Guillermo Bayardo Chávez
Expediente 59/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 59/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 11/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermo Bayardo Chávez
- Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Michoacán de Ocampo, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con César Sahagún Tena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 59/2021. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el dieciocho de enero de dos mil veintiuno, Guillermo Bayardo Chávez solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. En la misma demanda, el peticionario narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Consideró violados en su perjuicio los artículos 1°y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo indirecto. Por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito, admitió la demanda de amparo a la que se le asignó el número 59/2021. Previo los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional conforme al acta que antecede quedando el juicio en estado de resolución. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades con residencia en la ciudad de Morelia, Michoacán, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: La omisión de acordar la ejecución del laudo dictado en el expediente ordinario laboral 462/2014. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió en copia certificada junto con su informe de ley. Documentales públicas a las que se otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, por tratarse de actuaciones judiciales. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, sea que lo hagan valer las partes o se advierta de oficio, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Esta juzgadora de oficio advierte, que respecto del acto reclamado, consistente en la omisión de acordar la ejecución del laudo dictado en el expediente ordinario laboral 462/2014, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo. La fracción XXI del referido numeral 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. .". La causal de improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización, a saber: a. Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. b. Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Para que se actualice la causal de improcedencia en alusión, es menester que la autoridad responsable emita un nuevo acto que no solo revoque o derogue el acto combatido por la vía constitucional, o que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular. O bien, porque con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo sobrevenga un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Es aplicable a lo anterior la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En el particular se actualiza la segunda hipótesis, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Entonces, la citada hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a las autoridades responsables a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el caso, el quejoso reclamó la omisión de acordar la ejecución del laudo dictado en el expediente ordinario laboral 462/2014. Sin embargo, de las constancias que adjuntó al oficio TCA/PRES/AMP/628/2021, de veinticinco de marzo del año en curso, la autoridad responsable adjuntó copias certificadas del acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en que, a petición de la parte actora aquí quejosa despachó auto de ejecución por la cantidad de $354,814.80 (trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos catorce pesos 80/100, moneda nacional), que la demandada en el juicio de origen Secretaría de Educación en el Estado deberá cubrir al actor aquí quejoso, y comisionó al actuario de su adscripción para que se constituyera en legal y debida forma en el domicilio de la citada demandada y la requiriera el pronto y efectivo pago de la cantidad señalada, y lo facultó para que, en caso de negativa de pago hiciera uso de la fuerza pública y de los medios de apremio señalados en la supletoria Ley Federal del Trabajo, y en su caso, embargara bienes de su propiedad suficientes para garantizar el total del monto indicado. Tales documentales tienen valor probatorio pleno en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que evidencian que la autoridad responsable dictó el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, en que, a petición de la parte actora aquí quejosa despachó auto de ejecución por la cantidad de $354,814.80 (trescientos cincuenta y cuatro mil ochocientos catorce pesos 80/100, moneda nacional). En ese contexto, si consta que la autoridad responsable anexó al oficio TCA/PRES/AMP/628/2021, de veinticinco de marzo del año en curso, copias certificadas del acuerdo de diecisiete del mes y año en cita, en que, despachó auto de ejecución por la cantidad antes señalada dentro del juicio ordinario laboral 462/2014; mismo que fue emitido durante la tramitación del juicio de amparo; y ello aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, lo que conoció el quejoso con motivo de la vista que se le dio con dichas documentales en proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; por ende, es dable concluir que han cesado los efectos de la omisión reclamada. Dicho de otra manera, los efectos de la omisión de acordar la ejecución del laudo dictado en el expediente ordinario laboral 462/2014, desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, el criterio de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". En las relatadas condiciones, al haber cesado la omisión reclamada, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ante ello, con fundamento en el numeral 63 fracción V, de la misma norma, procede SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto del acto que aquí se analiza. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio 59/2021, promovido por Guillermo Bayardo Chávez, por las razones dadas en el considerado cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el sexto considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Josué Romero Mena, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Prueba documental. Glósese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual, en vía de alcance al informe justificado rendido a este órgano jurisdiccional, remite copia certificada del proveído de diecisiete de marzo del año en curso, emitido en el juicio laboral 462/2014, del que se aprecia que entre otras actuaciones despachó auto de ejecución por la cantidad de $354,814.80 (trescientos cincuenta y cuatro mil, ochocientos catorce pesos 80/100 moneda nacional), que la demandada Secretaría de Educación en el Estado, deberá cubrir a favor del trabajador, aquí quejoso. Al respecto, con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Asimismo, dése vista a las partes con la documental recibida para que se impongan de su contenido. Se difiere anticipadamente la audiencia constitucional. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, debe mediar un plazo de ocho días entre la notificación del informe -en el caso, complemento del mismo- y la audiencia constitucional; por tanto, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del treinta de marzo de dos mil veintiuno y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable; dése vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Notifíquese mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.
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