Guillermo Cuauhtémoc Olguín Mitchel
Expediente 770/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Guillermo Cuauhtémoc Olguín Mitchel
Actuaciones
- Principal
MESA 1 A PRAL. 1466/2014-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil quince. Agréguese, la copia certificada del oficio número TUA46/UAJ/649/2015, suscrito por el secretario de Acuerdos "B" del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Cuarenta y Seis, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, para que obre como corresponda y surta los efectos a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Notificacion para la parte quejosa Número de expediente: 770/2015 Acuerdo: *PRAL. 770/2015 MESA AMP.4-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a tres de junio de dos mil quince. Con el oficio número 9093, firmado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad; al que acompaña los autos originales del juicio de amparo directo 387/2015, de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por GUILLERMO CUAUHTÉMOC OLGUIN MITCHEL, contra actos del juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta ciudad, mediante el cual declina competencia, a favor del Juzgado de Distrito, en turno, con sede en esta ciudad, misma que correspondió a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 770/2015. ACÚSESE EL RECIBO CORRESPONDIENTE. Por otra parte, con la copia certificada remitida, fórmense dos tomos anexos, los cuales estarán a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado para su consulta, respetándose el folio y entresello respectivo. A fin de comunicar este auto de radicación a las partes en el presente asunto se provee: I. Con fundamento en el artículo 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que, con copia autorizada de este auto, notifique la radicación al quejoso GUILLERMO CUAUHTÉMOC OLGUIN MITCHEL y al tercero interesado ROGELIO CORDERO FIGUEROA, en su carácter de albacea de la sucesión de Humberto Cordero Cervantes, quienes tienen sus domicilios en a) Colón, número mil ciento veintiocho, Centro, Oaxaca, y b) la calle Arteaga número trescientos diez en esta ciudad de Oaxaca; a fin de que, dentro del plazo de tres días siguientes, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del presente asunto 770/2015; apercibiéndolos que, de hacer caso omiso dentro de ese término, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les realizarán por lista de acuerdos que se publique en este órgano jurisdiccional, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. II. Mediante oficio que al efecto se gire, notifíquese este proveído a la autoridad responsable, juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta ciudad. III. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Ahora, el acto reclamado del juez Octavo de lo Civil, residente en esta ciudad, se hace consistir en (foja 13): ". la resolución o auto definitivo que pone fin al Juicio y que ordena ejecutar materialmente la sentencia dictada en el Juicio 411/2010 y que constituye el último acto dictado en ejecución de sentencia ya que ordena entregar la posesión al actor de manera forzosa del inmueble reclamado, mismo que no se ajusta a las disposiciones legales aplicables, violando garantías individuales en mi perjuicio; así mismo reclamo todas las consecuencias legales de la resolución o acuerdo reclamado que se traducen en la ejecución material de la sentencia y la desposesión del inmueble que tengo actualmente en posesión." Y su ejecución por el ejecutor adscrito al Juzgado Octavo Civil, residente en esta ciudad, llevador del expediente 411/2010. Del estudio integral de la demanda de amparo, este Juzgado advierte la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo (a contrario sensu), de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse en el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiera dejado sin defensa al quejoso o trascendido el resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" Los antecedentes del acto reclamado que se advierten del tomo anexo que remitió la responsable como justificante de su informe, son los siguientes: 1. En acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diez (fojas 1 y 48 a 49, tomo I anexo), la responsable, juez Octavo Civil, residente en esta ciudad, tuvo a Rogelio Cordero Figueroa, con el carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes del extinto Humberto Cordero Cervantes, demandando, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción reivindicatoria, a Guillermo Cuauhtémoc Olguín Mitchell o Guillermo Cuauhtémoc Cristian Olguín Mitchell, así como a la asociación Civil denominada COLECTIVO CENTRAL, A.C. o SALÓN COLECTIVO CENTRAL, A.C., la declaración de que la sucesión es propietaria del inmueble que se describe; quedando registrada con el número 411/2010. 2. Seguidos los trámites del juicio, el diez de marzo de dos mil once (fojas 186 a 202, tomo I anexo) se dictó sentencia, en la que se declaró que la sucesión del extinto Humberto Cordero Cervantes, es propietaria del inmueble que en la sentencia se describe; por acuerdo de catorce de julio de dos mil once (fojas 232 vuelta y 236, tomo I anexo), causó ejecutoria dicha sentencia. 3. El diecisiete de agosto de dos mil once (foja 253, tomo I anexo), se otorgó a la parte perdidosa el improrrogable término de cinco días para que cumpliera voluntariamente con la sentencia. 4. Por auto de siete de septiembre de dos mil once (fojas 280 y 281, tomo I anexo), se abrió el incidente de liquidación de intereses; el trece de octubre siguiente se abrió dicho incidente a prueba (foja 285, tomo I anexo). 5. El veinticuatro de septiembre de dos mil once (foja 293, tomo I anexo) se tuvo a Guillermo Cuauhtémoc Olguín Mitchell o Guillermo Cuauhtémoc Cristian Olguín Mitchell, promoviendo juicio de amparo indirecto, quedando registrado con el número 1316/2011, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad; dictándose sentencia el catorce de diciembre de dos mil doce, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso (fojas 347 a 358, tomo I anexo). 6. El dieciséis de enero de dos mil trece (foja 369, tomo I anexo) el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, admitió el recurso de revisión interpuesto por Rogelio Cordero Figueroa, quedando registrado con el número 36/2013; el veinticinco de marzo de dos mil trece (foja 373, tomo I anexo) el juez Quinto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada el amparo en revisión número 36/2013, en el que revocó la sentencia recurrida y negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Guillermo Cuauhtémoc Olguín Mitchell o Guillermo Cuauhtémoc Cristian Olguín Mitchell. 7. El veintiuno de mayo de dos mil trece (foja 374, tomo I anexo) el juez Quinto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, tuvo al COLECTIVO CENTRAL, A.C. o SALÓN COLECTIVO CENTRAL, A.C., promoviendo juicio de amparo, quedando registrado con el número 630/2013; dictándose sentencia el cinco de marzo de dos mil catorce (fojas 418 a 425, tomo I anexo), en el que se sobreseyó y negó el amparo. 8. El siete de abril de dos mil catorce (foja 443, tomo I anexo), el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, tuvo al COLECTIVO CENTRAL, A.C. o SALÓN COLECTIVO CENTRAL, A.C., interponiendo recurso de revisión, quedando registrado con el número 96/2014; el seis de agosto siguiente (foja 447, tomo I anexo), el juez Quinto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada el treinta de julio de dos mil catorce en el amparo en revisión número 96/2014, en la que confirmó la sentencia recurrida. 9. El veinticinco de febrero de dos mil quince (foja 448, tomo I anexo), el juez natural ordenó la ejecución forzosa de la sentencia definitiva dictada el diez de marzo de dos mil trece, porque la parte demandada: Guillermo Cuauhtémoc Olguín Mitchell o Guillermo Cuauhtémoc Cristian Olguín Mitchell y la asociación civil denominada COLECTIVO CENTRAL, A.C. o SALÓN COLECTIVO CENTRAL, A.C., no cumplieron con la misma. Siendo este acuerdo el que constituye el acto reclamado. Ahora, si la razón legal de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. En el caso, el acto de autoridad materia de reclamo, además de haberse emitido con posterioridad a haber quedado firme la sentencia dictada, se encuentra relacionado con la negativa de la parte quejosa respecto del plazo que le fue concedido para que diera cumplimiento de manera voluntaria a la sentencia dictada en el juicio natural. De manera que, en principio, debe de sostenerse que por tratarse de un acto de autoridad ejecutado después de concluido el juicio es susceptible de impugnarse en la vía de amparo indirecto, esto es, ante el Juez de Distrito; sin embargo, por disponerse así en la fracción IV del dispositivo legal antes transcrito, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos relacionados con la ejecución de sentencias, sólo será impugnable la última resolución, aun cuando puedan reclamarse los actos intermedios de manera adicional. Asimismo, cabe señalar que si se trata de un acto dictado en ejecución de sentencia, con independencia de su objeto o efecto procedimental ("formalmente dictado en ejecución de sentencia"); en el cual, por regla general, es también improcedente la acción de amparo para no obstaculizar o dilatar dicho cumplimiento; y, los casos de excepción lo constituyen los actos que estén desvinculados o tengan naturaleza u objeto autónomo de la ejecución. Luego, al considerarse como la última resolución tratándose de actos de ejecución aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento de la sentencia o declara la imposibilidad de cumplimentarla material o idénticamente, de ello resulta que, en el caso, el acto de autoridad materia de reclamo, además de haberse emitido con posterioridad a que la sentencia dictada quedó firme, al encontrarse relacionado con la negativa de la parte quejosa respecto del plazo que le fue concedido para que diera cumplimiento de manera voluntaria a la sentencia dictada en el juicio natural, consiste en un acto dictado en ejecución de sentencia; por tanto, su impugnación en la vía de amparo sólo será procedente al reclamarse junto con la última resolución que se dicte en ese procedimiento de ejecución de sentencia. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto son como sigue: "Época: Novena Época Registro: 164639 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 28/2010 Página: 60 AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.- La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." De donde se sigue que el auto de veinticinco de febrero de dos mil quince dictado en ejecución de sentencia en el expediente ordinario civil 411/2010, su impugnación en la vía de amparo sólo será procedente al reclamarse junto con la última resolución que se dicte en ese procedimiento de ejecución de sentencia; en el que podrá impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa. Al respecto se invocan los criterios siguientes: "Época: Novena Época Registro: 167981 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Civil Tesis: VII.2o.C. J/29 Página: 1672 AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." "Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, contenida en el artículo 61, XXIII, en relación con la fracción IV, párrafo segundo del numeral 107, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113, de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Finalmente, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta resolución de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Notificacion para la parte tercera interesada Número de expediente: 770/2015 Acuerdo: *PRAL. 770/2015 MESA AMP.4-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a tres de junio de dos mil quince. Con el oficio número 9093, firmado por el secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad; al que acompaña los autos originales del juicio de amparo directo 387/2015, de su índice, formado con la demanda de amparo promovida por GUILLERMO CUAUHTÉMOC OLGUIN MITCHEL, contra actos del juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta ciudad, mediante el cual declina competencia, a favor del Juzgado de Distrito, en turno, con sede en esta ciudad, misma que correspondió a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 770/2015. ACÚSESE EL RECIBO CORRESPONDIENTE. Por otra parte, con la copia certificada remitida, fórmense dos tomos anexos, los cuales estarán a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado para su consulta, respetándose el folio y entresello respectivo. A fin de comunicar este auto de radicación a las partes en el presente asunto se provee: I. Con fundamento en el artículo 116, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que, con copia autorizada de este auto, notifique la radicación al quejoso GUILLERMO CUAUHTÉMOC OLGUIN MITCHEL y al tercero interesado ROGELIO CORDERO FIGUEROA, en su carácter de albacea de la sucesión de Humberto Cordero Cervantes, quienes tienen sus domicilios en a) Colón, número mil ciento veintiocho, Centro, Oaxaca, y b) la calle Arteaga número trescientos diez en esta ciudad de Oaxaca; a fin de que, dentro del plazo de tres días siguientes, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del presente asunto 770/2015; apercibiéndolos que, de hacer caso omiso dentro de ese término, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se les realizarán por lista de acuerdos que se publique en este órgano jurisdiccional, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. II. Mediante oficio que al efecto se gire, notifíquese este proveído a la autoridad responsable, juez Octavo de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con residencia en esta ciudad. III. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Ahora, el acto reclamado del juez Octavo de lo Civil, residente en esta ciudad, se hace consistir en (foja 13): ". la resolución o auto definitivo que pone fin al Juicio y que ordena ejecutar materialmente la sentencia dictada en el Juicio 411/2010 y que constituye el último acto dictado en ejecución de sentencia ya que ordena entregar la posesión al actor de manera forzosa del inmueble reclamado, mismo que no se ajusta a las disposiciones legales aplicables, violando garantías individuales en mi perjuicio; así mismo reclamo todas las consecuencias legales de la resolución o acuerdo reclamado que se traducen en la ejecución material de la sentencia y la desposesión del inmueble que tengo actualmente en posesión." Y su ejecución por el ejecutor adscrito al Juzgado Octavo Civil, residente en esta ciudad, llevador del expediente 411/2010. Del estudio integral de la demanda de amparo, este Juzgado advierte la actualización de la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo (a contrario sensu), de la Ley de Amparo que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [. . .] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse en el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiera dejado sin defensa al quejoso o trascendido el resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]" Los antecedentes del acto reclamado que se advierten del tomo anexo que remitió la responsable como justificante de su informe, son los siguientes: 1. En acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diez (fojas 1 y 48 a 49, tomo I anexo), la responsable, juez Octavo Civil, residente en esta ciudad, tuvo a Rogelio Cordero Figueroa, con el carácter de albacea de la sucesión testamentaria a bienes del extinto Humberto Cordero Cervantes, demandando, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción reivindicatoria, a Guillermo Cuauhtémoc Olguín Mitchell o Guillermo Cuauhtémoc Cristian Olguín Mitchell, así como a la asociación Civil denominada COLECTIVO CENTRAL, A.C. o SALÓN COLECTIVO CENTRAL, A.C., la declaración de que la sucesión es propietaria del inmueble que se describe; quedando registrada con el número 411/2010. 2. Seguidos los trámites del juicio, el diez de marzo de dos mil once (fojas 186 a 202, tomo I anexo) se dictó sentencia, en la que se declaró que la sucesión del extinto Humberto Cordero Cervantes, es propietaria del inmueble que en la sentencia se describe; por acuerdo de catorce de julio de dos mil once (fojas 232 vuelta y 236, tomo I anexo), causó ejecutoria dicha sentencia. 3. El diecisiete de agosto de dos mil once (foja 253, tomo I anexo), se otorgó a la parte perdidosa el improrrogable término de cinco días para que cumpliera voluntariamente con la sentencia. 4. Por auto de siete de septiembre de dos mil once (fojas 280 y 281, tomo I anexo), se abrió el incidente de liquidación de intereses; el trece de octubre siguiente se abrió dicho incidente a prueba (foja 285, tomo I anexo). 5. El veinticuatro de septiembre de dos mil once (foja 293, tomo I anexo) se tuvo a Guillermo Cuauhtémoc Olguín Mitchell o Guillermo Cuauhtémoc Cristian Olguín Mitchell, promoviendo juicio de amparo indirecto, quedando registrado con el número 1316/2011, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad; dictándose sentencia el catorce de diciembre de dos mil doce, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso (fojas 347 a 358, tomo I anexo). 6. El dieciséis de enero de dos mil trece (foja 369, tomo I anexo) el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, admitió el recurso de revisión interpuesto por Rogelio Cordero Figueroa, quedando registrado con el número 36/2013; el veinticinco de marzo de dos mil trece (foja 373, tomo I anexo) el juez Quinto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada el amparo en revisión número 36/2013, en el que revocó la sentencia recurrida y negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Guillermo Cuauhtémoc Olguín Mitchell o Guillermo Cuauhtémoc Cristian Olguín Mitchell. 7. El veintiuno de mayo de dos mil trece (foja 374, tomo I anexo) el juez Quinto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, tuvo al COLECTIVO CENTRAL, A.C. o SALÓN COLECTIVO CENTRAL, A.C., promoviendo juicio de amparo, quedando registrado con el número 630/2013; dictándose sentencia el cinco de marzo de dos mil catorce (fojas 418 a 425, tomo I anexo), en el que se sobreseyó y negó el amparo. 8. El siete de abril de dos mil catorce (foja 443, tomo I anexo), el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, tuvo al COLECTIVO CENTRAL, A.C. o SALÓN COLECTIVO CENTRAL, A.C., interponiendo recurso de revisión, quedando registrado con el número 96/2014; el seis de agosto siguiente (foja 447, tomo I anexo), el juez Quinto de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada el treinta de julio de dos mil catorce en el amparo en revisión número 96/2014, en la que confirmó la sentencia recurrida. 9. El veinticinco de febrero de dos mil quince (foja 448, tomo I anexo), el juez natural ordenó la ejecución forzosa de la sentencia definitiva dictada el diez de marzo de dos mil trece, porque la parte demandada: Guillermo Cuauhtémoc Olguín Mitchell o Guillermo Cuauhtémoc Cristian Olguín Mitchell y la asociación civil denominada COLECTIVO CENTRAL, A.C. o SALÓN COLECTIVO CENTRAL, A.C., no cumplieron con la misma. Siendo este acuerdo el que constituye el acto reclamado. Ahora, si la razón legal de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia, es evidente que ello opera también respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado; y por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en la ejecución de sentencia. En el caso, el acto de autoridad materia de reclamo, además de haberse emitido con posterioridad a haber quedado firme la sentencia dictada, se encuentra relacionado con la negativa de la parte quejosa respecto del plazo que le fue concedido para que diera cumplimiento de manera voluntaria a la sentencia dictada en el juicio natural. De manera que, en principio, debe de sostenerse que por tratarse de un acto de autoridad ejecutado después de concluido el juicio es susceptible de impugnarse en la vía de amparo indirecto, esto es, ante el Juez de Distrito; sin embargo, por disponerse así en la fracción IV del dispositivo legal antes transcrito, para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, tratándose de actos relacionados con la ejecución de sentencias, sólo será impugnable la última resolución, aun cuando puedan reclamarse los actos intermedios de manera adicional. Asimismo, cabe señalar que si se trata de un acto dictado en ejecución de sentencia, con independencia de su objeto o efecto procedimental ("formalmente dictado en ejecución de sentencia"); en el cual, por regla general, es también improcedente la acción de amparo para no obstaculizar o dilatar dicho cumplimiento; y, los casos de excepción lo constituyen los actos que estén desvinculados o tengan naturaleza u objeto autónomo de la ejecución. Luego, al considerarse como la última resolución tratándose de actos de ejecución aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento de la sentencia o declara la imposibilidad de cumplimentarla material o idénticamente, de ello resulta que, en el caso, el acto de autoridad materia de reclamo, además de haberse emitido con posterioridad a que la sentencia dictada quedó firme, al encontrarse relacionado con la negativa de la parte quejosa respecto del plazo que le fue concedido para que diera cumplimiento de manera voluntaria a la sentencia dictada en el juicio natural, consiste en un acto dictado en ejecución de sentencia; por tanto, su impugnación en la vía de amparo sólo será procedente al reclamarse junto con la última resolución que se dicte en ese procedimiento de ejecución de sentencia. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia cuyos datos de publicación, rubro y texto son como sigue: "Época: Novena Época Registro: 164639 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 28/2010 Página: 60 AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA.- La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." De donde se sigue que el auto de veinticinco de febrero de dos mil quince dictado en ejecución de sentencia en el expediente ordinario civil 411/2010, su impugnación en la vía de amparo sólo será procedente al reclamarse junto con la última resolución que se dicte en ese procedimiento de ejecución de sentencia; en el que podrá impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa. Al respecto se invocan los criterios siguientes: "Época: Novena Época Registro: 167981 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Febrero de 2009 Materia(s): Civil Tesis: VII.2o.C. J/29 Página: 1672 AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa." "Época: Novena Época Registro: 190035 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 32/2001 Página: 31 AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.- La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, contenida en el artículo 61, XXIII, en relación con la fracción IV, párrafo segundo del numeral 107, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113, de la referida Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Finalmente, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta resolución de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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