Guillermo Aguilera Torres
Expediente 979/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Guillermo Aguilera Torres
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, siete de diciembre de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio 13655/2017 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, la cual en su punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesta por Guillermo Aguilera Torres, contra el auto de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio de amparo indirecto 979/2017-4. Notifíquese (.)." Confírmese la llegada del oficio de mérito y hágase del conocimiento de las partes la circunstancia anterior para los efectos y fines legales procedentes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruible. Notifíquese.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, por el que acusa recibo del oficio 38487/2017, y hace del conocimiento admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, quedando registrado con el número 214/2017; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, cuatro de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso GUILLERMO AGUILERA TORRES, por el que interpone recurso de queja en contra del proveído de dieciocho de agosto del año en curso, dictado en los autos del juicio en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I inciso a) de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta Ciudad que es cierto el acto reclamado, y remítase el escrito de agravios y copia, así como copia certificada de todo lo actuado dentro del presente juicio. Notifíquese.
- Principal
Pachuca, Hidalgo, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo que promueve Guillermo Aguilera Torres, por su propio derecho, contra actos del Delegado en el Estado de Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 979/2017-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO DE DEMANDA El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierten como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes. ? a) Delegado en el Estado de Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ? b) La Subdelegada de Prestaciones de la Delegación en el Estado de Hidalgo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. ACTO RECLAMADO. a) El oficio número SP/DPSH/944/2017 de fecha 21 de julio de 2017, a través del cual la responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Hidalgo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pretende dar cumplimiento a la sentencia de fecha 17 de abril de 2015, dictada por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. b) El incumplimiento por parte de las responsables a lo resuelto en la sentencia de fecha 17 de 2015, dictada por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En el caso, respecto del acto reclamado, se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no agotó el principio de definitividad, pues antes de acudir al juicio de derechos tuvo la opción de hacer valer el recurso de queja, ante la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que conoce del juicio de origen, toda vez que los actos reclamados derivan de una resolución dictada en cumplimiento a una sentencia emitida por dicha Sala, previsto dicho recurso de queja en el artículo 58,fracción II, inciso a), sub inciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: " (.) II.- A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: (.) 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. (.) La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el sub inciso 3, caso en que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia (.)". Esto es, debió hacer valer la queja correspondiente ante la Sala Regional citada, respecto de los actos reclamados que hace valer, pues como ha quedado precisado, el peticionario de amparo reclama el oficio número SP/DPSH/944/2017 de fecha veintiuno de julio de este año, a través del cual la responsable Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Hidalgo, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pretende dar cumplimiento a la sentencia de diecisiete de abril de dos mil cinco, dictada por la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como el incumplimiento por parte de las responsables a lo resuelto en la sentencia en cita. Ahora, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.).". Del citado ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se advierte que los elementos integradores de la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Ese acto reclamado debe ser revisado de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio de defensa legal. c) Mediante dicha revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. d) Que conforme a las leyes que rijan el acto reclamado, se suspenda su ejecución mediante la interposición del recurso o medio de defensa en comento. e) Que para concederse dicha medida cautelar no se exijan mayores requisitos que los que impone la Ley de Amparo para la suspensión definitiva, independientemente de que el acto reclamado, considerado en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido acorde a la ley reglamentaria de la materia; y f) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la locución "leyes que los rijan", debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan relación con los actos reclamados, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en el entendido que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esta consideración encuentra sustento en la jurisprudencia 18, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 27 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo previene que el juicio de amparo es improcedente: "Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal ... que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. ...". Ahora bien, del contenido de este precepto, se advierte que no se indica qué debe entenderse por "leyes que rijan los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo", a fin de establecer si es necesario o no agotar el recurso, juicio o medio de defensa legal procedente, siempre que proceda la suspensión definitiva, sin exigirse mayores requisitos que los que la propia Ley de Amparo establece para conceder dicha medida, independientemente que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido conforme a dicha ley. Sin embargo, la intención del legislador al referirse a "leyes que rigen los actos", no pudo ser otra, más que la de considerar, a aquellos ordenamientos legales (entendiendo por éstos a las leyes propiamente), que guardan relación con dichos actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, en la inteligencia que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es decir, para determinar cuáles son las leyes que rigen el acto y así tener pleno conocimiento sobre el recurso, juicio o medio de defensa legal que en contra del mismo se debe agotar previamente al amparo, debe atenderse a la relación que guardan esas leyes con dicho acto, sobre todo aquella que establece propiamente el medio de defensa en cuestión y, si además se cumplen los demás requisitos previstos en el citado artículo 73, fracción XV, para así estimar que es obligatorio agotarlo.". En el caso, los actos reclamados derivan del cumplimiento de una sentencia ante la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del cual la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el artículo 58, fracción II, inciso a), sub inciso 3, del cual ya fue citado, por tanto, con las consideraciones apuntadas es factible concluir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos de autoridades administrativas, cuando proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal conforme a la ley que los rija, y ésta exija iguales o menores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión; de ahí que resulta evidente que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo antes citado prevé la procedencia de la queja, en contra del incumplimiento de las responsables a una sentencia, por lo que se estima que el quejoso previamente a la presentación de la demanda debió agotar el principio de definitividad, esto es, debió promover la queja en contra de la falta del cumplimiento por parte de las responsables ante la Sala Regional citada, pues puede modificarlo, revocarlo o nulificarlo y como éste no se agotó, es claro que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación del gobernado o quejoso de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que considera le causan perjuicio. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448 del Tomo X, Octubre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo.". Por otra parte, la parte quejosa pretende acreditar una transgresión directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente a sus artículos 14 y 16, porque así lo expresa en su escrito de demanda, pero no refiere la existencia de una norma general que implicara una contradicción con la norma fundamental, por lo que se estima que no existe un problema de constitucionalidad, sino de legalidad, pues basta leer con detenimiento lo plasmado en su único concepto de violación. Al caso tiene aplicación la Jurisprudencia XX. J/1, Novena Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, página 94, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." (Énfasis añadido). Aun y cuando la tesis transcrita interpreta la Ley de Amparo anterior, se advierte que la misma no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se considera aplicable al caso en concreto. Asimismo, en el presente asunto, el quejoso no se encuentra dentro de las excepciones que establece el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, ya que los actos que pretende impugnar en esta vía, no importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no se trata de orden de aprehensión, reaprehensión, vinculación a proceso o resolución que niegue la libertad del quejoso. Se dice lo anterior, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que el quejoso tenga conocimiento desde ahora el resultado de la promoción de la demanda de derechos y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso le permite, si es el caso, acudir oportunamente a los medios ordinarios de defensa a deducir sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." De ahí que, al ser parte en el procedimiento que se promovió ante la Primera Sala Regional Norte-Este del Estado de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, está obligada a agotar los recursos y medios de defensa que se establecen en los ordenamientos legales previamente a la promoción del amparo, sin que se advierta que en contra de los actos reclamados, previa a esta vía que combate, haya hecho valer el recurso de queja, surtiéndose por tanto la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo, artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, con base en los razonamientos expuestos, preceptos legales, y además con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de derechos. DOMICILIO y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito que se provee y por autorizado en términos amplios a la persona que menciona en virtud de contar con cédula registrada en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal Finalmente de las documentales anexadas, fórmese un anexo para mejor manejo del presente asunto. Notifíquese personalmente.
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