Guillermo Barrales Rosas
Expediente 574/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 574/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 04/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Guillermo Barrales Rosas
- Jose Jonathan Palacios Zepeda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA jOSÉ JHONATAN PALACIOS ZEPEDA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia firmada el treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 33 a 41), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Guillermo Barrales Rosas, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Juez Sexto en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 139/2013, y en su lugar dicte otra, en la que subsane la deficiencia formal analizada en esta sentencia, es decir, dé cabal respuesta a los motivos de inconformidad que le planteó el recurrente los cuales fueron destacados en esta sentencia, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda." (foja 41). El considerando octavo de la ejecutoria de mérito, es como sigue: "Como se ve, de la confrontación hecha al escrito de demanda con la resolución reclamada, se advierte que la responsable, no dio respuesta cabal a todos los motivos de inconformidad que realizó el recurrente en el escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, pues únicamente se concretó a señalar: 1) Que si bien era cierto que el representante legal de la moral denominada Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, exhibió la garantía respecto de la reparación del daño ésta solo era para garantizar dicho concepto por lo que a la moral correspondía. 2) Por lo que dijo no violaba garantía alguna en perjuicio del procesado Guillermo Barrales Rosas, a pesar de que el recurrente refería que la resolución impugnada no estaba fundada ni motivada; posteriormente la responsable transcribió los artículos 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y el 50 Bis del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, y concluyó que no se violentaba alguna garantía en perjuicio de promovente; máxime si se consideraba que la garantía que por concepto de reparación del daño le fue fijada al procesado Guillermo Barrales Rosas, fue en forma probable, y el representante legal José Alfredo Castillo Trujillo de la moral denominada Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le fue fijada los conceptos de reparación del daño en forma probable con la finalidad de que se le devolviera el vehículo de su propiedad, lo que impedía se realizara una modificación al monto de la caución, además de que el presentante legal no había autorizado en diligencia formal que las cantidades exhibidas eran también con la finalidad de garantizar la libertad personal del promovente, por lo que sería hasta que se dictara la resolución definitiva que se daría curso a establecer el concepto real del pago de la reparación del daño. Sin embargo, la autoridad responsable no dio respuesta a los argumentos que expuso en quejoso en el sentido de que: a) Se violaban en su perjuicio los artículos 54 bis, fracción VII y 350 fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, así como los diversos 1609, 1962 y 1972 del Código Civil del Estado, ya que el ordinal 1962 del indicado código, establecía que la reparación del daño podía ser a cargo de una persona distinta del autor del hecho causante de aquel. b) Que el artículo 1972 del mismo ordenamiento señalaba que los patrones estaban obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes, en el desempeño de su trabajo, y que en autos del proceso estaba acreditado que en el momento de la colisión, él conducía el autobús propiedad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que se encontraba desempeñando el trabajo de conductor de transporte escolar repartiendo estudiantes en el trayecto que tenía signado, por lo que se cumplía la hipótesis contenida en el artículo 1972 del Código Civil del Estado, que establecía que los patrones estaban obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes en el desempeño de su trabajo, y él precisamente se encontraba desempeñando el trabajo de conductor de transporte escolar para la referida moral, por lo que aquella tenía la obligación de responder de los daños y perjuicios en el desempeño de su trabajo que se dijo causó el ocho de marzo del dos mil doce, de ahí que estimaba no existía una obligación solidaria para hacer el pago de la reparación del daño, ya que esta solidaridad se encontraba exceptuada por el precitado artículo 1972; por tanto si la moral referida ya había garantizado la reparación el daño causado, era claro que a él, al momento de concederle la libertad bajo caución en términos de lo que establecía la fracción I del artículo 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, debió eximírsele del pago de la reparación del daño, a virtud de que este ya había sido garantizado por su patrón, cumpliendo con ello con la obligación que le fijaba el multicitado artículo 1972 del Código Civil del Estado. c) Que también se transgredía el artículo 1609 del Código Civil del Estado, toda vez que este dispositivo legal establecía que el pago hecho por uno de los deudores solidarios extinguía la deuda, y si en el caso particular su patrón garantizó el pago de la reparación del daño, era claro que se debió haber dado por cumplida esta obligación y en consecuencia acordar de conformidad su solicitud y reducir el monto de la caución que se le fijó por concepto de reparación del daño y al no haberlo hecho así, se violó en su perjuicio dicho precepto legal. d) Que los artículos 31 y 164 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que se invocaron en la controvertida no fundaban la razón de no acordar de conformidad la solicitud de que se redujera el monto de la caución que se le fijó por concepto de reparación del daño; finalmente, indicó que la responsable no señaló lo que significa un deudor solidario. Sin que se justifique lo dicho por la responsable en el sentido de que: "ya que si tomamos en consideración lo establecido por los artículos que refiere fue aplicado en forma inexacta, también es de apreciarse que el artículo 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado estableció lo siguiente:(.)", ya que tal expresión no sostiene su inaplicabilidad en el caso, y si bien invocó los numerales 350, 50 y 51 Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, lo cierto es que no explicó su aplicación en el presente asunto, de manera específica sobre el artículo 51 Bis dado que su contenido permite ver que la obligación de garantizar la reparación del daño puede recaer en personas distintas al inculpado, de ahí que debió explicar porque la cantidad cubierta por la universidad (posible patrón del inculpado) no era para cubrir la obligación del inculpado, máxime que la universidad no fue señalada como presunta responsable, y sí, por el contrario, el inculpado, tal como se desprende del auto de formal prisión de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince. Así es, la responsable no dio respuesta a los motivos de informidad que hizo el recurrente ahora quejoso, actuar que resulta violatorio del principio de congruencia, porque no guarda relación con lo expuesto por la parte agraviada y como consecuencia carece de la debida fundamentación y motivación. Por esa razón, el acto reclamado no cumple con el principio de congruencia, en la medida en que la responsable no dio respuesta a todos los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente ahora quejoso, y por ello no existe concordancia con lo planteado en el escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil dos mil quince, lo que redunda en una falta de fundamentación y motivación." (fojas 38 vuelta a 40). Resolución que causó ejecutoria mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 116 a 119). Luego, en cumplimiento a dicha ejecutoria, el juez responsable mediante oficio 5406, transcribió el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis que pronunció en el proceso penal 139/2013 de su índice, en el que dijo atender al requerimiento realizado por esta autoridad mediante oficio IV-410-1 de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis pronunciado en el presente juicio de amparo. Sin embargo, dicho juzgador sólo se limitó a hacer del conocimiento de esta autoridad federal que mediante resolución de veintitrés de junio del presente año, en vía de cumplimiento del diverso juicio de amparo 1875/2015 del índice de este mismo juzgado federal, hizo lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución de veintisiete de octubre de dos mil quince relativa al auto de formal prisión decretado en contra del quejoso como probable responsable del delito de lesiones y daño en propiedad ajena a título de culpa así como también la diversa resolución de treinta de mayo de dos mil dieciséis, en la que decretó auto de libertad al referido quejoso por falta de elementos para procesar con las reservas de ley respecto del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa y auto de formal prisión por el delito de lesiones a título de culpa; y, Decretando en favor del aquí quejoso Guillermo Barrales Rosas Auto de Libertad por Falta de Elementos para Procesar con las Reservas de Ley por la comisión de los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena a título de culpa. Que debido a ello, remitió oficio al Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para que procediera a devolver la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100) en la que quedaron comprendidos los conceptos de obligaciones procesales, posible multa y reparación del daño. En razón de lo anterior, como dicho juzgador fue omiso en acatar los efectos de la ejecutoria amparadora en el sentido siguiente: "Deje insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 139/2013, y en su lugar dicte otra, en la que subsane la deficiencia formal analizada en esta sentencia, es decir, dé cabal respuesta a los motivos de inconformidad que le planteó el recurrente los cuales fueron destacados en esta sentencia, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda." Atento a lo anterior, por acuerdo de dos de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 145 a 149) se le requirió a la referida autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que diera cabal cumplimiento a los extremos de la sentencia de amparo. En ese tenor, mediante oficio 6675 de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dicho juzgador remitió copias certificadas de la resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, que pronunciara en el proceso penal 139/2013 de su índice, en la que se advierte que llevó a cabo los efectos siguientes: Dejó insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 139/2013 de su índice; Subsanó la deficiencia formal dando respuesta a los motivos de inconformidad que planteados por el recurrente y con plenitud de jurisdicción resolvió lo correspondiente (fojas 160 a 163). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio, y con que resulta incuestionable que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA BUAP EL PROVEÍDO DE 26 DE septiembre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia firmada el treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 33 a 41), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Guillermo Barrales Rosas, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Juez Sexto en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 139/2013, y en su lugar dicte otra, en la que subsane la deficiencia formal analizada en esta sentencia, es decir, dé cabal respuesta a los motivos de inconformidad que le planteó el recurrente los cuales fueron destacados en esta sentencia, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda." (foja 41). El considerando octavo de la ejecutoria de mérito, es como sigue: "Como se ve, de la confrontación hecha al escrito de demanda con la resolución reclamada, se advierte que la responsable, no dio respuesta cabal a todos los motivos de inconformidad que realizó el recurrente en el escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, pues únicamente se concretó a señalar: 1) Que si bien era cierto que el representante legal de la moral denominada Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, exhibió la garantía respecto de la reparación del daño ésta solo era para garantizar dicho concepto por lo que a la moral correspondía. 2) Por lo que dijo no violaba garantía alguna en perjuicio del procesado Guillermo Barrales Rosas, a pesar de que el recurrente refería que la resolución impugnada no estaba fundada ni motivada; posteriormente la responsable transcribió los artículos 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y el 50 Bis del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, y concluyó que no se violentaba alguna garantía en perjuicio de promovente; máxime si se consideraba que la garantía que por concepto de reparación del daño le fue fijada al procesado Guillermo Barrales Rosas, fue en forma probable, y el representante legal José Alfredo Castillo Trujillo de la moral denominada Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le fue fijada los conceptos de reparación del daño en forma probable con la finalidad de que se le devolviera el vehículo de su propiedad, lo que impedía se realizara una modificación al monto de la caución, además de que el presentante legal no había autorizado en diligencia formal que las cantidades exhibidas eran también con la finalidad de garantizar la libertad personal del promovente, por lo que sería hasta que se dictara la resolución definitiva que se daría curso a establecer el concepto real del pago de la reparación del daño. Sin embargo, la autoridad responsable no dio respuesta a los argumentos que expuso en quejoso en el sentido de que: a) Se violaban en su perjuicio los artículos 54 bis, fracción VII y 350 fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, así como los diversos 1609, 1962 y 1972 del Código Civil del Estado, ya que el ordinal 1962 del indicado código, establecía que la reparación del daño podía ser a cargo de una persona distinta del autor del hecho causante de aquel. b) Que el artículo 1972 del mismo ordenamiento señalaba que los patrones estaban obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes, en el desempeño de su trabajo, y que en autos del proceso estaba acreditado que en el momento de la colisión, él conducía el autobús propiedad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que se encontraba desempeñando el trabajo de conductor de transporte escolar repartiendo estudiantes en el trayecto que tenía signado, por lo que se cumplía la hipótesis contenida en el artículo 1972 del Código Civil del Estado, que establecía que los patrones estaban obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes en el desempeño de su trabajo, y él precisamente se encontraba desempeñando el trabajo de conductor de transporte escolar para la referida moral, por lo que aquella tenía la obligación de responder de los daños y perjuicios en el desempeño de su trabajo que se dijo causó el ocho de marzo del dos mil doce, de ahí que estimaba no existía una obligación solidaria para hacer el pago de la reparación del daño, ya que esta solidaridad se encontraba exceptuada por el precitado artículo 1972; por tanto si la moral referida ya había garantizado la reparación el daño causado, era claro que a él, al momento de concederle la libertad bajo caución en términos de lo que establecía la fracción I del artículo 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, debió eximírsele del pago de la reparación del daño, a virtud de que este ya había sido garantizado por su patrón, cumpliendo con ello con la obligación que le fijaba el multicitado artículo 1972 del Código Civil del Estado. c) Que también se transgredía el artículo 1609 del Código Civil del Estado, toda vez que este dispositivo legal establecía que el pago hecho por uno de los deudores solidarios extinguía la deuda, y si en el caso particular su patrón garantizó el pago de la reparación del daño, era claro que se debió haber dado por cumplida esta obligación y en consecuencia acordar de conformidad su solicitud y reducir el monto de la caución que se le fijó por concepto de reparación del daño y al no haberlo hecho así, se violó en su perjuicio dicho precepto legal. d) Que los artículos 31 y 164 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que se invocaron en la controvertida no fundaban la razón de no acordar de conformidad la solicitud de que se redujera el monto de la caución que se le fijó por concepto de reparación del daño; finalmente, indicó que la responsable no señaló lo que significa un deudor solidario. Sin que se justifique lo dicho por la responsable en el sentido de que: "ya que si tomamos en consideración lo establecido por los artículos que refiere fue aplicado en forma inexacta, también es de apreciarse que el artículo 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado estableció lo siguiente:(.)", ya que tal expresión no sostiene su inaplicabilidad en el caso, y si bien invocó los numerales 350, 50 y 51 Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, lo cierto es que no explicó su aplicación en el presente asunto, de manera específica sobre el artículo 51 Bis dado que su contenido permite ver que la obligación de garantizar la reparación del daño puede recaer en personas distintas al inculpado, de ahí que debió explicar porque la cantidad cubierta por la universidad (posible patrón del inculpado) no era para cubrir la obligación del inculpado, máxime que la universidad no fue señalada como presunta responsable, y sí, por el contrario, el inculpado, tal como se desprende del auto de formal prisión de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince. Así es, la responsable no dio respuesta a los motivos de informidad que hizo el recurrente ahora quejoso, actuar que resulta violatorio del principio de congruencia, porque no guarda relación con lo expuesto por la parte agraviada y como consecuencia carece de la debida fundamentación y motivación. Por esa razón, el acto reclamado no cumple con el principio de congruencia, en la medida en que la responsable no dio respuesta a todos los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente ahora quejoso, y por ello no existe concordancia con lo planteado en el escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil dos mil quince, lo que redunda en una falta de fundamentación y motivación." (fojas 38 vuelta a 40). Resolución que causó ejecutoria mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 116 a 119). Luego, en cumplimiento a dicha ejecutoria, el juez responsable mediante oficio 5406, transcribió el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis que pronunció en el proceso penal 139/2013 de su índice, en el que dijo atender al requerimiento realizado por esta autoridad mediante oficio IV-410-1 de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis pronunciado en el presente juicio de amparo. Sin embargo, dicho juzgador sólo se limitó a hacer del conocimiento de esta autoridad federal que mediante resolución de veintitrés de junio del presente año, en vía de cumplimiento del diverso juicio de amparo 1875/2015 del índice de este mismo juzgado federal, hizo lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución de veintisiete de octubre de dos mil quince relativa al auto de formal prisión decretado en contra del quejoso como probable responsable del delito de lesiones y daño en propiedad ajena a título de culpa así como también la diversa resolución de treinta de mayo de dos mil dieciséis, en la que decretó auto de libertad al referido quejoso por falta de elementos para procesar con las reservas de ley respecto del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa y auto de formal prisión por el delito de lesiones a título de culpa; y, Decretando en favor del aquí quejoso Guillermo Barrales Rosas Auto de Libertad por Falta de Elementos para Procesar con las Reservas de Ley por la comisión de los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena a título de culpa. Que debido a ello, remitió oficio al Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para que procediera a devolver la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100) en la que quedaron comprendidos los conceptos de obligaciones procesales, posible multa y reparación del daño. En razón de lo anterior, como dicho juzgador fue omiso en acatar los efectos de la ejecutoria amparadora en el sentido siguiente: "Deje insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 139/2013, y en su lugar dicte otra, en la que subsane la deficiencia formal analizada en esta sentencia, es decir, dé cabal respuesta a los motivos de inconformidad que le planteó el recurrente los cuales fueron destacados en esta sentencia, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda." Atento a lo anterior, por acuerdo de dos de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 145 a 149) se le requirió a la referida autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que diera cabal cumplimiento a los extremos de la sentencia de amparo. En ese tenor, mediante oficio 6675 de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dicho juzgador remitió copias certificadas de la resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, que pronunciara en el proceso penal 139/2013 de su índice, en la que se advierte que llevó a cabo los efectos siguientes: Dejó insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 139/2013 de su índice; Subsanó la deficiencia formal dando respuesta a los motivos de inconformidad que planteados por el recurrente y con plenitud de jurisdicción resolvió lo correspondiente (fojas 160 a 163). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio, y con que resulta incuestionable que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos..."
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio es necesario indicar que en la sentencia firmada el treinta de junio de dos mil dieciséis (fojas 33 a 41), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Guillermo Barrales Rosas, para los efectos siguientes: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable Juez Sexto en Materia Penal del Distrito Judicial de Puebla, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 139/2013, y en su lugar dicte otra, en la que subsane la deficiencia formal analizada en esta sentencia, es decir, dé cabal respuesta a los motivos de inconformidad que le planteó el recurrente los cuales fueron destacados en esta sentencia, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda." (foja 41). El considerando octavo de la ejecutoria de mérito, es como sigue: "Como se ve, de la confrontación hecha al escrito de demanda con la resolución reclamada, se advierte que la responsable, no dio respuesta cabal a todos los motivos de inconformidad que realizó el recurrente en el escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, pues únicamente se concretó a señalar: 1) Que si bien era cierto que el representante legal de la moral denominada Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, exhibió la garantía respecto de la reparación del daño ésta solo era para garantizar dicho concepto por lo que a la moral correspondía. 2) Por lo que dijo no violaba garantía alguna en perjuicio del procesado Guillermo Barrales Rosas, a pesar de que el recurrente refería que la resolución impugnada no estaba fundada ni motivada; posteriormente la responsable transcribió los artículos 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y el 50 Bis del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, y concluyó que no se violentaba alguna garantía en perjuicio de promovente; máxime si se consideraba que la garantía que por concepto de reparación del daño le fue fijada al procesado Guillermo Barrales Rosas, fue en forma probable, y el representante legal José Alfredo Castillo Trujillo de la moral denominada Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, le fue fijada los conceptos de reparación del daño en forma probable con la finalidad de que se le devolviera el vehículo de su propiedad, lo que impedía se realizara una modificación al monto de la caución, además de que el presentante legal no había autorizado en diligencia formal que las cantidades exhibidas eran también con la finalidad de garantizar la libertad personal del promovente, por lo que sería hasta que se dictara la resolución definitiva que se daría curso a establecer el concepto real del pago de la reparación del daño. Sin embargo, la autoridad responsable no dio respuesta a los argumentos que expuso en quejoso en el sentido de que: a) Se violaban en su perjuicio los artículos 54 bis, fracción VII y 350 fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, así como los diversos 1609, 1962 y 1972 del Código Civil del Estado, ya que el ordinal 1962 del indicado código, establecía que la reparación del daño podía ser a cargo de una persona distinta del autor del hecho causante de aquel. b) Que el artículo 1972 del mismo ordenamiento señalaba que los patrones estaban obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes, en el desempeño de su trabajo, y que en autos del proceso estaba acreditado que en el momento de la colisión, él conducía el autobús propiedad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ya que se encontraba desempeñando el trabajo de conductor de transporte escolar repartiendo estudiantes en el trayecto que tenía signado, por lo que se cumplía la hipótesis contenida en el artículo 1972 del Código Civil del Estado, que establecía que los patrones estaban obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes en el desempeño de su trabajo, y él precisamente se encontraba desempeñando el trabajo de conductor de transporte escolar para la referida moral, por lo que aquella tenía la obligación de responder de los daños y perjuicios en el desempeño de su trabajo que se dijo causó el ocho de marzo del dos mil doce, de ahí que estimaba no existía una obligación solidaria para hacer el pago de la reparación del daño, ya que esta solidaridad se encontraba exceptuada por el precitado artículo 1972; por tanto si la moral referida ya había garantizado la reparación el daño causado, era claro que a él, al momento de concederle la libertad bajo caución en términos de lo que establecía la fracción I del artículo 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, debió eximírsele del pago de la reparación del daño, a virtud de que este ya había sido garantizado por su patrón, cumpliendo con ello con la obligación que le fijaba el multicitado artículo 1972 del Código Civil del Estado. c) Que también se transgredía el artículo 1609 del Código Civil del Estado, toda vez que este dispositivo legal establecía que el pago hecho por uno de los deudores solidarios extinguía la deuda, y si en el caso particular su patrón garantizó el pago de la reparación del daño, era claro que se debió haber dado por cumplida esta obligación y en consecuencia acordar de conformidad su solicitud y reducir el monto de la caución que se le fijó por concepto de reparación del daño y al no haberlo hecho así, se violó en su perjuicio dicho precepto legal. d) Que los artículos 31 y 164 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, que se invocaron en la controvertida no fundaban la razón de no acordar de conformidad la solicitud de que se redujera el monto de la caución que se le fijó por concepto de reparación del daño; finalmente, indicó que la responsable no señaló lo que significa un deudor solidario. Sin que se justifique lo dicho por la responsable en el sentido de que: "ya que si tomamos en consideración lo establecido por los artículos que refiere fue aplicado en forma inexacta, también es de apreciarse que el artículo 350 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado estableció lo siguiente:(.)", ya que tal expresión no sostiene su inaplicabilidad en el caso, y si bien invocó los numerales 350, 50 y 51 Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, lo cierto es que no explicó su aplicación en el presente asunto, de manera específica sobre el artículo 51 Bis dado que su contenido permite ver que la obligación de garantizar la reparación del daño puede recaer en personas distintas al inculpado, de ahí que debió explicar porque la cantidad cubierta por la universidad (posible patrón del inculpado) no era para cubrir la obligación del inculpado, máxime que la universidad no fue señalada como presunta responsable, y sí, por el contrario, el inculpado, tal como se desprende del auto de formal prisión de fecha veintisiete de octubre de dos mil quince. Así es, la responsable no dio respuesta a los motivos de informidad que hizo el recurrente ahora quejoso, actuar que resulta violatorio del principio de congruencia, porque no guarda relación con lo expuesto por la parte agraviada y como consecuencia carece de la debida fundamentación y motivación. Por esa razón, el acto reclamado no cumple con el principio de congruencia, en la medida en que la responsable no dio respuesta a todos los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente ahora quejoso, y por ello no existe concordancia con lo planteado en el escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil dos mil quince, lo que redunda en una falta de fundamentación y motivación." (fojas 38 vuelta a 40). Resolución que causó ejecutoria mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 116 a 119). Luego, en cumplimiento a dicha ejecutoria, el juez responsable mediante oficio 5406, transcribió el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis que pronunció en el proceso penal 139/2013 de su índice, en el que dijo atender al requerimiento realizado por esta autoridad mediante oficio IV-410-1 de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis pronunciado en el presente juicio de amparo. Sin embargo, dicho juzgador sólo se limitó a hacer del conocimiento de esta autoridad federal que mediante resolución de veintitrés de junio del presente año, en vía de cumplimiento del diverso juicio de amparo 1875/2015 del índice de este mismo juzgado federal, hizo lo siguiente: Dejó sin efectos la resolución de veintisiete de octubre de dos mil quince relativa al auto de formal prisión decretado en contra del quejoso como probable responsable del delito de lesiones y daño en propiedad ajena a título de culpa así como también la diversa resolución de treinta de mayo de dos mil dieciséis, en la que decretó auto de libertad al referido quejoso por falta de elementos para procesar con las reservas de ley respecto del delito de daño en propiedad ajena a título de culpa y auto de formal prisión por el delito de lesiones a título de culpa; y, Decretando en favor del aquí quejoso Guillermo Barrales Rosas Auto de Libertad por Falta de Elementos para Procesar con las Reservas de Ley por la comisión de los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena a título de culpa. Que debido a ello, remitió oficio al Jefe del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla para que procediera a devolver la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100) en la que quedaron comprendidos los conceptos de obligaciones procesales, posible multa y reparación del daño. En razón de lo anterior, como dicho juzgador fue omiso en acatar los efectos de la ejecutoria amparadora en el sentido siguiente: "Deje insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 139/2013, y en su lugar dicte otra, en la que subsane la deficiencia formal analizada en esta sentencia, es decir, dé cabal respuesta a los motivos de inconformidad que le planteó el recurrente los cuales fueron destacados en esta sentencia, y con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda." Atento a lo anterior, por acuerdo de dos de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 145 a 149) se le requirió a la referida autoridad responsable Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, para que diera cabal cumplimiento a los extremos de la sentencia de amparo. En ese tenor, mediante oficio 6675 de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, dicho juzgador remitió copias certificadas de la resolución de ocho de septiembre de dos mil dieciséis, que pronunciara en el proceso penal 139/2013 de su índice, en la que se advierte que llevó a cabo los efectos siguientes: Dejó insubsistente la resolución de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 139/2013 de su índice; Subsanó la deficiencia formal dando respuesta a los motivos de inconformidad que planteados por el recurrente y con plenitud de jurisdicción resolvió lo correspondiente (fojas 160 a 163). Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio, y con que resulta incuestionable que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla y, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."
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