Guillermo Cruz Hernández

Expediente 324/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
324/2017
Año
2017
Actuaciones
10
Última actuación
12/07/2017

Partes del expediente

  • Guillermo Cruz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tomando en consideración que mediante acuerdo de veintinueve de junio de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del citado proveído, manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este órgano de control constitucional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Dicho acuerdo se notificó a las partes, sin que hicieran manifestación alguna dentro del plazo concedido; en consecuencia, este tribunal procede a resolver si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida. Del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable ordenadora, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2, tienen pleno valor probatorio; en contraposición con la ejecutoria emitida en el presente juicio se obtiene: Efectos de la ejecutoria de amparo Actos emitidos en cumplimiento Único. Resuelva de inmediato el incidente de liquidación interpuesto por la parte actora (aquí quejoso), dentro del juicio laboral 1080/F/2011, lo que deberá ser notificado a las partes en términos de la ley aplicable, con lo que se tendrá por cumplido el presente amparo En veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable resolvió el incidente de liquidación interpuesto por la parte actora (aquí quejoso), emitiendo la resolución interlocutoria correspondiente, en la que condenó a la Secretaría de Educación , a pagar al aquí quejoso la cantidad de $1´334,134.67 (un millón trescientos treinta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional) por los conceptos de "Salarios devengados" del uno de julio al treinta y uno de agosto de dos mil once, "Salarios caídos con incrementos" a partir del uno de septiembre de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, "Aguinaldo" del dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, "Prima vacacionales" correspondientes al primer período del dos mil once, primer y segundo períodos de dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, "quinquenios" generados el primero del uno de noviembre de dos mil uno al uno de noviembre de dos mil seis, el segundo quinquenio generado del uno de noviembre de dos mil once. Mediante oficio TTB/UA/SS/F/1000/2017, la autoridad responsable remitió las constancias de notificación a las partes, de las que se advierte que la resolución interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete fue notificada al autorizado de la parte actora en el juicio laboral de origen el pasado seis de junio de dos mil diecisiete y al apoderado legal de la parte demandada el siete del mismo mes y año. De lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que la responsable atendió a los lineamientos de la ejecutoria de amparo decretada en autos, motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso, es declarar que el fallo protector ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos. En las relatadas condiciones, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentren subsanados, aunado a lo anterior, está la circunstancia de que la parte quejosa puede hacer valer sus derechos en la vía y forma que considere pertinente, de no estar conforme con la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia ejecutoria. ARCHIVO Con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, notificado que sea este acuerdo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que del estado de autos se advierte que la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió como apoyo a su informe justificado, copia certificada del expediente laboral 1080/F/2011; en tal virtud, devuélvase a dicha autoridad, la documental antes citada, toda vez que mediante el presente proveído se ordenó el archivo del juicio de amparo en que se actúa.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A ,LA PARTE QUEJOSA.....Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. Al efecto, se acuerda. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo, dése vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las responsables.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de junio de dos mil diecisiete. Visto; el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. Al efecto, se acuerda. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo, dése vista a las partes para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las responsables.NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Refugio Noel Montoya Moreno, Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, ante Julio César Reynosa López, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de junio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que mediante oficio TTB/SS/U.A/F/804/2017 de veintiséis de mayo del presente año, el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado por Ministerio de Ley, residente en esta ciudad, informó sobre el cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, para tal efecto remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Mediante proveído de trece de junio de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación del mismo, manifestara lo que a su interés legal conviniera y fue apercibida que en caso de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de manera oficiosa, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el catorce de junio del año en curso, sin que desahogara la vista concedida. Al efecto se acuerda: Este órgano jurisdiccional procede a resolver, si la ejecutoria dictada en este juicio, fue o no totalmente cumplida, de la manera siguiente: La sentencia ejecutoria emitida por este Juzgado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto siguiente: "Sexto. De la concesión del amparo. Así las cosas, como se apuntó, al concluir la inconstitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder a Guillermo Cruz Hernández, el amparo y protección de la Justicia Federal, para que los Magistrados de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, una vez que queden notificadas del auto por el que se comunique que la presente resolución ha causado ejecutoria, hagan lo siguiente: Único. Resuelva de inmediato el incidente de liquidación interpuesto por la parte actora (aquí quejoso), dentro del juicio laboral 1080/F/2011, lo que deberá ser notificado a las partes en términos de la ley aplicable, con lo que se tendrá por cumplido el presente amparo.". Guarda aplicación la jurisprudencia de la literalidad siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. A. Análisis de cumplimiento. Ahora bien, del examen acucioso de las documentales enviadas por la responsable, que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, confrontadas con la ejecutoria de amparo, se desprende lo siguiente: Ejecutoria Cumplimiento Único. Resuelva de inmediato el incidente de liquidación interpuesto por la parte actora (aquí quejoso), dentro del juicio laboral 1080/F/2011, lo que deberá ser notificado a las partes en términos de la ley aplicable, con lo que se tendrá por cumplido el presente amparo En veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, la autoridad responsable resolvió el incidente de liquidación interpuesto por la parte actora (aquí quejoso), emitiendo la resolución interlocutoria correspondiente, en la que condenó a la Secretaría de Educación , a pagar al aquí quejoso la cantidad de $1´334,134.67 (un millón trescientos treinta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos con sesenta y siete centavos moneda nacional) por los conceptos de "Salarios devengados" del uno de julio al treinta y uno de agosto de dos mil once, "Salarios caídos con incrementos" a partir del uno de septiembre de dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, al treinta de septiembre de dos mil dieciséis, "Aguinaldo" del dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce y dos mil quince, "Prima vacacionales" correspondientes al primer período del dos mil once, primer y segundo períodos de dos mil doce, dos mil trece, dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, "quinquenios" generados el primero del uno de noviembre de dos mil uno al uno de noviembre de dos mil seis, el segundo quinquenio generado del uno de noviembre de dos mil once. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que no ha notificado de manera personal al quejoso, de la resolución referida; por lo que en este efecto no se encuentra cumplida. En las relatadas condiciones, se tiene como resultado jurídico que los motivos por los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, aún no se encuentren subsanados. Por consiguiente, se requiere a la autoridad responsable, Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, para que dentro del término no mayor de tres días contado a partir de que sea notificado del presente proveído, se sirva dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; apercibido que de no hacerlo dentro del término señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o pena de cinco a diez años de prisión y la destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Tal como ocurrió en el incidente de inejecución de sentencia 394/2013, en el que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró fundado dicho incidente y ordenó la inmediata separación de su cargo a la Tesorera del Municipio de Pedro Escobedo, Querétaro; y Presidenta Municipal de Pedro Escobedo, Querétaro, por haber incumplido la sentencia constitucional pronunciada en el juicio de amparo número 299/2012-2, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en la ciudad del mismo nombre; asimismo, consignó ante el Juez de Distrito en el Estado de Querétaro en turno, a las personas que detentaban en ese momento y anteriormente dicho cargo, por desacato a una sentencia de amparo de acuerdo con lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, a fin de que fueran juzgadas y sancionadas por la desobediencia cometida, en los términos previstos por el artículo 208 de la anterior Ley de Amparo. Así como en el similar 580/2014, en el cual el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de doce de enero de dos mil quince decretó separar de sus cargos de manera inmediata al entonces Subdelegado de Prestaciones y Delegado, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, por haber cumplido extemporáneamente la sentencia constitucional, en los términos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ordenó consignar a las personas mencionadas ante el Juez de Distrito en Procesos Penales Federales en el Estado de Nuevo León, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad, según lo previene la fracción I del artículo 267 de la Ley de Amparo.

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