Guillermo Cabrera Moctezuma
Expediente 1507/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1507/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Guillermo Cabrera Moctezuma
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el promovente de amparo no recurrió el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************para los efectos a que haya lugar. En atención a lo anterior, de autos se advierte que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En consecuencia, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Así mismo, en términos de los artículos 12, 14 y 20, fracción IV del Acuerdo General antes citado, toda vez que se desechó la demanda de amparo, el expediente relativo es susceptible de destrucción, una vez que trancurran TRES AÑOS de haberse dictado el acuerdo de asunto concluido, término que se computara a partir de que surta efectos la notificación de tal declaratoria. Hágase constar lo anterior en la carátula respectiva, en términos del diverso artículo 34. Concluido el plazo señalado, previamente a la realización de la vista de inspección que corresponda, se deberá destruir el expediente en el que se actúa y remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, con las formalidades a las que se refiere los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General señalado. Se hace constar que en presente asunto NO existen documentos originales aportados por las partes, ni se ordenó la formación de anexos. Finalmente, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1507/2023-6, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, son: La omisión del Juez responsable en no atender su petición formulada el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, consistente en el incidente de medidas cancelación de medidas provisionales decretadas en el expediente 609/2023. Al respecto, este órgano de control constitucional estima desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo. De las normas señaladas se advierte que el juicio de amparo indirecto, contra actos en el juicio, sólo procede cuando tengan efectos que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Para ser calificados los actos dentro de juicio como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Conforme a lo anterior, el acto reclamado no es de ejecución irreparable, sino que se trata de una violación de carácter adjetivo al sólo dilatar la prosecución del trámite, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, pues constituye la solicitud con la que propiamente inicia éste. Sobre tales premisas, el acto reclamado no se sustenta en el derecho de petición consagrado en el artículo 8o constitucional, sino en el 17 del mismo ordenamiento supremo. Es así, ya que la solicitud presentada por el quejoso el veintiuno de agosto de este año, tiene como efecto tramitar un incidente de medidas cancelación de medidas provisionales decretadas en el expediente 609/2023. Así, el juicio de amparo sólo procede contra una dilación procesal o inactividad procesal que constituya un abierto retraso que vulnere derechos humanos. Ahora, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido los conceptos "abierta dilación del procedimiento" o "paralización total del procedimiento", y deben analizarse considerando el derecho fundamental al "plazo razonable", como parte del debido proceso, que debe entenderse como aquella dilación que muestra que el camino procesal se ha retardado de forma que su desarrollo sea superior al normal que debe llevarse en todo proceso jurisdiccional, causa de motivación prevista en el artículo 17 constitucional, lo que implica tomar en cuenta, para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, entre otros, es relevante el análisis global del procedimiento, que consiste en el conjunto de actos relativos a su trámite. En las ejecutorias que dieron origen a las jurisprudencias 2a./J. 48/2016 (10a.) y 2a./J. 33/2019 (10a.) precisó que por regla general el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que la persona juzgadora de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total; sin que sea posible fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, por lo que debe atenderse al plazo legal que tienen las autoridades para pronunciarse sobre la solicitud, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, la falta de contestación a su escrito presentado ante la autoridad responsable, el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Sobre ese contexto, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda, no existe una abierta dilación o suspensión total del trámite, dado que no ha transcurrido el breve término con el que cuentan las responsables para dar respuesta a su petición. Resulta aplicable al caso la tesis I.1o.A.E.64 A (10ª), de contenido literal siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. LAS CONDICIONES QUE DETERMINAN LA RAZONABILIDAD DE LOS PLAZOS EN LOS QUE DEBEN DESARROLLARSE LOS PROCESOS JUDICIALES, SOSTENIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SON APLICABLES AL "BREVE TÉRMINO" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL QUE LO PREVÉ. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, consistentemente, que la razonabilidad de los plazos en los que deben desarrollarse los procesos judiciales, en términos de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está determinada por: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades, de manera que la justificación de la dilación de una decisión judicial depende de las circunstancias concretas que concurran en el asunto de que se trate. Por su parte, la situación que regula el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno al derecho fundamental que tiene un gobernado de que la autoridad a la que formule una petición en las condiciones establecidas en dicho precepto, le dé respuesta en "breve término", guarda similitud con la referida al tiempo de resolución de un proceso judicial. Consecuentemente, las condiciones que determinan la razonabilidad indicada le son aplicables, en tanto que no es dable fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito." En ese sentido, de lo hasta ahora expuesto no se advierte la existencia de un agravio directo que afecte los intereses de manera irreparable de la parte quejosa, requisito fundamental exigido para la procedencia del juicio de amparo, por tanto, la vía de constitucionalidad en que se actúa solo será procedente a partir de que la omisión referida continúe después de trascurrido el plazo razonable, en el cual, estará en aptitud de insistir ante la responsable que den contestación a su petición. Consecuentemente, si la demanda de amparo fue promovida el uno de septiembre del dos mil veintitrés, presentada a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, y remitida en esa misma fecha a este juzgado; entonces, es evidente que como quedó relatado en el presente auto, NO EXISTE AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A SU ESFERA DE DERECHOS, pues de la presentación de la petición cuya falta de contestación se reclama a la fecha de la presentación de la demanda han transcurrido ocho días hábiles, por lo que se estima que aún no ha transcurrido un plazo razonable para que la responsable dé contestación a la misma; aunado, a que, el quejoso al ser parte del proceso está en aptitud de insistir para que la responsable que dé contestación a su petición. Por consiguiente, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el promovente acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, y por autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Froilán Lozada Guerrero, Antonio Ojeda Arenas y Jasmin Solaina López Hernández, al no acreditar contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a los demás profesionistas citados en términos restringidos por así haberlo en el escrito que se provee. COMUNICACIONES NO PROCESALES Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico, a través de las cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, en caso de ser necesario. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudacio´n de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que, deberán solicitar a este Juzgado de Distrito, la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma, u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente.
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