Guillermo Aragón Cervantes

Expediente 1353/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1353/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
11/04/2023

Partes del expediente

  • Guillermo Aragón Cervantes
  • Magistrados integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintitrés. Se agrega oficio Incorpórese el oficio número 492 signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, al que anexa: 1) testimonio de la ejecutoria dictada en la sesión ordinaria virtual de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja número ********************2022 y 2) el juicio de amparo número ********************/2022. En consecuencia, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación interpuesto, a partir de la fecha de su remisión, ello a fin de evitar la voluminosidad del asunto y acúsese el recibo de estilo respectivo. Ahora bien, hágase del conocimiento de las partes, que la superioridad al resolver el recurso de queja número ********************2022, lo hizo en los términos siguientes: "R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja". Datos personales Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Archivo Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, conforme al artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes, el oficio número 8946/2022, signado por la actuaria adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, mediante el cual acusa recibo de la diversa comunicación, con el cual le fue enviado el recurso de queja interpuesto la parte peticionaria del amparo; asimismo, en lo que interesa, informa que admitió dicho medio de impugnación, con el número 575/2022. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, primero de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito del quejoso ***********, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios, contra el proveído de dieciocho de noviembre de esta anualidad por el que se desechó de plano la demanda de amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el referido medio de impugnación. En consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 100 y 101, de la ley invocada, una vez notificada la parte quejosa de este proveído, ríndase el informe sobre la materia de la queja interpuesta, y remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, residente en Oaxaca de Juárez, el original y copia del referido recurso, así como el expediente original de este juicio de amparo, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Por otra parte, téngase al promovente manifestando que señala todas y cada una de las constancias que integran este asunto, para la remisión del asunto al tribunal de alzada. Sin que haya lugar hacer mayor pronunciamiento en relación a la solicitud de notificación vía electrónica y acceso al expediente electrónico, ya que dicha petición va dirigida al Tribunal que conozca del medio de impugnación interpuesto. Finalmente, se ordena formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Registro de demanda Con la demanda de amparo promovida ****, por propio derecho y como representante legítimo del quejoso de iniciales ********************, en contra actos de los integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 1353/2022. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Así, del análisis del contenido de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito estima que contra el acto consistente en la resolución dictada el diecisiete de octubre del año en curso, en el toca familiar 248/2022, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca al agraviado una ejecución de imposible reparación. En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Por su parte, el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Al respecto, es importante determinar que un acto dictado dentro de un procedimiento tiene una ejecución de imposible reparación cuando como consecuencia de éste se afecte de manera directa e inmediata algún derecho humano garantizado a través de la Carta Magna, como sería la vida, la propiedad, la posesión, la libertad en cualquiera de sus manifestaciones, la inviolabilidad del domicilio, de correspondencia; de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho humano respectivo. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación al derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales (no afectan ni la vida, ni la propiedad, ni la posesión, ni algún otro derecho sustantivo). La razón de ser de dichos derechos, encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, cuyos hechos son narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se conoce que el acto reclamado es la resolución dictada el diecisiete de octubre del año en curso, en el toca familiar 248/2022, del índice de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por el que se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto de veintidós de junio del año en curso, que declaró mal admitido el diverso recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo emitido en la audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente 376/2021, del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez. Sin embargo, dicha resolución no puede ser calificada como de imposible reparación, y con ello determinar la procedencia del amparo indirecto. Lo anterior, ya que el acto reclamado en esta instancia, tiene su origen el auto dictado en la audiencia de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en el expediente 376/2021 del índice del Juzgado Séptimo de lo Familiar y Conclusión de Asuntos del Sexto Civil del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Oaxaca de Juárez, en el que se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de tres días designara a la persona que fungiría como perito de su parte para el desahogo de las pruebas periciales en materias de psiquiatría y química sanguínea, que se le admitieron. En tales condiciones, es claro que en la resolución reclamada en este asunto, no se actualizan los supuestos para considerarla como de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado de manera irreversible la violación al derecho fundamental; sino que únicamente tiene efectos formales o intraprocesales, derivados de la eventual infracción a derechos adjetivos o procesales que no necesariamente va a ocasionar que la sentencia definitiva que deba dictar la responsable sea desfavorable a los intereses de la parte promovente, sino que únicamente incide en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. En caso contrario si las violaciones que señala como acto reclamado en la demanda que se provee, trascienden al resultado del fallo, habiendo dejado sin defensa a la parte promovente, podrá hacer valer en el juicio de amparo directo que se promueva contra la resolución respectiva, atento a lo dispuesto por los artículos 171 y 172 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 171, primer párrafo, de la ley de la materia establece: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." Lo subrayado es propio. Por su parte, la fracción III, del artículo 172, de la Ley de Amparo, establece alguno de los supuestos, que debe ser impugnable en amparo directo, entre los que se encuentra el desechamiento de las pruebas legalmente ofrecidas, cuyo contenido es al tenor siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)". Lo subrayado es propio. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia número P./J. 6/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 13, del Tomo 76, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Abril de 1994, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En consecuencia, es evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contemplada en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretada en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, en consecuencia, se desecha de plano la demanda promovida por Guillermo Aragón Cervantes, por propio derecho y como representante legítimo del quejoso de iniciales ********************, contra el acto que reclama de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Téngase por autorizada a la persona que señala en el proemio de su escrito de demanda, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Además, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y por así haberse solicitado. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones el usuario electrónico que indica. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "********************", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Asimismo, se toma nota del correo electrónico proporcionado, de lo que se hace saber a la parte quejosa, que sólo serán necesarios para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese personalmente vía electrónica.

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