Guillermo Ballinas Aguilar

Expediente 1732/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1732/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Guillermo Ballinas Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite por incompetencia el juicio de amparo directo +++, y anexa el oficio +++, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado, con anexo en copias certificadas del expediente +++, original del toca +++, constancias de emplazamiento a los terceros interesados, así como original y copias de la demanda de amparo promovida por ++++. Al efecto, acúsese recibo de estilo correspondiente. REGISTRO Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número +++, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA Antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113, de la ley de la materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. ... Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el contexto anterior, del análisis a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: La resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación +++, por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, que confirmó el auto de once de julio del año en curso, emitido por el Juez Segundo de lo Familiar, en el expediente +++, relativo al juicio sucesorio intestamentario de su índice, en el que negó acordar nuevamente el requerimiento y la entrega real y material del bien inmueble al hoy quejoso, toda vez que carecía de la calidad de albacea de la sucesión testamentaria. En atención a lo anterior, oficiosamente, se advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, misma que consigna que el juicio de amparo resulta improcedente cuando sea promovido contra normas generales o actos que fueron consentidos tácitamente al no haberse interpuesto la demanda de amparo dentro de los plazos previstos; improcedencia que se actualiza respecto al acto que reclama la promovente. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció los requisitos que se deben colmar para estimarse que un acto de autoridad ha sido consentido, según el criterio siguiente: ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. ... Para que un acto de autoridad sea considerado consentido tácitamente, debe cumplir con los siguientes requisitos: Que el acto reclamado exista, pues no podría consentirse de manera tácita, un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad; Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque dicho impetrante se hubiere conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado; y, Que el agraviado se haya conformado con el acto reclamado, esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del término legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18, de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I, del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Esto es, conforme al numeral en cita, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo previene tres hipótesis, a partir de la cuales da inicio el referido plazo. La primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última, estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. En el caso particular, se colma el primer y segundo requisito para ser un acto consentido, toda vez que éste resulta ser la resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el toca de apelación ++++, por la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, que confirmó el auto de once de julio del año en curso, emitido por el Juez Segundo de lo Familiar, en el expediente ++++, relativo al juicio sucesorio intestamentario de su índice, en el que negó acordar nuevamente el requerimiento y la entrega real y material del bien inmueble al hoy quejoso, toda vez que carecía de la calidad de albacea de la sucesión testamentaria; acto que incuestionablemente le causa un agravio al referido impetrante. Ahora bien, por lo que hace al tercer requisito, que establece que la agraviada se haya conformado con el acto reclamado; esto es, que no haya instado el juicio constitucional, dentro del plazo legal establecido en el artículo 17, de la Ley de Amparo, éste se encuentra acreditado por las razones que se exponen a continuación: El referido artículo 17, señala que el plazo para presentar la demanda de amparo será de quince días, en tanto que el numeral 18, de la propia ley, establece que los plazos se computarán a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o bien, al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De igual forma, se advierte con claridad que la intención del legislador fue que el término para demandar la protección constitucional empezará a contarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas. Lo expuesto se corrobora con el contenido de la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. ... Así, debe precisarse que la resolución reclamada fue notificada el veinticuatro de octubre del año en curso, surtiendo efectos el veintiocho siguiente, tal y como se advierte de la publicación realizada por la Secretaria General de Acuerdos adscrita a la Sala responsable, lo cual hace que ésta sea extemporánea por las razones siguientes. En efecto, de conformidad con el artículo 17, de la Ley de Amparo, el quejoso contaba con el plazo de quince días hábiles, para presentar la demanda de amparo, a partir del día siguiente en que surtió efectos la notificación de la resolución reclamada. En ese sentido, dicho plazo comenzó a partir del veintinueve de octubre del año en curso y venció el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, sin contar los días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 19, de la Ley de la Amparo, y el artículo 163, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como tampoco los días treinta y uno de octubre y uno de noviembre del año en curso, en los cuales la autoridad responsable no laboró, tal y como se advierte de la certificación que obra en autos, lo anterior, de conformidad con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO.... En ese tenor, si la demanda de amparo fue presentada hasta el veinticinco de noviembre del año en curso, tal y como se advierte del sello de recepción de la sala responsable, es inconcuso que ese plazo de quince días ya había fenecido, por tanto, la demanda fue presentada de manera extemporánea. Sin que obste a lo anterior lo manifestado por el quejoso en su escrito de demanda, en el sentido de que tuvo conocimiento de la resolución reclamada el diecinueve de noviembre del año en curso, sin embargo, ello resulta inexacto, pues si bien del toca civil 430-A-1C01/2012, se advierte una constancia donde el quejoso recibió copia de la sentencia impugnada; sin embargo, la entrega de esas copias no sustituye la notificación realizada por la responsable el veinticuatro de octubre del año en curso, la cual surtió efectos el veintiocho siguiente. Luego, al no haberse reclamado oportunamente el acto en análisis implica un consentimiento tácito por parte del quejoso Guillermo Ballinas Aguilar, que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior, del tenor siguiente: ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo y debe sobreseerse en el juicio respectivo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Guillermo Ballinas Aguilar, por los motivos expuestos con anterioridad. Guarda aplicación el criterio de la literalidad siguiente: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. Tocante a las constancias que adjuntó la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con residencia en esta ciudad, como apoyo a su informe justificado, consistente en: copias certificadas del expediente 290/2010, original del toca 430-A-1C01/2012, para su mejor manejo se ordena abrir por separado el cuaderno de pruebas, constantes de tres tomos; respetando el sello, el folio y la rúbrica que contienen. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir el ubicado en la Tercera Calle Poniente Sur, número 2040 A, en esta ciudad; asimismo se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, a Jorge Antonio Gutiérrez Vázquez y Helder Francisco Muñoz Angel, toda vez que el primero no tiene registrada su cédula profesional ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales y el segundo por así haberlo solicitado el promovente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

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