Guillermo Campillo García
Expediente 1425/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1425/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Guillermo Campillo García
- Juez de Control en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Segundo Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Admite queja. Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso Guillermo Campillo García, en contra del auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés; de lo que se toma conocimiento para todos los efectos legales conducentes. De igual forma, informa que quedó registrado con el número ********************/2023 de su índice.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en atención a su contenido, téngase al Encargado de la Dirección del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, dando cumplimiento al requerimiento formulado por esta autoridad respecto del informe a la violación de la suspensión de plano, para lo cual realiza diversas manifestaciones y niega que el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón se encuentre incomunicado o segregado, de lo cual queda enterada esta autoridad federa
- Principal
...PREVIO CITATORIO, DEJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE TERCERA INTERESADA, Y EN VIRTUD DE QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE EN FORMA PERSONAL, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO O RESOLUCIÓN DE FECHA 21-08-23, A TRAVÉS DEL CUAL SE DETERMINA: Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese el oficio signado por el secretario el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, mediante el cual remite el expediente original del juicio de amparo 1380/2023, de su índice, promovido por Guillermo Campillo García, contra actos de la Jueza de Control y agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Uno sin Detenido de Recuperación de Vehículos Robados, ambos de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Acúsese de recibo. Decisión sobre la instancia. Así, de la determinación emitida el dieciséis de agosto de la presente anualidad, en los autos del juicio de amparo del índice de la autoridad oficiante, se advierte que ordenó la remisión de dicho sumarioconstitucional a este Juzgado de Distrito en el Estado de Hidalgo, por determinar que corresponde conocer del citado asunto con base en los razonamientos ahí expuestos. En consecuencia, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del presente asunto; fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal con el número 1425/2023-2-B. De un análisis integral de la demanda se advierte que en el caso, respecto a los actos reclamados se actualizan causas de improcedencia manifiestas e indudables; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desecharla de plano la demanda de cuenta. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo transcrito se advierte la obligación del juzgador o juzgadora de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador o juzgadora de amparo de analizar oficiosamente las causas de FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable; es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; La porción normativa transcrita establece que, el juicio de amparo será improcedente cuando se trate de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución. La teleología detrás de esta disposición es evitar la posibilidad de una doble revisión judicial sobre la misma cuestión en el contexto del juicio de amparo. Algunos juicios de amparo involucran la revisión de resoluciones judiciales previas 4 y esta fracción busca mantener la coherencia y la autoridad de esas decisiones. En términos más claros, la causal de improcedencia invocada se basa en la idea de que las resoluciones emitidas dentro del proceso de amparo, así como las decisiones tomadas en su ejecución, ya han sido sometidas a un análisis jurisdiccional. Por lo tanto, no se permite iniciar un nuevo juicio de amparo para cuestionar esas mismas resoluciones. Los requisitos para la actualización de esta causal de improcedencia son más directos: 1. Resolución en juicio de amparo: La resolución que se pretende impugnar debe haber sido emitida en el contexto de un juicio de amparo previo. 2. Resolución en ejecución de juicio de amparo: También se aplica cuando se trata de resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de un juicio de amparo, es decir, durante la implementación de la sentencia emitida en el amparo. Al caso, es aplicable la jurisprudencia *** (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829, Décima Época, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración. Ahora bien, en el caso concreto, el quejoso, con el carácter de investigado, reclama la resolución de nueve de agosto de dos mil veintitrés, emitida por la Jueza de Control adscrita al Segundo Circuito Judicial, con residencia en Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el cuadernillo preliminar 92/2022, número único de caso 18-2020-1460, mediante la cual se revocó la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por el agente del Ministerio Público y se ordenó realizar actos de investigación para el esclarecimiento de los hechos. Cabe señalar que dicha resolución se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso expediente 408/2023-II, del índice de este juzgado federal, en la que se concedió a Paola León Ramírez la protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que la Jueza Penal de Control adscrita al Segundo Circuito Judicial, con residencia en Tulancingo de Bravo, Hidalgo: 1. Dejara insubsistente la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictada en audiencia ex profeso, celebrada con motivo del cuadernillo preliminar 92/2022, número único de caso 18-2020-1460; y, 2. Citara a las partes a una nueva audiencia, en la cual, sin dar lugar a un nuevo debate, resuelva nuevamente la solicitud de control judicial que sobre no ejercicio de la acción penal planteó la víctima, por conducto de sus asesores jurídicos, teniendo en cuenta los parámetros que se le proporcionaron en este fallo; para lo cual, especialmente, deberá analizar los hechos expuestos bajo el criterio de perspectiva de género, teniendo en cuenta que la conducta denunciada acaeció bajo un contexto en el que la víctima y el investigado tuvieron una relación de pareja, durante la cual procrearon una hija y en la que se presume violencia familiar, misma que denunció la aquí quejosa y de cuyos hechos también derivó la denuncia de robo de vehículo por parte de su pareja. Esto, aunado a que deberá valorar las declaraciones de la víctima, de conformidad con el principio de buena fe, en términos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. De lo anterior debe destacarse lo siguiente: En la concesión del amparo que obtuvo Paola León Ramírez, no se dejó libertad de jurisdicción a la autoridad judicial responsable, sino que se le constriñó a emitir una nueva resolución que debía tomar en cuenta los parámetros proporcionados en el fallo protector; lo que necesariamente conducía a la revocación de la determinación del no ejercicio de la acción penal y que se ordenara al agente del Ministerio Público reanudar la investigación, para poder obtener la verdad que se busca. Tan es así, que en la ejecutoria de amparo se consideró lo siguiente: Sin embargo, la autoridad responsable pierde de vista que la práctica de vender un vehículo, no ha dejado de ser acorde a la regularidad jurídica, pues debe existir certeza y seguridad en ese tipo de operaciones; lo que no se logra pretendiendo sostener la validez de un acto jurídico en lo que los particulares crean correcto, dependiendo de sus intereses, y menos en formas no autorizadas por la ley. Se explica. La compraventa de vehículos no es un acto jurídico cuya validez depende exclusivamente de la observancia de las disposiciones legales en materia de compraventa, contenidas en el Código Civil aplicable, pues por la naturaleza de dichos bienes y la finalidad para la que fueron creados, debe atenderse a toda la normatividad que los regula. De esa guisa, para establecer el marco normativo que regula la propiedad de los vehículos y la titularidad de ese derecho, se atiende a lo dispuesto en el artículo 1996 del Código Civil; 13 de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos; 7, 8 y 12 de la Ley de Registro Público Vehicular; y, 3, fracciones II y VI, y 6, fracciones I y II, incisos a) y d), de la Ley de Control Vehicular para el Estado de Hidalgo que, en el orden que fueron citados, son del siguiente tenor: (se transcriben) La correlación de las previsiones legales transcritas, da cuenta de que la propiedad de un vehículo automotor se acredita con título legalmente expedido a nombre de su titular, que en este caso es la factura carta factura expedidas por el fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciante de autos, de acuerdo con la normatividad legal aplicable, en tanto que, como se vio, la enajenación de un vehículo produce otros efectos como pudieran ser fiscales, de identificación, registro vehicular y autorización para circular. Ahora, cuando se trata de vehículos usados, además de la factura raíz (como se le conoce en el argot automotriz), la propiedad debe justificarse con el contrato traslativo de dominio o de cesión, que deben contener el nombre del cedente y del cesionario, las firmas, fecha de operación y precio pactado. Sin embargo, la potestad legislativa reconoce que en la actividad comercial de vehículos automotores, la costumbre generó la necesidad de reconocer al endoso o cesión de derechos de la factura, como una manera de formalizar la traslación de dominio o cambio de propietario de un vehículo; motivo por el cual se exige que cuando la factura contenga cesiones de derechos de propiedad, deberá coincidir el nombre completo del vendedor, con el de la última cesión registrada en la factura, su firma, la fecha, el precio pactado en la operación o la estipulación de que se realizó a título gratuito, así como la manifestación expresa de que cede todos los derechos y obligaciones que ampara la factura, y el nombre completo de la persona a cuyo favor se realiza la cesión. En ese tenor, no es verdad, como lo sostuvo la jueza responsable, en función de los argumentos expresados por la fiscalía, que el supuesto acto jurídico de compraventa que se dice celebraron la aquí quejosa con la madre del investigado, del que a su vez se derivó la causa generadora de la propiedad del vehículo a favor de éste, pueda tenerse por acreditado con entrevistas de testigos, con la posesión de la factura de la unidad por parte del sedicente propietario, sin la firma de la propietaria original, y con el registro del vehículo en la Secretaría de Finanzas, a favor de Guillermo Campillo García. Esto, porque para considerar que la supuesta venta del bien mueble fue legal y que verdaderamente la titular original del derecho de propiedad otorgó su consentimiento de venderlo y no fue desapoderada del mismo ilícitamente, es necesario, de acuerdo con el orden jurídico expuesto, que la factura o título de propiedad original del vehículo marca Volkswagen, tipo Golf, 1.4 TSI, modelo 2017, color rojo tornado, número de serie 3VWVB6AU5HM039404, número de motor CZD268027, matrícula de circulación HMA180A, se endosara a favor de Griselda García Alarcón y esta a su vez a favor de Guillermo Campillo García; habida cuenta que debió demostrarse que Paola León Ramírez celebró como vendedora una compraventa respecto de la citada unidad, cumpliendo con los requisitos contenidos en el artículo 6, fracciones I y II, incisos a) y d), de la Ley de Control Vehicular para el Estado de Hidalgo; pues no es verdad que la legitimación de un vendedor de un vehículo usado pueda acreditarse con la simple tenencia de la factura original que se encuentra a nombre de un tercero. Además, debe recordarse que el hecho de que el vehículo motivo de la denuncia se haya registrado a nombre Guillermo Campillo García, no significa que este sea el propietario o que haya adquirido la titularidad del derecho de manera legal, pues el efecto registral en el ámbito de la actividad administrativa estatal, no genera la propiedad sobre los bienes, en tanto que dicho registro, en el caso de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo, es para fines meramente fiscales, de registro vehicular y de autorización para circular; habida cuenta que, es sabido, que la autoridad administrativa no es competente para declarar o constituir derechos de propiedad. Con fines meramente ilustrativos se invoca la tesis aislada VI.2o.159 C del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 727, Novena Época, de rubro y texto siguientes: (se transcribe) Cabe señalar, que la razón que justifica la necesidad de que la titularidad de un vehículo se justifique documentalmente en los términos previstos en las leyes aplicables, estriba en que, contrariamente a lo afirmado por la juzgadora responsable, la propiedad sobre los bienes no puede acreditarse con el dicho de testigos, en tanto que se trata de un derecho subjetivo que no puede apreciarse a través de los sentidos, sino únicamente mediante la exhibición del título condigno, que cumpla con los requisitos que la ley exige para su validez. Presta apoyo a esta afirmación, la tesis aislada de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXV, página 2065, Quinta Época, que a la letra dice: (se transcribe) De ahí que, se insiste, para considerar que la víctima otorgó su consentimiento para enajenar el vehículo que afirma es de su propiedad y, por ende, que la transmisión de ese derecho a otras personas es lícito, la fiscalía debió investigar si la factura condigna se endosó por su titular a favor de Griselda García Alarcón; si existe un contrato de compraventa o carta de cesión de derechos firmado por la quejosa a favor de aquella, de acuerdo con lo que establece el artículo 6, fracciones I y II, incisos a) y d), de la Ley de Control Vehicular para el Estado de Hidalgo; y, en su caso, si el o los funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo, que realizaron el trámite de cambio de propietario a favor de Guillermo Campillo García, se cercioraron no sólo de que existiera un contrato de compraventa entre este y Griselda García Alarcón, sino también que la factura que ampara la propiedad del vehículo marca Volkswagen, tipo Golf, 1.4 FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.33.32.35.34.31.34 07/05/25 11:27:56 10 TSI, modelo 2017, color rojo tornado, número de serie 3VWVB6AU5HM039404, número de motor CZD268027, matrícula de circulación HMA180A, presenta una cadena o secuencia de endosos que revelen que dicha unidad fue transmitida de manera legal, comenzando por el propietario original y siguiendo por cada uno de los que hayan adquirido el vehículo, pues así lo ordena la ley. Lo anterior, incluso, porque tales datos son necesarios para determinar si el investigado Guillermo Campillo García adquirió legalmente la citada unidad vehicular o si se valió de alguna irregularidad en el trámite ante las autoridades de la Secretaría de Finanzas del Estado de Hidalgo, para aparentar que las supuestas operaciones de compraventa que precedieron a su derecho, son legales; en cuyo caso, se estaría en presencia de una conducta ilícita que forma parte del proceso delictivo que tuvo por resultado el desapoderamiento ilícito del vehículo que la quejosa afirma todavía es de su propiedad, mismo que se consumó el día en que logró obtener el cambio de propietario. Por otra parte, la razón por la que al inicio de este apartado considerativo se adujo que la jueza responsable no analizó los hechos expuestos, bajo un criterio de perspectiva de género, es porque pasó por alto que el motivo de la denuncia presentada por la quejosa, se debe a que afirma ser víctima de violencia familiar por parte de Guillermo Campillo García, con quien inició una relación sentimental, en la cual procrearon una hija. Asimismo, que el cuatro de febrero de dos mil dieciocho, aquel la corrió del domicilio donde vivían y entonces, a partir de ese momento, terminaron su relación. Que ese día, el investigado le pidió prestado su vehículo marca Volkswagen, tipo Golf, 1.4 TSI, modelo 2017, color rojo tornado, número de serie 3VWVB6AU5HM039404, número de motor CZD268027, matrícula de circulación HMA180A; a lo que accedió con tal de no tener problemas y poder irse tranquila. Que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, la víctima pidió al investigado que le regresara su vehículo, pero este se negó a hacerlo; habida cuenta que la factura de esa unidad vehicular se quedó en casa de los padres de quien fuera su pareja. Ese contexto debió tomarse en cuenta, no para FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.33.32.35.34.31.34 07/05/25 11:27:56 ??????????????? reprochar a la víctima el no contar con la factura original del vehículo y supuestamente haberse conducido con falsedad al exhibir una carta factura que solicitó bajo un argumento no probado, como es el que extravió el título de propiedad y afirmó que lo necesitaba para unos trámites legales porque su vehículo sufrió un siniestro; sino que debió analizarse, se insiste, bajo el criterio de perspectiva de género. Esto es, es justificable que la víctima no cuente con la factura original del vehículo de su propiedad y que se haya visto en la necesidad de obtener un documento justificativo de su derecho, precisamente porque refiere que el investigado, quien fue su pareja sentimental, la corrió del domicilio donde vivían, que es el mismo que también habitan los padres de éste y donde dejó la factura. Asimismo, que quien fue su pareja la violentaba y esa fue la razón por la que se presentó ante el Ministerio Público para denunciarlo; lo que también explica que no opusiera alguna resistencia u oposición a que aquel se llevara el vehículo de su propiedad y que no intentara recuperar la factura que ampara este derecho. Además, el que la quejosa haya entregado voluntariamente la unidad, no significa que haya otorgado su consentimiento para ser desapoderada, porque en todo caso el apoderamiento ilícito se habría verificado al momento en que el investigado logró realizar el cambio de depositario a su nombre; conducta que revela su ánimo de apropiación, misma que sería ilícita de no comprobarse que la víctima otorgó su consentimiento de manera legal, para transmitir la propiedad de su vehículo. Por ende, condicionar la tutela que busca la quejosa, al hecho de que no tiene en su poder la factura de su vehículo, sin considerar la denuncia de violencia familiar que da cuenta de la razón por la que no puede exhibir ese documento, no solo es discriminatorio por su condición de mujer, sino que también la coloca en un estado de re victimización institucional, al exigir requisitos que, además de que no podrá cumplir dadas las circunstancias, son innecesarios. Se afirma lo anterior, porque el hecho de que haya exhibido una carta factura obtenida supuestamente bajo afirmaciones falsas o que sea el investigado quien cuenta con el original, es irrelevante para desconocer el derecho de FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.33.32.35.34.31.34 07/05/25 11:27:56 12 propiedad de la víctima, pues lo que sí está justificado es que este está amparado por una factura legalmente expedida, respecto de la cual no se ha investigado suficientemente si se cumplieron los requisitos exigidos por el artículo 6, fracciones I y II, incisos a) y d), de la Ley de Control Vehicular para el Estado de Hidalgo; esto es, si existe un contrato de compraventa o carta de cesión de derechos firmado por la quejosa a favor de Griselda García Alarcón; y, en su caso, si el o los funcionarios de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Hidalgo, que realizaron el trámite de cambio de propietario a favor de Guillermo Campillo García, se cercioraron no sólo de que existiera un contrato de compraventa entre este y Griselda García Alarcón, sino también que la factura que ampara la propiedad del vehículo marca Volkswagen, tipo Golf, 1.4 TSI, modelo 2017, color rojo tornado, número de serie 3VWVB6AU5HM039404, número de motor CZD268027, matrícula de circulación HMA180A, presenta una cadena o secuencia de endosos que revelen que dicha unidad fue transmitida de manera legal, comenzando por el propietario original y siguiendo por cada uno de los que hayan adquirido el vehículo. En adición, analizar los hechos bajo el criterio de perspectiva de género, torna inverosímil que si la quejosa afirma ser víctima de violencia familiar, misma que padeció en casa de los padres del investigado, quien fuera su pareja sentimental, haya aceptado celebrar voluntariamente un contrato de compraventa verbal con Griselda García Alarcón, madre de aquel, y que haya establecido como precio de la operación por la venta de su vehículo la cantidad de cien mil pesos. Es importante mencionar, que quien esto resuelve no prejuzga ni da por ciertos los hechos de violencia familiar que denunció la quejosa, pues para ello se requiere que se agote la investigación condigna. Lo que se pretende es, como se dijo, que se analicen los hechos no como un caso ordinario de robo, en el que por lo regular sujeto activo y víctima se desconocen y el apoderamiento se lleva a cabo de manera inesperada o violenta; sino que, lo que debe tenerse en cuenta es que el conflicto penal acaeció bajo un contexto en el que la víctima y el investigado tuvieron una relación de pareja, durante la cual procrearon una hija y en la que se presume violencia familiar, misma que denunció la aquí quejosa y de cuyos hechos también derivó la denuncia de robo de vehículo por parte de su pareja. Circunstancias que, se insiste, obligan a resolver el conflicto bajo el criterio de perspectiva de género, teniendo en FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.33.32.35.34.31.34 07/05/25 11:27:56 ??????????????? cuenta la condición de mujer de la víctima y que denuncia también haber sido víctima de violencia familiar; lo que además implica valorar sus declaraciones bajo el principio de buena fe, en términos de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas. (.)" Consideraciones que, como se ve, obligaron a la autoridad responsable a emitir una resolución en el sentido de revocar la determinación del no ejercicio de la acción penal, en tanto que se consideró necesario reanudar la investigación, para que el Ministerio Público colme los extremos apuntados en la ejecutoria de amparo y así poder determinar si los hechos denunciados por la víctima pudieran ser constitutivos del delito de robo, al no existir su voluntad para vender el vehículo que afirma es de su propiedad. Aspectos que no pueden ser analizados nuevamente a propósito de la demanda de amparo que se provee; menos aún, si lo que pretende el inconforme es combatir las consideraciones que tuvo en cuenta este juzgado de distrito, para conceder a Paola León Ramírez el amparo solicitado; lo cual debió ser impugnado mediante el recurso condigno, si el quejoso consideraba que esa decisión era ilegal. Consecuentemente, si el acto reclamado se emitió sin que se reservara libertad de jurisdicción a la jueza señalada como responsable, quien estaba constreñida a observar los parámetros que se proporcionaron en el fallo protector, mismos que necesariamente conducen a la revocación de la determinación de no ejercicio de la acción penal, es inconcuso que el acto que aquí se reclama se emitió en ejecución de una sentencia de amparo, lo que impide su análisis en un nuevo medio de control constitucional. De ahí que, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, misma que no puede desvirtuarse aun cuando se admitiera la demanda y se agotara la prosecución procesal, lo procedente es desechar de plano la demanda que se provee, al ser notoria y manifiesta su improcedencia.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Admite revisión. Agréguese el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa ********************, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, radicándolo con el número de expediente 295/2023; de lo que se toma conocimiento para todos los efectos legales conducentes...M-V
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