Guillermo Armando Gerardo Ibarrola Covarrubias
Expediente 539/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Guillermo Armando Gerardo Ibarrola Covarrubias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio el veintiocho de junio de dos mil veintidós, en la que se negó el amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó en el juicio, se determina que el presente expediente es susceptible de DEPURACION. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Valoración del incidente de suspensión. Así, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió suspensión definitiva, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Por lo que, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Finalmente, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución de disco compacto. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar la documental en formato digital "CD" que remitió el juez responsable, se ordena su devolución, desglósese de los autos, y en su lugar se deje la certificación correspondiente; sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 539/2022. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito depositado en el buzón judicial y recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, Guillermo Armando Gerardo Ibarrola Covarrubias solicito el amparo y protección de la justicia federal contra actos de autoridad. En la misma demanda, la parte quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1º, 14, 16, 17, 19 y 20 Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, los artículos 316, 317 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado el conocimiento del asunto; y, por acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. El auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de abril de dos mil veintidós, por el hecho que el Código Penal del Estado de Michoacán cataloga como el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en perjuicio de S.Z.O., S.I.Z. y M.I.Z., dentro de la causa penal 381/2022. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Morelia, toda vez que así lo reconoció expresamente al rendir su informe justificado. Además, tal afirmación se corrobora con las constancias de la causa penal 381/2022, que en formato digital fueron remitidas por la autoridad responsable junto con su informe justificado; medios de convicción que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Robustece lo anterior, la tesis jurisprudencial, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. La Agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional, hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IV de la Ley de Amparo, toda vez que refiere que los actos reclamados a la autoridad responsable son inexistentes. Empero, tal argumentación se desestima, en virtud de que en el considerando anterior, se tuvo como cierto el acto reclamado. Sentado lo anterior, al no advertirse que las partes hayan hecho valer diversa causa de improcedencia del juicio de amparo, ni esta juzgadora advierte de oficio su configuración, en consecuencia, procede el estudio de legalidad y constitucionalidad del acto reclamado. Sin que se soslaye que en términos del artículo 467 fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, procede recurso de apelación en contra del auto que resuelve la vinculación a proceso del imputado -aquí quejoso-; y, que de las constancias de autos no se advierte que se haya hecho valer; sin embargo, al encontrarse temporalmente afectada la libertad del quejoso con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XVII, inciso b) de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El hecho de que a una persona se le vincule a un proceso penal implica una afectación a su libertad, al menos parcialmente, en la medida en que su prosecución requiere de su ineludible presencia como presupuesto de continuidad, pues se le obliga a comparecer en los plazos o fechas indicados las veces que resulte necesario para garantizar el seguimiento del proceso penal. Así, aun cuando dicha determinación no lo priva, en sí misma y directamente de su libertad personal, sí puede considerarse un acto que indirectamente lo hace, pues constituye una condición para someterlo formal y materialmente a proceso. Lo anterior, con independencia de que el nuevo sistema de justicia penal prevea diversas medidas cautelares, de coerción o providencias precautorias, distintas a la prisión preventiva, pues éstas tienen entre otras finalidades, asegurar la presencia del imputado en el juicio y garantizar el desarrollo del proceso, siendo la sujeción a éste lo que restringe temporalmente su libertad. Consecuentemente, al encontrarse ésta afectada temporalmente con el dictado de un auto de vinculación a proceso, es incuestionable que se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad contenido en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo y, atento a que se afecta un derecho sustantivo y que dicha afectación es de imposible reparación, procede en su contra el juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República y 114, fracción IV, de la mencionada Ley, el cual, además, puede promoverse en cualquier tiempo, al ubicarse en el caso de excepción previsto en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al estudio de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el procedimiento de origen, para mejor comprensión del asunto. 1.- El diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia en la que se resolvió la solicitud de autorización para ejercer acción penal por particulares, en la que con fundamento en los artículos 426 a 432 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se admitió la solicitud de acción penal por particular, respecto del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de la obligación alimentaria en agravio de las víctimas S.Z.O., S.I.Z. y M.I.Z.; en consecuencia, se señaló fecha y hora para para la audiencia inicial, para lo cual se ordenó notificar al investigado -aquí quejoso-, a fin de hacerle del conocimiento la fecha señalada para audiencia de referencia y hacerle saber el derecho que tiene a un defensor particular, y que para el caso de no hacerlo, se le designaría uno de oficio. 2. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo al investigado designando como su defensor particular al licenciado Francisco Javier Anaya Villegas, toda vez que tiene registrada su cédula profesional 3451620, que lo faculta para ejercer como licenciado en derecho ante la administración regional de ese órgano jurisdiccional, y además por obrar firma de aceptación y protesta del cargo conferido. 3. Seguidos los trámites procesales, el veintisiete de abril de dos mil veintidós, se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, en la cual, el asesor jurídico de las víctimas formuló imputación en contra de Guillermo Armando Gerardo Ibarrola -aquí quejoso- por el hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, en agravio de S.Z.O., S.I.Z. y M.I.Z. En dicha audiencia, el imputado, previa asesoría de su defensor, solicitó que su situación jurídica se resolviera en esa misma audiencia. Po esa razón, a las once horas con cincuenta y siete minutos de ese mismo día, se declaró cerrado el debate y previas prevenciones formuladas por el Juez responsable, resolvió: ".Y por ello, como se justificaron todos los requisitos previstos en el artículo 316 del código nacional de procedimientos penales, siendo las 12:25 horas de este día, se vinculó a proceso a Guillermo Armando Gerardo Ibarrola, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, previsto y sancionado en el artículo 181, en vinculación con los numerales 19, fracción III, y 20 fracción I, en detrimento de S.Z.O., S.I.Z. y M.I.Z. Medida cautelar. 12:27 horas. No fue impuesta medida cautelar, al resultar improcedente la solicitada por la asesoría jurídica, al no justificarse el riesgo procesal. Plazo de investigación. 12:28 horas. En términos del artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se fijó como plazo de cierre de investigación un lapso de 2 meses, que concluyen el 27 de junio del 2022." Resolución esta última la que constituye el acto reclamado dentro del presente juicio de amparo. SEXTO. Síntesis y análisis de los conceptos de violación. Para cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia que debe imperar en toda sentencia de amparo, no es necesario transcribir los conceptos de violación, pues tales principios únicamente vinculan a este órgano de control constitucional a dar respuesta a todos los planteamientos de legalidad o constitucionalidad hechos en la demanda de amparo. Sin embargo, tampoco existe impedimento para sintetizarlos de la siguiente manera. a. El auto de vinculación a proceso es violatorio de los derechos fundamentales de seguridad jurídica y debido proceso previstos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 316, 317 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por su inexacta aplicación, ya que el Juez responsable no hizo un estudio adecuado de los argumentos expuestos por la defensa del quejoso, consistente en que el "supuesto adeudo de alimentos" se encuentra sobradamente garantizado con el embargo de la propiedad ubicado en la calle Prisea Marquina número 260 del fraccionamientos Ex Hacienda de la Huerta de esta ciudad; embargo que fue practicado en la fase de ejecución de sentencia dictada en el juicio 1046/2011, promovido por la aquí tercera interesada ante el Juez Sexto Oral Familiar de Morelia, siendo que con base en dicho embargo, lo procedente era sacar a remate el bien inmueble embargado para obtener el pago de lo adeudado y no acudir a ejercer la acción penal, pues haberlo hecho de esa manera resulta inconstitucional, ya que se está utilizando como una herramienta de cobro, lo cual, rompe su naturaleza, pues éste se encuentra diseñado para ser la última ratio de todas las materias del derecho objetivo. b. El juez responsable al dictar el auto de vinculación dejó al quejoso en estado de indefensión, al argumentar que los derechos de las personas pueden hacerse valer por cualquier materia; de igual forma, al dar por hecho que el bien inmueble embargado en los autos del juicio familiar se encuentra a nombre de persona distinta del aquí quejoso y que por ello, no era posible sacarlo a remate en el juicio familiar, cuando esa circunstancia no se encuentra probada con ningún dato de prueba; máxime que si el embargo se trabó con un certificado de propiedad vigente del que se advierte que dicho bien raíz se encuentra a nombre del quejoso entonces, no hay cabida para el argumento del asesor jurídico de las víctimas. Además señala, que para el dado caso de que el bien inmueble sí se encontrara a nombre de otra persona -hecho que afirma no reconoce-, de cualquier manera el juez debió tomar en consideración que el gravamen sigue la cosa y por ende el remate de cualquier manera lo pudieron haber llevado a cabo. c. Con el auto de vinculación a proceso no se respetaron los principios de carácter valorativo, el de mínima intervención, así como accesorio y secundario. d. El delito de incumplimiento de obligación es un delito de puesta en riesgo y no de lesión; y en el caso en particular esa puesta en riesgo nunca existió porque las víctimas ya son mayores de edad, además el Juez de control no tomó en cuenta un dato de prueba que exhibió la defensa, consistente el contrato de donación de un inmueble en favor de las víctimas S.I.Z. y M.I.Z. que realizó la señora María Guadalupe Covarrubias Beltrán, respecto de la casa habitación donde actualmente viven las víctimas señaladas y que se ubica en la calle Juana María Estrada número 300 del fraccionamientos Ex Hacienda La Huerta; lo anterior, bajo el argumento de que dicha donación la hizo la madre del imputado y no éste, sin tomar en cuenta que la finalidad de dicha donación fue para no dejar desprotegidas a las víctimas antes nombradas; razón por la que considera que sus hijas en ningún momento quedaron desprotegidas, pues aún y cuando la donación la hizo la señora María Guadalupe Covarrubias Beltrán, lo cierto es que ello aconteció porque así se lo pidió el aquí quejoso. El primero de los conceptos de violación antes sintetizado, resulta infundado. Ello es así, porque contrario a lo estimado por la parte quejosa, el estudio que realizó el Juez de control respecto de los argumentos vertidos por la defensa del impetrante de amparo relativos a que el adeudo de alimentos se encuentra garantizado con el embargo que se encuentra practicado en los autos del juicio oral familiar 1046/2011 que promovió la aquí tercera interesada en contra del imputado aquí quejoso, es adecuado, pues al respecto señaló que la circunstancia de que en los autos que integran el juicio familiar obre un embargo de un bien inmueble para garantizar la cantidad a que resultó condenado el aquí quejoso en aquél procedimiento familiar, no constituye un obstáculo para que las víctimas hayan acudido a denunciar el hecho que la ley señala como de delito de incumplimiento de obligación alimentaria previsto y sancionado por el artículo 181 del Código Penal del Estado. Además expuso, que si bien es cierto que el derecho penal es la última instancia como lo refirió la defensa del imputado, también es verdad que con esas manifestaciones no se actualiza ninguna de las causas excluyentes de responsabilidad, toda vez que basta que se demuestre que el obligado ha incumplido con su obligación de proveer alimentos y que esa obligación se encuentre sustentada por una sentencia que así lo determine, para que se acuda a ejercer acción penal; y que por ello, es viable que las víctimas en el particular hayan acudido a ejercer acción penal en su contra por un hecho que existe en la legislación sustantiva penal. Lo cual, como se adelantó es ajustado a derecho, en tanto que como lo señaló la responsable, para que se actualice el tipo penal de incumplimiento de deberes alimentarios, se requiere que: 1) el activo abandone y/o deje de cumplir su obligación de asistencia; 2) carezca de motivo justificado para ello, y 3) en virtud de esa conducta, los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, entendida ésta desde el punto de vista del derecho alimentario. Las mismas razones sirven para dar respuesta al segundo de los conceptos de violación, el cual también resulta infundado, ya que el juez responsable no dio por hecho que el bien inmueble que refieren está embargado en el juicio familiar 1046/2011, se encuentre a nombre de una persona diversa al aquí quejoso y que por ello, no fue posible sacarlo a remate; pues al respecto la autoridad responsable señaló que no obstante que exista un embargo trabado en aquél procedimiento familiar, en la especie, con los datos de prueba aportados por el asesor de las víctimas se logra establecer el incumplimiento de un deber que le asiste en favor de aquéllas. En efecto, debe puntualizarse que el origen de la obligatoriedad del pago de alimentos, es judicial, por lo tanto, los argumentos de la defensa del quejoso relativos a que basta con que se saque a remate el bien inmueble que obra trabado en los autos del juicio familiar devienen impertinentes, pues no podemos soslayar que tales circunstancias modificatorias deben justamente ser planteadas ante la propia autoridad judicial ante quien se tramita ese juicio familiar para que sea ésta quien determine lo que en derecho corresponde. Esto es, el quejoso no puede valerse de la existencia de una garantía sobre la cual con independencia de las razones que existan para sacarla a remate, trate de justificar una excluyente de responsabilidad; ya que la existencia de un embargo, no demuestra el cumplimiento de la obligación, pues se trata de una forma coactiva de garantizar el pago de los alimentos, con el producto de la eventual venta judicial, de modo que mientras ésta no se lleve a cabo, el embargo no satisface el cumplimiento de la obligación alimentaria. Sirve de apoyo, por las razones que la informan la tesis con rubro, texto y datos de localización siguiente: "INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS IMPUESTAS MEDIANTE RESOLUCIÓN JUDICIAL. EL HECHO DE QUE EL IMPUTADO POR ESE DELITO MANIFIESTE HABER PERDIDO SU FUENTE DE INGRESOS Y QUE ELLO LE IMPIDE CUBRIR EL MONTO TOTAL DE LA PENSIÓN RESPECTIVA, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR UNA EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD O UNA CAUSA DE JUSTIFICACIÓN PARA LA EMISIÓN DE UN AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias impuestas mediante resolución judicial, previsto en el artículo 201 del Código Penal para el Estado de Morelos, no obstante que pretendió demostrar que, al perder su fuente de ingresos, su situación económica había cambiado y que ello le impedía cubrir en su totalidad el monto de la pensión alimenticia decretada; inconforme con esta determinación promovió amparo indirecto, y en virtud de que el Juez de Distrito le negó la protección constitucional, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el hecho de que el imputado por el delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias impuestas mediante resolución judicial, manifieste haber perdido su fuente de ingresos y que ello le impide cubrir el monto total de la pensión respectiva, es insuficiente para acreditar una excluyente de responsabilidad o una causa de justificación para la emisión de un auto de no vinculación a proceso. Justificación: Lo anterior, porque aun cuando acredite un cambio en su situación económica que le impide cubrir en su totalidad el monto de la pensión alimenticia, esto no justifica, por sí mismo, su incumplimiento, porque al haber quedado establecida la obligación alimentaria mediante resolución judicial, ello implica un deber de cumplirla y no puede quedar al arbitrio del obligado establecer su monto y la forma de acordarla y otorgarla; de modo que de presentarse una situación que pudiera afectar el cumplimiento de la obligación alimentaria, como puede ser el cambio de empleo o de la fuente de ingresos, debe informarla de inmediato a la autoridad judicial competente para que, como rectora del procedimiento, resuelva lo conducente de acuerdo con dichas circunstancias, a efecto de no incurrir en alguna responsabilidad, y que sea aquélla la que decida sobre el cese, suspensión o reducción del monto de la obligación, de acuerdo con la capacidad del obligado y según las circunstancias del caso, pues sólo de esa manera se liberaría de la responsabilidad que conlleva el incumplimiento; de no hacerlo así, no se actualiza una excluyente de responsabilidad." El diverso concepto de violación -identificado con la letra c- resulta inoperante, en razón de que no expone las razones que lo llevan a concluir que en el auto de vinculación a proceso no se respetaron los principios de carácter valorativo, de mínima intervención, así como el accesorio y secundario. En efecto, la parte quejosa solamente se avocó a describir el concepto de cada uno de esos principios sin razonar de qué forma se incumplieron al dictarse el auto de vinculación reclamado, no obstante ello, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), más adelante se procederá a realizar un análisis del auto de vinculación, en suplencia de los conceptos de violación. El último de los conceptos de violación, también resulta infundado, en tanto que el Juez responsable hizo una correcta valoración del dato de prueba a que alude la defensa del quejoso, relativa al contrato de donación que refiere haber celebrado la madre del imputado con las víctimas, pues ello, tampoco lo excluye de la responsabilidad pues como lo señaló la responsable, la donación a que hace referencia fue hecha por María Guadalupe Covarrubias Beltrán y no el aquí quejoso; aunado a que la misma fue realizada con antelación al dictado de la sentencia que lo condenó al pago de alimentos. Máxime que de ese medio de convicción tampoco se observa que haya sido para cubrir la deuda a la que resultó condenado el imputado en el juicio familiar. Ahora, se estima oportuno establecer las exigencias constitucionales y legales para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Al respecto, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente señala: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que e indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". De la disposición transcrita, se advierte que, para dictar auto de vinculación a proceso, sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y, que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, lo que debe resolver el Juez únicamente con base en los datos de investigación a que haga referencia el Ministerio Público en su respectiva solicitud, en el caso el asesor jurídico de las víctimas. Por su parte, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De la trascripción que antecede se desprenden los elementos que debe contener todo auto de vinculación y son: 1. Que se haya formulado imputación, según el caso, esto es: Que haya comunicado el Ministerio Público en presencia del Juez que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; 2. El imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar. En efecto, en la audiencia correspondiente después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal, o en su caso, después de habérselos dado a conocer, ofrecerá la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente los hechos que se le imputaren, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador. El Juez de oficio o a petición del imputado o su defensor, podrá solicitar las aclaraciones o peticiones que considere convenientes respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público; formulada la imputación, se le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar el cargo, rindiendo en ese acto su declaración preparatoria, es decir, en caso de que el imputado manifieste su deseo de declarar, lo que se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 3. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. 4. Únicamente por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, en el entendido que el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público al formular la imputación 5. Se establezca el lugar, tiempo y circunstancia de ejecución de tales hechos, sin incluir las calificativas o circunstancias modificativas de la responsabilidad, y; 6. No se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables en la carpeta de investigación, que demuestren alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente de incriminación. Por lo anterior, el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, es con el objeto de verificar si cumple o no con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 Constitucional. Asimismo, no debe inadvertirse que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el Juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencial 35/2017 (10a.), sustentada por Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En efecto, el artículo 19 constitucional, se basa en un alto grado de probabilidad de la participación de los imputados en los hechos, y no de prueba plena. Así, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere acreditar el cuerpo del delito (elementos objetivos, normativos y subjetivos) y acreditar la probable responsabilidad del imputado, sino que es menester únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo". Asimismo, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable; toda vez que los efectos que genera dicha resolución, se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Incluso su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así, para el dictado de un auto de vinculación a proceso la ley únicamente exige que se acredite la existencia de un hecho que la ley considere como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión. Al respecto se citan en lo conducente las tesis siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. Para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, sólo es necesario analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y determinar si los datos de prueba hacen probable la responsabilidad del gobernado en su comisión, el que atendiendo a la significación que recoge tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Sin embargo, cuando se advierta una causa de exclusión del delito, el Juez debe declararla de oficio, porque en cualquier fase del procedimiento penal debe verificarse si se actualizan, tal como lo prevé el artículo 17 del Código Penal Federal, al disponer que las causas de exclusión del delito se investigarán y resolverán de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del procedimiento; mientras que si es alegada por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente.1" "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 316 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA DICTARLO ES INNECESARIA LA COMPROBACIÓN PLENA DEL DOLO, PUES ES EN EL JUICIO ORAL DONDE PODRÁN ALLEGARSE LOS DATOS PARA LA PLENA DEMOSTRACIÓN DE ESTE ELEMENTO SUBJETIVO DEL TIPO PENAL CORRESPONDIENTE. En el nuevo sistema de justicia penal, a partir de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, previsto en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, pues sólo deben aportarse datos de prueba de los que se adviertan la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, dado que esa resolución sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Ello es así, pues del análisis de la exposición de motivos de la referida reforma constitucional, se advierte que la intención del legislador fue establecer un nivel probatorio razonable, tanto para la emisión de la orden de aprehensión, como del auto de vinculación a proceso, de manera que basta que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan la realización concreta del hecho que la ley señala como delito y la probable intervención del imputado en éste; elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de la causa, a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Ahora bien, en los delitos que requieren para su actualización del acreditamiento del dolo, corresponde al Ministerio Público de la Federación su comprobación, atento al principio de presunción de inocencia; pero dicho elemento, al ser de carácter subjetivo, deberá ser valorado por el juzgador hasta el dictado de la sentencia, atento a las pruebas que al efecto haya aportado el Ministerio Público. Así, la demostración plena del dolo es innecesaria para dictar el auto de vinculación a proceso, pues será en el juicio oral donde podrán allegarse los datos para la plena demostración de tal elemento subjetivo del tipo penal correspondiente." Por su parte, los artículos 259, 261, 262, 264 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativos a los datos de prueba, medios de prueba y pruebas, establecen lo siguiente: "Artículo 259. Generalidades. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el Órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este Código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, sólo serán valoradas aquellas pruebas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio, salvo las excepciones previstas en este Código. Artículo 261. Datos de prueba, medios de prueba y pruebas El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Artículo 262. Derecho a ofrecer medios de prueba Las partes tendrán el derecho de ofrecer medios de prueba para sostener sus planteamientos en los términos previstos en este Código. Artículo 264. Nulidad de la prueba Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o Tribunal deberá pronunciarse al respecto. Artículo 265. Valoración de los datos y prueba El Órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios." De lo anterior se desprenden los siguientes conceptos: - DATO DE PRUEBA: es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. - MEDIOS O ELEMENTOS DE PRUEBA: son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. - PRUEBA: es todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al Tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Por su parte, se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso y el juez o el Tribunal deberá pronunciarse al respecto. En cuanto al valor de las pruebas, el órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. En el caso, de la reproducción del disco de video digital que exhibió la autoridad responsable para justificar la constitucionalidad del acto reclamado, se obtiene lo siguiente: -Las víctimas S.Z.O., S.I.Z. y M.I.Z., representadas por el asesor jurídico privado Christian Antonio Ortiz Flores, en ejercicio de la acción penal por particular en términos de los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, formularon imputación ante el Juez de control responsable en contra del quejoso Guillermo Armando Gerardo Ibarrola Covarrubias, por el hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligación alimentaria, previsto y sancionado por el artículo 181, en vinculación con los numerales 19, fracción I, 20, fracción I, y 24, fracción II del Código Penal del Estado de Michoacán; en la que le dieron a conocer al aquí quejoso las circunstancias fácticas del hecho imputado, así como los datos de prueba en los que sustentaron su acusación. -En dicha audiencia, el aquí quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor quien como quedó descrito en el capítulo de antecedentes, se encuentra facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho. -Al quejoso se le dio oportunidad de emitir su declaración preparatoria respecto de los hechos ilícitos que se les imputaron, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, habiéndose acogido al mismo. -El Juez de Control responsable llevó a cabo la valoración de los datos de prueba de manera libre y lógica, explicó detalladamente y justificó que su valoración la realizó con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios, pues para tal efecto expuso que consideró idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, atendiendo a los datos de prueba, por lo que dictó un auto de vinculación a proceso en contra de Guillermo Armando Gerardo Ibarrola Covarrubias, por el delito incumplimiento de la obligación alimentaria, previsto y sancionado por el artículo 181, en vinculación con el 19, fracción III y 20, fracción I, del Código Penal para el Estado de Michoacán. De igual manera, determinó que, hasta ese momento procesal, es válido establecer la probabilidad de que el imputado cometió el delito que se le atribuye, con base en los mismos medios de prueba que sirvieron para acreditar el hecho delictuoso, en su calidad de autor y de forma dolosa, en términos del artículo 181 del Código Penal del Estado, dispone: "Artículo 181. Incumplimiento de la obligación alimentaria A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a la persona que tiene derecho a recibirlos se le impondrá de seis meses a tres años de prisión o de cincuenta a doscientos días multa y pago en calidad de reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente. Para los efectos de este artículo, se tendrá como consumado el delito aun cuando el acreedor alimentario haya sido dejado al cuidado o reciba ayuda de un tercero. Lo anterior, preponderantemente con los siguientes datos de prueba: - Querellas formuladas por las víctimas S.Z.O., S.I.Z. y M.I.Z., mediante las cuales se dieron a conocer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitaron los hechos en que los que se vio involucrado el imputado. - Documentales públicas, consistentes en las actas de matrimonio y de nacimiento de las víctimas. -Entrevistas de las testigos Mónica Zepeda Orduña y Katia Zepeda Orduña, rendidas el veinte de agosto de dos mil veintiuno, quienes son hermanas de la víctima S.Z.O., y que son coincidentes en señalar que el imputado ha incumplido con la obligación de asistir de alimentación a sus hijas, aún y cuando tienen conocimiento de que cuenta con los medios para pagar a lo que le condenó el juez familiar, pues incluso ha viajado a Europa, mientras que ellas como familiares de la víctima han tenido que auxiliarlas para satisfacer sus necesidades de alimentación. -Copias certificadas del juicio ordinario familiar 1046/2011, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar de esta ciudad, de las que se advierte que existe una condena a cargo del imputado por concepto de pago de alimentos, sin que contrario a ello obre alguna constancia que demuestre que ya cumplió. Con lo anterior, se observa que la determinación del Juez de control en el sentido de que el quejoso Guillermo Armando Gerardo Ibarrola Covarrubias, ha dejado de cumplir con su obligación de pagar la pensión alimenticia por la cantidad de $551,952.00 (quinientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) por ser ésta la cantidad que hasta ese momento se encuentra líquida y justificada en el procedimiento laboral, es razonable y legal. Ello, toda vez que los datos de investigación precisados, son suficientes para hacer razonable que se cometió un hecho delictuoso, ya que los elementos relacionados revelan que el imputado, aquí quejoso, ha dejado de cumplir con su obligación de dar alimentos en favor de S.Z.O., S.I.Z. y M.I.Z., decretada por autoridad judicial. En ese sentido, en la causa existen datos suficientes para considerar que se cometió un hecho ilícito, como en el caso es el que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria; de ahí que, el Juez de control estuvo en lo correcto al llegar a tal conclusión. Es así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto en el sentido que basta para acreditar el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, que la persona que tiene el deber de proporcionar a otro los medios de subsistencia, derivado de una determinación, mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Dicho razonamiento se encuentra inmerso en la Jurisprudencia 1a./J. 49/2015 (10a.), de contenido siguiente: "INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR. PARA QUE SE CONFIGURE ESTE DELITO, BASTA CON QUE LA PERSONA QUE TIENE EL DEBER DE PROPORCIONAR A OTRO LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA, DERIVADO DE UNA SENTENCIA O CONVENIO JUDICIAL, DEJE DE HACERLO SIN CAUSA JUSTIFICADA (LEGISLACIÓN PENAL DE MICHOACÁN, QUERÉTARO Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS). Para que se actualice el tipo penal de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, incumplimiento de deberes alimentarios o abandono de personas, se requiere que: 1) el activo abandone y deje de cumplir su obligación de asistencia; 2) carezca de motivo justificado para ello, y 3) en virtud de esa conducta, los acreedores queden sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, entendida ésta desde el punto de vista del derecho alimentario. En ese sentido, es indudable que para la configuración del tipo penal basta con que quien tiene el deber derivado de una determinación, mandato, sanción o convenio judicial, de proporcionar a otro los medios de subsistencia, deje de hacerlo sin causa justificada. Ello es así, porque al tratarse de un delito de peligro no es preciso que los acreedores se encuentren en situación de desamparo absoluto real, surgido de la ausencia de recursos que permitan su subsistencia, la cual en su concepción jurídica, se presume ante la disposición de un juez civil, que previamente constató las necesidades del acreedor y las posibilidades del deudor, razón por la que la obligación a su cargo no puede desplazarse a otra persona en tanto que una autoridad judicial determinó que es a él y no a alguien más a quien corresponde garantizar la subsistencia de sus acreedores, lo que responde a un espíritu tutelar para la institución de la familia, pues elevando el incumplimiento a la categoría de ilícito penal se pretende castigar el abandono de quien debiendo amparar a los miembros de la familia que lo necesitan, los abandona sin justo motivo." Ahora, conviene precisar, que si bien en el sistema procesal penal acusatorio y oral la carga de la prueba recae en la representación social, esto es para establecer, a título de probable al solicitar la vinculación a proceso, o demostrar a título pleno al formular la acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión; sin embargo, cuando existan causas de exclusión del delito alegadas por la defensa, para su verificación, es necesario atender a que se impone al procesado la carga probatoria respecto a la causa de exclusión del delito que se haga valer, por implicar una afirmación que corresponde probar a quien la sostiene patente y plenamente; lo que no hizo. Por tanto, se considera que los referidos datos hacen probable que el quejoso cometió ese hecho ilícito, sin que se advierta la existencia de una evidente excluyente del delito, en general, derivada de la ley penal estatal y, en particular, emanada de otro ordenamiento jurídico, tal como lo estimó la autoridad responsable. Lo anterior pone de relieve que se cumplieron con las exigencias que señalan los artículos 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respetándose con ello, las garantías de legalidad y seguridad jurídica que sobre el tema establece el precepto 16, párrafo primero, constitucional. En estas condiciones, al no ser violatoria de garantías la resolución emitida en la causa penal 381/2022, del índice de la responsable, el veintisiete de abril de dos mil veintidós, reclamado en esta vía constitucional, dado lo infundados e inoperante de los motivos de inconformidad propuestos, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal. SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Guillermo Armando Gerardo Ibarrola Covarrubias, contra los actos reclamados que quedaron precisados en el considerando segundo de la presente sentencia; y, por las razones expresadas en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista de acuerdos que se publica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria María del Rocío Ayala Carrizales, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, con sede en esta ciudad; dése vista a las partes con este para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Complemento de informe justificado. De conformidad con los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, consistente en un disco compacto derivado de la causa penal 381/2022, sin perjuicio de relacionarlo y recibirlo en la audiencia constitucional, mismo que se encuentran a disposición de las partes en este órgano jurisdiccional a fin de que si estiman necesario, puedan consultar la información contenida en los referidos formatos digitales y manifestar lo que a su derecho convenga. Es aplicable la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes1 : "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.- En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Terceros interesados. No se estima necesario realizar mayor pronunciamiento, en torno al emplazamiento de los terceros interesados; toda vez, que mediante proveído de veintitrés de mayo del año en curso, se reconoció dicho a carácter las víctimas de iniciales S.Z.O., S.I.Z. y M.I.Z., y se ordenó su emplazamiento por conducto de su asesor jurídico Christian Antonio Ortiz Flores en el mismo domicilio que proporciona la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes. Sin que se soslaye que a la fecha se encuentra pendiente de realizar dicho emplazamiento, pues por auto de uno de junio del año en curso, se comisionó nuevamente al actuario de la adscripción, cumpliera con la encomienda. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Vista la razón actuarial suscrita por el Actuario de la adscripción en la que hizo constar la imposibilidad que tuvo de emplazar a los terceros interesados S.Z.O., S.I.Z. y M.I.Z., (víctimas), por conducto de su asesor jurídico Christian Antonio Ortiz Flores; toda vez, que manifiesta que al constituirse en el domicilio señalado en autos para tal efecto, ubicado en calle Doctor Miguel Silva número cuarenta y dos, interior ocho, colonia Centro de esta ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de mayo, a las catorce horas con veintitrés minutos y a las doce con diez minutos del veintiséis de mayo, así como a las diecisiete horas con treinta minutos del veintisiete de mayo, todos del año en curso, nadie atendió a sus llamados. No obstante lo anterior, se comisiona nuevamente al actuario de la adscripción se constituya en el citado domicilio; toda vez, que no se cercioró de que en ese domicilio no vive, o bien, no se le puede localizar al asesor jurídico Christian Antonio Ortiz Flores de los terceros interesados S.Z.O., S.I.Z. y M.I.Z., (víctimas), y los emplace a juicio. En la inteligencia de que podrá realizar sus visitas en días y horas inhábiles, pues se encuentra habilitado para ello. Ahora, en el supuesto de no encontrarlo, deberá cerciorarse por los medios que tenga a su alcance, de que en ese domicilio vive o no, la persona buscada, debiendo realizar acta pormenorizada. Notifíquese; y emplácese personalmente a los terceros interesados con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.
Quedan 6 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Guillermina Espinosa Trejo1244/2023
- Guillermina Ramírez Estrada203/2021
- Guillermina Romero Padilla871/2022
- Guillermina Zavala Tejeda1217/2019
- Guillermo Antonio Olalde Álvarez687/2022
- Guillermo Antonio Olalde Álvarez874/2019
- Guillermo Bayardo Chávez59/2021
- Guillermo Bayardo Chávez265/2018
- Guillermo Cazarez García471/2023
- Guillermo Flores Ocampo432/2021
- Guillermo Francisco Melgoza Rodríguez1185/2022
- Guillermo Giovanni Guillén Salinas625/2020