Guillermo Castelán Morales
Expediente 863/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Guillermo Castelán Morales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de noviembre de dos mil veintitrés. Cumplimiento sin materia. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a las partes mediante auto de trece de octubre de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente expediente; por tal motivo, este órgano de control constitucional procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio. Sentencia. Al respecto, el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés se dictó sentencia en el presente juicio, misma que concluyó en el siguiente punto resolutivo: "Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos ********************y********************, contra los actos de las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero y considerando segundo de esta resolución, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia." Ejecutoria. El veintiséis de septiembre del año en curso causó ejecutoria la sentencia de amparo, por lo que se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la concesión de amparo. Efectos de la concesión de amparo. Asimismo, los efectos de la protección federal otorgada fueron para que la autoridad responsable Juez Penal de Control adscrito al Segundo Circuito Judicial con sede en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, realizara lo que a continuación se precisa: "1) Sin dejar insubsistente la audiencia de siete de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 237/2023 de su índice, y sin que se requiera verificar una nueva audiencia, en observancia al artículo 67, párrafo segundo, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá emitir la versión escrita de la resolución sobre la imposición de medida cautelar que decretó oralmente contra ********************y********************, en el entendido que, conforme al tercer párrafo del numeral citado, la determinación escrita no deberá exceder el alcance de la dictada oralmente, es decir, no podrá sustituir o complementar lo expresado en la audiencia aludida; 2) Al subsanar el mencionado requisito procedimental, tomando en cuenta que tanto la emisión oral de la imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada en audiencia, como su versión escrita, conforman una unidad; deberán ser nuevamente notificados a los ahora justiciables, a fin de que se encuentren en aptitud de ejercer su defensa como lo consideren procedente." En ese tenor, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez Penal de Control del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial, mediante oficio recibido en este juzgado federal el once de octubre de dos mil veintitrés, remitió copia auténtica de diversas constancias que integran la causa penal **** así como copia digital del audio y video de la audiencia desahogada el catorce de septiembre del año en curso dentro de la referida causa penal, en la que se autorizó en favor de los aquí quejosos ********************y******************** la suspensión condicional del proceso. De lo anterior, se tiene que la materia de la concesión federal dejó de existir pues, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en el fallo protector y en consecuencia, procede declarar sin materia el cumplimiento. Se afirma de ese modo, en virtud de que, en la causa penal de origen se autorizó en favor de los aquí quejosos ********************y******************** la suspensión condicional del proceso; ello conlleva a sostener que las condiciones que imperaban en tal proceso y motivaron la protección constitucional, desaparecieran. Por tanto, ante el nuevo estado del proceso penal los efectos del amparo carecen de materia u objeto para ser cumplidos en los términos que fueron ordenados, pues con las decisiones tomadas en la causa penal, se concluyó dicho proceso y, conforme a dicho estado procesal, volvieron las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada, lo cual se traduce en que no se pueden acatar puntualmente los lineamientos del fallo protector. Estimar lo contrario, lejos de beneficiar a los quejosos, supondría un perjuicio, al someterlo nuevamente a un proceso que ya concluyó en virtud de la autorización de una salida alterna, siendo que de conformidad con el párrafo tercero del artículo 17 constitucional, los jueces deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por tanto, como se adelantó, se declara sin materia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo al haber dejado de existir el objeto de la reparación ordenada. Lo anterior, sin que en el caso resulte necesario remitir los autos a la superioridad a fin de que aperture el incidente de inejecución de sentencia en términos de los establecido en el artículo 193 de la Ley de Amparo, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del tema ha establecido que, si de las constancias de autos aparece probado que la ejecutoria de amparo aún no ha sido cumplida, se debe distinguir que puede haber imposibilidad jurídica o material de cumplimiento cuando pervive la materia del acato; sin embargo, dicha figura no se actualiza en el supuesto de que aquella haya dejado de existir y, por tanto, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en la sentencia. Ello, en el caso de desistimiento de la acción por la parte actora y quejosa y/o convenio firme entre las partes, en cuanto implica la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada; por tanto, el órgano judicial de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada para ello, debe declarar que el trámite de cumplimiento quedó sin materia. Por ello, por regla general, es innecesaria la apertura del incidente de inejecución de sentencia y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que la finalidad principal es lograr el cumplimiento de la ejecutoria, no tanto el sancionar a las autoridades. Apoya lo anterior a jurisprudencia 2a./J. 27/2023 (11a.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Junio de 2023, Tomo V, página 4417, registro digital 2026767, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PROCEDE EL ENVÍO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CUANDO DEJA DE EXISTIR LA MATERIA DEL CUMPLIMIENTO POR DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y/O POR CONVENIO DE LAS PARTES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho al analizar, en el trámite de cumplimiento de la sentencia de amparo, un supuesto de inexistencia de materia debido al desistimiento de la acción por la parte actora y/o por convenio entre las partes en el juicio de origen. La persona juzgadora de amparo declaró sin materia el cumplimiento y envió el incidente de inejecución de sentencia al órgano revisor, quien emitió pronunciamiento. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que en caso de desistimiento de la acción por la parte actora y/o convenio de las partes en el juicio de origen, la persona juzgadora de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada al efecto, debe declarar sin materia el cumplimiento, sin abrir ni enviar el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que éste resulta improcedente. Justificación: El operador de amparo debe distinguir que puede haber imposibilidad jurídica o material de cumplimiento cuando pervive la materia del acato; empero, no se actualiza tal figura en el supuesto de que la materia haya dejado de existir y, por ende, no hay derecho fundamental que reparar en términos de lo ordenado en la sentencia. Así, en el caso de desistimiento de la acción por la parte actora y quejosa y/o convenio firme entre las partes, se constituye la inexistencia de materia del cumplimiento, ya que desaparece el objeto de la reparación ordenada; por tanto, el órgano judicial de amparo, por ser la autoridad legalmente facultada para ello, debe declarar que el trámite de cumplimiento quedó sin materia. Así, previa vista a las partes para que estén en condiciones de hacer valer lo que a su derecho corresponda conforme al artículo 201 de la Ley de Amparo, en su oportunidad ordenará el archivo del expediente. Consecuentemente, por regla general es innecesario que la persona juzgadora abra un incidente de inejecución de sentencia y es improcedente su trámite ante el Tribunal Colegiado de Circuito, toda vez que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la finalidad principal es lograr el cumplimiento de la ejecutoria, no tanto el sancionar a las autoridades. En ese sentido se proporciona congruencia al sistema de cumplimiento, ejecución e inejecución a que se contraen los artículos contenidos en el título tercero de la Ley de Amparo, la doctrina jurisprudencial y, en general, la normatividad aplicable, esto es, los acuerdos generales emitidos al respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Conocimiento de las partes y anotación. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, previas las anotaciones en el libro de control relativo al Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE). Finalmente, se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese como corresponda. Así lo proveyó y firman electrónicamente el Juez Óscar García Vega, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, quien actúa asistido de Gabriel César Téllez Sánchez, Secretario que da fe.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual el Juez Penal de Control del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial, en cumplimiento al auto de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, remite copia auténtica de diversas constancias que integran la causa penal ***, así como copia digital del audio y video de la audiencia desahogada el catorce de septiembre del año en curso dentro de la referida causa penal, en la que se autorizó en favor de los aquí quejosos **** la suspensión condicional del proceso. En términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias antes referidas, dese vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado al fallo protector. Bajo el apercibimiento que, de no realizar alguna manifestación sobre el particular, este juzgado resolverá lo concerniente con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. 8
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria fallo protector. Vista la certificación que antecede, se advierte que la sentencia que concedió el amparo y protección federal a la parte quejosa, no fue recurrida dentro del término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y III y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro electrónico respectivo. Se requieren constancias. Ahora bien, visto el oficio de cuenta, se tiene al Juez Penal de Control del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, perteneciente al Segundo Circuito Judicial, informando que dentro de la causa penal ********************, autorizó en favor de los aquí quejosos ********************y ******************** la suspensión condicional del proceso, decretando su inmediata libertad. En ese sentido, a fin de estar en posibilidad de proveer lo conducente, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, siguiente en que sea notificada del presente auto, remita copia certificada de las constancias relativas a la suspensión condicional del proceso decretada en la causa penal ******************** en favor de los aquí quejosos ********************y ********************, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo. 8
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a los quejosos +++++++++++++++++++++++, contra los actos de las autoridades que quedaron precisados en el resultando primero y considerando segundo de esta resolución, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia.8
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