Guillermo Garcia Jarquin

Expediente 1277/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1277/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
03/11/2020

Partes del expediente

  • Guillermo Garcia Jarquin

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, tres de noviembre de dos mil veinte. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de once de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a.-J. 26-2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85-98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el trece de enero de dos mil veinte, la cual causó ejecutoria mediante proveído de treinta del mismo mes y año, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Guillermo García Jarquín, contra los actos que reclamó a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, para los siguientes efectos: SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Así, ante la transgresión de los derechos del quejoso y en reparación de los mismos, procede concederle el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto reclamado a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinaria de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión otorgada. Para lo cual, la autoridad responsable, deberá: Dejar insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa de doce de julio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente E-147-CSPC-2017, únicamente por lo que respecta al quejoso Guillermo García Jarquín, dejando intocado los aspectos atinentes a los diversos miembros policiales ya que no fueron materia de la protección constitucional. Emita uno diverso en el que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, declare la prescripción para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Guillermo García Jarquín, únicamente por los hechos derivados del expediente E-147-CSPC-2017. Acciones realizadas para cumplir sentencia. Ahora, mediante ejecutoria pronunciada en autos se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con el fallo protector, así como a su superior jerárquico Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a fin de que obligara a su subordinado al cumplimiento de la sentencia amparatoria. En atención a ello, la Directora Jurídica en Materia de Seguridad y Protección Ciudadana del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, presentó ante este juzgado copia del oficio 985/DJ/2020 dirigido al Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del XXIII Ayuntamiento, en esta ciudad, en el cual lo requirió para que diera cumplimiento con la sentencia. Por su parte, el Delegado autorizado por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de esta localidad, exhibió un oficio el diez de marzo del presente año, al cual anexó copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el expediente E-147-CSPC-2017. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedidas por funcionarios en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que en sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de febrero de dos mil veinte, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, ante la presencia del Secretario Técnico, en el expediente E-147-CSPC-2017, se determinó dejar insubsistente el acuerdo de inicio de doce de julio de dos mil diecinueve, únicamente por lo que hace al aquí quejoso. De igual manera, se decretó la prescripción en el procedimiento administrativo E-147-CSPC-2017, por lo que hace a Guillermo García Jarquín -parte quejosa-; en virtud de haber operado la preclusión de la facultad para emitir el correspondiente acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa por parte de la aludida comisión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, debido a que se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho violado y se reestablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro uno de gobierno del índice de este juzgado. Notificación. Comuníquese a la parte quejosa la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Por tanto, consérvense el presente cuaderno en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido el mismo procédase a su depuración. Una vez concluido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar este expediente, conservándose, en su caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorgó autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que se consideren relevantes a consideración de este órgano jurisdiccional; circunstancia que deberá constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, asimismo, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, a fin de dar cumplimiento al artículo 18, último párrafo, del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, quien actúa con la Secretaria Tania Aguilar Herrera, que firma y da fe. Doy fe. Tania* La Secretaria, certifica: Que la presente foja corresponde a la parte final del proveído dictado el tres de noviembre de dos mil veinte, en el juicio de amparo 1277-2019-III. Conste. Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California Avenida Paseo de los Héroes, número 10540, sexto piso, Zona Río, Tijuana, Baja California, C.P. 22320 Correo electrónico institucional: 5jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx Teléfonos: (664) 6 34 34 08 y 6 34 34 84 (fax) 2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria Tijuana, Baja California, 03 de noviembre de 2020. AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California. Ciudad OF. 17232 SUPERIOR JERÁRQUICO: Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Ciudad OF. 17233 En autos del juicio de amparo 1277-2019-III, promovido por Guillermo García Jarquín, se dictó un proveído que a la letra dice: "Tijuana, Baja California, tres de noviembre de dos mil veinte. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de once de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85-98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el trece de enero de dos mil veinte, la cual causó ejecutoria mediante proveído de treinta del mismo mes y año, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Guillermo García Jarquín, contra los actos que reclamó a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, para los siguientes efectos: SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. Así, ante la transgresión de los derechos del quejoso y en reparación de los mismos, procede concederle el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto reclamado a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinaria de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión otorgada. Para lo cual, la autoridad responsable, deberá: Dejar insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa de doce de julio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente E-147-CSPC-2017, únicamente por lo que respecta al quejoso Guillermo García Jarquín, dejando intocado los aspectos atinentes a los diversos miembros policiales ya que no fueron materia de la protección constitucional. Emita uno diverso en el que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia, declare la prescripción para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de Guillermo García Jarquín, únicamente por los hechos derivados del expediente E-147-CSPC-2017. Acciones realizadas para cumplir sentencia. Ahora, mediante ejecutoria pronunciada en autos se requirió a la autoridad responsable para que cumpliera con el fallo protector, así como a su superior jerárquico Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, a fin de que obligara a su subordinado al cumplimiento de la sentencia amparatoria. En atención a ello, la Directora Jurídica en Materia de Seguridad y Protección Ciudadana del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, presentó ante este juzgado copia del oficio 985-DJ-2020 dirigido al Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del XXIII Ayuntamiento, en esta ciudad, en el cual lo requirió para que diera cumplimiento con la sentencia. Por su parte, el Delegado autorizado por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de esta localidad, exhibió un oficio el diez de marzo del presente año, al cual anexó copia certificada de la resolución dictada el veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el expediente E-147-CSPC/2017. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedidas por funcionarios en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que en sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de febrero de dos mil veinte, por la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California, ante la presencia del Secretario Técnico, en el expediente E-147-CSPC-2017, se determinó dejar insubsistente el acuerdo de inicio de doce de julio de dos mil diecinueve, únicamente por lo que hace al aquí quejoso. De igual manera, se decretó la prescripción en el procedimiento administrativo E-147-CSPC-2017, por lo que hace a Guillermo García Jarquín -parte quejosa-; en virtud de haber operado la preclusión de la facultad para emitir el correspondiente acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa por parte de la aludida comisión. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos, debido a que se restituyó al quejoso en el pleno goce del derecho violado y se reestablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro uno de gobierno del índice de este juzgado. Notificación. Comuníquese a la parte quejosa la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Por tanto, consérvense el presente cuaderno en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido el mismo procédase a su depuración. Una vez concluido ese plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar este expediente, conservándose, en su caso, la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorgó autoridad de cosa juzgada y los demás documentos que se consideren relevantes a consideración de este órgano jurisdiccional; circunstancia que deberá constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, asimismo, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, a fin de dar cumplimiento al artículo 18, último párrafo, del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.

  3. Principal

    Radicación. Vista la demanda y anexo de cuenta, por lo que fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1277/2019-III. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Guillermo García Jarquín, contra el acto y autoridad señalada en la misma. Incidente de suspensión. Por lo que respecta a la solicitud de que se abra a trámite el incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 114, fracción V, último párrafo de la Ley de Amparo, se posterga su apertura, hasta en tanto el promovente exhiba una fotocopia más del escrito inicial de demanda con anexos, en virtud de que no exhibió las necesarias para la formación de los cuadernos incidentales. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Se reserva señalamiento de tercero interesado, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado y del mismo se advierta que a alguna persona pueda asistirle dicho carácter, y en su caso, el domicilio correspondiente. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas con diez minutos del dos de diciembre de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, en el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado. Con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($8,449.00), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se les impondrá en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Causal de improcedencia. Con apoyo en lo establecido en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a la autoridad responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su respectivo informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($8,449.00), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los preceptos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Domicilio. De conformidad con lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que menciona y que sí cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de las constancias que se glosan; y a la que no cumple con dicho requisito únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Pruebas. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza las pruebas documentales que se anexan al escrito de demanda, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Se autoriza al secretario del juzgado firme los oficios derivados de este asunto. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitro de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones.

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