, desecharla de plano. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial de demanda, mientras que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda y escrito aclaratorio, se aprecia que la parte quejosa atribuye al juez responsable, en esencia, la instrucción de investigación dictada en audiencia de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. En efecto, en el caso a estudio, se actualiza de manera manifiesta e indudable las siguientes causas de improcedencia: I. La causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, pues como se puede apreciar, el acto reclamado no tiene sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, presupuesto indispensable para la procedencia del juicio constitucional biinstancial, tratándose de actos dentro del juicio. Para mejor comprensión, se impone reproducir el contenido de los artículos señalados en el párrafo que precede, los cuales a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los anteriores preceptos, se aprecia que el juicio de amparo indirecto, sólo procede contra actos en juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, alguno de los llamados derechos fundamentales del ser humano o del gobernado, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la salud, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podrían repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación a dichos derechos; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales, efectos que no necesariamente van a ocasionar que la resolución que deba dictar la autoridad le sea desfavorable a los intereses del peticionario de amparo. De ahí que, partiendo de las interpretaciones hechas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a qué debe definirse por actos de imposible reparación, se arriba a la conclusión que éstos deben considerarse aquellos que dentro de un juicio vulneren o afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que México, sea parte, de forma tal que al dictarse la resolución, no sean susceptibles de repararse dichas violaciones. Por ende, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos cuya consecuencia sea una afectación a derechos adjetivos o procesales, ya que los efectos de esta clase de violaciones, son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable o bien, mediante los respectivos medios ordinarios de defensa. En otras palabras, la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio es excepcional en tanto que los actos susceptibles de combatirse son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, la cual se actualiza cuando tales actos cumplen con las siguientes dos notas distintivas: afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga resolución favorable a sus intereses. Por ello, se dice que los actos dentro de juicio que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales no pueden ser considerados de imposible reparación toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene resolución favorable. En el caso concreto, ********************, se inconforma de la "instrucción" dictada por el juez natural donde ordenó al Agente del Ministerio Público iniciar su investigación durante el desarrollo de la audiencia intermedia en la causa penal 275/2022. Sin embargo, en congruencia con lo explicado en párrafos anteriores, se concluye que esa orden atendiendo a su naturaleza y objetivo no causa al ahora quejoso un perjuicio trascendental y grave requerido para la procedencia del juicio de amparo. Se sostiene lo anterior, en razón de que la vista ordenada al Agente del Ministerio Público, se trata en todo caso, de una denuncia en sentido amplio lo que no prejuzga sobre la probable conducta delictiva a indagar; por lo que esa decisión dependerá de la apreciación, que de considerarlo oportuno, realice el representante social de los hechos y de las constancias correspondientes, a efecto de establecer si son o no suficientes para iniciar una carpeta de investigación. Aunado a lo anterior, los posibles vicios formales de los cuales pudiera adolecer la orden impugnada no son trascendentales o irreparables, porque la instrucción del juez implica que el Agente del Ministerio Público, para que llegue necesariamente a la conclusión de que existen elementos suficientes para estimar que se cometió una conducta que pudiera ser constitutiva de delito. Tampoco debe soslayarse que, iniciar una indagatoria implique alguna afectación de derechos humanos del quejoso, pues lo cierto es que en su caso, dentro de la carpeta correspondiente el sujeto que sea el indiciado cuenta con oportunidad de defensa, por lo que tiene aptitud de alegar y probar lo conducente antes de su judicialización; además de contar con todos los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios establecidos en el sistema normativo, que hagan valer en uso de sus derechos constitucionales. Máxime, que de llegar a estimarse procedente el juicio biinstancial promovido en contra de la orden o instrucción de investigación, conllevaría al entorpecimiento de las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público por mandato constitucional, en cuanto a la investigación y persecución de los delitos. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1ª. CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos cincuenta y uno del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XX Diciembre de 2004, con el rubro y texto: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad". Asimismo, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 154/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, del contenido literal siguiente: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO: La posibilidad de impugnación de los actos acaecidos durante la averiguación previa a través del juicio de amparo indirecto, debe determinarse de manera casuística -en aras de preservar, al menos en su expresión mínima necesaria, la función indagatoria-, considerando fundamentalmente si se trata de actos cuyos efectos podrán o no desvirtuarse a través del proceso judicial. Así, los actos que habitualmente tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Estimar lo contrario entorpecería dichas facultades y obligaciones constitucionalmente conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tal virtud, la omisión de dicho representante social de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa, no constituye un acto de imposible reparación que pueda combatirse a través del juicio de amparo indirecto, pues tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así". Por los motivos expuestos, se estima se actualiza la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, II. En ese contexto, del análisis integral de la demanda de amparo evidencia que en el caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en razón de que el proveído reclamado, es impugnable a través del recurso de revocación, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal; c) Que mediante ese recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. Del precepto legal citado en primer orden, se aprecia que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, cuyo objetivo primordial estriba en que éste es procedente únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno. Conforme a dicho principio, el juicio de amparo en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente si existe un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlos, revocarlos o modificarlos. Ahora, el acto reclamado consiste en la "instrucción" dictada por el juez natural donde ordenó al Agente del Ministerio Público investigarlo durante el desarrollo de la audiencia intermedia en la causa penal 275/2022. Esa determinación, se estima es recurrible en la vía ordinaria conforme a lo dispuesto en los artículos 465 y 466 del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevén la sustanciación del recurso de revocación en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, en contra de las determinaciones de mero trámite; la cual deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, ya que en el caso se trata de una determinación dictada fuera de audiencia. Por tanto, debe decirse que el solicitante del amparo, al no tener el carácter de tercero extraño al juicio de donde deriva el acto reclamado, por ser parte de éste (defensor privado del imputado), previo al ejercicio de la acción constitucional, debió respetar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, mediante la interposición del recurso de revocación, lo que en la especie no ocurrió tal como expresamente lo manifestó en el escrito de cuenta. Lo anterior, en virtud que, conforme a la naturaleza del citado medio de impugnación, éste resulta idóneo para modificar, revocar o nulificar el proveído reclamado, el cual encuadra en el supuesto de procedencia, pues se trata de una resolución de mero trámite, es decir, es ajena a cuestiones de fondo, y dicha determinación judicial fue adoptada sin debate previo de las partes. Se puede concluir que la orden que por esta vía se reclama es de mero trámite, porque la "instrucción" de la que se duele el quejoso refiere una denuncia en sentido amplio que no prejuzga sobre la probable conducta delictiva por parte de la quejosa. Luego, aun y cuando se pudiese tratar de un acto de imposible reparación (que no ocurre en la especie), se deben de agotar los medios ordinarios defensa, pues dicha circunstancia por sí misma no constituye una excepción al principio de definitividad, que rige en el juicio de amparo y por tanto, el mismo deviene improcedente, pues es claro que la interposición del recurso en comento es idóneo para revocar, modificar o nulificar el auto reclamado en esta vía constitucional. Así las cosas, cabe desatacar que las únicas excepciones al principio de definitividad, se encuentran establecidas en la fracción XVIII incisos a), b), c) y d) del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual estipula que no es necesario acatar este principio, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, o consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, cuando quien promueva el juicio de amparo indirecto sea persona extraña al procedimiento y finalmente contra el auto de vinculación a proceso; hipótesis que no se actualizan para que se eximiera al quejoso de la obligación de agotar el requisito de definitividad a que se hizo alusión en párrafos precedentes. Por tanto, debe decirse que la parte quejosa estuvo en aptitud legal de acudir directamente ante la autoridad responsable a promover el recurso de revocación contra la instrucción que ahora se reclama y, al no haberlo hecho así, resultó en la improcedencia de la presente vía constitucional, al no haber respetado la parte quejosa, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Las consideraciones anotadas tienen sustento en la tesis de jurisprudencia, publicada en el Semanario Judicial de la Federación por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo VIII de Octubre de 1998, Novena Época, página 1100, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.- La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Asimismo, se cita la Tesis 13, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta, Tomo III, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. (INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73 FRACCION XIII DE LA LEY DE AMPARO).- La interpretación armónica de los artículo 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73 sólo prevé como excepciones; Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." (Lo resaltado es de este Juzgado) En las relatadas consideraciones, se estima que en el caso también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo Por tanto, al actualizarse las causas de improcedencia anunciadas, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por ********************. Consulta vía electrónica. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto en su modalidad de expediente electrónico, para consulta y envío de promociones por tal medio. Por tanto, se comisiona a la Oficial Judicial "A" adscrita, realice la autorización respectiva en el expediente electrónico al usuario "********************". Notifíquese personalmente al quejoso.
- Principal
Cuenta. El veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el escrito registrado con el número 7344. Conste.Tijuana, Baja California, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 585/2023-VII. Prevención. En atención al contenido de la demanda, resulta pertinente destacar que es obligación de este órgano jurisdiccional examinarla en su integridad, y si en la misma existiere alguna irregularidad o deficiencia, se mandará prevenir a quien promueve para que cumpla con los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, para que pueda subsanarlas en tiempo. Requerimiento. Ahora, atendiendo a que la demanda de amparo debe estudiarse como un todo, con fundamento en el artículo 108, fracciones III y IV, y 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que, al momento de la notificación o dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: Bajo protesta de decir verdad, amplié los antecedentes de su demanda, en los que deberá precisar, que carácter le reviste en la causa penal ********************. Lo anterior, toda vez que en su capítulo de antecedentes, menciona se desempeña como licenciado en Derecho, asimismo, que recibió unos correos electrónicos autorizados enviados por la autoridad responsable, a fin de citarlo a la audiencias virtuales respectivas; sin embargo, no menciona que participación tuvo en dichas audiencias o el carácter que le corresponde en la causa penal y si de manera previa a la "orden de investigación" que refiere existió apercibimiento. Asimismo aclare si en contra de la determinación que menciona interpuso diverso recurso. Asimismo, cual es el estado que guarda la causa penal ********************. En razón de que manifiesta que en la causa penal ********************, el juez responsable determinó la improcedencia del sobreseimiento de la causa penal antes mencionada y por otra parte, asimismo refiere la celebración de la audiencia intermedia, y en su apartado de acto reclamado, refiere una orden de investigación en su contra ordenada en autos de la referida causa penal. Sirve de apoyo la tesis I.4o.C. 26 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, febrero de 1992, página 63, con número de registro 220365, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." En la inteligencia que la prevención apuntada deberá ser desahogada por el directamente agraviado y no por conducto de diversa persona, en razón de que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse conforme a lo dispuesto por el artículo 216, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006 (número de registro 174745) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido y rubro disponen: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término y condiciones antes apuntadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ******************** quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Acceso electrónico. Asimismo, en cuanto a su solicitud de que se autorice el acceso al portal de Servicios en Línea para la consulta del presente juicio de amparo; atento a ello, dígasele al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que como se advierte de la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), el usuario "********************" no se encuentra registrado con nombre alguno de usuario. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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